A la hora de abordar la crisis en el sistema de protección de menores, dependiente del Sename, nada parece reiterativo. Pese a los innumerables informes que han revelado las carencias e incluso la violación sistemática a los derechos humanos que han padecido niños, niñas y adolescentes dependientes del Estado, hoy las alertas se encendieron nuevamente luego de que se conociera el informe nacional de visitas a hogares y residencias de protección 2019, elaborado por el Poder Judicial.
El documento de 60 páginas evalúa las visitas hechas durante el primer semestre de 2019 a 254 residencias del país, tanto de administración directa como organismos colaboradores.
De acuerdo a esta información, se estima que la sobrepoblación en las residencias alcanzó este año el 24%, un punto porcentual mayor a 2018. En total, se identificaron 31 residencias que superan el límite de niños disponible y 45 con sobrepoblación. Otro ítem que aborda el informe tiene relación con el número de niños internados. Si en diciembre de 2017 eran 6.027, a junio de 2019 se llegó a 6.219.
En términos de infraestructura, se concluye que “sin perjuicio de advertirse mejoras en términos generales, sigue habiendo una problemática asociada al aseo e higiene de las instalaciones”. Además, se destaca que “un porcentaje alto de las residencias son inmuebles antiguos y deteriorados”.
Con respecto a los funcionarios a cargo del cuidado de los niños, el estudio identifica “falencias importantes”, al considerar que el personal se encuentra “poco calificado para la atención, con baja preparación en el caso del personal técnico”.
Uno de los puntos que más cuestiona el Poder Judicial tiene que ver con tratamientos de salud mental de los menores: “Las condiciones actuales que ofrece nuestro sistema proteccional no permiten hacerse cargo de menores de edad con patologías médicas de salud mental”.
Para Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, “a pesar que el gobierno plantea en el discurso que los niños están primero, en términos concretos los cambios no están llegando de la manera como uno esperaría”.
Muñoz cuestiona que “aquellas materias que tienen un impacto directo en los niños y niñas, como atención en salud mental o consumo de alcohol y drogas, no se abordan, sino que se siguen dilatando”.
Para Natalia Castillo (RD), parlamentaria de la Comisión de Infancia de la Cámara de Diputados, “el informe es lapidario, ya que constata, una vez más, que el sistema de protección no otorga las garantías necesarias para asegurar la efectiva restitución de derechos de niños y niñas vulnerados”.
INCENDIO EN RESIDENCIA
Como si el diagnóstico del sistema no fuera suficiente, hoy la residencia familiar de Cerro Alegre, en Valparaíso, se vio afectada por un incendio que obligó a la evacuación de siete niñas y 11 funcionarios. Se trata del primer hogar presentado por el gobierno enfocado en un modelo de intervención personalizado. Según informó Sename, el incendio afectó parte del segundo piso y el entretecho de la vivienda. Sobre las causas, se investiga una posible falla eléctrica. No obstante, desde el gobierno se indicó que la casa cumple con las respectivas certificaciones. (La Tercera)
