No es que me guste mucho ni Donald Trump ni cómo actúa, pero me sorprende como los medios españoles – y muchos profesionales del sector financiero -pierden toda objetividad cuando analizan todo lo relacionado con este hombre. Decir que está perdiendo la guerra comercial demuestra o desconocimiento o falta de objetividad.
Lo que importa en una negociación son los resultados. Para empezar, Trump le ha colocado al mundo un arancel en el entorno del 10% – que ya está cobrando – y encima ha conseguido que eso se considere una “buena” noticia para los afectados, considerando que la amenaza era de hasta un 40%. Que obviamente era un farol, pero como con Trump nunca se sabe, pues ha conseguido el efecto deseado: asustar a todo el mundo y que cualquier cosa por debajo del 10%, parezca un chollo.
Pero incluso aunque al final el arancel medio que aplique EE.UU. a sus importaciones quede en el 4%, eso sería el doble del arancel medio que existía antes de que llegara Trump a la presidencia. Y doblar aranceles sobre todas las importaciones de EE.UU. es mucho dinero.
Como nadie se ha preocupado en comprobar cuáles eran los aranceles, dirán que bajar del 10% al 4% es perder la guerra. Pero si lo comparamos con la situación anterior, obviamente el resultado neto es positivo. Que se lo digan si no al vendedor de un bazar de oriente medio, que pide 50, el turista cree que ha engañado al vendedor porque finalmente paga 30 y resulta que el vendedor lo habría vendido por 20 y aun así habría ganado dinero. Pide 50, porque sabe que es la forma de llegar a 20 y que el turista se quede contento.
Trump ha asustado a todo el mundo y ahora sus socios están dispuestos a facilitar la reducción del déficit comercial norteamericano
Pero no acaba ahí la cosa. Con su patada al tablero, Trump ha asustado a todo el mundo y no solo estarán encantados de pagar “solo” un 4%: es que ahora sus socios están dispuestos a facilitar la reducción del déficit comercial norteamericano. Y en esto último no incluyo a China, que es una negociación aparte, pero sí en el incremento del 2 % al 4 % o lo que al final quede en forma de aranceles. Insisto, hablamos de la media: en algunos casos serán un 12% y en otros serán un 2%, etc.
Pero volvamos a los aranceles. Muchos periodistas, economistas, comentaristas etc., no entienden que esto es como una partida de póquer – o de mus -, donde se trata de esconder las cartas, no de mostrarlas. Trump lo centra a todo en una guerra comercial porque es donde sabe que en el fondo lleva razón, o más razón que la parte contraria, ya que el déficit comercial de EEUU frente a sus contrapartes es cada vez mayor. Centrando ahí el foco consigue que no se vea el otro objetivo: que el resto del mundo pague parte de las deudas de Norteamérica.
EEUU tiene un déficit comercial, cierto, pero es más preocupante el déficit fiscal, cortesía, sobre todo, de su antecesor Joe Biden. Lo ha dicho Trump y lo han dicho todos sus asesores, desde “talibanes” como Lutnick y Navarro hasta el policía bueno que representa Bessent: los aranceles ayudarán a bajar el déficit fiscal norteamericano. Pero como aquí algunos medios están tan obsesionados con Trump, ni siquiera ven las cartas que les están enseñando.
Unos aranceles que se muevan de media entre digamos el 4% y el 6% no son suficientes para generar una recesión en una economía tan fuerte
El verdadero objetivo de Trump es doble: reducir su déficit comercial y reducir la deuda. Y nada como los aranceles para hacerlo. Pero tampoco puede pasarse. Su objetivo es un nivel de aranceles que no genere una recesión y, a la vez, vender más en el exterior e incrementar el crecimiento interno por la vía de la desregulación y la bajada de impuestos, para la que, por cierto, necesitas ingresos por aranceles.
Y, que casualidad, unos aranceles que se muevan de media entre digamos el 4% y el 6% no son suficientes para generar una recesión en una economía tan fuerte y tan dinámica como la norteamericana. Si se analiza la historia económica de EEUU, los ha habido mucho más altos. Y puede que tengan un efecto inflacionista inicial, pero, en términos de inflación, unos aranceles de ese nivel se pueden compensar con la bajada del precio del petróleo o el propio enfriamiento de la economía norteamericana. Además, el efecto inflacionista de un incremento moderado de los aranceles es puntual, no recurrente.
Yo no sé si al final Trump se saldrá con la suya, lo que sí sé es que “la suya”, es decir, sus objetivos reales, no son los que dice gran parte de la prensa española. Decir que va perdiendo es puro voluntarismo y el voluntarismo no es bueno en los negocios. En los negocios lo que importa son los datos y la realidad. El inversor debería de tener mucho cuidado de no confundir los deseos de algunos periodistas y tertulianos con los objetivos reales de Trump y los resultados de las negociaciones. En los mercados la información es poder, la desinformación es un lastre
En otras palabras, si al final quedan unos aranceles del 4% de media – y no les quiero decir si finalmente son del 6% o algo así – y además aumentan las ventas norteamericanas hacia otros países por eliminación de trabas o establecimiento de compromisos comerciales, es decir, se reduce el déficit comercial ¿dirán que ha sido un mal acuerdo para EEUU? Podremos decir que las formas no son las adecuadas, que ha dado una patada a la seguridad jurídica del comercio internacional o que ha roto la histórica alianza con Europa, pero no que ha “perdido” la batalla comercial.(El Confidencial)
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Corporación Ciudad Accesible han estrechado lazos de colaboración con el objetivo de contribuir a la formación y capacitación de los equipos municipales en materias de accesibilidad universal y diseño inclusivo.
Ciudad Accesible es una organización que trabaja por equiparar las oportunidades de desarrollo de las personas con discapacidad, promoviendo el diseño universal en espacios públicos y privados. En el marco de esta alianza, se digitalizará y distribuirá a las Secretarías de Planificación de todos los municipios del país la Guía de Diseño y Accesibilidad Universal, una valiosa publicación donada por Ciudad Accesible.
Esta guía representa un aporte concreto para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones legales, normativas, directrices y buenas prácticas orientadas al desarrollo de ciudades, entornos y servicios que sean utilizables por la mayor cantidad posible de personas, sin importar sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas.
Con un formato de fácil lectura, la guía incluye 21 capítulos y más de 800 fotografías e ilustraciones que abordan temáticas claves del urbanismo, la edificación y los servicios públicos, siempre con una perspectiva de inclusión. Su propósito es apoyar la planificación y gestión municipal hacia la construcción de ciudades más justas, equitativas y amigables para las personas en situación de discapacidad. (Red NP-AChM)
Tras revelarse que 1.212.297 dosis de vacunas contra la influenza de la campaña 2024 se perdieron por problemas logísticos o vencimiento, con un costo cercano a los $2.639 millones, el Partido Republicano lanzó duras críticas a la gestión de la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y exigió su renuncia al cargo.
El diputado Juan Irarrázaval, aseguró que “en cualquier país serio, una autoridad que pierde más de 2.600 millones de pesos en vacunas vencidas presenta su renuncia sin que se lo pidan. Pero aquí seguimos normalizando la incompetencia. Su permanencia en el cargo es una burla, o más bien, un acto de desprecio hacia todos los chilenos que exigen responsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
El legislador agregó que “no estamos hablando de un error administrativo cualquiera, sino de una negligencia grave que implica un costo económico altísimo y, lo que es peor, un daño directo a la confianza en las instituciones sanitarias. Esto no es solo mala gestión: es abandono de deberes. Si el gobierno no actúa con decisión en su remoción, se vuelve cómplice de esta cadena de irresponsabilidades.»
«La subsecretaria intenta relativizar la pérdida de más de un millón de vacunas como si fuera parte normal del sistema, pero lo que queda claro es la falta de planificación y el descontrol en la gestión sanitaria. Minimizar el impacto de este desperdicio millonario revela una desconexión alarmante con la responsabilidad que exige el cargo. No estamos ante una contingencia inevitable, sino ante una cadena de malas decisiones, improvisaciones y falta de rendición de cuentas”, puntualizó el diputado republicano.
En este sentido, Irarrázaval señaló que “la autoridad sanitaria debe anticiparse, no reaccionar tarde ni justificar el fracaso como si fuera parte del protocolo. Esta forma de administrar recursos críticos en plena crisis de salud pública es sencillamente inaceptable. Les encanta hablar de «su cuerpo, su decisión» pero a la hora de disponer del cuerpo y recursos de los demás, como son los recursos de todos los chilenos, les importa un cuesco”. (Red NP)
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto a los representantes de Fondo de Agua Santiago-Maipo e Interexpo, lanzaron la Expo Agua 2025, iniciativa que se desarrollará el próximo 13 y 14 de agosto. Este evento se ha consolidado como el encuentro de seguridad hídrica más importante de Latinoamérica, siendo reconocida en varios países de la región, y transformándose en un punto neurálgico de negociaciones, alianzas, acuerdos y temáticas a discutir en torno a la gestión sostenible del recurso hídrico.
Hoy, el foco está en la importancia de trabajar articuladamente y el rol colaborativo de los distintos actores, instituciones, empresas, academia y autoridades, razón por la cual este año se suman como organizadores el Gobierno de Santiago y el Fondo de Agua Santiago-Maipo -con el apoyo del CORE Metropolitano- con el objetivo de contribuir al abordaje de estos complejos desafíos y sumarse a los esfuerzos de Expo Agua y el Foro de la Economía del Agua.
En el lanzamiento, el Gobernador Claudio Orrego señaló que “se terminó el tiempo de los diagnósticos, llegó el tiempo de la acción y a eso estamos convocando, a compartir buenas prácticas del mundo empresarial, del mundo social y del mundo público en todos los niveles. Creemos también importante invitar a todos los municipios del país y también de los gobiernos regionales porque este es un problema colectivo de todo Chile, no solamente de nuestra región”.
Por su parte, Cristina Huidobro, gerenta general del Fondo de Agua Santiago-Maipo, indicó por su parte que “esta alianza entre el Gobierno de Santiago, el Fondo de Agua e Interexpo permitirá ampliar el formato de la Expo de uno a dos días, crear nuevos espacios de interés ciudadano y acercar la innovación y nuevas tecnologías ya no sólo al mundo privado y productivo, sino también a la ciudadanía, los comités APR, las comunidades y al sector público en general, lo que nos parece una muy buena noticia. Porque la escasez hídrica es ya una realidad estructural no sólo en la Región Metropolitana, sino que en gran parte del país, invitamos a todos a sumarse a esta verdadera Cumbre del Agua”.
Javiera Sotoluque, gerente general de Interexpo, concluyó señalando que “sumar al Gobierno de Santiago y al Fondo de Agua Santiago-Maipo como organizadores, es un aporte significativo no solo en recursos sino en la convocatoria sobre todo del sector público, involucrando municipios y sus iniciativas, así como emprendedores relacionados. Junto a ellos Expo Agua Santiago termina de consolidarse como el evento hídrico más importante de la Región”.
La Expo Agua Santiago 2025 se realizará el 13 y 14 de agosto en el Metropolitan Santiago, Vitacura, y tanto expositores como asistentes ya pueden encontrar toda la información sobre el evento en expoaguasantiago.cl.
Hoy se conmemoran 77 años de la Nakba, término árabe que significa “catástrofe” y que, aunque toma como fecha la creación del Estado de Israel en el suelo histórico palestino, no se refiere a un hito del calendario sino a la inauguración de una política de vulneración sistemática y flagrante del derecho internacional que se mantiene en ejecución hasta nuestros días.
En efecto, desde 1948 el pueblo palestino sufre un continuo de despojo, desplazamiento, ocupación y apartheid que ha ido, literalmente, borrando a Palestina del mapa. Para conseguirlo, Israel ha vulnerado sistemáticamente, desde su creación, las normas más elementales del derecho internacional humanitario; la totalidad de las resoluciones de la institucionalidad mundial al respecto y los derechos humanos más básicos del pueblo palestino. Todos los días.
Así las cosas, la Nakba es también la catástrofe de las reglas que el mundo civilizado ha construido para no repetir las atrocidades vividas durante la primera mitad del sangriento siglo XX. Reglas que no pretenden derogar por decreto los conflictos sino regularlos en un marco de respeto a derechos básicos y elementales, que regulan situaciones de paz y también de guerra. Y nada de eso está siendo respetado.
Israel utiliza hoy el 62% del territorio de Cisjordania bajo diferentes resquicios (imposición de áreas militares, asentamientos ilegales e incluso declaración de reservas naturales). En estas áreas se han instalado, a la fuerza, más de 750.000 colonos israelíes, desplazando forzosamente a las comunidades palestinas que ahí residían. Mientras tanto, los ciudadanos palestinos tienen prohibición de circular libremente y existen carreteras de uso exclusivo para colonos israelíes.
En los últimos años la situación de Palestina se ha agravado notablemente. Además del recrudecimiento del asedio armado, la ocupación y el desplazamiento, la invasión a Gaza cobra una tasa de víctimas que supera el centenar diariamente. Hasta ahora, toda la atrocidad de la ofensiva israelí ha estado amparada en la retaliación frente a los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023 y ha tenido como principal demanda la liberación de los rehenes israelíes.
Pero Netanyahu no solo ha sobrepasado los límites del derecho internacional (incluso en lo que toca a la guerra: bombardeando hospitales, población civil, usando el agua, los alimentos y las medicinas como armas, entre otros), sino que está borrando sus propios límites al declarar que “no habrá ningún escenario en el que detengamos la guerra (…) incluso si Hamas libera a los rehenes”.
Así las cosas, este continuo histórico, la Nakba es en realidad la catástrofe del mundo. Su perpetradores parecen estar lejos, pero las consecuencias de permitirla sin sanción tangible no solo borrarán completamente del mapa a Palestina sino las reglas, convenciones e instituciones de las que dependemos todos los países que no somos potencias militares.
En un contexto donde la posición geopolítica de Chile ha vuelto a ser materia de atención para el mundo, que mira con renovado interés nuestra posición antártica; el Cabo de Hornos; el cobre; el litio y el rico mar de nuestras costas, la pregunta sobre qué hacer frente a la violación del derecho internacional por parte de Israel debería ser materia obligatoria para quienes aspiran a gobernar Chile en el próximo período. Nos afecta más de lo que creemos. (La Tercera)
Camilo Feres
Director de Asuntos Políticos y Sociales de Azerta
No existen dos opiniones respecto a que la psiquiatría y el derecho se relacionan íntimamente. Desde luego, la integridad psíquica es un derecho humano, al punto que, de existir algún acto u omisión que lo amenace, perturbe o prive, es susceptible de inmediata protección por las Cortes superiores, quienes deben adoptar urgentemente las medidas necesarias para asegurarlo. El derecho a la salud mental se encuentra regulado en minuciosos tratados internacionales y en diversos cuerpos legales en Chile. La psiquiatría forense constituye, a su turno, un apoyo esencial a la hora de ilustrar a los jueces respecto a la capacidad de comparecer en juicio civil y penal, y de atribuir a un sujeto responsabilidad por su comportamiento. También las leyes tratan acerca de la negligencia médica que causa daño a una persona y que genera responsabilidad civil y penal. Ha transcurrido mucho tiempo desde que a las personas que sufrían trastornos mentales se les llamaba imbéciles o idiotas, relegándoseles a confinamientos inhumanos o eran sujetos a experimentos atroces e incluso eran consideradas poseídas por los demonios. Hoy, en cambio, son objeto de cuidados y tratamientos que reconocen plenamente su dignidad como todo ser humano. A quienes la naturaleza o el destino excluyen de la normalidad tienen la garantía de que serán asistidos y ojalá sanados por los mejores profesionales. Lo que en ellos se echa de menos en capacidad, inteligencia o cualidades, es hoy en día objeto de ayuda, respeto y consideración.
Pero, además, psiquiatría y derecho tienen otro vínculo indiscutido. Quienes ejercen esas profesiones adquieren sobre los pacientes un poder que no confieren otros títulos. Mientras el psiquiatra tiene la preparación para ejercer control e influencia sobre las conductas e incluso la integridad moral del paciente y cuenta para ello con herramientas farmacológicas apropiadas para sanar o controlar una afección mental, el abogado la tiene para proteger la honra, la libertad y el patrimonio de sus defendidos. De allí que cualquier desviación, cualquier aprovechamiento o abuso de tales poderes puede lesionar gravemente atributos esenciales de la personalidad y, hasta cierto punto, de la sociedad si resulta ser perjudicada por la intervención maliciosa de un profesional.
En este último tiempo hemos asistido a una grave representación de estas situaciones. Ellas han sido provocadas por un psiquiatra y, evidentemente, por los abogados que lo han asesorado, hoy ocultos. Hasta el momento, quien debía velar por la estabilidad emocional del Presidente y ayudarlo en una situación personal de primordial interés de él y del país, sería una persona que usó sus influencias para obtener lucro, poder y beneficios indebidos, llegando a comprometer la honorabilidad y decencia cívica de la máxima autoridad y configurar un riesgo para la sociedad. Esta verdadera desgracia que nos ronda trae a la memoria la triste fama de un sujeto desalmado llamado Juan Díaz de Garayo, cuyos abusos y el aprovechamiento de sus víctimas lo hicieron ser apodado como el “sacamantecas”. Como escribió Julio Corral San Román, se trata de un caso de “Locos que no lo parecen”. (La Tercera)
Murió el ex –presidente (2010-2015) José Mujica, protagonista mayor de nuestras últimas seis décadas políticas.
Quienes recuerdan sus orígenes blancos, mencionan su militancia juvenil en el Herrerismo y su cercanía al ministro Enrique Erro en el gobierno del Partido Nacional de 1959. Sin embargo, tanto para él como para una amplia generación de jóvenes de izquierda, la clave fue que en ese año también llegó al poder Fidel Castro en Cuba: se encendió así la chispa revolucionaria por todo el continente.
A lo largo de los años sesenta José Mujica fue activo protagonista de los movimientos guerrilleros que dañaron profundamente la democracia ejemplar que por entonces era Uruguay. Embotada por una cultura que proclamaba al hombre nuevo; frustrada por un estancamiento económico que parecía estructural; convencida del motivo que imponía su fusil; descreída de la libertad y de la igualdad que ofrecía la democracia liberal menospreciada por “formal y burguesa”, la guerrilla tupamara fue causa fundamental del auge del protagonismo militar que terminó por arrasar las instituciones democráticas en 1973. Mujica, como varios otros, sufrió luego la cárcel durante doce años de dictadura.
El tiempo nuevo que abrió la apertura democrática de 1985 lo tuvo, una vez más, como activo animador del movimiento tupamaro. Para toda la izquierda, la decisión clave fue la aceptación de los ex –guerrilleros en las estructuras del Frente Amplio (FA) en 1989. Para el país todo, el episodio clave fue el fracaso de la asonada del Filtro en 1994: por un lado, no logró ser el baño de sangre de una nueva generación, al que apostaban varios tupamaros; por otro lado, terminó de convencer a Mujica de andar el camino electoral para legitimar su liderazgo.
Diputado en 1994 y a partir de 1999 electo varias veces senador encabezando la lista más votada de todo el FA, José Mujica fue construyendo en todos esos años el personaje de caudillo popular apodado Pepe. Acumuló respaldos electorales allí donde la izquierda nunca había llegado masivamente: en las clases medias y populares del Interior y en los barrios populares de Montevideo. Lo hizo ganando en protagonismo y prédica y asumiendo las tareas propias de cualquier dirigente clásico del Uruguay histórico y democrático. Pero lo hizo también descalificando, a veces desde el agresivo insulto personal y la procacidad, a los dirigentes de los partidos Nacional y Colorado que fueron sus adversarios.
Sin el particular liderazgo de José Mujica, el FA jamás hubiera alcanzado las mayorías electorales que le permitieron acceder al poder en 2005 y, sobre todo, mantenerse con mayorías propias por dos períodos más. Fue el complemento ideal de Vázquez y Astori para ganar; y a pesar de ellos, logró hacerse de la candidatura presidencial en 2009 y de un triunfo que lo situó en lo más alto de la Historia política nacional.
El tiempo de su presidencia fue el de mayor bonanza internacional del que se tenga memoria. Hubo crecimiento del salario real y bajo desempleo: las clases medias, finalmente, accedieron a niveles de consumo antes impensados. En paralelo, el personaje del Pepe logró por esos años un éxito internacionalmente impar: su edulcorada leyenda cautivó; su calculada austeridad se elogió; sus simplistas sentencias se adularon. Su fama se hizo mundial. Empero, el reverso de la medalla fue la decepción: su gobierno, con graves episodios de corrupción, desperdició la oportunidad histórica de mejorar radicalmente la educación pública de las clases medias y populares que son las que más necesitan forjarse un futuro de ascenso social y bienestar.
Sin su protagonismo en la campaña de 2014, jugando al límite de la violación de la Constitución, Vázquez no hubiera alcanzado las mayorías que le facilitaron luego ganar el balotaje. La esencia de José Mujica se mostró allí, límpida, para quien la quisiera ver: lo político por encima de lo jurídico, como principio; la política como un enfrentamiento entre amigos y enemigos, como convicción y estrategia; el insulto ad hominem del adversario, como táctica. En su retiro del Senado en 2020 declaró que no cultivaba el odio, y efectivamente transcurrió sus últimos años haciendo prevalecer un sentido de Estado que, antes, nunca había conjugado.
José Mujica ha muerto. Con el tiempo, se justipreciará el enorme daño que él y su generación tupamara hicieron al país durante seis décadas. Con el tiempo, ojalá la izquierda también ponga en su verdadero lugar, sin ditirambos ni elegías, al personaje del Pepe. (El País, Montevideo-Red NP)
A través de sus redes sociales, el precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (MEO) lanzó ayer jueves una insólita propuesta para darle impulso a su campaña. El abanderado se comprometió a construir el estadio de Universidad de Chile para 2030, a cambio de recibir las 10 mil firmas de patrocinio que necesita para inscribir su candidatura.
«Me comprometo ante notario para que la U tenga un estadio en 2030. Me comprometo con llevar más seguridad y desarrollo. Pero para eso, necesito primero juntar las firmas. Apoya mi candidatura en: http://patrocinantes.servel.cl. Porque soñar en grande también es hacer política», aseguró MEO en su cuenta de X.
El precandidato es un reconocido hincha azul y, según afirmó, acude con frecuencia al estadio a ver al equipo, «incluso cuando anda mal». «Por último, si eres hincha de Colo-Colo y te molesta esto, piensa que, cuando te digan que el Estadio te lo construyó Pinochet (que sé que es mentira, no te enojes), podrás decir ‘Y a ti te lo construyó ME-O'», cerró MEO en la misma publicación. (Emol)
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, no ha tenido días fáciles. La semana pasada la autoridad entregó -en la comisión mixta que discutía la ley de fraccionamiento- cifras erróneas en torno a la pesquería de la merluza. En adelante, ha debido enfrentar las críticas parlamentarias, solicitudes de renuncia, la presión del posible cierre de una empresa, una denuncia por falsificación de instrumento público y un oficio a Contraloría.
Todo comenzó el miércoles 7 de mayo. Ese día la comisión encargada de sellar los últimos aspectos de la ley de fraccionamiento -considerada el «corazón» de la nueva ley de pesca- discutía las cuotas para la merluza, que con la legislación actual se distribuye en 60% para los industriales y 40% para los artesanales. En la instancia, el subsecretario Salas argumentó que el año pasado el sector industrial había consumido solo el 61% de su cuota. Luego de esto se votó para que la asignación para ese sector cayera a 48% y el de los artesanales alcanzara un 52%.
Tras ello la pesquera PacificBlu -de Talcahuano- acusó al subsecretario de entregar información errónea. «Durante la sesión mostró cifras de desembarque que señalaban que la industria logró capturar en 2024 solo el 61% de las cuotas cuando el dato real es de 93%», dijo el gerente general de la firma, Marcel Moenne.
Además, comunicó que a partir de 2026 cerraría sus operaciones, debido a la cuota aprobada para la industria, lo que afectaría a más de 800 trabajadores de manera directa y a otros 2.400 de manera indirecta.
El ministro de Economía Nicolás Grau -jefe de Salas- reconoció que las cifras entregadas en la discusión eran incorrectas, aunque respaldó el trabajo del subsecretario. No obstante, las críticas no dieron tregua. «Son (los datos) de la máxima gravedad y son un daño a la fe pública, pues se incidió el voto de parlamentarios con información errónea», reprochó el diputado Sergio Bobadilla (UDI). Mientras, el senador Iván Flores (DC) indicó que es «increíble el ‘error’ del subsecretario de Pesca. Pensar que pudo haber sido un bonito logro en favor de una pesca más equitativa y sustentable, que tanto se necesita después de tantos años ¡Una autoridad la embarra y el superior la corona!»
El senador Gastón Saavedra (PS), por su parte, exigió la renuncia del ministro de Economía y del subsecretario de Pesca. «Los juristas dirían: A confesión de parte, relevo de prueba. Cuando un ministro de Estado reconoce que se han enviado datos erróneos al Congreso para que luego los legisladores lo tomen como base para su decisión, esto causa efectos negativos, tan negativos como que las empresas tendrían que cerrar y dejar a 3.500 personas sin trabajo», dijo.
FALSIFICACIÒN DE INSTRUMENTO PÙBLICO
Tras las críticas y solicitudes de renuncia, ayer se sumó una nueva presión para el subsecretario. Es que -y a pesar de que la autoridad reconoció su responsabilidad- el abogado Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano, presentó una denuncia contra Salas, por falsificación de instrumento público.
En el escrito, Palamara argumenta que «considerando el contexto, la calidad de la autoridad interviniendo, y el uso institucional del documento, resulta verosímil que el denunciado haya incurrido dolosamente en la alteración de la verdad en un documento público, afectando la fe pública y el correcto funcionamiento del sistema democrático».
CONTRALORÍA
Además de lo anterior, ayer los senadores David Sandoval (UDI), Alejandro Kusanovic (RN) y Carlos Kuschel (RN) ingresaron un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) solicitando a la entidad pronunciarse ante una eventual vulneración al principio de probidad, por parte del ministro Grau y el subsecretario Salas.
«El Ejecutivo tiene una doble responsabilidad: promover políticas públicas con información fidedigna y respetar la ley. Lo que ocurrió es inaceptable, y alguien debe asumir responsabilidades», indicó Sandoval.
«El subsecretario Salas no cometió un simple error: presentó cifras falsas en una comisión legislativa clave. Esa actuación tuvo consecuencias reales, incluyendo el eventual cierre de faenas y pérdida de empleos», recalcó.(Emol)
El martes, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó ante la Comisión Mixta Especial de Presupuestos su Informe Semestral ante la Comisión Mixta de Presupuestos. En esta alertó la situación de estrés fiscal prolongada que tiene el país y que “nos lleva a un punto de inflexión”.
También mencionó que las condiciones fiscales actuales “hacen necesario marcar un cambio sustantivo en la conducción de las finanzas públicas, en el sentido de lograr una mayor capacidad de ajuste efectivo del gasto ante situaciones de menores ingresos estructurales”. Volvió a criticar los errores de proyección de los ingresos fiscales, lamentó el cambio del decreto fiscal con las metas para el Balance Fiscal Estructural y cuestionó la efectividad del plan de ajuste propuesto por el gobierno.
Ante esta fuerte crítica, en un hecho inédito, Hacienda le respondió al CFA. Tempano en la mañana en un seminario de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) el ministro Mario Marcel esbozó sus primeros reparos al informe y defendió el cambio de las metas fiscales: “A mí me ha tocado en los últimos meses conversar con todas las clasificadoras de riesgo, con organismos internacionales, con un conjunto amplio de analistas e instituciones que miran la economía y miran la economía chilena. Y para todos ellos, el que Chile haga un ajuste fiscal más gradual no les parece en absoluto equivocado, les parece adecuado, les parece necesario en un momento como el actual”, enfatizó en una primera instancia el jefe de la cartera.
En ese mismo evento apuntó que “nosotros hemos definido un curso gradual de ajuste fiscal, porque no nos parece que este sea un momento de imprimirle al país un shock contractivo de las finanzas públicas de más de 2% del producto”.
Pero la respuesta más dura y crítica llegó después en un texto firmado por el propio ministro de Hacienda y que envió a la presidente de la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, Ximena Rincón. En un hecho que ha sido calificado como inédito, en el oficio enviado este jueves de 13 páginas fue respondiendo varias de las críticas del CFA.
REPAROS GENERALES
En la primera parte la denomina como observaciones generales. “Nos parece evidente que el tono del Informe es inusualmente severo para un documento de esta naturaleza, comparando incluso con informes previos del propio CFA. Esto es particularmente relevante considerando que el mandato legal del CFA se orienta en general a comentar sobre documentos, informes y datos proporcionados por el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres)”, comienza señalando este oficio.
En esa misma línea indica que “dicho tono impide distinguir con claridad cuando sus apreciaciones se refieren a actos y decisiones del actual gobierno o de períodos anteriores a éste. Esto es particularmente relevante para comprender el origen de los problemas que identifica y sus eventuales soluciones”.
Se recalca que “aun cuando se alienta al Ejecutivo y al Congreso a buscar soluciones compartidas, prácticamente todas las observaciones y recomendaciones específicas aparecen dirigidas exclusivamente al primero. Esto lleva, por ejemplo, a criticar al gobierno por incluir reformas legales para generar mayor espacio fiscal, evitando pronunciarse frente a los parlamentarios encargados de su tramitación sobre la relevancia o urgencia de estas iniciativas”.
Asimismo, en el texto Hacienda reclama que varias recomendaciones que se refieren a acciones que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos ya están desarrollando. “El no reconocer estos avances transmite una errónea sensación de negligencia en el actuar del Ejecutivo y genera frustración respecto de esfuerzos genuinos por mejorar la calidad, transparencia y efectividad de la conducción fiscal”.
Por otra parte, pone foco en que “la abrumadora mayoría de las observaciones y comentarios están referidas a recortes, reducciones o ajustes de gastos, olvidando que la responsabilidad fiscal también se ejerce incrementando los ingresos. Al respecto, se debe advertir que dos o tres citas en materia de ingresos en un documento de 138 páginas no son suficientes para dar cuenta de la importancia de este componente de las finanzas públicas”.
Para terminar la primera parte de este oficio, Hacienda dice que “el desbalance en las recomendaciones referidas a ingresos y gastos, el foco en medidas administrativas y la interpelación al Ejecutivo, a nuestro entender simplifica excesivamente el debate, dando a entender que todo lo que se requiere para un manejo responsable de las finanzas públicas es un Ejecutivo que efectúe grandes recortes de gastos. Este enfoque contradice en buena medida informes previos del propio Consejo, que alentaban a buscar nuevas fuentes de ingresos permanentes para solventar gastos permanentes presionados muchas veces por obligaciones legales y factores exógenos al Ejecutivo”.
REPAROS ESPECÍFICOS
Luego, en las respuestas hace referencia a “afirmaciones específicas” del informe del CFA. Y ahí critica 16 cuestionamientos que hizo el organismo que lidera Jorge Rodríguez.
Un primer tema que cuestiona el gobierno apunta a la afirmación que dice el CFA: “Para 2025 y 2026 se avizora un nuevo incumplimiento de las actuales metas de balance estructural, lo que requiere de medidas de mitigación que no dependan de la aprobación de proyectos de ley”.
Ante esa afirmación, Marcel a través del oficio dice que “el Ejecutivo definió una nueva trayectoria para el balance estructural en 2025 y 2026, con metas realistas que pretende cumplir íntegramente. Dado el horizonte de dos años, resulta poco comprensible que el CFA exija que la consolidación requerida se logre sólo mediante cambios no legislativos, criterio particularmente inexplicable considerando que el propio presupuesto para 2026 será materia de ley y que ya existe un ajuste administrativo en curso de 0,3% del PIB. Ello contrasta con anteriores oportunidades en que el CFA ha llamado la atención sobre la decreciente efectividad de medidas administrativas de corto plazo frente a cambios más sostenibles y permanentes en el tiempo. De hecho, parece difícil concebir una “inflexión” en el curso de la política fiscal como plantea el CFA, sólo con medidas administrativas”.
El siguiente reparo apunta a responder la critica que hace el CFA sobre las metas fiscal: “El cambio propuesto por el Ministerio de Hacienda en las metas fiscales repite una práctica que ha dificultado la consolidación de las finanzas públicas, al trasladar parte de los esfuerzos de consolidación a las futuras administraciones”, dice el informe del CFA. Ante esto, Hacienda sostiene que “no es correcto afirmar que se trasladaron los esfuerzos de consolidación en el tiempo. La trayectoria propuesta para el balance estructural en 2025 y 2026 sería consistente con balances estructurales en los tres años siguientes (2027-2029) que son muy similares a los proyectados a los IFP previos. Es más, contrario a lo que se dijo en la sesión, el 0,0% del PIB al año 2029 ha sido consistente en los diferentes IFP desde que se proyectan las variables fiscales para ese año, es decir, desde el IFP del tercer trimestre de 2024. No existe un desplazamiento de esa meta de consolidación”.
Donde elevó la crítica Hacienda es para responder lo que plantea el CFA sobre el hecho de que para ellos “persisten dudas sobre la contabilidad fiscal, ante la ausencia de reglas claras para los registros contables y la posible existencia de inconsistencias en el registro de ingresos y gastos”.
Para Hacienda esa afirmación les “parece poco responsable el poner en duda la integridad de las cuentas fiscales de Chile sin señalar ningún argumento, caso o ejemplo que lo fundamente. Los criterios de clasificación contable que aplica el Ministerio de Hacienda siguen el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI y el clasificador presupuestario vigente”. Y refuerzan esa crítica al señalar que “fue la Dirección de Presupuestos la que implementó un mejoramiento en los registros contables de la clasificación de diversas cuentas presupuestarias asociadas a Fluctuación Deudores, incluido el Crédito con Aval del Estado, con el propósito de reflejar de mejor manera la evolución de los Ingresos Tributarios. Todo lo anterior, ha sido puesto en conocimiento público y presentando los avances sustantivos al respecto”.
Y otra más que dijo el CFA: “De persistir el desequilibrio fiscal en las magnitudes de años recientes, se superará el nivel prudente de deuda en el corto plazo”. Y esa fue respondida por Hacienda. “Esta afirmación del Informe del CFA resulta de un ejercicio hipotético, consistente en la generación de un déficit estructural permanente de -2,0% del PIB desde 2025. Esto no corresponde a la trayectoria objetivo del Ejecutivo, y asume adicionalmente un incumplimiento de la meta para 2025 y 2026”.
También responde a la critica que hace el consejo sobre las proyecciones de ingresos. “Aprobar un presupuesto con proyecciones poco realistas lleva a que se comprometa gasto público sin que se cuente con los recursos para financiarlo y dificulta su reversión una vez aprobada”. Ante ello, Hacienda dice que “el texto parece suponer que el Ejecutivo propuso un presupuesto con estimaciones de ingresos deliberadamente poco realistas. El Informe del FMI demuestra que el problema central estaba en la incorporación de Informes Financieros de leyes aprobadas con anterioridad, volatilidad de ingresos de la renta, e incorporación de nuevas formas de estimación, tema que, pese a su importancia, no es abordado en este Informe del CFA”.
Ya al finalizar el texto oficio, Hacienda señala que “en síntesis, señora Presidenta, este Ministerio de Hacienda comparte y acoge el planteamiento del CFA en su reciente informe de generar un acuerdo amplio que permita consolidar una inflexión en la dinámica de las cuentas fiscales. No obstante, discrepamos profundamente de la idea que transpira de los juicios y recomendaciones del referido informe del CFA en cuanto a que esto depende exclusivamente de los recortes administrativos del gasto que aplique el ejecutivo en el corto plazo”.
Asimismo, dice que “reconociendo, como lo ha hecho el CFA en otros informes, que Chile está expuesto a fuertes presiones sobre el gasto derivadas del desarrollo del país y la transición demográfica, intensificado por la alta y creciente proporción de gastos determinados por ley, la sostenibilidad fiscal no depende de la capacidad para recortar gastos administrativos en el curso del año fiscal, sino de la generación de ingresos permanentes, de la contención y eventual reversión de gastos fijados por ley, del aumento del crecimiento tendencial y de la mantención de un bajo riesgo soberano”.
Y por último indican que “el Gobierno ha hecho, a este respecto, planteamientos que considera serios y equilibrados, que combinan medidas de corto plazo con reformas legales que reducen compromisos permanentes de gasto. Al mismo tiempo, ha actualizado sus metodologías de proyección de ingresos y advertido que no está dispuesto a proponer rebajas de impuestos que no estén compensadas fiscalmente. Quisiéramos que la discusión de Informes como el que se acaba de presentar ayudara a comprometer voluntades de otros actores institucionales, económicos y políticos, incluido el propio CFA”.
