Para el Gobierno la matemática es simple. A diferencia de los cálculos que se tenían previo al estallido social del 18 de octubre, hoy los números aparecen en rojo cuando miran las elecciones de gobernadores, que por ley deben realizarse a finales de octubre. Factores como un clima político más desfavorable, un oficialismo más desagregado y sobre todo el hecho de que los candidatos que barajaban como «cartas fuertes» debieron haber dejado sus cargos en el plazo legal para competir y no lo hicieron por la contingencia, transformaron a estos comicios –que nunca fueron de total agrado de una parte de la administración piñerista– en un nuevo dolor de cabeza al interior de La Moneda.

Para varios en el oficialismo, fue este escenario el que explicaría que, la semana pasada, desde un sector de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se pusiera sobre la mesa la advertencia de la necesidad de aplazar las elecciones de gobernadores regionales, ante la falta de facultades reales que tendrían hasta ahora las nuevas autoridades. Las elecciones de gobernadores regionales, fue un proyecto que se discutió por casi tres años en el Congreso y se amalgamaron con las de alcaldes, concejales y cores que también serán en octubre.

La jugada, dijeron, buscó medir la temperatura ambiente, sondear el clima, sin que La Moneda tuviera protagonismo en el intento, porque en el Ejecutivo –recalcaron– no existe la intención de abrirse por cuenta propia un nuevo flanco de conflicto y críticas.

Si bien los cálculos que sacaban en Palacio previo a octubre hablaban de la posibilidad del oficialismo de elegir  unos 11 gobernadores regionales, el estallido social y la caída libre en el apoyo al Gobierno por su desempeño, dejó fuera de juego todas las consideraciones que en ese entonces ponderaban positivamente.

Con los números en rojo, la preocupación en La Moneda se instaló de lleno. En una reunión del lunes 20 de enero, el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado (UDI), recibió al directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades. EL punto tres de la tabla eran los gobernadores regionales, pero no la posibilidad de aplazar la elección.

Sin embargo, al día siguiente de esa cita en Palacio y en una entrevista con La Tercera, el presidente de la AChM y alcalde de Puente Alto, Germán Codina, señaló que las nuevas autoridades se transformaron «en una falacia de la descentralización y es una mentira. No van a tener ninguna atribución real para abordar los problemas de las regiones. Por lo tanto, hay un espacio para el clientelismo político, porque –en la práctica– van a ser solo administradores de fondos concursables”.

Aquella intervención despertó todas las suspicacias y sospechas desde la oposición y le trajo a Codina costos en la interna de la AChM, pues varios de sus pares lo acusaron de “arrancarse con los tarros”, como el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien afirmó que “más que vocero de los alcaldes, está actuando como vocero de Gobierno”. Codina tuvo que salir a intentar apaciguar la aguas y, en una entrevista con Emol TV, se defendió aclarando que “ni a título de la asociación ni a título personal planteé que se pospusiera… fue llamar la atención por una serie de factores graves para instalar una autoridad con buena remuneración de 8 millones (…), no está el ánimo nacional para que se instale una autoridad de adorno con una remuneración para que esté de adorno”.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fue que el subsecretario Alvarado –encargado de sacar adelante la Ley de Gobernadores– dejó abierta la puerta para discutir un eventual aplazamiento. “Si los alcaldes dicen que puede existir una dificultad en la elección a gobernadores, hay que ponerles atención”, precisó públicamente el Subdere la semana pasada.

Quienes participaron de la reunión del 20 de enero en La Moneda, aseguraron que de la hora de conversación, radicada principalmente en el compromiso de Piñera para dar mayores aportes a los municipios, “como mucho, tres minutos fueron dedicados al tema de los gobernadores” y que fue planteado por el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN). El subdere explicó los avances en la materia, como la elaboración de reglamentos, de los cuales van dos tramitados, cuatro por salir en los próximos meses y un séptimo pendiente.

“Eso sería todo”, consignaron. Otro de los presentes en la cita agregó que “fue mucho ruido para tan pocas nueces, no ameritaba todo lo que se dijo ni el revuelo que se causó”.

El alcalde de la Granja, Felipe Delpín (DC), estuvo presente en esa reunión. Puntualizó que “yo entiendo que hay sectores políticos, partidos de derecha que han sacado sus cálculos y a quienes no les parece realizar las elecciones en estos momentos, pero no es lo que corresponde, no es lo que debe ser, hay que actuar profundizando la democracia de acuerdo con lo que se ha discutido durante muchos años y no actuar por cálculos políticos, haciendo lo que me conviene o lo que no me conviene”.

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, fue más allá. “Hace algunos días señalamos con fuerza que jamás la Asociación Chilena de Municipalidades había discutido la eventual postergación de la elección de gobernadores regionales y que el directorio de la Asociación, no solo se había excedido, sino que también se había prestado para una operación del Gobierno, con ánimo de cálculo electoral (…). Esta noticia confirma que es el Gobierno el que está detrás de la búsqueda de impedir las elecciones de gobernadores regionales y, con ello, detener el proceso de descentralización que vive el país”, sentenció.

Una fuente de Gobierno reconoció que, más allá de todas las conjeturas que se pueden hacer, “está claro que una elección menos, en este contexto donde hay que estar tapando hoyos todos los días, sin duda que es una buena noticia para nosotros”.

CAMBIO DE PRISMA

Previo al 18 de octubre, tanto en el oficialismo como en el Gobierno se estimaba que el favorable pronóstico que había para la elección de gobernadores regionales conllevaría una extensión, sin matices, de otro gobierno en manos de la centroderecha. Ese análisis, que se basaba en parte en la unidad de Chile Vamos y la evidente división entre los partidos de oposición, fue generalizado y extendido en todo el conglomerado oficialista y había escalado hasta las oficinas de la casa de Gobierno. En la centroizquierda y la izquierda nunca lo refutaron en ese entonces, porque los cálculos coincidían.

Pero todo cambió. El ambiente interno en la derecha pasó a uno de permanente tensión, con las relaciones entre RN y la UDI en uno de sus momentos de mayor debilidad, no solo por las diferencias que han tenido sobre cómo enfrentar la crisis social, sino también por las diferencias públicas que tienen para el plebiscito del 26 de abril entre los que respaldarán una nueva Constitución y quienes rechazarán esa posibilidad. Hoy hay gente de Chile Vamos “que no se puede siquiera mirar a los ojos”, agregaron.

El escuálido 6% de apoyo a Piñera, además, obligará a los candidatos oficialistas a tratar de alejarse lo más posible de las posiciones oficiales de La Moneda y de la figura del Mandatario. Un tema no menor, reconocieron en Palacio, que si bien no ha sido tocado en profundidad en las reuniones de comité político del Presidente con sus ministros, “sí está en el ambiente y se conversa”.

Pero la principal complicación para el Gobierno radica en que se quedaron sin varios de sus candidatos fuertes, los que iban a dejar sus cargos públicos pero que con el estallido social se quedaron mantuvieron al interior del aparato público y, por ende, ya quedaron fuera de plazo para postularse en octubre, lo que disminuyó de la fuerza competitiva del oficialismo. Así, en los cajones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional quedó el catastro con los nombres de los personeros que fueron potenciales cartas ganadoras, principalmente intendentes en ejercicio y que públicamente habían dado a conocer sus intenciones de dar el paso.

Entre los nombres que más lamentan en el Ejecutivo están los de la vocera Karla Rubilar; el intendente del Biobío, Sergio Giacaman (UDI), a quien daban por vencedor seguro; su par del Maule, Pablo Milad; y el de la Quinta Región, Jorge Martínez. Uno de los pocos que alcanzó a renunciar en el plazo legal fue el exintendente de Antofagasta, Marco Antonio Díaz.

Con el debate ya instalado, por ahora estaría ganando la opción de seguir adelante con la ley, ya que más allá de algunos apoyos, “no menores”, en el Gobierno aseguraron que si no logran que se mueva la brújula por fuera de La Moneda, no van a ser ellos quienes tomen la decisión de aplazar la elección de gobernadores regionales. En la UDI, ya plantearon que “no se van a hacer cargo de ese muerto” y que, ante eso, la ley de transferencia de competencias “va sí o sí en marzo”.

El vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), Rodrigo Arellano, afirmó que “ya nos embarcamos en un proceso de descentralización que, de alguna u otra forma, ya la ciudadanía y los sectores políticos hemos entendido la figura del gobernador regional y se ha asumido como una elección relevante e importante. Sin embargo, creo que, dadas las críticas que aún persisten en parte del oficialismo y también en la oposición con respecto a las funciones, tengo la impresión de que es lo más razonable intentar corregir esos errores, manteniendo la elección en la fecha establecida, pues creo que las certidumbres electorales son un elemento importante”.

En tanto, el director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati, explicó que los “senadores de regiones van a ver esta situación desde un lado más emocional que práctico, le pueden hacer bastante daño al Gobierno y, en términos de reputación e imagen, sería un elemento más que estaría golpeando en la línea de flotación que ya está bastante abollada (…), porque se seguiría alentando esta especie de presidencialismo borbónico, de reyezuelos, que tiene mucho poder y que no permite el crecimiento de las regiones. El argumento va a ser bastante claro y obvio, versus una lucha en Santiago bastante más racional. Al final del día estamos hablando de poder y es no querer delegar el poder a regiones, eso es lo que te queda de este proceso”, subrayó. (Por Hernán Leighton, El Mostrador)