“Chile despertó”. Esa es la consigna que se escucha en cada rincón del país, y todo parece indicar que no se volverá a dormir, ni aún cuando las manifestaciones en la calle amainen y haya quienes crean que es posible responder a la demanda con una serie de políticas públicas que apuntan a hacerse cargo de las necesidades sociales más urgentes. Lo que está en el trasfondo del clamor en la calle es un nuevo pacto social y, en consecuencia, vale la pena empezar a perderle el miedo a la posibilidad de discutir una nueva Constitución.

No es menor considerar que desde hace algunos días han proliferado los cabildos en distintos lugares del país. Muchos de ellos, auto convocados por vecinos, ciudadanos e instituciones, y otros más articulados, como los organizados por la Mesa de Unidad Social. El denominador común en estos encuentros es la necesidad de volver a escucharse como ciudadanos y buscar de manera conjunta una salida a la crisis política y social que enfrenta el país. En este cuadro, no deja de llamar la atención que hasta actores del oficialismo sean ahora proclives a la realización de estos encuentros para poder diagnosticar de mejor manera el origen del malestar.

Hay que poner atención a un punto que es relevante, que es la generación de expectativas que este tipo de encuentros crea. Y es preciso que el gobierno vea en esto tanto una necesidad como una oportunidad, dado que tanto el poder Legislativo como el Judicial ya se han manifestado favorables a iniciar un proceso que permita cambiar la Constitución, que, por más modificaciones que tenga, tiene un origen en dictadura que relegó la participación de la ciudadanía y que fue ratificada en un plebiscito sin ninguna garantía básica respecto a la integridad de su resultado. Esto es de la mayor importancia, porque se trata de responder a la demanda ciudadana a través de los canales institucionales que permitan volver a poner al centro de la discusión uno de los principales déficit que hace años exhibe nuestra democracia, que es la participación. En efecto, el Indice de la Democracia, de The Economist, califica a nuestro sistema político como una “democracia imperfecta”, justamente por el déficit en materia de participación política, a diferencia de países como Uruguay, la democracia más perfecta de la región, que tiene una amplia trayectoria en la materia.

Perderle el miedo a un proceso constituyente y hacerse cargo de las expectativas que empiezan a aflorar parece un camino más sensato que negarse a escuchar los orígenes del despertar de los ciudadanos en Chile. Habilitar un proceso que permita preguntarle a los ciudadanos de este país si quieren cambiar la Constitución y, luego, por qué mecanismos, parece un imperativo democrático que, bien liderado, puede ser una oportunidad para recuperar la senda de la confianza y la paz social para un país que hasta hace poco parecía un modelo, pero que escondía un profundo malestar. Por cierto, ello no obsta tener en paralelo una posición firme frente a la vulneración a los derechos humanos, ocurridas durante las manifestaciones, y discutir en paralelo una agenda de reformas sociales.

Curiosidades del destino, si existe consciencia real de la magnitud de la demanda que enfrentamos, tal vez sea un gobierno de derecha el que finalmente pase a la historia como aquel que logró hacer de esta crisis una oportunidad para volver a recuperar la senda de un país inclusivo donde todos tengamos la posibilidad de participar y deliberar sobre el marco institucional que regirá nuestros destinos. En ello esperemos que la sintonía y la escucha desde quienes tienen que tomar decisiones esté lo suficientemente asentada, porque el futuro y la manera de vivir juntos dependerá de ello. (La Tercera)

Gloria de la Fuente

Quién habría pensado, tan solo algunos días atrás, que podía resultar necesario reafirmar la legitimidad del gobierno que nos conduce, por relativamente reciente voluntad soberana indubitada.

Nadie puede negar la profundidad del descontento imperante, manifestado mayoritariamente en forma pacífica; nadie tampoco puede pasar por alto que no pocos, por desgracia, han optado por la violencia para concretar su desazón, algunos por convicción otros más bien de ocasión.

Diversos analistas han ensayado causalidades del estallido social, varios con rigor y aportando seriedad, otros con una dosis no menor de oportunismo, de supuesta premonición ignota y con recetas populistas, como si de allí alguien pudiera salir ileso. Tampoco puede desconocerse que las élites, políticas, empresariales, sindicales, morales, venían cayendo desde hace mucho tiempo en sus grados de confianza ciudadana, por ende, la crisis en desarrollo las encuentra en un mal momento a la hora de actuar.

Pero convenganos que, siendo indispensable escuchar a la ciudadanía, de aquí no salimos sino con mucha y buena política. Las condiciones para lo anterior son muchas, y el tiempo para ir cumpliendo es escaso. Entre ellas hay una basal: “el rechazo claro e incondicional de medios violentos y un rechazo decidido a la retórica de la violencia para movilizar apoyo destinado a conservar o conseguir el poder” (extractos de La quiebra de las democracias, de J.J. Linz). Créanme que se ha echado en falta una declaración explícita en ese sentido. Bien le habría hecho un pronunciamiento de esta naturaleza, unánime, de todos los partidos representados en la cuna de la democracia, el Congreso Nacional. Todo lo demás es opinable (la intensidad de la agenda legislativa urgente; los cambios estructurales al modelo; las fórmulas instrumentales en que se llega a una nueva Constitución), pero sin recuperación del orden público, requisito indispensable para el funcionamiento del estado de derecho, no hay salida racional. Se puede ser opositor, durísimo opositor, se puede ser partidario, fanático partidario del gobierno, lo que no se puede es alentar atajos para sustituirlo; esa es ceguera política, y lo que es más grave, es flagrantemente antidemocrático.

Solo con diálogo político saldremos de esta encrucijada, sin él estaremos contribuyendo de forma irresponsable a profundizar la crisis. Estabilizar el funcionamiento del país es indispensable, incluso para aquellos que aspiran a un modelo totalmente diverso.

No entender lo anterior, por parte de nuestros representantes, causaría grave daño, de aquellos irreparables o al menos de muy larga recuperación. Estoy cierto que la inmensa mayoría de nuestra sociedad se los demanda con urgencia, también con cuota de esperanza; no hay otro camino disponible. (La Tercera)

Jorge Burgos

Para enfrentar la crisis de gobernabilidad se debió, ante todo, adoptar un pacto de defensa del orden democrático. Resulta incomprensible que dicha defensa no haya unido de inmediato a todos los grupos representados en el Parlamento. Habría acotado la crisis, fortalecido la reacción del Estado frente a la violencia y otorgado un rol relevante a los partidos.

Dicho pacto debió rechazar tajantemente la violencia y el terrorismo; garantizar los DD.HH. de la población, particularmente de quienes protestan pacíficamente, y aprobar un plan inmediato para fortalecer la seguridad interior, la inteligencia policial y el funcionamiento de los servicios básicos.

No ocurrió. El gobierno, una vez más, actuó sin un claro liderazgo. Y los partidos -tanto oficialistas como de oposición- optaron por su interés propio antes que por el interés común. Faltó pues voluntad para enfrentar el peligro inminente de una desestabilización gubernamental y el sobrepasamiento del orden democrático.

En medio de la confusión, los desajustes y malestares sociales fueron atribuidos casi exclusivamente a causas estructurales de desigualdad, silenciándose los motivos políticos del debilitamiento de la gobernabilidad democrática. Estos últimos son múltiples y variados: escasa efectividad de la acción gubernamental y parlamentaria; conflictos cruzados entre poderes y organismos del Estado; desplome de la confianza en los partidos e instituciones públicas; deterioro del ambiente cívico por creciente crispación; sensación de que asuntos vitales -salud, seguridad, pensiones, educación de calidad, empleo, costo de la vida, etc.- se postergan o gestionan mal.

Fracasada la gestación de un vigoroso pacto democrático, la dirigencia política improvisó un pacto social: cómo resolver los asuntos estructurales más apremiantes y hacerse cargo a la vez de las necesidades inmediatas. Sin embargo, nada se dijo sobre las restricciones que enfrentaba un plan tan ambicioso de reparación social y bienestar colectivo. Primero, limitados recursos del Estado, incluso con tributos adicionales. Enseguida, escasa capacidad estatal para diseñar, procesar, aprobar y, sobre todo, implementar un paquete de políticas sociales.

Sin un acuerdo de gobernabilidad democrática y vistas las dificultades de un pacto social, las energías de la dirigencia se movilizan ahora hacia un tercer frente: nueva Constitución con cambio de régimen político y de modelo económico-social. Esto, mientras se prolonga la crisis de gobernabilidad, aún no se controla la violencia en las calles, no hay explicación ni acción eficaz respecto de los grupos que destruyeron el Metro y ni siquiera se ha podido definir las prioridades de un plan social realista.

Muestra que la dirección y gestión política del país están en manos de una clase que transversalmente se halla superada por los desafíos que debe enfrentar. En vez de resolver los problemas urgentes que están a la mano, crea otro más: cambiar las bases constitucionales, el régimen político y el modelo de desarrollo. La consigna parece ser ésta: para alivianar la situación, volvámosla más pesada. Es una receta para hundirnos definitivamente.

Sin duda, más adelante deberá discutirse si cambiar el régimen político (mi preferencia es por uno semipresidencial) o no. Pero hacerlo ahora, en medio de una crisis de gobernabilidad, sin siquiera haber asegurado el orden cotidiano de la sociedad, resulta un despropósito. (La Tercera)

José Joaquín Brunner