Mucho se ha discutido recientemente sobre estos 700 programas cuyos resultados han desembocado en un preocupante número de casos ineficaces (baja cobertura), o ineficientes (alto gasto comparado con resultados), o de baja calidad de servicio al usuario, o desfocalizados. Incluso hay un 30% de ellos que carece de cualquier tipo de indicador de desempeño, asunto de elemental buena gestión.
Así, se lanzó de inmediato la discusión sobre la necesidad de cerrar o redefinir muchos de ellos, y comenzó también la polémica por que ello no puede significar pérdida de empleos públicos.
Se omite, sin embargo, un elemento esencial del análisis. La gran mayoría de estos programas no cuenta con un directivo o directivos designados por Alta Dirección Pública, a pesar de manejar en muchos casos recursos mayores que los de muchos servicios públicos completos. Esto ha generado con frecuencia problemas de mala gestión o clientelismo.
En general se les ha otorgado la dirección de estos programas —a veces como premio de consuelo— a personas de confianza política, pero sin las capacidades de gestión y liderazgo necesarias para lograr la adecuada eficacia, eficiencia y calidad, y el costo no lo ha pagado solamente el fisco, sino, más importante aun, los ciudadanos y beneficiarios.
Bastaría aprobar una breve ley corta que establezca la concursabilidad de todos los programas, pero comenzando gradualmente por aquellos evaluados negativamente. No habría inconveniente en que los actuales directivos postulen. Si después de un año de la nueva dirección, los programas persisten en entregar malos resultados, recién ahí se debería pensar en soluciones más radicales en cuanto a su reformulación o cierre. (El Mercurio Cartas)
Mario Waissbluth
Centro de Sistemas Públicos
Ingeniería Industrial, Universidad de Chile
