No tengo ninguna cercanía con Julio Ponce Lerou ni menos con su hermano, pero me cuesta pensar que por la desprolijidad en la redacción de un acuerdo se levante toda una polémica respecto de una asesoría que por su experiencia puede ser de valor para una compañía como SQM. El acuerdo redactado por Eduardo Bitrán y validado por la ex presidenta Bachelet creo que superó todos los límites de lo razonable en cuanto a restricciones que puede imponer.
El nivel de intervencionismo estatal llegó a su expresión socialista y totalitaria en exceso al poner como “garante” del acuerdo a Alberto Salas y validar su cargo de presidente del Directorio desde La Moneda, siendo SQM una empresa completamente privada sin ningún capital estatal. Pero hay algunos que dicen que por ser un contrato de concesión del Estado a un privado, puede imponer tamaña intervención.
En mi opinión, la única preocupación que debió tener Bitrán era que SQM contara con la maquinaria adecuada, que explotara según un plan racional de extracción de minerales y cosas como esa, pero me parece totalmente un descriterio exigir la prohibición que un dueño ejerza funciones administrativas o directivas más allá de lo técnico.
Finalmente, se supo estos días que el abogado Felipe Bulnes informó que el mentado contrato no establecía inhibiciones para que Ponce Lerou ejerciera labores de asesoría y, por lo tanto, las reacciones destempladas de Bitrán y personeros de la nueva Mayoría (o lo que queda de ella) no son más que una cortina de humo para esconder la falta de prolijidad en la redacción de un contrato que de por sí es intervencionista y atropella de forma considerable el libre ejercicio del gobierno corporativo de una empresa privada. (El Líbero)
William Díaz, economista
