Esta semana se dio a conocer el libro que resume los resultados del proyecto “Tu Constitución”, de la Fundación Democracia y Desarrollo, que encabeza el Presidente Lagos. La iniciativa se desplegó durante un año bajo la dirección de un consejo plural de constitucionalistas, y ofreció un espacio, especialmente digital, para que muchas personas opinaran sobre lo que debe recoger la Constitución. El libro revela la multiplicidad de intereses que existe en la sociedad, pero en ningún caso -advierten los editores-, puede presentarse como “la opinión del pueblo”. Fue un ejercicio de participación, y vale como tal.
La deliberación constitucional es legítima, pero no lo es crear falsas expectativas, como decir que el proceso constituyente permitirá tener una Constitución “escrita entre todos”. Eso no es posible, y es mejor no llamar a engaño.
Se justifica la preocupación acerca de la naturaleza, la representatividad y la metodología del proceso. Patricio Zapata, del Consejo de Observadores, dijo hace poco: “La ausencia de un acuerdo político transversal genera grandes problemas”. No es un detalle en momentos de descrédito de la política.
¿Vive Chile una crisis institucional? De ningún modo. Las credenciales de la Presidenta Bachelet no están cuestionadas, la división de poderes es clara, las libertades se encuentran protegidas y vamos a votar este año y el próximo. Sin embargo, la Mandataria promueve un cambio abstracto a las bases del Estado de Derecho, que se reduce a un puro título. Si la reforma tributaria exigió un proyecto concreto, lo lógico era proceder de igual modo respecto de la reforma constitucional. Decir que el contenido surgirá de los cabildos es poco serio.
La Constitución vigente ha experimentado 228 modificaciones entre 1989 y 2016, algunas promulgadas por la Presidenta, como la autonomía del Servel. Por supuesto que se pueden proponer otros cambios o redactar un nuevo texto, pero tenemos que partir de las normas actuales, no desde cero. Hay ciertos consensos construidos bajo los gobiernos democráticos que vale la pena preservar. Damos por hecho que la Presidenta no le pondrá su firma a cualquier cosa que salga de los cabildos y solo validará lo que le parezca razonable. Pero ello exige evitar los malentendidos.
Los hipotéticos acuerdos de los cabildos no nos obligarán al resto de los chilenos. No hemos dado de baja la democracia representativa. Por lo tanto, respecto de los cambios constitucionales corresponde que se pronuncien, ahora o mañana, el Ejecutivo y el Legislativo, y después convocar a un referendo. Es obvio que éste no puede efectuarse ni en 2016 ni en 2017 debido a las elecciones.
Es penoso que el Congreso no muestre inquietud alguna por las implicancias institucionales de este asunto. Es otro poder del Estado, no una caja de resonancia de La Moneda, y debería defender sus facultades con energía. La displicencia es imperdonable frente a una materia crucial para la estabilidad y la gobernabilidad. (La Tercera)
Sergio Muñoz
