Si bien es muy temprano para tildar de éxito o fracaso el plan de rescate financiero elaborado por el gobierno, todo indica que las chances de éxito son muy bajas. Obviamente esta apreciación está muy alejada de los rimbombantes avisos publicados por los bancos en la prensa (Santander, Banco Estado, Asociación de Bancos), todos con el mismo mensaje de “con fuerza apoyamos al país de manera concreta”, o “estamos contigo”, y “te invitamos a conocer las medidas de apoyo”. Si además uno lee la reciente columna del pasado lunes publicada en uno de los diarios por el Presidente y el Gerente General de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, manifestando que “no debiera existir espacio para cálculos pequeños, ni menos aún para buscar ventajas en interpretaciones desinformadas. La consigna debiera ser simple y directa: es tiempo de contribuir”, y que “las próximas semanas estarán marcadas por el activo rol que la banca desempeñará en canalizar masivamente las denominadas líneas covid-19, lo cual es esperable dado los resultados de la primera licitación de líneas de garantía”, no sólo nos debiéramos poner optimistas, sino que ya debiéramos estar en la fila, sacando número, para acceder al salvataje.
Sin embargo, si se sondea a ejecutivos bancarios y a clientes necesitados, se huele un fracaso en ciernes, especialmente porque los tiempos barajados por la banca no conversan con las necesidades urgentes de las empresas. En otras palabras, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Veamos las razones del potencial fracaso.
En primer lugar, los bancos están tratando estos préstamos como si fueran un préstamo más, que debe ser analizado, calificado, autorizado y procesado, al mismo tiempo que están renegociando una gran parte de los préstamos existentes con esos mismos clientes. En buen criollo, enfrentan una avalancha de decenas de miles de solicitudes con equipos que están en teletrabajo, sin acceso a todos los sistemas del banco, con dificultad para coordinarse y con sucursales cerradas. Las cuentas son simples. Si, por ejemplo, cada banco tuviera que renegociar préstamos existentes con unos 15 mil clientes, y al mismo tiempo tuviera que analizar otras 15 mil solicitudes covid-19, y todo ello debiera resolverse en los próximos 30 días (plazo máximo para que las empresas no comiencen a quebrar), cada banco necesitaría resolver (analizar, calificar, autorizar y procesar) unos 1.400 casos por día hábil, lo cual no parece muy factible.
En segundo lugar, está el tema de la viabilidad de la empresa solicitante, requisito fundamental para entregarle un préstamo. Los que conocen el mundo empresario saben que los emprendedores siempre operan en el límite del endeudamiento posible, especialmente cuando crecen (el capital de trabajo y el capex que implica el crecimiento suele superar con creces la generación propia de recursos disponibles). Entre el estallido social y el covid-19, esas empresas “exitosas” terminarán superando con creces sus límites de endeudamiento posible. ¿Serán entonces consideradas viables o no viables?
Mas aún, la calificación de viabilidad dependerá de la expectativa que tenga cada banco respecto al tipo de recuperación que tenga la economía (V, U o W). Ante la duda, lo lógico será ponerse el parche antes de la herida, situándose en el peor de los escenarios, y denegando el préstamo. Esto es humano y lógico. La calificación de la viabilidad de cada empresa va a ser una discusión álgida en los comités de crédito, algo que va a derivar más hacia un “acto de fe” que a la razonabilidad técnica. Y, cuando se trata de fe, sólo los altos mandos tienen la palabra. ¿Tendrán ellos la capacidad para ver 1.400 casos diarios?
En tercer lugar, estos préstamos no son atractivos para la banca. Salvo la evidente conveniencia de evitar una quiebra masiva que puede afectar su cartera actual, y de alinearse con las declaraciones de buenas intenciones de sus propios CEOs y del Presidente de la Asociación de Bancos, esto no es un “negocio”. Es decir, es un mal negocio del cual conviene arrancar. Partamos con la tasa TPM+0,5%. El spread es insuficiente para cubrir el costo de otorgar y administrar el crédito, las provisiones por el riesgo asumido (el Fogape cubre entre el 60% y el 85%), y el riesgo que implica un deducible que fluctúa entre el 2,5% y el 5%. Si a ello le sumamos la mala experiencia que ha tenido la banca chilena para materializar la cobranza de las garantías Fogape y Fogain (riesgos de elegibilidad al momento de su ejecución), no estamos precisamente frente a un buen negocio para la banca. Otro sería el cantar si estuviéramos aplicando la visión americana: 100% de garantía estatal, sin exigencias de análisis sofisticados de crédito, sin trabas burocráticas para cobrar los casos fallidos, y con un margen que deja algo de utilidad a los bancos. Claro está que ese esquema deja en el estado el riesgo de la operación.
En cuarto lugar, los incentivos están mal alineados. Si bien los presidentes de los bancos emiten frases alineadas con las necesidades de la crisis, los incentivos de sus ejecutivos no están necesariamente alineados con los riesgos inherentes al covid-19. Un endeudamiento y riesgo alto, con rentabilidad cercana a cero, no es precisamente un ingrediente interesante para aquellos que cobran bonos en función del rendimiento de su cartera. Seamos conscientes que la aversión al riesgo no sólo es sicológica, sino también inducida por los incentivos a las capas intermedias.
Por último, y dado lo anterior, la empresa necesitada de liquidez enfrenta una gran paradoja. Su banco actual va a tener poco interés en otorgarle un préstamo, porque cualquier monto que otorgue aumentará la exposición del banco con ese cliente. Cuando el banco le indique que no puede dar el préstamo, el cliente recurrirá, por lógica, a otro banco con el cual no tenga deuda, con la sorpresa de ser rechazado porque la institución no lo conoce, y porque está muy atareada atendiendo a sus clientes actuales.
En resumen, basado en conversaciones con una gran cantidad de dueños de empresa, con ejecutivos de la banca en “off-the-record”, y con académicos del mundo financiero, y la lógica de sus argumentos, me formé la opinión de que estamos ad-portas de un fracaso que dejará muchos heridos, no sólo en el mundo emprendedor, sino también en el gobierno y en la banca. Lo cual sería injusto, porque no son precisamente los culpables del mal diseño.
Los bancos no son entidades benéficas, incluso el Banco Estado, y, por ende, pedirle sacrificios es lo mismo que pedirle el sacrificio a cualquier persona para que pague precios superiores en sus compras porque hay que evitar el desempleo. Por lógica, las personas debieran acceder, porque nada peor para su propia expectativa laboral que el desempleo crezca. Pero todos sabemos que lo que ocurre es lo contrario, es decir, buscarán pagar menos y no más, porque en tiempos de crisis hay que ajustar la billetera.
En el fondo, tenemos un serio problema de diseño del instrumento ofrecido, del cual el gobierno de turno, en mi opinión, no tiene la culpa. El Fogape no está diseñado para “todos” los pequeños y medianos empresarios que pasen por ventanilla. Ese instrumento está diseñado específicamente para clientes actuales de la banca que, en el agregado y pagando una tasa de interés por debajo de sus costos de operación, permite mejorar las chances de recuperar el capital involucrado en operaciones previas. Lamentablemente el Congreso optó por poner en la ley una tasa de interés “populista”, que no responde a ningún criterio técnico, y que terminó dejando fuera del sistema a clientes menos atractivos. Es el mismo criterio populista que desbancarizó a una gran cantidad de chilenos por imponer tasas de interés (máxima convencional) que simplemente no son viables para los que asumen un riesgo al prestar dinero.
Mientras razones ideológicas sigan comandando los diseños del Congreso, seguiremos teniendo políticas públicas mal diseñados. Claro está que esos mismos honorables, que imponen diseños inadecuados, saldrán a rasgar sus vestiduras reclamando por la ambición desmedida de bancos que no contribuyen a la solución deseada, sin hacerse cargo de su propia ambición desmedida cuando cobran tremendos salarios y prebendas para financiar una multitud de asesores, teléfonos, asignaciones, viáticos, etc.
Seré el hombre más feliz del mundo si me equivoco en mi apreciación. Sin embargo, ante el escenario que yo termine teniendo razón, y tal como es habitual en mis columnas, quiero proponer algunas recomendaciones por si los préstamos covid-19 se atrancan. Las tres primeras son de corto plazo; las siguientes dos de largo plazo, es decir, para eventos futuros.
En primer lugar, el gobierno no debe confiar en las palabras de buena crianza de los altos ejecutivos bancarios, no porque sean malas personas, sino porque son humanos de carne y hueso que tienen que velar por el costo/beneficio de sus decisiones. Por ende, al igual que el seguimiento de casos de infectados y muertes por el Covid-19, sería oportuno que el gobierno publique cada día la cantidad de préstamos emitidos por cada banco, en lugar de hacerlo cada 30 días. Hay 1.500 empresas que facturan mas de 1 millón de UF anuales, y cientos de miles que facturan menos de esa cifra. Si los reportes diarios de los bancos no guardan relación con esa masa potencial, claramente estaríamos frente a un proceso crediticio que no está dando los frutos esperados. ¿Presión para la banca? Puede ser, pero en estos tiempos todos estamos sufriendo presiones, salvo los honorables parlamentarios.
En segundo lugar, los bancos no pueden delegar el otorgamiento de este tipo de préstamos a sus capas intermedias. Son sus directorios los que deben asumir la decisión de prestar. Son ellos los más indicados para poner en la balanza “el mal negocio de otorgar estos tipos de créditos” versus el “mal negocio de que se les venga toda la estantería abajo por un quiebre generalizado de empresas”. En ese sentido, podría ser conveniente poner estos préstamos en una línea fast-track y patrimonial distinta a los créditos comunes.
En tercer lugar, si se atranca el sistema, el gobierno debiera acercarse más al diseño americano, con garantías más elevadas, menor dificultad para hacer efectivas las mismas, y un aumento razonable del spread, de manera que los préstamos sean un negocio viable para la banca. A estas alturas, el costo del crédito –dentro de lo razonable– no es el problema, sino el acceso inmediato al mismo. Y, dentro de estas alternativas, sería conveniente ir pensando en el aseguramiento de carteras masivas por medio de algún vehículo especial.
En cuanto al largo plazo, el gobierno debe rediseñar las políticas financieras. Las reformas legales introducidas por pasados gobiernos al sistema financiero, especialmente el cobro de la tasa máxima convencional, tal como mencioné antes, terminaron des-bancarizando a muchísimas empresas y personas que fueron arrojadas a alternativas no bancarias que no sólo son más onerosas, sino más limitadas. Sería bueno reemplazar los actuales diseños, pensados en evitar los abusos, por otros que faciliten el otorgamiento para todos, pero que apliquen las penas del infierno para los pocos que abusan.
Con relación a las grandes empresas, recomiendo la lectura de la columna Rescate de grandes empresas: nuevo instrumento para Banco Central de Patricio Arrau del lunes 5 en El Líbero, propuesta que está en línea con las recomendaciones de Rodrigo Vergara, ex Presidente del Banco Central de Chile, en una entrevista recientemente dada. En realidad esto debiera ser algo urgente, pero es un tema que generará una larga y compleja discusión en el Congreso. (El Líbero)
Gabriel Berczely
