En los próximos días, el Gobierno iniciará la discusión relativa al presupuesto para el próximo año. Hay más en juego que solo ello. Lo que develará su tramitación es, por un lado, el real compromiso del mundo político con una política fiscal sostenible en el tiempo, respetando los acuerdos alcanzados hace unos meses y, por otro lado, el apoyo político al bueno uso de los siempre escasos recursos fiscales.
Lo primero, porque en junio pasado se firmó un acuerdo político que fijó un marco fiscal para los próximos dos años y un compromiso por la consolidación fiscal a partir de los años siguientes. Ello para estabilizar en el mediano plazo la deuda bruta del Gobierno en relación a nuestra economía en un 45%. Atentos ahora si se respeta.
Lo segundo, porque el presupuesto para el próximo año se construyó a partir de una mirada crítica en cuanto al buen uso de los recursos fiscales. El objetivo es mejorar la calidad del gasto público, más que centrarse en el cuánto se gasta, en el cómo se gasta.
Respecto al primer punto, para converger hacia una política fiscal sostenible en el tiempo, el primer paso que se debe dar es aprobar para el próximo año un presupuesto con un nivel de gasto similar al de este, nivel de gasto que considera además de los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos para este año, los recursos adicionales destinados al control de la pandemia y a amortiguar los efectos económicos y sociales derivados de la misma.
Si no se cumple con lo acordado en junio pasado y se genera una presión política por aumentar el gasto fiscal más allá de lo pactado, ello nos deja en mal pie para recuperar una política fiscal sostenible en el tiempo. La recuperación de la sostenibilidad fiscal exige además que después de los años 2021 y 2022, años con un aumento transitorio del gasto importante, se retome una trayectoria de crecimiento del gasto fiscal sostenible en el mediano plazo. De acuerdo a estimaciones del Consejo Fiscal Autónomo, ello supone que después del año 2022 y al menos para los próximos cinco años, el crecimiento real promedio del gasto fiscal sea un 1,5%, tasa de crecimiento muy inferior a la que nuestros políticos han estado acostumbrados en el pasado.
De hecho, durante la última década el gasto ha crecido en términos reales en promedio un 4,7%, es decir, más de tres veces de lo que se estima que debiera crecer a futuro, para poder converger a un nivel de deuda bruta del Gobierno en torno a un 45% del PIB. De lo contrario, entraríamos en un espiral de crecimiento de la deuda pública que nos llevaría al año 2026 a uno del 70% del PIB y seguir creciendo a un 100% del PIB hacia el año 2030.
Si bien luego de esta pandemia es bien sabido que la mayoría de los países del mundo terminarán más endeudados que hace un año, por lo que afirman que la situación de Chile no es tan distinta al resto, ello no considera nuestra reciente historia fiscal prepandemia. Si bien Chile aún está entre los países cuya deuda pública pudiera decirse que es baja en relación al tamaño de su economía, se encuentra entre los países que más han aumentado su deuda pública en la última década. Esto último es lo que genera la duda en cuanto a si seremos capaces de converger a una trayectoria fiscal sostenible en el tiempo. Si durante la tramitación del presupuesto para el próximo año no se observa este compromiso político y se desconoce el acuerdo firmado recientemente, poca esperanza queda para los años futuros.
Y en esta situación de estrechez fiscal, en la cual los escasos recursos fiscales se hacen más escasos aún, es más necesario mejorar la calidad del gasto público. De ahí que cobre relevancia el segundo aspecto que traerá consigo esta discusión presupuestaria.
Recientemente el Ministerio de Hacienda junto al Ministerio de Desarrollo dieron a conocer el resultado de la revisión de casi 700 programas, información que servirá de insumo para reorientar la ejecución de programas y recursos hacia aquellos de mayor impacto y que de mejor manera logren el objetivo para el cual fueron creados. Con una economía contrayéndose en un 5% durante este año y con la necesidad de recuperar uno de cada cinco empleos que teníamos hace un año, si desde la política no se puede avanzar en mejorar la calidad del gasto público, que implica también enfrentar grupos de presión que tienen capturadas determinadas áreas de gasto fiscal, no se contará con los recursos públicos necesarios para enfrentar necesidades transversales de la sociedad, tales como pensiones y salud.
Si bien la discusión que se inicia la próxima semana relativa al presupuesto se centrará en cuánto y en qué se gastarán los recursos fiscales un año más, nos permitirá responder algunas preguntas que desde hace tiempo no han sido contestadas. ¿Somos aún un país donde la disciplina fiscal es valorada? ¿Somos un país donde nos importa que se gasten bien los recursos fiscales o prima el cuánto sobre el cómo? Y, por último, ¿somos un país donde los acuerdos políticos en materia fiscal rigen más allá de la foto del momento en el que se suscriben? Resolveremos estas interrogantes una vez finalizada la tramitación en el Congreso del presupuesto 2021 y a partir de ello podremos inferir lo que nos espera para los próximos. (El Mercurio)
Bettina Horst
