Poniendo a un lado el problema de la injusticia y la racionalidad de las cargas que impone; prescindiendo incluso de la eventual torpeza de insistir en un régimen que refrenda otro apenas instaurado, que ya está empobreciendo severamente a las mejores casas de estudios superiores del país y aun dejando todo esto al margen, el proyecto del Gobierno que crea el Fondo para la Educación Superior (FES) es criticable, especialmente porque constituye un ataque en regla contra la libertad educacional y académica.
De la educación superior, especialmente la Universidad, se pide que sea la institución del pensamiento libre en el país. De ninguna otra institución –ni de las iglesias, ni las empresas, ni los partidos políticos, etc.– se puede esperar que las posiciones de mera fe o conveniencia o el partidismo parcial sean preteridos en favor de un pensamiento auténticamente libre. Solo de la Universidad. Para eso existe. Ese es su papel social: ser sede del pensamiento radical (que va a las raíces) y libre.
Para ser institución del pensamiento libre, es menester, sin embargo, que la Universidad descanse en un régimen de distribución del poder social.
Locke, Montesquieu y una larga tradición de autores hacia atrás y delante de ellos reparan en que, cuando el poder se concentra, la libertad de quienes están bajo ese poder disminuye. Que, en cambio, si ese poder se divide, entonces la libertad de quienes se hallan sometidos a ese poder aumenta. Por eso se piensa usualmente en la división del poder del Estado en un Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial. O en la división del poder social entre el Estado y la Sociedad Civil.
Sea que un grupo económico domine la escena, sea que el Estado o un credo determinado lo hagan, la libertad de la Universidad para contemplar y enseñar queda amenazada con la concentración del poder. Si el control de los recursos económicos de los que depende la subsistencia de la Universidad depende totalmente o de manera muy acentuada de un grupo económico o un grupo religioso o un partido político, entonces la libertad del pensamiento de las instituciones dependientes de esa concentración tenderá a ser meramente declarativa.
Dicho en claro: ¿quién podría cuestionar las convicciones de una confesión religiosa o los intereses de un grupo económico o los intereses partidistas dentro de un sistema universitario controlado por esa confesión o grupo o partido?
Se dice que en el nuevo proyecto el financiamiento provendrá del Estado, no de un partido político determinado. Suena bien decirlo así. Lamentablemente, sin una reforma previa al Estado, esa es una afirmación hueca.
Ocurre que, en Chile, a diferencia de otras naciones con sistemas democráticos afianzados, el Estado se encuentra fuertemente controlado por el Gobierno de turno. Si en Europa son usualmente algunas decenas de funcionarios las que cambian con el cambio de Gobierno, en Chile son decenas de miles. Dejar, entonces, todo el poder de financiamiento relevante de la Universidad en manos del Estado –como se pretende con el proyecto– podría significar, sistémicamente hablando, dejar todo el poder de subsistencia de esas casas de estudios bajo control del Gobierno de turno: del partido o alianza de partidos y su ideología peculiar.
¿Qué esperanzas tendrían, entonces, las libertades de investigación y enseñanza en un país donde el Estado –esto es, el partido dominante en el Gobierno– controlase todas las posibilidades de subsistencia efectiva de las universidades?
Hay ciertamente casos de naciones con democracias bien asentadas –por ejemplo, Alemania, Francia o Italia– donde el financiamiento es eminentemente estatal, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el financiamiento es mixto.
En el caso de las naciones mencionadas, no obstante el carácter principalmente estatal del financiamiento, el control de ese financiamiento es mitigado, cuanto menos, por dos factores decisivos. Primero, la división del poder entre una burocracia profesional, distinta de quienes ejercen el Gobierno, vale decir, una burocracia que no es partidista. Segundo, gracias a la división del poder entre el Estado central y los Estados miembros.
En Alemania, por ejemplo, al cambiar el Gobierno de la Federación son solo algunas decenas de funcionarios las que se modifican, quedando el poder sobre las universidades en manos de burócratas profesionales, con visiones políticas, por cierto, pero bajo el deber de anteponer el interés nacional sobre el interés partidista. Además, en ese país, aunque el Gobierno central sea de un signo, el Gobierno de los Estados miembros puede ser distinto, facilitándose, de estas dos maneras, la división del poder.
En Chile, en cambio, los funcionarios de partido arrasan usualmente, al triunfar, con la gran cantidad de empleos públicos disponibles. Más aún, las regiones, en Chile, son usualmente dependientes hasta niveles vergonzosos del Gobierno central. Hacer depender, entonces, todo el poder de financiamiento de la Universidad de ese Estado politizado y centralista, importará un incremento severo en el control de la Universidad por parte de esos funcionarios partidistas. La amenaza para la libertad académica, de enseñanza e investigación, para el pensamiento radical y libre, se vuelve, de este modo, severa.
El proyecto FES podría volverse un paso lamentable en el debilitamiento de la institucionalidad cultural y educacional de la Nación, así como un golpe bajo al Estado de Derecho (a quien necesite más información, le remito a un libro escrito en 2016, cuando estas ideas de la izquierda “académico-frenteamplista” se hallaban en preparación). (El Mostrador)
Hugo Herrera
