Miles de activistas prodemocracia manifestaron nuevamente este miércoles (14.10.2020) en Bangkok, en medio de un importante despliegue policial, un día después de la detención de 21 militantes.
Los manifestantes se reunieron frente al Monumento de la Democracia, en el centro de la capital, con la intención de llegar hasta la Casa de Gobierno, pero el principal acceso fue bloqueado con autobuses y alambradas. Además, 15.000 agentes de policía estaban desplegados en las cercanías.
El rey Maha Vajiralongkorn asistirá a una ceremonia por la tarde y su cortejo pasará cerca del lugar de la manifestación.
El rey tailandés Maha Vajiralongkorn y la reina Suthida saludan a seguidores de la monarquía, en Bangkok, Tailandia (13.10.2020)
El martes, decenas de activistas prodemocracia levantaron tres dedos al paso del vehículo del monarca, un gesto considerado un desafío frente a la monarquía y su autoridad. Al menos 21 activistas terminaron detenidos.
Este miércoles, a poca distancia de los activistas también se dieron cita varios centenares de defensores de la monarquía, lo cual podría provocar tensiones o enfrentamientos entre los dos grupos.
Desde hace semanas, los manifestantes tailandeses piden la disolución del Parlamento con la dimisión del primer ministro Prayut Chan O Cha, la revisión de la Constitución de 2017, considerada demasiado favorable al ejército, y una revisión del papel y el poder de la monarquía, un tema totalmente tabú en el país. (DW, afp/reuters)
Una nave Soyuz con la astronauta estadounidense Kathleen Rubins y los rusos Serguéi Ryjikov y Serguéi Kud-Svershkov a bordo se acopló este miércoles (14.10.2020) a la Estación Espacial Internacional (EEI) en un tiempo récord.
«La nave espacial tripulada Soyuz MS-17 se acopló con éxito al segmento ruso de la Estación Espacial Internacional. ¡Por primera vez en la historia lo hizo en solo dos órbitas alrededor de la Tierra!», anunció la agencia espacial rusa Roskosmos en Twitter.
«Se estableció un nuevo récord (…) El tiempo total entre el lanzamiento y el acople fue de 3 horas y 3 minutos», indicó también Roskosmos en un comunicado.
La Soyuz despegó del cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán. Los tres científicos aspiraban batir el récord antes del despegue. El viaje se tomaba habitualmente unas seis horas.
En la EEI, uno de los pocos ámbitos de cooperación que perduran entre rusos y países occidentales, los esperan Chris Cassidy (NASA) y Anatoli Ivanishín e Ivan Vagner (Roskosmos), cuyo regreso a la Tierra está previsto el 22 de octubre.
El vuelo del Soyuz tuvo lugar entre dos lanzamientos hacia la EEI de la empresa estadounidense aeroespacial SpaceX, con los cuales Estados Unidos recuperó la capacidad de enviar personas al espacio.
La astronauta estadounidense Kathleen Rubins y los rusos Serguéi Ryjikov y Serguéi Kud-Svershkov en una rueda de prensa un día antes del despegue (13.10.2020)
POSIBLE NUEVA «CARRERA ESPACIAL»
Hasta el vuelo de Robert Behnken y Doug Hurley el 30 de mayo pasado desde el centro espacial Kennedy (Florida), los cohetes Soyuz de Rusia eran el único medio disponible para enviar astronautas a la EEI. Los dos astronautas estadounidenses que viajaron en la cápsula Crew Dragon regresaron a la Tierra el 2 de agosto.
El próximo vuelo de SpaceX hacia la EEI tendrá lugar en noviembre y transportará tres estadounidenses y un japonés.
La presencia de SpaceX y de Boeing, empresas privadas que firmaron contratos con la NASA, aviva el debate sobre el regreso de la «carrera espacial» entre diferentes países. (DW, afp/efe)
La advertencia la hizo el presidente del Partido Liberal, Luis Felipe Ramos, el fin de semana pasado. En una reunión de la mesa nacional del Frente Amplio, el timonel les transmitió a sus pares la fuerte preocupación que se ha instalado en su colectividad: los acercamientos que está realizando el bloque con el Partido Comunista y lo que miran como una inminente “izquierdización” del conglomerado.
El tema ya se había conversado anteriormente entre los dirigentes. De hecho, tras las fallidas negociaciones de la oposición por primarias municipales y de gobernadores regionales, los liberales fueron los que más lamentaron que el Frente Amplio quedara “aislado” al igual que parte de la Unidad por el Cambio. En los días posteriores, así, le comunicaron a sus pares que su colectividad había tomado la determinación de empujar “por la máxima unidad” de la centroizquierda y una “lista unitaria” para la elección de convencionales constituyentes. Y esa estrategia, explicaron, sería “incompatible” con las pretensiones de algunos de conformar un “polo de izquierda”.
Por esos días, los gestos y encuentros entre los frenteamplistas y el PC se intensificaron. Liderados por la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, el bloque sostuvo diferentes reuniones con sus pares del PC -en las que han participado Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Unir y Fuerza Común- con miras a algún entendimiento programático o electoral, situación que levantó las alarmas al interior del PL.
Así, la incomodidad por esas reuniones ha llegado a tal nivel, dicen los liberales, que algunos dirigentes ya han planteado que si el bloque llegara a cruzar esa “línea roja”, no les quedaría más remedio que salirse del Frente Amplio. El temor, dicen las mismas fuentes, se da debido a que creen que todo el resto del bloque, con excepción de un sector de RD, estaría “empujando” para que se configure un pacto o bloque “a la izquierda”, donde solo esté el FA y la Unidad por el Cambio. “Ante ese escenario queda abierta la posibilidad de salirse del FA”, dicen desde el Partido Liberal.
“El FA nació como un proyecto político renovador, amplio y diverso, con el fin de superar el neoliberalismo. Hoy, la posibilidad de superar el neoliberalismo es una realidad y para ello se requiere la unidad de todas las fuerzas democráticas para así construir grandes mayorías constituyentes”, dijo a La TerceraPM el presidente del PL. Ramos, además, agregó: “En ese sentido, la creación de un polo de izquierda marginal y minoritario traiciona el espíritu fundacional del Frente Amplio, y el PL no está para traicionar ese espíritu ni para perder la oportunidad de tener una Constitución que represente a todos los chilenos, no sólo a la izquierda”.
En tanto, el diputado Vlado Mirosevic -quien ha sido crítico del PC y de la posibilidad de realizar una alianza con ellos- sostuvo que “como liberales ya tomamos la definición de empujar la máxima unidad opositora posible, que se materializa a través de la lista única en la elección constituyente. En ese sentido, esperamos que el FA elija ese camino, porque la división sólo nos llevará al triunfo de la derecha”.
En conversaciones informales, entre los liberales ya se han analizado algunos caminos que podrían seguir como partido. Y si bien pretenden evitar “a toda costa” su salida del FA, en esa colectividad miran el pacto de la Unidad Constituyente como un posible nuevo domicilio. Asimismo, también explican que otra opción sería quedar en una suerte de “ambigüedad” y formar parte de una eventual lista con la exConcertación, el PRO y Ciudadanos, pero sin salirse formalmente de su actual coalición.
De la posibilidad de una “fuga” ya están conscientes en todos los otros partidos del FA. De hecho, desde la mesa nacional del conglomerado y algunos parlamentarios frenteamplistas sostienen que los liberales ya han transmitido que ellos no podrían formar parte de un bloque donde solo estén con ese sector.
Así, en algunas facciones del FA ya está instalada la preocupación de que, de concretarse esa posibilidad, sería el fin de la “amplitud” del Frente Amplio y que, además, perderían a un alcalde y a uno de sus principales dirigentes que llegó junto a Giorgio Jackson y Gabriel Boric al Congreso, el diputado Mirosevic. “Si se va el PL, el Frente Amplio se destruye”, dicen varios dirigentes y parlamentarios del FA.
En ese sentido, desde algunas colectividades, como RD, ya están tratando de “apaciguar” los ánimos al interior del conglomerado. De hecho, esta semana en ese partido han estado empujando un voto político para definirse por una “lista unitaria” para los convencionales, en la misma línea que los liberales.
Asimismo, desde ese sector aseguran que un bloque o pacto solo del FA con el PC no sería “factible”, ya que, dicen, inevitablemente se plasmaría en la división de las listas de convencionales o en un apoyo frenteamplista a la carta presidencial del PC, Daniel Jadue, gestos que no todos en el bloque están dispuestos a hacer.
En tanto, desde las colectividades que están impulsando un acercamiento con ese sector si bien sostienen que no se cierran a conversar con la Unidad Constituyente, reconocen que el sector con el que tienen mayor afinidad programática es el PC y la Unidad por el Cambio.
En este contexto, dirigentes del conglomerado aseguran que esa tensión que se ha instalado entre los liberales debiese irse disipando, sobre todo por hechos como los que terminaron ayer por salvar el exministro Jaime Mañalich de una acusación constitucional en la Cámara. Para varios, el hecho de que parlamentarios de la Unidad Constituyente hayan contribuido en eso refuerza la tesis de quienes han insistido en que no puede haber una unidad vacía con el resto de la centroizquierda. “Estas pretensiones de ir hacia el centro van disminuyendo”, dice un líder del conglomerado.
“Para nosotros, consolidar una visión de país y del proceso constituyente que fijará las reglas de un nuevo ciclo en la política chilena debe partir por una propuesta de contenidos democratizadores (…). En ese propósito nos encontramos con otras fuerzas de izquierda que tienen esa misma vocación. Para Unir, la unidad que se debe lograr es social y política con las fuerzas dispuestas a esos cambios, y Unidad Para el Cambio es un aliado importante en esa dirección”, afirmó la coordinadora general de Unir, Lorena Fries. (La Tercera)
La foto del alcalde Daniel Jadue y de la expresidenta Michelle Bachelet en el afiche de un foro sobre mujeres y proceso constituyente -que organiza la Universidad de Santiago y que se llevará a cabo el 19 de octubre- no resultó indiferente para la oposición.
La decisión de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU de compartir ese espacio con la principal carta presidencial del Partido Comunista se leyó como gesto de acercamiento al edil de Recoleta. Un guiño que se habrían esperado otras figuras del sector, como el actual timonel del PPD Heraldo Muñoz, que también tiene aspiraciones presidenciales y es reconocido como un cercano a la exmandataria desde que fue su canciller.
Al estar empatado al alcalde Joaquín Lavín en la carrera presidencial (8% en Cadem), todas las jugadas de Jadue son vista con lupa por la oposición que aun no logra desplegar una carta competitiva en la carrera presidencial, y hoy aparece en desventaja frente al PC y al Frente Amplio que está a la espera de las definiciones de Beatriz Sánchez.
En el PPD, el PS y en la DC, sin embargo, apuestan a que el crecimiento del edil de Recoleta tiene techo y -en sus cuentas- de cara a una segunda vuelta no sería la carta más competitiva. Bajo esa lógica hay un autoconvencimiento de que queda tiempo suficiente para encontrar una carta que llegue a primera vuelta y así negociar en segunda ronda. Todo en el entendido de que el PC no aceptará ir a primarias.
“Faltan 13 meses para la elección. Estábamos igual en la presidencial anterior. En Chile es normal que no haya candidato. Queda el salto del plebiscito y la elección municipal, las campañas se desplegarán después”, dice el senador PS José Miguel Insulza, quien reconoce que Jadue y Lavín están desplegados y que ese un factor al menos para aumentar el nivel de conocimiento.
“Puede ser una desventaja en la medida que el candidato resista”, afirma.
Desde el PPD, Francisco Vidal apunta a la necesidad de recuperar el electorado de centro izquierda que hoy se está manifestando a favor del alcalde comunista.
“El respaldo a Jadue triplica la votación comunista desde el ’90, por lo que concluyo que hay un porcentaje que proviene de nuestro mundo. En consecuencia la tarea es recuperar ese electorado ofreciendo contenido y liderazgo. Se logra hablando claro y comprometiéndose a la nueva Constitución y eligiendo a un hombre o mujer que lidere. Cuando tienes 11 candidatos lo fundamental es definir el mecanismo de la persona que va a competir. A Jadue queremos ganarle en primera vuelta”, afirma el exministro.
Un cercano a la mesa DC asegura que el PC apuesta al beneficio de llevar a Jadue a primera vuelta como una fórmula para mejorar su resultado parlamentario. Pero que la centro izquierda tendrá la mejor chance después. “Nadie ha pensado que Jadue va a ser el Aylwin del 2021. Es como la Bea y MEO de las elecciones anteriores”, dice la misma fuente, que asegura que el itinerario DC está claro y sin considerar el factor comunista: Se elige candidato presidencial en enero después de las elecciones internas y sale de inmediato a hacer campaña en las municipales.
En esa línea, un grupo de abogados y economistas ligados a la DC, el PPD y el PS encargaron a fines de septiembre un estudio de opinión a Mori. En éste se preguntaba directamente sobre el desempeño de Jadue en segunda vuelta.
Entre otras cosas, a los encuestados vía web se les consultó, en pregunta abierta (sin una lista predeterminada), por cuál candidato no votaría nunca. Daniel Jadue lideró la lista con 16%, doblando a José Antonio Kast, que apareció con un 8%. Más atrás se vio a Lavín (7%), Evelyn Matthei (4%) y Sebastián Piñera (3%).
El sondeo de MORI -aplicado a 800 personas- determinaba que en primera vuelta Joaquín Lavín lidera con 17 puntos, seguido de Jadue con 15 puntos. Sin embargo el alcalde PC no lograría sumar los votos de candidatos de centro izquierda en segunda vuelta.
“Jadue no será Presidente de Chile, pero sí un actor clave para la eventual definición en segunda vuelta de la elección de 2021. La única forma para que Jadue avance hacia votantes moderados, sería renunciando al partido, cosa difícil de imaginar hoy por hoy. Si bien ha conseguido cerca de un 15% en las encuestas, eso responde -fundamentalmente- en la deprimida oferta política de la centroizquierda y a la falta de decisión del Frente Amplio para nominar un candidato o candidata”, asegura el analista Mauricio Morales, cercano a la DC.
“Entonces, si bien son evidentes los méritos de Jadue para estar arriba en la tabla, esto también se explica por la ausencia de figuras nacionales de la oposición capaces de hacer un efectivo contrapeso”, afirma. (La Tercera)
Luego de la arremetida en la Corte de Apelaciones de los siete generales de Carabineros acusados por la Contraloría de faltar a sus funciones, durante las intervenciones de orden público entre octubre y diciembre del año pasado, el caso llegó a la Corte Suprema.
Los generales Jorge Valenzuela, director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística; y Jorge Ávila, exjefe de Fuerzas Especiales de Carabineros, fueron notificados entre el 9 y 10 de septiembre por la Contraloría de cargos que iban desde no actualizar los protocolos de uso de la fuerza, hasta no haber evitado el lanzamiento de bombas lacrimógenas en las cercanías de recintos hospitalarios.
Por lo mismo, todos recurrieron con recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, una de estas acciones -la del general Enrique Monrás- fue declarada inadmisible por el tribunal de alzada capitalino.
Por lo mismo, el abogado del general, Jorge Martínez, presentó ayer en la tarde una reposición ante la Corte Suprema, para que sea el máximo tribunal el que resuelva si debe o no tramitarse el recurso interpuesto en la Corte de Apelaciones.
En el escrito, Martínez expone que “se vulnera el derecho a la cautela judicial al obligar al general Monrás a someterse a una jurisdicción disciplinaria diversa a aquella que le corresponde por jerarquía profesional y mando, establecida en la constitución y la ley, lo que vulnera su derecho a igualdad ante la ley, el debido , racional y justo proceso al ser juzgado por una comisión especial y no por el juez que naturalmente le corresponde y se afectan sus prerrogativas y derechos de propiedad que tiene sobre su cargo como oficial general”.
Según resolvió el sumario de Contraloría contra Monrás, el general en su calidad de Jefe de la Zona Santiago Oeste de Carabineros, no adoptó “acciones o medidas oportunas y suficientes, en razón del control y supervisión que le correspondía ejercer respecto al funcionamiento de las siete reparticiones bajo su dependencia, a fin de corregir, enmendar o subsanar la inadecuada utilización de la escopeta antidisturbios por parte del personal operativo de Carabineros de Chile, en el marco de procedimientos e intervenciones de control de orden público materializadas en su territorio jurisdiccional”.
Para la defensa del alto oficial -de acuerdo a la reposición planetada ante la Suprema- «lo grave de la resolución recurrida (fallo de la Corte de Apelaciones), es que se priva, se resta, se desconoce al recurrente el derecho a la tutela jurídica, es decir, de poder recurrir a la protección judicial cuando sus derechos constitucionales son amagados por un ente público que carece de competencia y de juricidad para formularle cargos en materias referidas a su funcional policial vinculadas al orden público, con ocasión de su desempeño de jefe de la Zona Santiago Oeste de Carabineros de Chile, entre los días de 18 de octubre y 28 de diciembre del año 2019”.
Con este escenario, sería el máximo tribunal el que podría marcar un camino sobre lo ocurrido en los otros recursos de protección interpuestos ante la Corte de Apelaciones de Santiago por los otros generales acusados por Contraloría. Esto, en caso que el tribunal de alzada rechace el resto de las presentaciones interpuestas por los oficiales. (La Tercera)
Fue el 2 de octubre cuando el menor identificado como A.A.J.A (16) cayó desde el puente Pío Nono, hacia el Río Mapocho, en una acción, que, según el Ministerio Público, se le atribuye al carabinero Sebastián Zamora. Por este hecho, el uniformado -a quien se le cursó la baja tras omitir que tenía una cámara personal esa jornada- se encuentra en prisión preventiva y formalizado por el delito de homicidio frustrado.
El caso abrió una serie de críticas desde organismos de derechos humanos y la oposición al actuar de Carabineros. La versión de la contraparte, expuesta por el mando de la policía uniformada ante la Comisión de Seguridad de la Cámara y por la defensa del policía en la audiencia de formalización, señalaron que se trató de un accidente, dado que Zamora intentaba detener al menor.
Ante estas afirmaciones, el Ministerio Público decidió aclarar si es que efectivamente el joven estaba participando en desmanes ese viernes en las cercanías de Plaza Italia.
Por lo mismo, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación contra el adolescente por desórdenes públicos. El caso quedó en manos del persecutor Patricio Cooper, quien ya despachó una orden de investigar a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Santiago de la PDI.
En ese escenario, el caso quedó divido en dos. Por un lado, la fiscal Ximena Chong sigue indagando el delito de homicido frustrado contra el carabinero Zamora -donde también surgió una arista de una presunta obstrucción a la investigación por los llamados realizados al Ministerio Público tras la caída del joven-; y por el otro, el fiscal Cooper con la nueva causa en que se indaga al menor y sus acciones previas a la caída.
La investigación de Cooper ya está en curso. La orden de investigar que despachó a la PDI pide, entre otras cosas, revisar todas la cámaras que hay en esa zona, donde se analicen los 30 minutos previos a la caída del menor desde el puente. La policía solicitará los registros audiovisuales que están en la Sala Prat de la Municipalidad de Santiago y también las imágenes que pueda tener la Municipalidad de Providencia.
En ese sentido, aseguraron fuentes del caso, la PDI tendrá que revisar y despejar si el menor estaba participando en interrupción del tránsito o el levantamiento de barricadas, y si eso es comprobado, incluso, podía ser investigado por la nueva “ley antibarricadas” (se establece una pena que va desde 61 días a 540 días).
Con los videos en mano, el objetivo del Ministerio Público y la PDI será lograr localizar al menor a través de su vestimenta. Carabineros, por su parte, cuenta con imágenes del menor lanzando piedras a los carros policiales, donde lo sitúan con un buzo del club Universidad de Chile. También, según el parte policial que levantaron los uniformados, el joven habría portado una capucha de diversos colores. Estos registros se harán llegar a la fiscalía y la investigación de Cooper, señalaron fuentes de la institución uniformada.
El abogado Fernando Monsalve, quien representa al adolescente, asegura que hasta el momento ni él ni la familia están al tanto de la investigación que lleva el fiscal Cooper en contra del joven.
«Independiente de si efectivamente se le va a investigar por desórdenes públicos o no, el actuar del carabinero es claro y no existe una excepción de responsabilidad o un antecedente que permita intentar matar a un sujeto, porque eventualmente estaba cometiendo desórdenes públicos o algún otro delito”, señaló Monsalve.
El abogado agregó que este nuevo antecedentes relacionado al caso del puente Pío Nono “no cambia absolutamente en nada el hecho investigado y si es que efectivamente lo están investigando habrá que verlo en su minuto y defenderlo como cualquier caso”.
Desde “Nos Importan” -agrupación que proporciona asistencia jurídica a uniformados involucrados en casos de orden público-, señalaron que “las pruebas que han salido a la luz pública y las declaraciones de Zamora el pasado fin de semana dan cuenta de una realidad que no se había querido apreciar. Que no todo es como parecía». Agregaron que “esta nueva causa es sin duda un aporte que complementa la Investigación, le da contexto, permite comprender de mejor manera lo que ocurrió, tener la película completa. Es importante no sólo esclarecer el accidente del Puente Pio Nono, sino que todo lo que ocurrió ese día”. (La Tercera)
La Cámara de Diputadas y Diputados votará este miércoles el proyecto de reforma constitucional que facilita la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes en forma online ante el Servicio Electoral (Servel), con miras a la elección de los integrantes del órgano constituyente.
La moción busca eliminar barreras de entrada para que los independientes puedan postular a la eventual convención -sea constitucional o mixta- que, si gana el «Apruebo» en el plebiscito del 25 de octubre, tendrá como función redactar una nueva Constitución, estableciendo que su participación es fundamental para que el órgano sea fiel reflejo de la diversidad nacional.
Además, la iniciativa considera que en el actual contexto de pandemia por coronavirus es necesario adoptar medidas excepcionales para que no se genere una barrera infranqueable en la participación de alternativas independientes.
Según la reforma que habilitó el proceso constituyente, las postulaciones independientes en este proceso se regirán bajo las mismas reglas que deben cumplir cuando quieren participar en comicios legislativos, de contar con al menos 0,4 por ciento de las firmas respecto de los votos válidos en la última elección de diputados en un distrito electoral.
Pero una iniciativa transversal de parlamentarios propuso reducir ese requerimiento a 0,2 por ciento por distrito.
Asimismo, disminuye de 1,5 por ciento a 0,5 por ciento las firmas necesarias para las listas de independientes.
Junto a esto, establece una autorización excepcional para que el Servel reciba los patrocinios de las candidaturas a través de su plataforma digital utilizando el sistema de Clave Única del Estado.
El articulado, que se encuentra en primer trámite legislativo, requiere 95 votos a favor (dos tercios de la Cámara Baja) para su aprobación y avanzar al Senado. (Cooperativa)
El Vaticano empezó este miércoles a juzgar a dos sacerdotes, a uno por supuestos abusos sexuales en el preseminario San Pío X y a otro por encubrirlos como rector, la primera vez que se procesa un caso cometido dentro de su territorio.
Esta primera audiencia fue breve, de unos ocho minutos, y sirvió para leer las acusaciones y presentar a las partes en el Tribunal.
El primer acusado es el sacerdote Gabriele Martinelli, de 28 años, acusado de usar su autoridad como coordinador de los seminaristas del preseminario entre 2007 y 2012 para abusar sexualmente de un joven, L.G, recurriendo también a las amenazas y la violencia.
En concreto, según se explicó hoy, Martinelli obligó a la víctima a «soportar relaciones carnales, actos de sodomía, masturbación de él y del propio joven en diversos momentos y lugares dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano».
Por entonces, tanto el agresor como la víctima eran menores de edad y se encontraban en el preseminario, situado dentro de los muros del Vaticano y que sirve para que los adolescentes aclaren sus inquietudes religiosas y decidan si inician la vida sacerdotal.
Por su parte, Enrico Radice, de 71 años, es acusado de encubrir estos hechos como rector del preseminario y de ayudar en repetidas ocasiones a Martinelli a eludir las investigaciones en su contra.
Radice defendió a Martinelli ante el obispo de la diócesis que le ordenó sacerdote en 2017, la de Como (norte), Diego Attilio Coletti, y aseguraba que las denuncias respondían a una persecución. Además en 2018 durante un interrogatorio ante los fiscales de la Santa Sede, insistió en que desconocía los actos «libidinosos» y «homosexuales» ocurridos en su preseminario.
La próxima audiencia ha quedado fijada para el 27 de octubre a las 14:00 horas locales (09:00 horas en Chile) y se interrogará a los imputados. En la vista de hoy, presidida por el juez Giuseppe Pignatone, se respetaron las disposiciones contra los contagios de coronavirus, como la distancia personal y el uso de la mascarilla, y además se tomó la temperatura de los asistentes antes de su comienzo.
Este es un proceso sin precedentes en la historia de la Iglesia moderna, pues dos sacerdotes son juzgados por presuntos abusos sexuales cometidos dentro del pequeño Estado pontificio.
Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2017 después de la publicación de estos hechos en el libro «Peccato originale» del periodista Gianluigi Nuzzi y prosiguieron con otros reportajes como los del programa televisivo «Le Iene».
Nuzzi, juzgado y absuelto por el Tribunal vaticano por falta de competencias territoriales en 2016 por la filtración de documentos, se hacía eco en su libro de las denuncias del joven polaco Kamil Tadeusz Jarzembowski sobre lo que ocurría en este seminario.
En el libro, Jarzembowski habla sobre «los abusos en su habitación a otro seminarista, más de 140 veces y de los que él era testigo, por parte de un pupilo del rector que era mayor que él y que después se convirtió en sacerdote». Jarzembowski, expulsado tras las denuncias y que finalmente no se convirtió en sacerdote, será uno de los testigos de este juicio.
Martinelli fue ordenado en la diócesis de Como el 10 de junio de 2017, a pesar de que el rector había recibido varias denuncias. Cuando en noviembre de 2017 surgieron nuevos elementos, la Santa Sede delegó en la diócesis de Como la investigación, durante la cual se adquirieron numerosos documentos y testigos y el expediente se comunicó a la Santa Sede para la continuación del trámite.
Mientras tanto, la diócesis de Como, en espera del juicio, decidió limitar a Martinelli en el ejercicio del ministerio y fue suspendido de realizar actividades pastorales con menores y adultos vulnerables y también se tomaron medidas similares contra Radice. (Emol EFE)
La Contraloría General de la República (CGR) confirmó la instrucción de un proceso disciplinario en contra del Instituto de Derechos Humanos (INDH).
Lo anterior por casos donde funcionarios del extremo norte intentaron manipular el ingreso de migrantes venezolanos a Chile desde Perú y Bolivia en calidad de refugiados.
No obstante, aquello finalmente no se logró al no cumplir con las condiciones legales exigidas en nuestro país.
Las personas involucradas fueron contactadas personalmente por una delegación de funcionarios públicos del INDH quienes viajaron a su encuentro fuera de Chile “con ese preciso objeto”, afirma la Contraloría.
Una de estas instancias ocurrió en Pisiga, Bolivia, distrito hasta el cual llegó personal del organismo, según acreditó en un fallo la Corte de Apelaciones de Iquique.
En su rechazo a un recurso de protección interpuesto por el INDH, el tribunal “confirmó que efectivamente personal de esa repartición se constituyó en el poblado de Pisiga, oportunidad en la que se evidenció que los amparados se encontraban en determinadas condiciones de precariedad”, reportó la CGR.
“Por lo tanto se advierte que si bien las acciones desplegadas por el personal del INDH tuvieron por objeto la protección y promoción de los Derechos Humanos estas se desarrollaron en una localidad extranjera en donde ese organismo, y por ende sus funcionarios, carecen de competencia para llevar a cabo las funciones que el ordenamiento jurídico nacional le ha encargado al INDH”, se lee en un documento firmado por Jorge Bermúdez.
Desde el INDH la postura parece clara: ratifican que lo anterior ocurrió en un contexto de crisis migratoria en la frontera, pero también abrieron un proceso administrativo interno para aclarar qué ocurrió y, eventualmente, establecer responsabilidades.
La situación fue denunciada en 2019 por congresistas de Chile Vamos, el senador José Durana (UDI) y los diputados Celso Morales (UDI), Andrés Longton (RN) y Karim Luck (RN), y fue dada a conocer en un reportaje de la unidad de investigación de Radio Bío Bío. (Bio Bio)