A razones de «paz social» y de «reinserción social» atribuyeron el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia, Luis Cordero, la concesión de los indultos otorgados a Luis Castillo y al ex frentista Jorge Mateluna.
Ello, en dos escritos en los que el Gobierno se hizo parte en causas que tramita el Tribunal Constitucional tras los requerimientos presentados por senadores de Chile Vamos y Demócratas.
Entre otras cosas, se sostiene que «los cuestionamientos planteados por las y los requirentes son de legalidad y no de constitucionalidad».
Sobre el caso de Castillo, el Ejecutivo afirma que el «indulto fue otorgado atendiendo, además, un contexto especial, pues había sido condenado por hechos cometidos en el marco del estallido social. El otorgamiento de este indulto responde a razones de paz social, la que bien puede ser calificada como razón de Estado de acuerdo al Código Penal, autorizando el beneficio a sujetos que hayan sido condenados a la pena más grave que contempla nuestro ordenamiento jurídico, como es el presidio perpetuo».
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