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Muere Jorge Valdez, embajador de Perú en Chile

La cancillería de Perú anunció este domingo la muerte de su embajador en Chile, Jorge Valdez, quien estaba por finalizar sus funciones luego de cuatro años.

Valdes falleció en Santiago donde hace pocos días el gobierno chileno lo había condecorado con la Orden Bernardo O’Higgins en su máximo grado de Gran Cruz.

El diplomático fue un impulsor de los gabinetes binacionales que los dos países celebran anualmente desde 2017, que establecieron un período auspicioso y sin precedentes en la relación peruano-chilena, señaló la agencia estatal Andina. (Bio Bio)

Bolivia: tras dimisión de ministra, Áñez pide renuncia de todo su gabinete

La ministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizárraga, renunció este domingo en rechazo a la decisión de la mandataria transitoria, Jeanine Áñez, de postularse en las elecciones presidenciales de mayo.

«Le presento mi renuncia irrevocable», señala una misiva firmada por Lizárraga, quien asumió el 13 de noviembre pasado, un día después de que la derechista Áñez asumiera la primera magistratura del país, tras la dimisión de Evo Morales por una fuerte convulsión social.

Lizárraga dijo en su misiva que el gobierno de Áñez «ha perdido sus objetivos» y «ha comenzado a incurrir en los mismos males del ‘masismo’ (como se llama al partido de Morales) que combatimos».

La oposición siempre criticó que Morales, quien asumió en 2006, haya ido en dos oportunidades a la reelección e intentado una tercera en los comicios de octubre del año pasado.

Áñez anunció el viernes su decisión de postularse a la presidencia en una alianza de su partido Demócratas y Solbo del alcalde de La Paz, Luis Revilla. «No es este el camino que nos señaló la ciudadanía», dijo la ministra en su carta de renuncia.

En tanto, no hubo ningún comentario desde Palacio Presidencial.

La candidatura de la presidenta ha motivado la critica de partidos y la posibilidad de que se haga una consulta al Tribunal Constitucional para que considere sobre su legalidad o no.

Hasta el lunes 3 de febrero los partidos tienen plazo para inscribir sus postulantes ante el Tribunal Supremo Electoral. Una eventual segunda vuelta se fijó para el 14 de junio.

PRESIDENTA PIDE RENUNCIA A TODO EL GABINETE

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió el domingo la renuncia de todos sus ministros en el marco de la transición hacia el gobierno que se elegirá en mayo, dijo la secretaria de la Presidencia.

Áñez, dos meses después de llegar al poder, “ha decidido solicitar la renuncia de todos los ministros para encarar esta nueva etapa de la gestión de transición democrática”, indica el comunicado.

Presidencia añade que es “usual” que en el proceso electoral “se produzcan ajustes en el equipo de trabajo en el órgano Ejecutivo”.

La decisión de la mandataria, quien reemplazó a Evo Morales el 12 de noviembre, después de que dimitiera por una fuerte convulsión social, se produce tras conocerse la renuncia de la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga.

Lizárraga manifestó su rechazo a la decisión de Áñez del viernes pasado de presentarse a las elecciones presidenciales del 3 de mayo, pese a que como gobierno transitorio fue el de convocar los comicios.

Áñez dijo que “en el menor tiempo posible” ratificará o nombrará a sus 20 ministros y prometió que no habrá interferencia desde Palacio a su favor durante la próxima campaña electoral.

La mandataria interina ha sido blanco de las críticas por romper su compromiso inicial de no postularse a la presidencia. Además, existe la posibilidad de que se haga una consulta al Tribunal Constitucional para que considere sobre su legalidad o no.

Hasta el lunes 3 de febrero los partidos tienen plazo para inscribir sus candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral. Una eventual segunda vuelta se fijó para el 14 de junio. (Emol AFP Bio Bio)

Interior crea Unidad de Casos Complejos para perseguir delitos graves

La primera acción judicial que presentó la nueva Unidad de Casos Complejos del Ministerio del Interior se presentó el 7 de enero pasado. Ese día, el gobierno denunció ante la Fiscalía Nacional al vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Víctor Chanfreau, invocando la Ley de Seguridad del Estado al llamar a boicotear la PSU.

La presentación de una denuncia -y no una querella- era parte de la nueva estrategia que está implementando La Moneda frente a lo que denominan “casos de alta complejidad”.

Así, con la conformación de un equipo de ocho abogados dirigidos por el asesor del ministro Gonzalo Blumel y doctor en derecho penal Eduardo Riquelme, el gobierno busca dar celeridad a la apertura de investigaciones por parte de la fiscalía. Y, de paso, limitar la presentación de querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) a casos donde existan personas identificadas.

Desde el 18 de octubre, fecha en que comenzó el estallido social, el gobierno ha presentado un total de 1.552 querellas a nivel nacional, ya sea a través de las intendencias regionales (1.188 casos) o del propio Ministerio del Interior (364 acciones legales).

De ese universo de libelos, 1.175 invocan la LSE, mientras que 191 querellas imputan delitos simples, como desórdenes públicos, 86 denuncian incendios y un centenar acusan maltrato de obra a Carabineros, infracción a la ley de armas u otros ilícitos graves (ver infografía).

En los casos en que el gobierno invocó la LSE, 16 querellas se incluyen en la lista de causas de “alta complejidad”.

LA NUEVA ESTRATEGIA

Para el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, con la creación de la Unidad de Causas Complejas, “lo que queremos es que quienes cometieron delitos tan graves, que significaron alteraciones de orden público tan significativas y que causaron tanto daño a cientos de miles de ciudadanos, asuman sus responsabilidades y que se aplique el máximo rigor de la ley”.

Es por ello que, según la autoridad, “la nueva estrategia busca que las acciones penales que ejerce el Ministerio del Interior sean con nombre y apellido, sobre responsables específicos, más que buscar responsabilidades generales”.

Según el jefe de gabinete, el equipo especial estará “dedicado exclusivamente a la persecución penal de aquellos casos que causaron mayor conmoción y que significaron alteraciones más graves del orden público”.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio del Interior, entre 2014 y el 18 de octubre de 2019, previo al estallido social, el gobierno había presentado 18 querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado. “Se aprecia que en relación con la cantidad de querellas interpuestas entre el año 2014 y el 18 de octubre de 2019, versus las presentadas con posterioridad a esa fecha, se verifica un aumento de 598%”, detalla un informe de Interior.

La nueva estrategia del gobierno, según el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, puso énfasis en la gravedad de los delitos cometidos y el impacto que tuvieron en la sociedad.

“No es lo mismo un delito de desórdenes públicos que el lanzamiento de bombas molotov, que un incendio o el uso de armas de fuego. Por lo mismo, estamos concentrando nuestros esfuerzos en aquellos delitos más graves, más complejos de investigar y, por lo tanto, donde creemos que es más importante para el gobierno y el Estado identificar a quienes son los responsables y avanzar hacia una sanción efectiva”.

De acuerdo con el subsecretario Galli, la presentación de denuncias ocurre “cuando hay urgencia de poner en conocimiento a la fiscalía de los hechos, activando la Ley de Seguridad del Estado, de tal manera que la fiscalía pueda, como ya lo ha hecho, designar de inmediato a un fiscal para su investigación y tomar medidas respecto de esos casos. Y si en esa denuncia, producto de la investigación del Ministerio Público, se allegan más antecedentes, nosotros nos querellamos y nos hacemos parte en esos juicios”, detalló la autoridad.

CASOS COMPLEJOS

El criterio de selección de causas de “alta complejidad” fue fijado a partir de la revisión de más de 200 querellas, identificando a imputados, formalizados y conductas graves, como incendios, ataques al Metro, lanzamiento de bombas molotov y agresiones violentas a Carabineros (ver recuadro). Destacan los casos del ataque a la Universidad Pedro de Valdivia, el Hotel Principado de Asturias y los daños a las estaciones de Metro Pedrero y San Joaquín.

Según el análisis, 16 querellas del gobierno registran a 31 personas formalizadas. De ellas, 22 están en prisión preventiva y nueve quedaron sujetas a otras medidas cautelares. En este contexto, tras invocar la Ley de Seguridad del Estado y querellarse por incendio, se ha formalizado a 12 y seis personas, respectivamente.

Desde el gobierno aseguran que si bien hay casos con imputado conocido, la celeridad de llevar al sospechoso ante la justicia está sujeta a las diligencias de la fiscalía.

CASOS EN EL RADAR DEL GOBIERNO

Incendios: iglesias y monumentos.- Los casos de incendios son los que más preocupan en Interior. La pena por este delito va desde los 10 años y un día hasta el presidio perpetuo. Entre las querellas destacan las quemas de dos iglesias: la de Carabineros, del 3 de enero, cuando un grupo de encapuchados incendió el inmueble y donde solo hay un imputado. Además, está el ataque a la Iglesia de la Veracruz, del 12 de noviembre, en Lastarria, cuando desconocidos prendieron fuego en el histórico templo y donde no hay detenidos. También, por incendio, Interior se querelló por la quema de la Casa Schneider, donde funcionaba la U. Pedro de Valdivia. En este caso hay un imputado en prisión preventiva.

Ataques y desórdenes en Metro.- El Metro también es uno de los focos de interés para el Ministerio del Interior. Por ello, destacan seis querellas por ataques al tren subterráneo: Metro Pedrero, donde hay dos detenidos, un menor de 16 años y un adulto, quienes están privados de libertad. El ataque al Metro San Joaquín, donde Roberto Campos, profesor, está querellado por los daños a la estación de la Línea 5 y actualmente permanece con arresto domiciliario nocturno. También está el ataque al Metro La Granja, donde hay dos personas en prisión preventiva; Metro San Pablo, con dos arrestados, y las estaciones El Sol y Las Parcelas, donde hay dos imputados en prisión preventiva.

Manifestaciones de “No + Tag”.- A casi tres meses de iniciada la crisis social, el 17 de diciembre de 2019, un grupo de automovilistas se manifestó en Av. Kennedy, instalando dos camiones tolva para obstaculizar el tránsito. Para el gobierno, se trató de un hecho grave, por lo que decidieron querellarse por Ley de Seguridad del Estado contra los responsables. Se detuvo a seis personas, quienes fueron imputadas por el Ministerio Público. Seis de estos formalizados quedaron con la medida cautelar de firma quincenal y uno está con arresto domiciliario nocturno. El plazo de investigación aún está vigente y el Ministerio Público continúa con las pesquisas para el avance de la causa.

Ataques con bombas molotov.- Entre los casos complejos definidos por Interior también están los ataques con bombas molotov, tanto los atentados contra efectivos de Carabineros coma a infraestructura pública y privada. Por ejemplo, se emprendieron acciones judiciales por el ataque al Hotel Principado de Asturias, el 14 de noviembre de 2019. En ese caso hay tres personas detenidas, que están en prisión preventiva. Muy cerca de ahí, en las inmediaciones del Parque Bustamante, el 10 de diciembre, un grupo de personas lanzó bombas molotov contra personal de Carabineros, donde una persona resultó detenida y fue objeto de querella por parte de Interior. (La Tercera)

Click en la infografía para ampliar

Cadem: opción «rechazo» sube seis puntos y cae el «apruebo» para plebisicto

Como todas las semanas, la encuestadora Cadem entregó su estudio sobre actualidad política de nuestro país. En esta edición, al consultar a los encuestados sobre su opción en el plebiscito, el “Apruebo” sigue con una amplia mayoría: 66%, contra un 25% que apoya el “Rechazo”. Sin embargo, la primera baja ocho puntos porcentuales respecto al sondeo previo, hecho hace dos semanas. Esta cifra sufrió una baja importante en comparación al 10 de enero, cuando un 74% de los consultados manifestó estar a favor del proceso constituyente

Asimismo, la opción “Rechazo” subió 6 puntos porcentuales

En tanto, respecto al mecanismo para redactar la nueva Constitución, un 47% apoya la opción de que sea 100% con ciudadanos electos, versus un 45% que apoya la idea de que sea una Convención mixta, 50% de ciudadanos electos y 50% miembros del Congreso. En rigor, un empate técnico.

La opción de la Convención 100% electa por ciudadanos es apoyada fundamentalmente por las personas que se identifican con la izquierda, en tanto, la alternativa de la Convención mixta es apoyada mayoritariamente entre quienes se identifican con la derecha.

Los nuevos resultados de la encuesta Cadem para la última semana del primer mes del 2020 mostraron una leve variación en la aprobación a la gestión del presidente Sebastián Piñera del 2%.

De esta forma, el mandatario cerró enero con un 12% de aprobación y un 80% de desaprobación, manteniendo los números más bajos de la historia en democracia.

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En tanto, el 47% indicó que el proceso de una nueva carta magna se debería realizar a NUEVAtravés de una Convención Constituyente (compuesta el 100% por ciudadanos electos), el 45% quiere que se realice por medio de una Convención Mixta (50% ciudadanos electos y 50% miembros del Congreso), mientras que el 8% no sabe o no responde.

AUTORIDADES

Al consultarle a los encuestados respecto al si se debería aplazar las elecciones de Gobernadores Regionales para el año 2021 y que se realicen junto con las elecciones presidenciales, dado el contexto nacional y el proceso para cambiar la Constitución, el 65% señaló que está de acuerdo con esta decisión.

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Sin embargo, el 73% señaló tener poco o nada conocimiento de las atribuciones y funciones del Gobernador Regional, mientras que sólo el 7% indicó saber cual es el rol que tiene. Esto considerando que este año es la primera vez que se realizarán votaciones para elegir a la autoridad.

Además, el 54% señaló que aprueba la gestión que está realizando el alcalde de su comuna, el 43% al intendente de su región, el 41% al gobernador de su provincia, el 35% al diputado que conoce de su distrito y el 33% al senador que conoce de su circunscripción.

(La Tercera-Bio Bio)

Chile Vamos articula acciones comunicacionales para el plebiscito de abril

Decenas de reuniones, giras por el país, piezas gráficas y difusión por redes sociales. Aunque la campaña oficial para el plebiscito constitucional de abril se iniciará recién el 26 de febrero, son varias las acciones que parlamentarios de Chile Vamos comenzaron a coordinar y ejercer para hacer frente a ese proceso.

En esto, quienes llevan la delantera son los diputados y senadores que se han manifestado por el “no”, sobre todo los de RN, que cuentan con una articulación mayor para esa labor.

Ese grupo es liderado por el diputado Diego Schalper y el senador Andrés Allamand, y en él participan los 21 diputados que firmaron una carta confirmando su opción bajo el lema “Rechazar para reformar”, entre quienes se cuentan el jefe y la subjefa de bancada, Jorge Rathgeb y Catalina del Real, respectivamente.

Para coordinarse tienen un chat de WhatsApp y sostienen reuniones periódicas -en el comedor del piso 14 de la Cámara, en Valparaíso, y los domingos en la casa de Schalper- para ir tomando decisiones. Así, por ejemplo, el 14 de enero cada legislador difundió a través de sus redes un video -con el mismo lema y gráfica- en el que explican las razones por las que optarán por el “no”.

Además, Schalper y Camila Flores ya iniciaron giras por el país, a las que se sumará en los próximos días Del Real y, en conjunto con la organización “Cabilderos”, el diputado Eduardo Durán.

La subjefa de RN dice que también “nos estamos coordinando para hacer, cada uno en sus distritos, distintas reuniones”. En estas, el énfasis es informativo, según explica la diputada Sofía Cid, quien detalla: “Nos hemos ido dando cuenta de que la gente necesita mucha información y en ese proceso estamos, informar a la gente qué se vota y, por supuesto, respecto de la Constitución y que sus necesidades e inquietudes, desde el punto de vista social, no se solucionan a través de la Constitución”.

En tanto, el diputado Durán y su par Francesca Muñoz despliegan también sus esfuerzos con las comunidades evangélicas. “Compartimos la misma visión, que consiste en resguardar los derechos y principios cristianos de la actual Constitución, tomar el camino de las reformas constitucionales y enfocarnos en las demandas ciudadanas”, dice la diputada.

LA UDI ESPERA MARZO

Casi la totalidad de diputados y senadores de la UDI, como la gran mayoría de los militantes de ese partido, han expresado su opción por el “rechazo”, y así lo ratificó el consejo general del 10 de enero.

En ese contexto, aunque no cuentan aún con una coordinación mayor, lo que los parlamentarios UDI han hecho, sobre todo, es reunirse con militantes y simpatizantes para explicarles el proceso y difundir sus puntos de vista.

En ese sentido, el diputado Guillermo Ramírez envió la semana pasada una carta a los vecinos de su distrito y difundió un video en sus redes sociales, mientras que la senadora Ena von Baer ha participado en varios “diálogos constituyentes”, incluido uno que organizó el alcalde de Valdivia, Omar Sabat, y en el que estuvieron profesores de Derecho Constitucional y el senador Alfonso de Urresti (PS).

Según explican en ese partido, ya existen algunas ideas y “gráficas tentativas” para, por ejemplo, enfrentar la franja televisiva, pero la coordinación mayor de la colectividad se dará en marzo. Al respecto, Ramírez cuenta que “estamos planificando una gira por Chile para apoyar el rechazo, porque creemos que partir de una hoja en blanco es una locura y no estamos dispuestos a apretar reset. Los países serios no parten de cero, sino que mantienen lo bueno y cambian lo malo”.

CAMPAÑA PROPOSITIVA

En el lado del “sí”, las acciones han sido más acotadas. De hecho, algunos parlamentarios comentan que si bien marcarán “apruebo” el 26 de abril, aún no tienen definido hacer campaña o participar en la franja.

En cambio, una decena de diputados RN se activó en las últimas semanas para defender la idea de una nueva Constitución. En este grupo están Marcela Sabat, Paulina Núñez, Ximena Ossandón, Hugo Rey, Gonzalo Fuenzalida y Andrés Longton, entre otros.

Para hacer frente al proceso, los legisladores -que también tienen su propio chat de WhatsApp- han sostenido reuniones con académicos y constitucionalistas, como Hugo Herrera, Cristóbal Bellolio y Gastón Gómez. Adicionalmente, se han reunido con alcaldes RN, quienes mayoritariamente se inclinan por el “sí”. Y también han desarrollado reuniones en sus distritos con un marcado sello informativo. “Lo importante es que haya un debate de ideas por sobre la guerrilla”, dice el diputado Rey.

En ese mismo sentido, la diputada Ossandón hace un llamado “a ver el proceso como una oportunidad y un acto republicano”. Y agrega que “hay muchos mitos que no tienen ningún sustento” y que buscarán desvirtuarlos con una campaña “propositiva y convocante”. (La Tercera)

Agencia Nacional de Inteligencia solicita aumento presupuestario al Gbno.

Aumentar la dotación de personal al doble y potenciar la ciberinteligencia. Esas son dos de las prioridades del vicealmirante (R) de la Armada, Gustavo Jordán, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), quien fue designado por el Presidente Sebastián Piñera el 15 de noviembre, en reemplazo del abogado Luis Masferrer.

La ANI opera desde 2004 en un edificio en la calle Tenderini y se encarga de coordinar a los organismos de Inteligencia en el país, que lo componen las inteligencias de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, además de la PDI y Carabineros. Esta institución -que ha recibido cuestionamientos por diversas materias, que van desde aportar pocos antecedentes para aclarar los atentados explosivos de los últimos años hasta no anticipar la crisis social que empezó el pasado 18 de octubre- estaría próxima a cambiar.

Por ley, la entidad tiene 98 cupos de planta, pero hoy solo ocupa cerca de 40 de esos puestos y el resto de los funcionarios está a contrata u honorarios. En total, suman alrededor de 140 personas entre analistas, operadores y directivos -de profesión abogados, periodistas, ingenieros, sociólogos, técnicos en computación, entre otros-, distribuidos en seis divisiones.

Para Jordán es fundamental aumentar el número de funcionarios en al menos 120 personas más y ojalá llegar a los 250 trabajadores. Esto, porque -según quienes conocen la percepción de Jordán sobre el funcionamiento de la agencia- con el personal actual no están dando abasto.

Para concretar el ingreso de más gente a la ANI, su director ha conversado con Interior y Defensa. Así, entre otras fórmulas, el gobierno evaluaría -en el segundo trámite legislativo del proyecto de ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) que ingresó y avanza en el Congreso- incorporar una indicación con un informe financiero más abultado, con al menos 50 personas adicionales a las existentes.

El proyecto de ley que moderniza el SIE fue aprobado en la sala del Senado el pasado miércoles en forma unánime. La iniciativa crea un Consejo Asesor de Inteligencia e incorpora nuevos organismos al sistema (como Gendarmería, Servicio Nacional de Aduanas, Unidad de Análisis Financiera y el Servicio de Impuestos Internos) y entrega mayores facultades para exigir información de inteligencia a las instituciones.

Actualmente, el presupuesto anual de la agencia es de cerca de $ 6 mil millones. A esto habría que sumar los $ 80 millones anuales que busca aumentar el gobierno para crear el cargo de subdirector de la agencia. Y a eso agregarle aún más dinero para costear el importante aumento de personal que busca Jordán, monto que aún no está visto presupuestariamente y que esperan tener claro para marzo o abril próximo.

El área más importante para la ANI es la de inteligencia, división que está a cargo del director de Inteligencia de la Armada entre 2017 y 2019, el contraalmirante (R) Allan Nettle. El exmarino fue nombrado por Jordán en enero y -según fuentes ligadas a la agencia- está reformulando los procesos internos de cómo se produce la inteligencia. Generalmente piden a esta sección que realice una investigación (que es lo que hace la policía una vez que ocurre un hecho delictivo), pero Nettle busca levantar información predictiva que alerte antes de que algo vaya a ocurrir.

La división con más personas en la ANI es la de contrainteligencia, la que, además, incluye un departamento de ciberinteligencia. Contrainteligencia está a cargo del abogado Jorge Chocair (exjefe de la Unidad Especializada de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional), y se dedica a analizar las amenazas que podría haber sobre terrorismo desde el exterior y de inteligencias de otros países que podrían estar funcionado en Chile y afectar la seguridad nacional. Entre los países aliados con los que Chile comparte regularmente información están las agencias de Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Brasil y Argentina.

Otra de las áreas se llama Gestión y Fuentes Abiertas, liderada por Antonio Marangunic (exjefe de Gestión e Informática en la Fiscalía Occidente) y se dedica a ver el logro de resultados, los factores de riesgo en procesos internos, el análisis de fuentes abiertas (por accesos a bases de datos del Estado) y a proveer información.

La sección de Asuntos Sectoriales está a cargo del carabinero (R) José Manuel Mauricio y se dedica a monitorear lo que ocurre particularmente en regiones o en sectores específicos de la productividad, como en sindicatos, o problemas medioambientales. Por ejemplo: conflictos que se pueden crear con agrupaciones de pescadores o movilizaciones que pueden tener los puertos.

También está el área de Coordinación del Sistema de Inteligencia, liderada por el militar (R) Jorge Velásquez, y de Finanzas, que estaba a cargo de Felipe Vache, quien renunció hace poco y lo reemplaza Fabián Martínez. (La Tercera)

Autoridades sanitarias de EE.UU. confirman cinco casos de coronavirus

Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron este domingo cinco casos de coronavirus proveniente de China, todos ellos habrían viajado a la ciudad de Wuhan, reconocida como el centro del brote de este virus.

Los dos nuevos casos corresponden a los detectados en Los Ángeles, California y otro en el condado de Maricopa, en Arizona. «Creemos que hay más casos», indicó Nacy Messonnier, responsable de enfermedades respiratorias del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), y agregó que están realizando análisis a 100 pacientes.

En tanto, los otros tres casos antes informados corresponden a pacientes del condado de Orange, California -quien se encuentra aislado en un hospital y en buenas condicooes-, el otro es un hombre de unos 30 años perteneciente al estado de Washington, y una mujer de 60 años, de Chicago.

Recordar que el virus puede causar fiebre, tos y neumonía. Se trata de un miembro de la familia de coronavirus, primo cercano a los mortales virus SARS y MERS que han causado brotes en el pasado.

Decenas de personas han muerto por el virus en China, país que ha emitido prohibiciones de viaje masivas en las secciones más afectadas de ese país para tratar de detener la propagación del virus. Por su parte, el consulado estadounidense en Wuhan anunció este domingo que evacuaría a su personal y a algunos ciudadanos privados a bordo de un vuelo charter.

El CDC está revisando pasajeros en vuelos directos y de conexión desde Wuhan en cinco aeropuertos principales en Atlanta, Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles.(Emol-AP)

Elecciones parlamentarias en Perú: centroderecha se alza ganadora

Los peruanos acudieron a las urnas este domingo en un ambiente de calma para elegir al nuevo Congreso que definirá el destino de las reformas anticorrupción que impulsa el presidente Martín Vizcarra, resistidas con fiereza por el fujimorismo, que podría quedar en minoría.

«El fujimorismo sería el gran perdedor en estas elecciones», declaró a la AFP el analista Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, para quien «Vizcarra gana porque podría entrar (al Congreso) una representación más cercana a él». Según una encuesta de boca de urna, el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori obtendría el 7,4 por ciento de los votos.

Más de 25 millones de peruanos estaban registrados para votar en estos comicios, convocados por Vizcarra tras disolver el Congreso en septiembre para acabar con recurrentes choques de poderes.

En 2016 el fujimorismo ganó 73 bancas de 130, pero ahora conseguiría unas 20, según sondeos. De ser así, pasaría a ser un partido minoritario más dentro de un Congreso fragmentado, dominado por grupos de centro proclives a negociar con Vizcarra, quien carece de partido.

Perú vota para elegir un nuevo Congreso y trata de poner fin a la crisis política

Los partidos Acción Popular, Alianza para el Progreso y Partido Morado lideran, de acuerdo a los resultados del flash electoral de América Televisión-Ipsos Perú, la votación para el Parlamento. Según los primeros resultados, difundidos esta tarde, el derechista Acción Popular obtuvo 11,8% de los votos válidos.

Alianza para el Progreso, agrupación que fundó César Acuña, se ubica en el segundo lugar con 8,8%, mientras que el Partido Morado, de Julio Guzmán, en el tercero con 8,1%.

Les siguen Podemos Perú (7,4%), Fuerza Popular (7,1%), Somos Perú (7%), Frepap (7%), Unión por el Perú (6,2%), Frente Amplio (6,2%) y Juntos por el Perú (5%).

Si estos resultados son confirmados en las próximas horas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el nuevo Parlamento estará integrado por 10 bancadas.

Vizcarra, el popular mandatario de centro-derecha, abogó por «una relación (entre ejecutivo y legislativo) responsable, madura, de búsqueda de consensos en beneficio del Perú», tras votar en la ciudad sureña de Moquegua, donde creció y fue gobernador en 2011-2014.

Fuerza gravitante desde 1990, el fujimorismo tomó el control absoluto del Congreso en 2016, pero ha sufrido varios reveses al intentar doblegar a Vizcarra, sumados a los problemas judiciales de su líder, Keiko Fujimori.

Qué significa la disolución del Congreso en Perú: discutible, pero legítima y legal

El comicio transcurrió «tranquilo, ordenado y sin complicaciones», según el eurodiputado español de origen venezolano Leopoldo López Gil, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea.

La Organización de Estados Americanos también envió observadores a la votación, antesala de las elecciones generales de abril de 2021, en las que Vizcarra ni los parlamentarios que resulten electos este domingo podrán presentarse a la reelección.

El cierre del Congreso decretado por Vizcarra el 30 de septiembre, con el que buscó poner fin a una crisis política ante un recurrente choque de poderes, no causó protestas como las vividas en naciones vecinas, pues recibió el respaldo de 90% de los peruanos, según sondeos.

Vizcarra, que carece de partido, necesita apoyo legislativo para sus reformas contra la corrupción, uno de los males de Perú.

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«Le pedimos al nuevo Congreso que se respete la lucha contra la corrupción», dijo al votar en Lima el fiscal José Domingo Pérez, apodado el «Superfiscal», quien tiene bajo la lupa a Keiko Fujimori y a tres expresidentes envueltos en el megaescándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.

La primogénita del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) estuvo 13 meses presa por este caso y podría volver este martes a prisión preventiva por otros 18 meses.

El partido fujimorista Fuerza Popular ha perdido popularidad, según encuestas, después de que Keiko acariciara la presidencia de Perú en las urnas en 2011 y 2016.

A pesar de que perdería decenas de bancas parlamentarias, los analistas descartan que desaparezca del mapa electoral el movimiento fundado hace tres décadas por Alberto Fujimori, hijo de migrantes japoneses.

«El fujimorismo es duro de matar», dijo a la AFP el analista Carlos Meléndez.

También ha perdido apoyo su principal aliado, el partido socialdemócrata APRA, cuyo líder Alan García, dos veces presidente (1985-1990 y 2006-2011), se suicidó en abril cuando iba a ser detenido. (AFP y Clarin)

El PC propone «acuerdo democrático» para adelantar elecciones

Este domingo, el diputado y presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, propuso “un acuerdo democrático” entre todas las fuerzas políticas para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El parlamentario, en un programa de la radio Nuevo Mundo, señaló que esta medida apunta a que sea una solución a la crisis política y social que vive el país. Para él, se basa en el bajo nivel de aprobación del Presidente de la República y del Parlamento, que en la última medición de la encuesta CEP llegó a un histórico 6%.

 

Para Teillier, lo que mantiene a la baja al Presidente Piñera y al gobierno es el incumplimiento de las promesas de reformas de fondo, tanto en materias sociales como políticas. “Cuando el pueblo exige reformas profundas. Y el gobierno no las va a hacer”. Indicó asimismo que en el Parlamento tampoco se están tomando medidas de fondo, sobre todo porque se opone la derecha y algunos legisladores de la oposición, pero sobre todo porque no llegan proyectos de fondo de parte del Ejecutivo. Recalcó: “Hay partidos y parlamentarios que no están a tono con las demandas de la ciudadanía”.

Además, hizo una crítica al modo en que el gobierno y el oficialismo han enfrentado el estallido social. “La derecha y el gobierno siguen instalando que el problema es la violencia, no las violaciones a los derechos humanos. Eso causa mucha molestia”. El presidente del PC apuntó que “hay una insistencia en la violencia, el vandalismo, y en eso influye que el gobierno está colgando de un hilo y entonces está apostando a decir que el movimiento social y la oposición promueven la violencia. Se están aprobando proyectos autoritarios, que criminalizan la movilización social y permiten la represión. Eso de las zonas estratégicas para que las cuiden las Fuerzas Armadas, y queda al arbitrio del Presidente sacar a los militares, y con eso se puede llegar a que haya gente que pierda la vida en algunas situaciones”.

Asimismo, criticó con dureza la situación de las violaciones a los DDHH que han ocurrido desde el pasado 18 de octubre. “Se mantiene como un punto gravitante muy alto el tema de las violaciones a los derechos humanos y de las personas en el país. La gente quiere que termine la represión indiscriminada y la impunidad” que se está viendo en muchas partes en estas semanas”.

Por eso, el dirigente indicó: “En vez de agudizar la situación del país, es preferible llegar a un acuerdo democrático y adelantar las elecciones”. Para él, esta medida “mejoraría mucho la situación en Chile, abriría de manera más ancha las puertas democráticas”.

No es la primera vez que Teillier hace un planteamiento que apunta a que Sebastián Piñera no termine su período constitucional como mandatario. De hecho, el presidente del PC fue una de las figuras que rápidamente planteó al jefe de Estado que presentara su renuncia tras el estallido social, manifestando esa idea en una conferencia de prensa el sábado 19 de octubre, al día siguiente del inicio de las manifestaciones. (La Tercera-Nuevo Mundo)

Servel rechazó balances financieros de 10 partidos políticos

El Servicio Electoral (Servel) rechazó los balances financieros de 10 partidos políticos, por lo que no podrán acceder al aporte fiscal entregado cada cuatro meses por el Estado.

De acuerdo con la última modificación a la Ley de Financiamiento Electoral, cada partido tiene la obligación de contar con una auditoría externa, que debe ser pagada por ellos mismos, para entregar un informe, además de su balance anual.

Esto implica que las colectividades rindan los detalles de los dineros suministrados por el Estado, además de otras exigencias, como destinar dos tercios de sus propiedades a sus labores políticas.

Según informó La Tercera, de los 22 balances entregados el pasado 31 de diciembre, se aprobaron 12: Ecologista Verde, Humanista, Unión Patriótica, Partido Liberal del Norte, Trabajadores Revolucionarios, Izquierda Anticapitalista de los Trabajadores, Igualdad, Unión Demócrata Independiente, Demócrata Cristiano, Ciudadanos, Federación Regionalista Verde Social y Evolución Pólitica.

Los 10 rechazados son: Regionalista Independiente Demócrata, Revolución Democrática, Radical, Comunista, Socialista, Renovación Nacional, Progresista, Poder Ciudadano, Expartido Liberal de Chile, Por la Democracia.

En el caso de estos últimos, sus recursos serán retenidos hasta que normalicen el estado de sus balances. Si acumulan tres rechazos consecutivos, perderán la posibildiad de recibir los respectivos montos fiscales.

Las cuentas son aprobadas si tras la revisión se logra establecer que la información entregada se ajusta a las normas generales de contabilidad, al Código de Comercio y a las disposiciones de la Ley N° 19.884, y no contiene errores u omisiones graves.

En total, se repartieron 1.600 millones de pesos a los colectivos que cumplieron con los requerimientos. (Cooperativa)

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