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Balance nacional: 37 marchas y más de 43 mil personas en las calles

Esta noche, la subsecretaría del Interior entregó las cifras de la jornada en cuanto a las manifestaciones.

Entre los aspectos destacados, podemos indicar que hubo un total de 37 marchas, que congregaron a un total de 43.510 personas, en su mayoría, pacíficas. Solo en cuatro regiones (Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos y Metropolitana), se produjeron situaciones violentas.

En la región metropolitana se realizaron dos marchas, la primera pacífica, la segunda “se tornó violenta con incidentes al intentar prender fuego a metro Baquedano”, según detalló la autoridad. Entre ambas congregaron 35.000 personas.

La región con mayor número de marchas durante este viernes fue la de Valparaíso, con 13.

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Ministro Ward: «Lo prioritario son los problemas de la gente, no de los políticos»

Estuvo ad portas de ser ministro del Interior, pero el Presidente Sebastián Piñera, a último momento, lo designó como el nuevo titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Así, Felipe Ward (UDI) saltó de la cartera de Bienes Nacionales al comité político del Mandatario. Y su primera misión será sacar adelante la agenda social en medio de la crisis.

En este contexto, en su primera entrevista como titular de la Segpres, Ward recalca la disposición al diálogo del gobierno para llegar a acuerdos con la oposición.

¿Le hubiese gustado ser el ministro del Interior?

Recibí una llamada del Presidente postulándome la idea de trabajar en la Segpres. Me pareció notable en materia de responsabilidad y dije, automáticamente, que sí.

¿Cuál es el sello que busca darle a la cartera?

El Presidente me pidió desde el primer día poner el énfasis en la agenda social. Nos damos cuenta como gobierno que lo que ocurre debe ser atendido por la clase política.

¿El Presidente le pidió algún plazo para despachar del Congreso esta agenda?

Esta semana logramos aprobar en primer trámite el seguro catastrófico, y en tiempo récord pudimos despachar el proyecto de tarifas eléctricas, gracias al gran trabajo que realizó el ministro de Energía. Es decir, la agenda social está avanzando, y eso nos tiene contentos. En los próximos días vamos a presentar nuevos proyectos, junto con la urgencia que les vamos a poner a otras iniciativas que están actualmente en trámite y que sintonizan con esta agenda. Plazos es muy difícil autoimponerse, porque tenemos que legislar y presentar estas solicitudes en ambas cámaras.

Y de lo que hoy está en el Congreso, ¿qué es lo más urgente?

Todos los proyectos que forman parte de la agenda social son prioritarios, y creo que responden en gran parte a lo que está ocurriendo en la calle; me refiero a las manifestaciones pacíficas.

¿Hay algún orden?

Nos interesa presentar y priorizar lo antes posible el que tiene que ver con la defensoría de las víctimas; vamos a trabajar con mucha urgencia lo que tiene que ver con pensiones; el ingreso mínimo garantizado también es algo que vamos a priorizar de forma cronológica. Y esperamos también que el resto de los proyectos que forman parte de la agenda social estén presentados prontamente en el Congreso.

Por primera vez, el gobierno se abrió oficialmente a revisar la reintegración tributaria y a incluir componentes de solidaridad en la reforma de pensiones…

El ministro Briones fue preciso en expresar la voluntad del gobierno de revisar la reintegración. Eso se les planteó a los presidentes de los partidos de Chile Vamos y de la oposición. Es la revisión profunda de la reintegración en la reforma tributaria.

La DC está pidiendo un 2% de solidaridad en pensiones. ¿Hay margen para eso?

No quiero emitir un juicio de valor respecto del proyecto de pensiones en particular, pero sí el Presidente nos ha pedido que conversemos, que abramos un cauce institucional para avanzar en la agenda social y en los proyectos que están en el Congreso. Y eso no tiene ningún tipo de exclusión ni en temas ni en colores políticos.

Finalmente, el gobierno termina cediendo en sus reformas más emblemáticas. ¿Les duele haber renunciado a eso?

Lo importante es avanzar. Hay que comprender que lo que nos está pidiendo la ciudadanía es dialogar. Y en ese diálogo, necesariamente, hay posiciones que en algún momento pueden cambiar.

¿A cuánto de ese programa inicial tiene que renunciar el gobierno?

No hablaría de renunciar, sí de priorizar. Hay que comprender que este es un país que cambió. El gobierno debe comprender eso también, y creo que lo estamos mostrando y demostrando a través de la agenda legislativa. Y si somos capaces de avanzar en esa agenda, vamos a ser capaces de cumplir con el programa de gobierno. Y estoy seguro de que va a ocurrir de esa manera.

¿Fracasó ese programa?

Bajo ningún punto de vista. Es un programa exitoso desde el punto de vista que nos permitió ganar la elección. Si uno lo compara con la propuesta que se hacía desde otros sectores políticos, sintonizamos de mejor manera con la ciudadanía, pero ese programa requiere una actualización. Y eso es lo que estamos haciendo con esta agenda social.

Luego de la reunión del jueves en La Moneda, la oposición calificó de “insuficiente” la apertura del Ejecutivo en la reintegración tributaria y, también, los resultados de la reunión…

Prefiero ver el vaso medio lleno. Decidieron venir a La Moneda a dialogar. Y hay apertura en torno a todos los temas. Entonces, si bien vamos a tener diferencias, creo que vamos a ser capaces de sacar proyectos adelante. Existe un espacio para que ellos participen formalmente mediante indicaciones o nuevas ideas en la agenda social.

Otro de los temas con que no quedaron conformes es con la negativa del gobierno para avanzar en materia de nueva Constitución…

El proceso de participación ciudadana que encabezó la expresidenta Bachelet fue muy criticado, porque tuvo poca acogida por parte de la ciudadanía. Hubo pocas personas que participaron de ese proceso, y nunca se habló de contenido. Entonces, es necesario hacer las cosas ordenadas. Es imposible poder trabajar en una nueva Constitución si primero no se desarrolla un proceso de diálogo ciudadano. Entonces, lo que ha planteado el Presidente Piñera es que hay apertura a conversar, pero debe ocurrir primero el diálogo ciudadano. Y si de ese proceso surgen reformas profundas que hay que, eventualmente, llevar al Congreso, veamos si ocurre.

Hoy el gobierno no tiene el mismo margen que hace un mes para negociar sus reformas en el Congreso…

He visto durante estos días, en que me ha tocado tener reuniones en el Parlamento, una disponibilidad realmente muy notable de parte de los parlamentarios. Comprenden que tenemos que hacer gestos, tener apertura al diálogo… Yo soy optimista.

¿Qué pasa con los otros proyectos de la agenda social que anunció el Presidente: el límite a la reelección, la reducción de la dieta parlamentaria y altos cargos del Estado? ¿Cuál va a ser su propuesta?

Eso es algo que se está estudiando en el Ejecutivo. Nosotros entendemos que desde la política tiene que darse una señal distinta.

Respecto de la agenda legislativa y esta agenda social, ¿por qué cree que hasta ahora no la ha sentido la gente?

No hay una agenda o un proyecto de ley perfecto, pero entendemos que este es un avance importante. Por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno que se hace cargo de los problemas de la ciudadanía y no de los problemas de los políticos. Esta agenda social responde a lo que está ocurriendo en relación con las preocupaciones de las personas. Y siento que la distancia que existe entre la ciudadanía y los políticos obedece a que los políticos, entre cuatro paredes, se han sentado durante mucho tiempo a preocuparse de sus prioridades. El ejemplo más nítido es el del proceso constituyente que impulsó la expresidenta Bachelet, donde se nos planteaba la necesidad y la urgencia de una nueva Constitución sin decirnos cuál era el contenido.

Usted fue un acérrimo opositor al gobierno de Michelle Bachelet. Y hoy le toca asumir un rol dialogante con quienes integraron ese gobierno. ¿Cómo lo va a hacer?

Ya lo estoy haciendo. Ha tenido una buena recepción la solicitud que nos hizo el Presidente de la República y el mensaje que nos ha hecho transmitir al Congreso.

¿Cuánto le pesan sus declaraciones del pasado?

Todos tenemos que comprender que hoy se exige más de las autoridades políticas. Las palabras deben ser empleadas con la prudencia necesaria y, desde ese punto de vista, estamos todos dispuestos a hacer un esfuerzo diferente.

¿No hay una autocrítica por una desconexión por parte de su sector en torno a algunas de las demandas que hoy nuevamente surgen desde la ciudadanía?

Me pareció muy adecuado escuchar declaraciones y leer declaraciones de personas que pertenecen a distintos sectores políticos en las que se realiza una autocrítica, en las que se comprende que lo que está ocurriendo no tiene que ver con un gobierno en particular, con una administración ni con un proceso que lleve semanas o meses.

¿Cuál va a ser su estrategia en el Congreso? Muchas veces se cuestionó el pirquineo de votos o que se marginara al PC y al FA de reuniones prelegislativas. ¿Va a seguir con ese diseño?

Vamos a continuar con la buena dinámica de relación con los parlamentarios que encabezó el ministro Blumel.

¿Pero se dialogará con todos o se seguirán buscando los votos de ciertos sectores, como la DC y el PR?

El diálogo, desde el día uno, ha sido con todos. Eso se demuestra con la invitación que hizo el Presidente a todos los sectores políticos a participar de una conversación en La Moneda. Si se restan, los vamos a volver a invitar.

Pero en la oposición acusan que esta voluntad de diálogo del Ejecutivo ha sido estéril y que, de hecho, el Presidente ya tenía definidos los anuncios antes de escuchar a los partidos. Entonces, ¿no hay una autocrítica ahí también que hacer y modificar de parte del gobierno?

La disponibilidad no es solo protocolar, no es solo formal, sino que es profunda. Si bien hay una agenda social presentada, por supuesto que podemos seguir avanzando en otros proyectos de ley si hay consenso en torno a ello.

¿Qué le parece que esos sectores estén impulsando la acusación a Chadwick y al propio Presidente?

Es injusto, es una medida incorrecta. Lo que el Congreso debe hacer es avanzar en medidas que ayuden a la ciudadanía. No veo que eso ocurra con esta medida fiscalizadora. El Congreso pierde tiempo y va a perder tiempo en las acusaciones constitucionales que podría dedicar a la agenda social.

Entonces, ¿quién responde por los excesos y abusos que se han denunciado? Porque se están investigando muertes a manos de las FF.AA. en un estado de emergencia decretado por este Presidente, no otro…

Esos hechos ocurrieron, fueron denunciados y están siendo investigados. Es decir, están encauzados adecuadamente, y eso debe seguir avanzando. Pero, en paralelo a eso, iniciar una acción de ese tipo le hace perder tiempo a un Congreso que no tiene tiempo que perder, ya que debe sacar adelante una agenda social que sintonice con la ciudadanía. El gobierno ha mostrado y demostrado su compromiso con los DD.HH.

Entonces, ¿no hay responsabilidad política del Presidente ni de Chadwick?

Ya habrá tiempo para analizar las responsabilidades políticas de lo ocurrido. Seguimos en la crisis, eso es importante recalcarlo. (La Tercera)

Intendencia RM estima en más de $ 12 mil millones tareas de reconstrucción

Señaléticas como los Ceda el Paso o discos Pare, basureros, vallas, lomos de caucho, cámaras de vigilancia, luminarias y fachadas. Todos esos son algunos de los ítems que las municipalidades han catastrado con daños durante estos días de manifestaciones sociales.

La información respecto de la propiedad pública fue recabada por la Intendencia de la Región Metropolitana desde el viernes 18 hasta el 30 de octubre, con datos entregados por los directores de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de cada municipio. Además, el pasado lunes 28 el gobierno regional sostuvo una reunión con los municipios para abordar, entre otros temas, los desmanes.

En total, la cantidad estimada como necesaria para la reconstrucción y reparación en 47 de las 52 comunas de la RM es de $ 12.637 millones.

Los daños van desde los $ 4 millones hasta otros por sobre los $ 1.800 millones (ver infografía). El catastro no considera locales comerciales ni otros daños a la propiedad privada.

Respecto de dónde se obtendrán los fondos, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, explicó que “del total, $ 5.500 millones los va a poner el gobierno regional de los fondos de emergencia”.

La autoridad añadió que “los otros millones los va a disponer la Dirección de Presupuestos (Dipres), que ya están comprometidos. La primera quincena de noviembre vamos a transferir este dinero”.

Entre las comunas que tienen infraestructura dañada por sobre los $ 1.000 millones están La Florida, Santiago, Puente Alto y Ñuñoa.

En el caso de La Florida, lo estimado en gastos para reconstrucción de mobiliario público representa un 2,8% del presupuesto 2019 de su municipio. En Santiago, en tanto, equivale a un 1%, en Puente Alto a un 1,2% y en Ñuñoa a un 1,8%.

Si bien las autoridades municipales lamentan los destrozos, son enfáticos en señalar que los desmanes no son parte de las protestas pacíficas realizadas por los ciudadanos y que comprenden las demandas sociales.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, afirmó que la Av. La Florida, Vicuña Mackenna y Departamental “fueron arrasadas por los desórdenes”. Indicó que “la gente tiene derecho a opinar y protestar, pero la destrucción es contraria a la democracia”.

Según informaron desde el municipio de Puente Alto, la cifra de destrozos está en evolución. Por ejemplo, la semana pasada se destruyeron 20 cámaras de seguridad (de $ 12,5 millones cada una) y 96 luminarias led, avaluadas en $ 520 mil, sin incluir la mano de obra de instalación.

Juan Pablo Flores, director de la Secretaría Comunal de Planificación de Ñuñoa, indicó que de los principales daños en la comuna, cerca del 47%, están en las luminarias de los semáforos y se concentran en sectores como la Rotonda Grecia, Plaza Ñuñoa, Chile España, Pedro de Valdivia con Irarrázaval y la Plaza Egaña.

En San Bernardo, su alcaldesa, Nora Cuevas, expresó que “si bien hubo grandes daños en una comuna de una gran extensión, con el paso de los días las personas se han manifestado pacíficamente, entendiendo lo legítimo de sus demandas”.

En relación al movimiento social, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, señaló que “son petitorios justos que van a tener una repercusión en el quehacer municipal, como una redistribución más equitativa en los recursos (…). Uno comparte el fondo y gran parte la forma, lo que uno no comparte es el vandalismo”.

En otra comuna que también tiene infraestructura pública destruida, como Renca, el alcalde Claudio Castro manifestó que los destrozos se concentraron entre el sábado 19 y el lunes 21, principalmente en luminarias, brazos peatonales y algunos paraderos.

En esto coincidió Mauro Tamayo, jefe comunal de Renca. “Los saqueos duraron hasta el día lunes de la semana pasada, incluso los vecinos se organizaron mucho, ha sido una oportunidad de diálogo ciudadano. Sigue habiendo barricadas, pero cada vez menos”, dijo.

En La Pintana, la alcaldesa Claudia Pizarro separó las protestas pacíficas de otras situaciones, como los saqueos. “Las manifestaciones se han realizado con absoluta civilidad. Distinto es ir a quemar y destruir”.

En cuanto a los fondos que destinará el gobierno regional, desde Providencia señalaron que no los usarán, sino que será absorbido por el municipio con cambios presupuestarios, por ejemplo, dejar algunos eventos.

VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN

No solo en la Región Metropolitana se han registrado destrozos. En las grandes ciudades, como Valparaíso, elaboran un plan de reconstrucción -tanto de infraestructura pública como privada- de $ 19 mil millones, con el fin de reparar edificios patrimoniales y locales comerciales, como hoteles, restaurantes y otros servicios. De momento, desconocen cuánto es el gasto de reconstrucción en mobiliario municipal.

En Viña del Mar, en tanto, contemplan $ 5 millones para reparar el Edificio Consistorial.

Más al sur, en Concepción, los daños ascendían, hasta el sábado, a $ 652.040.742, distribuidos en semáforos, señaléticas, alumbrado público, bancas, papeleros, cámaras de vigilancia y daños en pavimento y rejillas.

El alcalde, Álvaro Ortiz, afirmó que “esperamos obtener recursos por parte del gobierno”. (La Tercera)

Cuba niega estar detrás de las protestas en Chile y apoyar a Maduro

El canciller de Cuba, Bruno Rodrígueznegó este viernes que su gobierno esté detrás de las protestas sociales en América Latina, así como de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, como asegura la OEA y la administración Trump.

“Maliciosamente se acusa a Cuba de ser culpable de lo que sucede en Venezuela y de las recientes manifestaciones populares contra el despiadado neoliberalismo que avanza en la región”, dijo Rodríguez, durante el denominado Encuentro Antimperialista que se realiza en La Habana.

Washington también asegura que Cuba apoya militarmente para evitar la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, importante aliado y proveedor de combustible de la isla.

“Estados Unidos necesita culpar a Cuba de su fracaso rotundo en Venezuela, y necesita justificar el endurecimiento del bloqueo” contra la isla, agregó el ministro ante un auditorio con agrupaciones internacionales de izquierda.

La semana pasada, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un “patrón” de desestabilización proveniente de Venezuela y de Cuba, orientado primero a Colombia y Ecuador y después a Chile.

Almagro atribuyó a estos países una responsabilidad en las masivas movilizaciones antigubernamentales en la región.

A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Sebastián Piñera para expresarle su apoyo ante la ola de protestas sociales y denunció que hay “esfuerzos extranjeros para minar las instituciones” del país.

Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió no ser identificado, informó que Rusia -aliado de Cuba- realizó actividades “para dar un curso negativo al debate en Chile”Moscú también rechazó las acusaciones.

La llamada de Trump a Piñera ocurrió en momentos en que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, culminaba una visita a Rusia.

“No tenemos otra participación o involucramiento en las protestas en América Latina que la que emane del ejemplo de la Revolución Cubana, como dijo el Che Guevara”, sostuvo el canciller Rodríguez. (La Nación-Agencias)

EE.UU. y China llegan a principio de acuerdo en negociaciones comerciales

China y Estados Unidos han llegado este viernes a un principio de acuerdo en las negociaciones que llevan a cabo para intentar poner fin a la guerra comercial entre ambos países.

El viceprimer ministro y jefe del equipo negociador de China, Liu He, habló por teléfono, a iniciativa estadounidense, con el representante comercial y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Lighthizer y Steven Mnuchin, respectivamente.

«Tuvieron una discusión franca y constructiva sobre cómo abordar de manera adecuada las principales preocupaciones de la otra parte y llegaron a un primer consenso«, ha informado la agencia de noticias oficial Xinhua.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya avanzó el jueves que el acuerdo estaba cerca al indicar que Pekín y Washington buscarían otro lugar donde firmarlo tras la cancelación de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Chile.

La oficina de Lighthizer, citada por la agencia de noticias Reuters, se ha limitado a indicar que ha habido progresos en las negociaciones y que continuarán a nivel de delegados.

Las negociaciones se centran en estos momentos en la llamada ‘Fase 1’ del acuerdo, que según explicó el propio Trump vía Twitter, abarca el 60 por ciento del pacto comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Este primer entendimiento se produce el mismo día que un grupo de arbitraje de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha determinado que China tenía derecho a imponer sanciones compensatorias sobre las importaciones estadounidenses por valor de 3.579 millones de dólares anuales, debido a la negativa de Washington a eliminar los aranceles antidumping contra Pekín.

China le dijo a la OMC en septiembre de 2018 que había sufrido 7.043 millones de dólares en daños anuales por los aranceles antidumping de Estados Unidos, declarados ilegales en 2016 por la organización internacional. Sin embargo, Washington objetó la cantidad, abriendo así el arbitraje con Pekín, que finalmente ha tenido que conformarse con una suma menor. (Emol)

Blumel ante críticas de oposición: «Respuestas hay que construirlas juntos»

“No vamos a poder tener todas las respuestas inmediatamente, eso sería mentirle a la gente”, aseguró este viernes el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Esto, en respuesta a las críticas de la oposición tras la reunión que sostuvieron -el día de ayer- con el Ejecutivo en La Moneda para abarcar la crisis social, diálogo que calificaron de “insuficiente”.

Esta tarde, luego de una reunión con alcaldes de la Región Metropolitana, el titular de Interior abarcó dichas críticas y afirmó que “las respuestas las tenemos que construir en conjunto” y remarcó la importancia del proceso de “diálogo participativo” para fortalecer la agenda social.

Al ser consultado por el tema, Blumel expresó que “por lo menos hubo diálogo y eso es un valor. Yo valoro que nos hayamos sentado a la mesa”. Agregando que el gobierno anunció “cambios a la agenda” y que, además, se les pidió a los partidos que enviaran sus propuestas.

Reiterando que “tenemos que ser honestos (…) nadie tiene las respuestas definitivas; el Gobierno está dando los primeros pasos con la agenda social”

REUNIÓN CON ALCALDES

El secretario de Estado -acompañado por el intendente de la RM y excalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara-, se reunió con los alcaldes de la región durante esta jornada, con el fin de analizar la agenda social en respuesta a las masivas manifestaciones de las últimas semanas.

Al respecto, Blumel señaló que en la instancia “pudimos recoger cuales son los planteamientos de la ciudadanía a los alcaldes, que son la primera puerta que tienen los ciudadanos al servicio público”.

“Los alcaldes nos plantearon muchos temas que son del mundo municipal. Porque el mundo municipal es el más olvidado de las políticas públicas. Lo que también acordamos es trabajar con sentido de urgencia para fortalecer a los municipios”, aseguró.

Además, el ministro detalló que “de aquí a la próxima semana, vamos a construir una agenda común de trabajo con los alcaldes”  y que se planea replicarlo en las demás regiones.

CORREGIR INEQUIDADES DEL FCM

El ministro Blumel, anunció, asimismo, el envío de un proyecto de ley para corregir el Fondo Común Municipal. En ese sentido, el secretario de Estado expuso: «Ustedes saben que los municipios se financian en gran medida con aportes del Fondo Común Municipal, y ese fondo refleja lo que es la realidad de los municipios, que hay mucha desigualdad, injusticias, inequidades en los distintos territorios de nuestro país».

Respecto a dichas inequidades, Blumel dijo que no sólo se dan entre Santiago y las regiones, sino que también entre las capitales regionales y las comunas de los sectores más alejados a ellas. También entre sectores rurales y urbanos, y entre comunas del norte, centro y del sur del país.

«Por lo tanto, lo que nosotros buscamos con eso es avanzar en corregir las desigualdades y las inequidades que existen en los distintos territorios», dijo.

Luego, agregó: «Todos los chilenos, nuestros compatriotas y quienes también han llegado a vivir a nuestro país merecen un trato que tenga igual dignidad. No por vivir en una comuna uno no debe tener el derecho a acceder a oportunidades en salud, en seguridad, en educación, que hay en otras comunas».

Así, ante «el envío al Congreso lo antes posible» del proyecto, Blumel recalcó la importancia de conocer la opinión de los alcaldes al respecto.

Adicionalmente, el ministro del Interior informó que «vamos a trabajar con sentido de urgencia para tener de acá a la próxima semana una agenda de trabajo para fortalecer a los municipios». (La Tercera-Emol)

Protestas se radicalizan en Bolivia: gobierno dice que «será un Vietnam»

Al menos seis personas fueron detenidas por su supuesta relación con enfrentamientos tras los que fallecieron dos personas durante la crisis postelectoral en Bolivia, informó este viernes una fuente judicial.

El fiscal departamental en Santa Cruz, Mirael Salguero, de esa región oriental donde ocurrieron los enfrentamientos, explicó a los medios que tres de las detenciones se produjeron durante esta jornada, dos de ellas al entregarse voluntariamente, y las otras, el día anterior.

Los arrestados este pasado jueves fueron interceptados por manifestantes en el bloqueo de una carretera, tras lo que fueron entregados a la Policía y uno de ellos aseguró que temía ser linchado, relató el fiscal.

Salguero comentó que al parecer uno de los detenidos es dirigente y otro presidente de las juventudes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en Montero, la ciudad cruceña donde se produjeron las muertes el pasado miércoles.

Otro de los arrestados aparece en imágenes de medios de comunicación y redes sociales con una escopeta durante los disturbios, apuntó.

Además, el celular de uno de ellos tiene contenidos en WhatsApp relativos a la incitación a los incidentes, destacó Salguero.

A los arrestados les fueron incautados explosivos como dinamita, lanza cohetes y armas blancas, dijo el fiscal, quien informó de que son acusados de delitos como asesinato, organización criminal, instigación pública a delinquir y lesiones gravísimas.

El funeral de uno de los fallecidos tuvo lugar en la mañana hora local en Santa Cruz, mientras que por la tarde estaba previsto el otro sepelio en Montero.

Un policía boliviano lanza gases lacrimógenos contra una manifestante. (21.10.2019).Un policía boliviano lanza gases lacrimógenos contra una manifestante. (21.10.2019).

Las muertes se produjeron por heridas de bala en enfrentamientos entre afines y contrarios al presidente de Bolivia, Evo Morales.

Desde que comenzaron las protestas, al día siguiente de los comicios del 20 de octubre, se han registrado unos 140 heridos y dos fallecidos, según la Defensoría del Pueblo.

Morales, en el poder desde 2006, insistió este viernes en que defenderá el resultado oficial de las elecciones, que le dio un nuevo mandato hasta 2025, confiado en que el informe de la auditoría de la OEA le será favorable.

“Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno, porque aquí las organizaciones sociales han encontrado un horizonte para reafirmar su autonomía, soberanía, identidad”, señaló el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana.

Sus declaraciones se dieron en una entrevista con la agencia rusa Sputnik. “Lo que estamos viendo es la ruta del golpe que se está desencadenando de manera intensa y a distintas velocidades en todo el territorio nacional”, añadió Quintana.

Así, el ministro boliviano hace un llamado a las organizaciones sociales afines a Evo Morales a que recurran a la “ocupación de calle” y “recuperar la credibilidad”.

«Vamos a defender la democracia y los resultados» electorales, declaró el mandatario izquierdista en un acto en un poblado rural de Cochabamba, en el centro de Bolivia.

“Va a ser una dura batalla, una batalla campal frente a la virulencia mentirosa de los medios, las redes. Es una guerra de dimensiones muy complejas, desconocidas, que nos va a exigir muchísimo agudizar el pensamiento, la estrategia de autodefensa de este proyecto”, señaló también Quintana.

El mandatario dijo que los bolivianos deben esperar el informe de la auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que debe estar listo en dos semanas.

Las protestas se realizan a la par de la celebración católica de Todos los Santos, día hábil en el país andino. El sábado, Día de los Difuntos, las familias bolivianas acuden masivamente a los cementerios. (DW, afp, rtr, La Tercera)

Trump traslada su residencia de N. York a Florida por ventajas fiscales

El Presidente de EE.UU., Donald Trump, ha cambiado su residencia oficial y la de su familia de Nueva York -donde vivió durante décadas antes de llegar a la Casa Blanca- a Florida, un estado con mayores ventajas fiscales.

Trump confirmó a través de su cuenta de Twitter este traslado después de que el periódico The New York Times informara en exclusiva de él.

Su residencia, que hasta la fecha tenía establecida en su lujoso triplex de la Torre Trump de Manhattan, pasa a ser ahora Mar-a-Lago, su ya conocida mansión y club privado de Palm Beach, donde pasa los fines de semana de invierno huyendo de la fría Washington.

“Aprecio a Nueva York y a su gente, y siempre lo haré, pero desafortunadamente, pese al hecho de que pago millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales cada año, los líderes políticos de la ciudad y del estado me han tratado muy mal”, afirmó el presidente.

“A pocos han tratados peor. Odio tener que tomar esta decisión, pero al final será lo mejor para todos los interesados”, dijo.

Trump nunca ha hecho públicas sus declaraciones de renta, rompiendo con una tradición de décadas en la política estadounidense, por lo que es una incógnita cuántos impuestos paga y dónde.

De hecho, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, negó que Trump contribuya al estado: “No es que Trump pagara impuestos aquí de todas formas. Todo suyo, Florida”.

Una fuente cercana a Trump dijo a The New York Times que el motivo del traslado de la residencia es fiscal.

Florida no tiene impuesto estatal ni de sucesiones, por lo que se ha convertido en un destino muy popular para millonarios de Nueva York y del noreste del país para fijar sus residencias, especialmente desde los cambios impositivos que acarreó la reforma fiscal de Trump.

Con el cambio de residencia, Trump no tendrá que pagar el 9 % de impuesto estatal de Nueva York ni el 4 % de la ciudad, y sus sucesores evitarán el 16 % que el estado impone a las herencias superiores a los 10 millones de dólares.

Además, mientras Trump despierta un gran rechazo en su Nueva York natal, fuertemente demócrata, el estado de Florida, donde ya ganó en 2016, es de vital importancia para su eventual reelección el próximo año. (La Tercera EFE)

CPC respalda decisiones del Gbno. para impulsar soluciones a crisis social

Hoy el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, y los presidentes de las 6 ramas del gremio se reunieron con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Posterior a dicha reunión, Swett respaldó las decisiones del ministro Briones, como evaluar la reintegración, para buscar soluciones a la crisis que vive el país.

“Hay una agenda social de la cual tenemos que hacernos cargo desde la economía, de la política, de las leyes que se están discutiendo y desde el esfuerzo de nuestro sector. Hemos venido a plantear con mucha humildad que nosotros vamos a colaborar en todo (…) estamos disponibles y vamos a hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer, porque es hora de que el dolor lo cambiemos por soluciones”, expresó el timonel de la CPC.

Swett agregó que “esta apertura la hemos venido expresando hace un buen tiempo (revisar reintegración), yo creo que hay que entender muy claramente que el país cambio profundamente, toda nuestra mirada tiene que cambiar y lo importante es que esos cambios se transformen en soluciones reales para la ciudadanía”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, expresó que “está la disposición a contribuir a buscar espacios de acuerdos en la sociedad y la dispiosición a seguir trabajando para impulsar un trabajo pro empleo y pro inversión”.

Además, Mena afirmó que como ABIF están trabajando para apoyar a los pequeños emprendedores que se han visto afectados por las situaciones vividas en las últimas semanas.

PYMES

Posterior a la reunión con la CPC, el ministro de Hacienda se reunió con los principales gremios que agrupan a las pequeñas y medianas empresas, quienes han uno de los sectores más afectados por la movilizaciones sociales.

El presidente de Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), Germán Dastres, expresó que “el balance es catastrófico, hay muchas pymes que han derivado en falta de ventas, sobre todo las que han sido saqueadas, que se van a ir al despeñadero”.

Dastres agregó que “hay un compromiso con las pymes, de que va a haber una discriminación positiva sobre la reintegracion y seguimos manteniendo ese cuerdo, el que fue ratificado en la Cámara de Diputados. Es una buena noticia”.

Además, el presidente de Conapyme detalló que conversaron con el ministro que “los bancos hagan una prórroga de por lo menos 90 días, porque hoy no estamos en condiciones de cumplir con nuestras obligaciones financieras con los bancos”.

Por su parte, Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), llamó a que “cuidemos a nuestros emprendedores, no lo están pasando bien, han sido días súper difíciles, no hay ventas y no hay como pagar los sueldos”.

Además, Mustakis expresó que tenemos que “ponernos de acuerdo y lo necesitamos. Caminar hacia adelante, construir, entendiendo que tenemos que modifica montones de cosas”. (La Tercera)

EE. UU. extiende hasta enero de 2021 TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua

Estados Unidos anunció hoy que prorrogó hasta el 4 de enero de 2021 el beneficio migratorio del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como para Haití, Nepal y Sudán.

Según un comunicado de este viernes (1.11.2019) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), la medida incluye la extensión automática de los permisos de trabajo para los ciudadanos cobijados por este amparo.

La nota detalló que, hasta ahora, el TPS para los salvadoreños, haitianos, nicaragüenses y sudaneses tendría validez hasta el 2 de enero próximo, mientras que para los hondureños hasta el 5 de enero de 2020 y para los nepalíes, hasta marzo próximo.

El DHS aclaró que la decisión se adoptó en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por las cortes para el Distrito del Norte de California y el Distrito Este de Nueva York.

Ya en febrero pasado, el DHS había extendido la vigencia del TPS para los ciudadanos El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán hasta el 2 de enero de 2020 del TPS, en cumplimiento de fallos judiciales que dieron marcha atrás a la intención de la Casa Blanca de acabar con este beneficio.

Durante décadas, EE.UU. renovó de manera automática el TPS, pero el presidente Donald Trump había decidido acabar con algunos de esos permisos. En enero de 2018, retiró el TPS a casi 200.000 salvadoreños, después de hacer lo mismo con unos 60.000 haitianos amparados con este beneficio, 5.000 nicaragüenses y 56.000 hondureños, estos últimos en mayo de ese año.

El lunes pasado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el embajador de EE.UU en ese país, Ronald Douglas Johnson, anunciaron la ampliación del TPS para los salvadoreños.

Y horas después, en Washington, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, confirmó la decisión e indicó que el Gobierno de Trump está otorgando a los salvadoreños con TPS 365 días hasta después de la conclusión de los litigios relacionados con este amparo. (DW, efe, rtr)