Puede que las encuestas no siempre sean predictoras exactas de futuros resultados electorales, pero por lo general son una buena fuente para evaluar las tendencias y los cambios en la evolución de los climas de opinión de una sociedad. En este sentido, la última encuesta CEP nos lleva hoy a percibir mayor frustración y pesimismo respecto a ciertos temas relevantes.

Existe plena conciencia de que el país enfrenta un estancamiento económico. Hay menos optimismo respecto a esa promesa esencial de que el futuro augura un mejor devenir a los hijos que a sus padres, o que el porvenir promete mejorías sustantivas. Tampoco mejora, y en algunos casos empeora, la percepción negativa respecto a las instituciones fundamentales de la democracia: los políticos, los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial.

Y, claro está, hay información conocida poco alentadora que no se refiere solo a bajos niveles de crecimiento económico, que es el prerrequisito esencial para cualquier progreso en la calidad de vida. Así, tenemos entre otros datos una crisis de natalidad que augura una población cada vez más vieja, que deberá ser mantenida por las generaciones activas. Por otra parte, el porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio alcanza en Chile, según estimaciones recientes, al 75%, lo cual implica que en muchos casos son niños que quedan bajo el cuidado de una familia monoparental, en la mayoría de los casos, de mujeres solas con bajos ingresos. Es más, sabemos que tenemos uno de los índices más altos de consumo de marihuana a nivel escolar, con todas las consecuencias que ello trae consigo a nivel cognitivo y emocional; que hay territorios inaccesibles para las instituciones del Estado, tanto por terrorismo en La Araucanía como por narcotráfico en múltiples zonas urbanas, especialmente en la capital; que el crimen organizado está cada vez más activo y con violencia y crueldad sin precedentes.

Desde una mirada de larga duración, sin embargo, dos resultados de la encuesta son para mí los más preocupantes. Desde luego, frente a la afirmación “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, un 64% contestaba afirmativamente bajo el gobierno del Presidente Piñera, mientras que en la actualidad solamente el 44% tiene esa preferencia; ello es coherente con que, en ese mismo período, quienes consideran que “da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario” han subido de 17% a 34%. Finalmente, un 41% cree conveniente sacrificar las libertades públicas y privadas para combatir la delincuencia, lo cual coincide con los niveles de popularidad de Bukele en Chile.

Detrás de esta evolución muy negativa para cualquier partidario de la democracia y de las libertades individuales (que solo la democracia liberal representativa resguarda), hay un factor que no se puede ignorar, y este es que una parte de la legitimidad de la democracia radica en su eficacia para resolver los problemas que aquejan a la población. De allí la gravedad de los gobiernos ineptos que tropiezan una y otra vez en escollos evitables que alejan la posibilidad de lograr desarrollo y progreso, y alcanzar una mejor vida para sus compatriotas.

Dicho todo lo anterior, es cada vez más necesario defender los valores de la democracia, sencillamente porque proveen mejores vidas para todos y más prosperidad, porque ellos permiten que florezcan la innovación y la creatividad que las autocracias asfixian. Para mantener el optimismo debemos recordar que las democracias son resilientes, que hemos estado antes peor, que estuvimos al borde del abismo con un proyecto constitucional iliberal y nos salvamos. Igual podríamos emular la oración diaria con que inicia las sesiones el Parlamento británico: “Permite que gobernemos con sabiduría, evitemos el amor al poder y el deseo de complacer”. (El Mercurio)

Lucía Santa Cruz

Hoy se pide en todo el territorio mayor presencia de carabineros para imponer el orden. Se piden más y complejas regulaciones a la autoridad para sancionar a los que no cumplen con las leyes. Pero todo esto enfrenta una realidad que hace imposible avanzar con el propósito de recuperar el orden y la disciplina de nuestro país: nos hemos acostumbrado a actuar o presenciar sin levantar la voz, sobre la normalización del comportamiento incorrecto.

Carabineros jamás podrá actuar en forma eficaz si todos no hacemos un esfuerzo de apoyar el cumplimiento de las leyes en nuestra vida cotidiana. Y siendo honestos, este comportamiento se ha deteriorado en forma dramática en los últimos 25 años por parte de los políticos, empresarios, líderes sociales y espirituales, en fin, de los que debieran dar el ejemplo a la ciudadanía.

Reconocer este diagnóstico es el primer paso para volver a recuperar nuestro país. Estamos mal y debemos reconstruir los liderazgos mediante el ejemplo de actuar más que con el decir. Y para ello debemos volver a recuperar ideales sobre el tipo de sociedad que queremos construir.

Si logro interpretar bien a nuestra sociedad, lo que anhela es partir por recuperar el respeto: el respeto por nosotros mismos, reflejado en nuestro comportamiento y apariencia; en nuestros conciudadanos, siendo amable y solidario, volver a interesarnos y preocuparnos por cómo están los demás, tomarnos el tiempo para conversar con nuestros hijos, hermanos, padres, abuelos, amigos, compañeros y teniendo un gesto amable con el prójimo.

La solución no es económica, es humana, de valores reflejados en nuestro comportamiento como sociedad, en que apoyamos y aplaudimos la amabilidad, la sobriedad, la belleza interior y exterior, y no aceptamos una rabieta, un insulto, desprecio y menos de manera pública.

Aún queda en la retina ese país en que las personas vestían en forma digna y prolija, en que era muy mal visto una discusión en público y menos el uso de un lenguaje vulgar por respeto a uno y a los demás, en que los líderes eran personas sobrias, trabajando al servicio de las personas, nunca perdiendo el contacto ni olvidando sus orígenes.

Por esta razón, lo primero que debiera incluir un programa de gobierno es cómo recuperar los valores que identifican no solo a la sociedad chilena, sino a las sociedades que han podido lograr las grandes transformaciones en las personas. Mi propuesta es partir por el respeto, recuperar la amistad cívica y que hagamos un propósito como sociedad de no tolerar la descalificación, cuidar el lenguaje en nuestra vida pública y privada.

Debemos volver a recuperar el respeto por la autoridad partiendo por los padres, por los profesores, por las autoridades, por los sacerdotes y pastores, por los ancianos y por los niños. También se refleja en nuestro cuidado por los animales y la naturaleza, por cuidar la belleza de las personas, de nuestros hogares y lugares públicos.

Para lograr esto no hay que esperar, podemos comenzar de inmediato. No necesitamos aprobar ningún presupuesto, esperar ninguna elección, solo depende de nuestra decisión como sociedad de comenzar mañana en la mañana con una nueva actitud de esperanza, de agradecimiento por todo lo bueno que tenemos y afrontar juntos los desafíos que tenemos como sociedad.

Es el momento de que Chile se vuelva a colocar de pie frente al mundo y muestre de lo que somos capaces de lograr. Lo hemos hecho antes, depende de nosotros volver a hacerlo. (El Mercurio)

Richard von Appen

Las interceptaciones telefónicas, de mensajería o correo electrónico, herramientas clave en la persecución penal, se han convertido en un campo minado para los derechos fundamentales. A medida que las tecnologías de comunicación evolucionan, también lo hacen las técnicas de vigilancia, ampliando su alcance y su capacidad intrusiva.

Este fenómeno plantea un dilema profundo: ¿hasta qué punto puede el Estado invadir la esfera privada de los ciudadanos en nombre de la justicia? Al decir de Westin “la privacidad no es simplemente el derecho a ser dejado en paz, sino el derecho a controlar la información sobre uno mismo”.

En América Latina, los escándalos por interceptaciones ilegales han sido recurrentes. Colombia, México, Argentina y Chile, por mencionar algunos, han enfrentado este tipo de casos, comprometiendo no solo el derecho a la privacidad, sino que erosionando la confianza en el sistema judicial.

Sin desconocer la eficacia de las interceptaciones, resulta fundamental asegurar una gobernanza y sistema de control adecuados. Dejar en manos policiales la definición de lo que resulta “relevante” para la investigación pareciera una responsabilidad muy grande para quien no tiene necesaria formación jurídica. Quizás delegar la administración del sistema de interceptación y la calificación de la información obtenida en jueces de garantía evitaría que fiscales o policías (como parte interesada en la investigación) conozcan información residual carente de relevancia penal pero capaz de provocar daño reputacional o incluso condicionar a la judicatura mediante la creación de un “contexto” del imputado.

Junto a lo anterior, podría instalarse un sistema de control ex post de este tipo de medida que exija el cumplimiento del artículo 223 del Código Procesal Penal que obliga al Ministerio Público a notificar una vez terminada la investigación a todas las personas a las que se les hubiere interceptado sus comunicaciones y estas resultaren irrelevantes. En esa línea, en 2019 junto a otros senadores pedimos el listado de dichas notificaciones, recibiendo por respuesta que estas no existían, porque no las hacen.

Quizás sea hora de revisar el sistema y fortalecerlo, en el marco de un Estado de Derecho donde las libertades y la seguridad pueden coexistir cuando se respetan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; garantías esenciales que a todo individuo le corresponden. Solo un diseño institucional robusto puede garantizar que el Derecho Penal no se convierta en un caballo de Troya contra las libertades civiles. Como recuerda Ferrajoli, “la garantía de los derechos es el límite del poder, incluso del poder punitivo”. (La Tercera)

Felipe Harboe

Poniendo a un lado el problema de la injusticia y la racionalidad de las cargas que impone; prescindiendo incluso de la eventual torpeza de insistir en un régimen que refrenda otro apenas instaurado, que ya está empobreciendo severamente a las mejores casas de estudios superiores del país y aun dejando todo esto al margen, el proyecto del Gobierno que crea el Fondo para la Educación Superior (FES) es criticable, especialmente porque constituye un ataque en regla contra la libertad educacional y académica.

De la educación superior, especialmente la Universidad, se pide que sea la institución del pensamiento libre en el país. De ninguna otra institución –ni de las iglesias, ni las empresas, ni los partidos políticos, etc.– se puede esperar que las posiciones de mera fe o conveniencia o el partidismo parcial sean preteridos en favor de un pensamiento auténticamente libre. Solo de la Universidad. Para eso existe. Ese es su papel social: ser sede del pensamiento radical (que va a las raíces) y libre.

Para ser institución del pensamiento libre, es menester, sin embargo, que la Universidad descanse en un régimen de distribución del poder social.

Locke, Montesquieu y una larga tradición de autores hacia atrás y delante de ellos reparan en que, cuando el poder se concentra, la libertad de quienes están bajo ese poder disminuye. Que, en cambio, si ese poder se divide, entonces la libertad de quienes se hallan sometidos a ese poder aumenta. Por eso se piensa usualmente en la división del poder del Estado en un Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial. O en la división del poder social entre el Estado y la Sociedad Civil.

Sea que un grupo económico domine la escena, sea que el Estado o un credo determinado lo hagan, la libertad de la Universidad para contemplar y enseñar queda amenazada con la concentración del poder. Si el control de los recursos económicos de los que depende la subsistencia de la Universidad depende totalmente o de manera muy acentuada de un grupo económico o un grupo religioso o un partido político, entonces la libertad del pensamiento de las instituciones dependientes de esa concentración tenderá a ser meramente declarativa.

Dicho en claro: ¿quién podría cuestionar las convicciones de una confesión religiosa o los intereses de un grupo económico o los intereses partidistas dentro de un sistema universitario controlado por esa confesión o grupo o partido?

Se dice que en el nuevo proyecto el financiamiento provendrá del Estado, no de un partido político determinado. Suena bien decirlo así. Lamentablemente, sin una reforma previa al Estado, esa es una afirmación hueca.

Ocurre que, en Chile, a diferencia de otras naciones con sistemas democráticos afianzados, el Estado se encuentra fuertemente controlado por el Gobierno de turno. Si en Europa son usualmente algunas decenas de funcionarios las que cambian con el cambio de Gobierno, en Chile son decenas de miles. Dejar, entonces, todo el poder de financiamiento relevante de la Universidad en manos del Estado –como se pretende con el proyecto– podría significar, sistémicamente hablando, dejar todo el poder de subsistencia de esas casas de estudios bajo control del Gobierno de turno: del partido o alianza de partidos y su ideología peculiar.

¿Qué esperanzas tendrían, entonces, las libertades de investigación y enseñanza en un país donde el Estado –esto es, el partido dominante en el Gobierno– controlase todas las posibilidades de subsistencia efectiva de las universidades?

Hay ciertamente casos de naciones con democracias bien asentadas –por ejemplo, Alemania, Francia o Italia– donde el financiamiento es eminentemente estatal, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el financiamiento es mixto.

En el caso de las naciones mencionadas, no obstante el carácter principalmente estatal del financiamiento, el control de ese financiamiento es mitigado, cuanto menos, por dos factores decisivos. Primero, la división del poder entre una burocracia profesional, distinta de quienes ejercen el Gobierno, vale decir, una burocracia que no es partidista. Segundo, gracias a la división del poder entre el Estado central y los Estados miembros.

En Alemania, por ejemplo, al cambiar el Gobierno de la Federación son solo algunas decenas de funcionarios las que se modifican, quedando el poder sobre las universidades en manos de burócratas profesionales, con visiones políticas, por cierto, pero bajo el deber de anteponer el interés nacional sobre el interés partidista. Además, en ese país, aunque el Gobierno central sea de un signo, el Gobierno de los Estados miembros puede ser distinto, facilitándose, de estas dos maneras, la división del poder.

En Chile, en cambio, los funcionarios de partido arrasan usualmente, al triunfar, con la gran cantidad de empleos públicos disponibles. Más aún, las regiones, en Chile, son usualmente dependientes hasta niveles vergonzosos del Gobierno central. Hacer depender, entonces, todo el poder de financiamiento de la Universidad de ese Estado politizado y centralista, importará un incremento severo en el control de la Universidad por parte de esos funcionarios partidistas. La amenaza para la libertad académica, de enseñanza e investigación, para el pensamiento radical y libre, se vuelve, de este modo, severa.

El proyecto FES podría volverse un paso lamentable en el debilitamiento de la institucionalidad cultural y educacional de la Nación, así como un golpe bajo al Estado de Derecho (a quien necesite más información, le remito a un libro escrito en 2016, cuando estas ideas de la izquierda “académico-frenteamplista” se hallaban en preparación). (El Mostrador)

Hugo Herrera