El plebiscito de octubre será la máxima expresión directa y soberana de los ciudadanos acerca del ordenamiento jurídico y social básico por el que desean regirse en el futuro. Como se sabe, las opciones son continuar con el sistema vigente desde 1980 o redactar una nueva Constitución. La de 1980 ha sido atacada por su ilegitimidad de origen, aunque sus normas no han sido cuestionadas en materia de garantías y derechos de las personas. La opción de una nueva Carta Fundamental, por su parte, nacería de un conjunto de delegados y aprobada por otro plebiscito.
Si se produce una alta abstención, se ha insinuado que la expresión ciudadana no sería efectiva y completa, o, al menos, no representativa de la voluntad exigible para un cambio en las normas fundamentales. Pero un argumento de este tipo no es indicativo, pues la abstención tiene múltiples lecturas y no puede alzarse como una razón para deslegitimar el proceso ni su resultado.
Algo importante a analizar es el ambiente en que se llevará a efecto el acto, pues es innegable que se vive una alta inestabilidad política y un gran recelo o rechazo a las cúpulas políticas, tanto de gobierno como de oposición. En este contexto, ni uno ni otro han expresado con claridad al país porqué se quiere mantener la Constitución actual ni las razones de fondo para establecer una nueva.
No puede perderse de vista que la relevancia de los temas a tratar determinarán nuestra convivencia social por muchos años. Se discutirá acerca de la participación del Estado en la economía, el derecho a la salud y la previsión social, el derecho de propiedad y sus limitaciones derivadas de su función social, el sistema de ordenamiento de los poderes del Estado y la iniciativa de las leyes, por citar algunos, materias que son esenciales. En la realidad reciente, estos temas ya han estado presentes de una u otra manera en muchas expresiones ciudadanas, como en el caso de las Isapres, AFP y otras. La reacción del gobierno y del Parlamento, sin embargo, ha sido dictar leyes de parche y sin debate sobre las cuestiones fundamentales que sostienen las reformas. Un buen ejemplo es el retiro del 10% de los fondos de pensiones, en que jamás se discutió acerca de un régimen alternativo al actual. Y, peor aún, la ausencia de estas definiciones llevó a un retiro de fondos universal y sin afectación a ningún fin, como hubiera sido el pago de deudas hipotecarias o de arriendo, problemas de salud, etc.
La liviandad y antijuricidad del Parlamento al legislar sin atenerse a la Constitución y la ineficiencia del gobierno en dar respuestas oportunas y adecuadas a las demandas sociales, son elementos de insatisfacción severa que exacerban el ambiente a la hora de discutir una nueva Constitución. (La Tercera)
Álvaro Ortúzar
