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¿Por qué se caen las acusaciones constitucionales?-Luis Larraín

Como lo consignaba ayer El Líbero, esta es la quinta acusación constitucional contra autoridades del gobierno del Presidente Piñera que fracasa, pese a la mayoría opositora en el Congreso. El juguete que descubrieron los jóvenes del Frente Amplio, siempre apoyados en esto por el Partido Comunista, ya no funciona. Hay razones particulares, atingentes a cada acusación, y otras más generales que ayudan a explicar esta situación.

La acusación contra Mañalich era desde ya temeraria. Presumir que deliberadamente el ex ministro de Salud haya ocultado muertes y acusarlo además de poner en práctica una estrategia que ponía en riesgo la salud de los chilenos fue un despropósito. Si hay algo de lo que no se puede acusar a Jaime Mañalich es no haberse jugado por una estrategia. Lo hizo y logró un objetivo primordial: evitar el colapso de las camas críticas y ventiladores mecánicos que asoló a potencias como España e Italia, que tuvieron que llorar a sus muertos en las calles o incluso renunciar al duelo porque su indiscutible ventaja en materia de recursos fue inútil ante la ausencia de una estrategia. Así lo advirtieron, por lo demás, diputados que no apoyaron la acusación, como Pepe Auth, que aun sin reconocer las virtudes de la estrategia de Mañalich, estuvo dispuesto a aceptar que era absolutamente prematuro descalificarla sin conocer en definitiva cuál será el resultado de distintas estrategias tan disímiles, como la liberal de Suecia o el confinamiento extremo de Argentina, sin datos definitivos sobre el exceso de muertes durante el período de pandemia.

Cada una de las acusaciones tuvo razones como esa para rechazarla: la del Intendente Guevara, interpuesta a los pocos días que asumiera su cargo en medio de violentas protestas; las de Marcela Cubillos y Emilio Santelices, por carecer de cargos concretos y representar más bien una diferencia con las políticas llevadas a cabo por la respectiva cartera. En cada una de estas ocasiones, la falta de fundamentos jurídicos era tan evidente, que no era difícil para un político, por una cuestión de conciencia y de decencia, no concurrir con su voto a destituir a una autoridad y suspender los derechos políticos del acusado por cinco años.

Cosa distinta ocurrió en la acusación contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Su destitución era la piedra angular que los arquitectos del golpe insurreccional contra el gobierno de Sebastián Piñera, que lo despojó de gran parte de su poder, requerían. En efecto, al botar a Chadwick se lograba, además, el objetivo de inutilizar a las policías en su tarea de mantener el orden público, lo que aseguraba que la protesta violenta continuara hasta poder utilizarla como elemento de extorsión contra el gobierno para imponer los cambios políticos que se buscaban: fundamentalmente, modificar la Constitución.

No había entonces fuerza suficiente, ni la conciencia ni la decencia, capaz de enfrentarse a un botín de ese valor. Un solo diputado, el DC Jorge Sabag, se abstuvo en esa oportunidad. Recordemos que poco después, por si la advertencia al ministro del Interior y el Presidente de la República no fuese suficientemente clara, se acusó constitucionalmente al Presidente Piñera, quien por seis votos no se vio expuesto a un juicio político en el Senado que pudo terminar anticipadamente su mandato presidencial. La proverbial capacidad para hacernos los lesos que tenemos los chilenos nos hace olvidar estos hechos que se produjeron hace menos de un año atrás y que hoy día nos tienen embarcados en elecciones que podrían conducirnos a cambiar la Constitución, habiendo utilizado la violencia para conseguirlo.

Quizás lo positivo de este nuevo fracaso es que se ha establecido una suerte de rayado de cancha por parte de la oposición para este tipo de acusaciones. Sólo aquellas que pueden conducir a una sustancial ganancia de poder prosperarán; las motivadas por pequeñas venganzas, afanes de notoriedad y robo de cámaras, quedarán para los saltimbanquis de la política que correrán el riesgo de caer en un cierto aislamiento de sus pares. Ojalá este ambiente ayude a mejorar un poco nuestra política. (El Líbero)

Luis Larraín

La seguridad nacional y los correos del MINSAL

“Los reyes de Egipto eran tan celosos de la justicia que hicieron jurar a los magistrados que nunca obedecerían sus mandamientos si sabían que eran injustos, y Felipe el Hermoso, rey de Francia, prohibió a los jueces dar cuenta o respetar las cartas reales, que son llamadas de justicia, si no las veían razonables.”

Giovanni Botero Senese. Della Ragione di Stato. Venezia, 1589.

La querella interpuesta por el alcalde Daniel Jadue contra el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich y posteriormente ampliada al Presidente Piñera y los subsecretarios del MINSAL Paula Daza y Arturo Zúñiga se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno. El juicio, de carácter criminal, apunta a ocultamiento de información en la evolución de los contagios y falsificación de instrumento público, acciones que habrían impedido a las autoridades locales tomar medidas más eficaces y oportunas frente a la pandemia, de ahí que se haga referencia a los decesos ocurridos en particular en la comuna de Recoleta.

La investigación, a cargo del fiscal Xavier Armendáriz se ha topado con una cerrada negativa del gobierno a entregar los correos electrónicos del ex ministro Mañalich y documentación pertinente al caso. El argumento esgrimido por el vocero de gobierno es que se trata de un asunto de seguridad nacional, porque la acción del fiscal pudiera develar información que La Moneda considera sensible. Esta postura es la que sostienen judicialmente los abogados del ex Ministro Mañalich y del Presidente Piñera.

Lo anterior no considera que la incautación de correos electrónicos es una medida común y válida en muchas investigaciones judiciales, incluidas varias que han comprometido a funcionarios públicos. De hecho es una anomalía que las autoridades políticas nieguen la información, más aun apelando a un concepto elusivo como la seguridad nacional, del cual los tribunales y la ciudadanía tendrían que hacer fe. Esta negativa se da, además, frente a una orden decretada por un juez de Garantía, obligando al fiscal Armendáriz a recurrir a la Corte Suprema para despejar definitivamente el asunto.

La legislación respecto de la seguridad nacional es bastante acotada en nuestro país. El espacio natural de este concepto se liga a las funciones de Defensa, Relaciones Exteriores e Inteligencia, aunque no exclusivamente, pero ello no valida el secretismo en estas instancias. Así, por ejemplo, han existido investigaciones judiciales en el ámbito de la Defensa como el denominado “milicogate”, el caso “pertrechos”, los “mirage Elkan”, por citar algunos, donde la tesis de la seguridad nacional no primó frente a eventuales delitos.

En cuanto a la obligación de secreto aparece especialmente desarrollada en la ley 19.974, que creó la Agencia Nacional de Inteligencia y el Sistema de Inteligencia del Estado. En ese caso se estableció el deber de secreto de manera amplia y permanente para esta función, con penas agravadas para quien haga mal uso de la información. Pero el legislador puso un límite claro en el artículo 39: “Lo dispuesto en el artículo anterior no obstará a la entrega de antecedentes e informaciones que soliciten la Cámara de Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, o la Contraloría General de la República, en uso de sus respectivas facultades…”. Es decir, el secreto no puede ser excusa para inhibir controles, fiscalización o investigación ni es excusa la seguridad nacional.

Considerando lo anterior es curioso, por no decir muy extraño, que el gobierno y la estrategia judicial del ex Ministro de Salud y el propio Presidente activen una razón tan poco asible. Es cierto que Mañalich negó información a la prensa en el ejercicio de su cargo respecto a la adquisición y tránsito de ventiladores y equipos médicos y argumentó que eran materias de seguridad nacional. En la crisis de la pandemia, con todas las excepcionalidades existentes, nadie cuestionó aquello. Sin embargo, las triquiñuelas que haya usado el Estado chileno para compras médicas de última hora no son el centro de la investigación de Armendáriz, a menos que los correos tan celosamente cautelados puedan ampliar la investigación a otro tipo de ilícitos, como ya se vio en los arriendos de los denominados “hoteles sanitarios”. Al margen de ello, es necesario ir aclarando como pasamos de ser un “ejemplo” mundial frente al Covid-19 a estar entre los diez países más azotados por la epidemia y un Presidente que le pide al virus que “se vaya y nos deje tranquilos”.

Dicho lo anterior, habría que preguntarse si el afán de secreto tiene algún sentido más allá de los intereses de los propios requeridos. En el breve lapso de un año, con el estallido social y los rigores de la pandemia, en que a los ciudadanos se nos dice constantemente que se puede y no hacer, con restricciones diversas, lo mínimo habría sido que las autoridades de gobierno colaborasen con la justicia y rindieran cuenta de las decisiones adoptadas. Sin embargo, la tesis de la seguridad nacional implicaría a lo menos dos cosas para la Corte Suprema: por un lado, ir más allá de leyes vigentes, como la ley de inteligencia, sentando un precedente para que cualquier gobierno interpele o presione a la Justicia bajo el mismo principio. Por otro, no tocar el fondo del tema, lo que dejaría abiertas las sospechas sobre manipulación en el manejo de la pandemia y las consecuencias en términos de pérdida de información y dificultad para establecer la verdad a futuro.

Por último, el caso también tiene un punto interesante dado que la seguridad nacional, aparece como un pie forzado, especialmente porque la querella se refiere a personas y no al Estado chileno en particular, pero la defensa del mandatario y el discurso oficial parecieran equiparar las cosas. Giovanni Botero Senese, el primero en sistematizar la idea de razón de estado en el siglo XVI, consideró que ésta tenía como condición una justicia independiente del soberano porque es “el fundamento de la paz y el establecimiento de la concordia del pueblo”. En consecuencia, la tesis de La Moneda, invocando una seguridad nacional que justificaría todo por sí misma, no solo es peligrosamente autoritaria y acomodaticia sino que se acerca más a la controvertida idea de Maquiavelo donde lo que importa es el interés del Príncipe, aunque eso implique tironear o incluso vulnerar un mínimo sentido de Justicia (Red NP)

Luis Marcó

Presupuesto 2021: ¿y la Innovación empresarial?

La crisis Covid-19 ha golpeado fuerte al empleo, especialmente en los servicios no esenciales. En Chile la tasa de participación laboral cayó un 13% en un año, con una pérdida de un millón ochocientos mil empleos. Estas desalentadoras cifras hacen que sea prioritario establecer políticas para recuperar y generar nuevos empleos, de calidad y de carácter permanente.

Esto no es trivial, ya que el futuro de los negocios y del trabajo está enfrentando cambios vertiginosos. Por una parte, el imperativo de ganar resiliencia empresarial, de la mano de la transformación digital; y por otra parte, la necesidad de incorporar la sostenibilidad en las estrategias de negocios, ya que se establece como requerimiento de las cadenas de valor globales en que compite Chile.

En este contexto, la innovación empresarial es fundamental para lograr una recuperación resiliente y sostenible, y determinará la capacidad de las empresas para crecer y generar empleo de calidad. En este desafío aparece un tipo particular de empresas: las “gacelas”, definidas por la OCDE como aquellas con más de 10 trabajadores, que crecen rápidamente y que pueden tener gran impacto en la generación de empleo. La buena noticia es el rol que han adquirido estas empresas en Chile. En efecto, la Comisión Nacional de Productividad realizó un estudio comparado (2017). En la OCDE representan las “gacelas” representan el 3% de la empresas, generan el 65% de los nuevos empleos y explican el 70% del aumento de productividad. Mientras que en Chile representan el 4% de las empresas, generan el 75% del empleo y explican el 85% del aumento de productividad. Una característica de las gacelas chilenas es que están en todos los sectores y tienen gran flexibilidad para adaptarse a cambios del mercado y la tecnología.

Impulsar la innovación empresarial, apoyando el crecimiento de las empresas gacelas debe ser una política priorizada en el contexto actual. Existen diversos estudios para nuestro país que señalan que los programas de desarrollo productivo tienen un impacto positivo en innovación empresarial, empleo, productividad, ventas y exportaciones empresariales. El principal programa de apoyo a la innovación, INNOVA-CORFO, tuvo en 2017 una muy positiva “evaluación comprensiva del gasto” por la Dirección de Presupuesto. Más del 60% del aporte del programa se orienta a empresas de rápido crecimiento y con elevado impacto en empleo.

No obstante, resulta incomprensible que aún con estos antecedentes, el gasto de INNOVA-CORFO caiga de $ 75 mil millones promedio (moneda de hoy), entre 2015 y 2017, a menos de $30 mil millones en el presupuesto 2021. Por otra parte, todos los centros tecnológicos desarrollados por CORFO en los últimos años se transfieren al Ministerio de Ciencias, con el riesgo de generar un sesgo científico en iniciativas orientadas a impactar la innovación empresarial.

Debilitar el ya limitado soporte al sistema de innovación empresarial, en momentos que las empresas enfrentan desafíos de adaptación sin precedentes, amenaza la posibilidad de generar los empleos de calidad que requerirá nuestro país a futuro. (DF)

Eduardo Bitrán

Zorros a cargo del gallinero-Juan Ignacio Brito

El fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Jaime Mañalich no solo supone una derrota para los sectores que la impulsaron, sino también una advertencia de lo que podría estar por venir en un nuevo diseño constitucional que considerara la instauración de un sistema parlamentario o uno semipresidencial.

Con algunas diferencias relevantes, en esos modelos son los partidos políticos los que controlan el Legislativo y este el que maneja el gobierno a través del primer ministro y su gabinete, que deben contar con la confianza de los diputados. Sin embargo, la historia reciente sirve como evidencia de que los parlamentarios han mostrado especial ineptitud y poca consideración por el bienestar general al ejercer sus atribuciones.

El abuso con las acusaciones constitucionales es un ejemplo, pero no el único.

La reforma de 2005 entregó a los parlamentarios facultades para el control del Ejecutivo. Simplificó los requisitos para conformar comisiones investigadoras y creó la figura de la interpelación. Hoy sería raro encontrar a alguien que dijera que esas atribuciones fueron bien utilizadas. Tal como ha sucedido con las acusaciones constitucionales, ellas dieron pábulo para abusos, shows mediáticos, guerrilla política, personalismos y escasos resultados concretos. Hay que añadir a este panorama el hecho de que la reforma electoral de 2015 fue pro partidos y que ha resultado de dudoso beneficio.

No resulta aventurado suponer que la manera en que los parlamentarios usan estas y otras atribuciones ha contribuido al desprestigio del Congreso y los partidos. Este no es casualidad: la inmadurez y falta de coherencia de nuestros partidos políticos ha quedado demostrada una y otra vez. Quizás la última manifestación de este fenómeno se da hoy la derecha, muchos de cuyos líderes están con el Apruebo, pese a que sus bases partidarias y militantes están con el Rechazo.

Lo ocurrido con las acusaciones constitucionales, las comisiones investigadoras, las interpelaciones y la reforma electoral, entre otras variables, debería hacer que quienes propugnan un cambio de régimen reconsideren su propuesta. Es una lástima que los chilenos hayamos elegido en las últimas cuatro elecciones a dos mandatarios que han contribuido a desfigurar la institución de la Presidencia de la República con actuaciones egoístas que la alejan de su rol de custodio del bienestar general de la nación. Sin embargo, pese a este traspié significativo, la tradición presidencialista chilena sigue siendo una garantía institucional que no debería ser desechada. Por el contrario, como sugiere la experiencia reciente, entregarles las llaves del sistema político a los partidos supondría un riesgo equivalente a poner al zorro al cuidado del gallinero. (La Tercera)

Juan Ignacio Brito

Retorno seguro a una mejor normalidad

Después meses de temor, angustia e incertidumbre generados por la más grave crisis sanitaria, económica y social, por fin recibimos una buena noticia. Aunque debemos ser prudentes, más aún con los resultados del Imacec, lo cierto es que después de un aumento sostenido de la tasa de desocupación durante todo el año, y contrario a las expectativas del mercado, en el último trimestre el desempleo disminuyó un 12,9%.

A ello se suman las últimas encuestas del Centro de Estudios Longitudinales UC sobre la situación del empleo en Chile, que nos permite no solo un respiro, sino también, nos regala esperanza. Por primera vez desde que se desatara la pandemia, el deterioro de la tasa de desocupación se detiene, y por segundo mes consecutivo se registra un alza en el empleo, porque en septiembre se crearon 124 mil puestos de trabajo, y se estima que a medida que vayamos saliendo del confinamiento, poco a poco las cifras irán mejorando.

Sin embargo, existe una gran preocupación en el mundo del trabajo, como lo es, si el retorno podrá ser seguro. Un objetivo clave, ya que no existe margen para equivocaciones, no se puede fallar. Aquí no sirve la prueba y el error, porque tendría un costo económico social inconmensurable. En este proceso solo cabe hacer bien las cosas, con responsabilidad, implementando estrictos protocolos y la priorización de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, para que la reactivación productiva y del empleo sea segura y saludable. El mundo cambió, la forma de trabajar cambió y esta nueva cultura del trabajo será permanente.

Existe conciencia que para mantener la continuidad de las operaciones se debe garantizar la máxima seguridad a las personas, velar por el bienestar de los colaboradores e incorporar todas las medidas sanitarias en los espacios de trabajo y en la cadena de valor. Se sabe que el testeo y el seguimiento podrían disminuir el impacto en el mercado laboral en al menos un 50%. Primordial entonces es construir en conjunto políticas de retorno claras y eficientes, porque a crisis ha develado la posibilidad de generar innovaciones duraderas en la institucionalidad laboral y de protección social, que deben ser aprovechadas para el futuro.

Claro porque si la crisis persiste, la situación laboral podría empeorar, amplificando las desigualdades sociales. Por ello, Pacto Global de Naciones Unidas ha llamado a los líderes empresariales del mundo a repensar su forma de producir y hacer negocios, sin desviarse de la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en tiempos de pandemia.

Tenemos ante nosotros un desafío histórico de gran magnitud, donde superar esta crisis mundial debe enfrentarse con decisión y esperanza, porque sin duda, las acciones consensuadas entre todos los actores, serán la respuesta para proteger a las personas y al empleo, con una mirada de retorno a los trabajos, no hacia una nueva normalidad, sino más bien, hacia una mejor normalidad. (La Tercera)

Margarita Ducci

DC,PS,PPD,PR llaman a conmemorar el 18-O: rechazan criminalizar protestas

Desde el pacto político Unidad Constituyente llamaron esta jornada a manifestarse para conmemorar el aniversario del estallido social que se cumple este domingo 18 de octubre, y recordaron que las demandas sociales que generaron tal movimiento ciudadano siguen vigentes.

A través de un comunicado, desde el conglomerado que incluye a la DC, el PS, el PPD, el PR, el PRO y Ciudadamos indicaron que la mejor forma de conmemorar el 18-O “es votar el 25 de octubre por una nueva Constitución y Convención Constitucional”, aunque reivindicaron «el derecho a la movilización ciudadana pacífica y rechazamos su criminalización”.

En este sentido, llamaron a los ciudadanos a expresarse “con cacerolazos, bocinazos, cicletadas, caravanas y actividades culturales. Siempre resguardando la distancia social que la pandemia exige”.

“Creemos de vital importancia conmemorar el 18 de octubre y recordar que las demandas sociales siguen vigentes frente a un Gobierno y a una coalición oficialista inepta y fría, que no ha sabido atender las necesidades más mínimas de la ciudadanía”, indican en el texto.

Sobre la criminalización de las manifestaciones, ahondaron señalando que los chilenos»fueron capaces de mostrar su mensaje con más de un millón y medio de personas en las calles, y no merecen la represión gubernamental ni tampoco la violencia (…) sea ejercida por organismos del Estado o por particulares con mero afán de destrucción».

DD.HH Y NUEVA CONSTITUCIÓN

Además, desde Unidad Constituyente reafirmaron su “condena a las graves violaciones a los derechos humanos que el país ha presenciado y que significaron informes en contra del gobierno de Sebastián Piñera y las Fuerzas de Orden y Fuerzas Armadas, que fueron emitidos por organismos” como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Agregaron que la manifestación ciudadana que comenzó el 18-0 la ven “como una forma urgente y clara de decir basta a los abusos, la inequidad e injusticia”.

Al respecto, indicaron que “luego del fin de la dictadura, a pesar de los esfuerzos por construir un país pujante y próspero, no se cambiaron -la mayor parte de las veces, por el desvergonzado veto de la derecha, amparada en la Constitución de Pinochet- profundas injusticias e inequidades del sistema, como las bajas pensiones, una salud digna y oportuna, el acceso a la vivienda, educación pública de calidad y gratuita en todos los niveles, el sobreendeudamiento para acceder a la satisfacción de necesidades básicas, entre tantos otros”.

Tras indicar que » la deuda a la demanda social está aún vigente», indicaron que “todos debemos tener voluntad plena, compromiso y valentía, para realizar con unidad los cambios que Chile necesita”.

Al respecto, indicaron tener “la convicción de que debemos ser capaces de construir el camino hacia una nueva Constitución, nacida en democracia y a través del diálogo. Una Carta Fundamental que refleje una sociedad de derechos y también de deberes, y que debemos construir entre todas y todos”. (La Tercera)

Azerbaiyán realiza inédito ataque con misiles en territorio de Armenia

Por quinto día consecutivo, y a pesar de los llamamientos sostenidos tanto de Moscú como de occidente, el alto el fuego negociado en Rusia, que supuestamente estaba en vigor desde el sábado, ha quedado en nada. Por primera vez, el ejército azerbaiyano incluso anunció que había bombardeado «sistemas de lanzamiento de misiles» desplegados en la noche en territorio armenio y que, según Bakú, servían para atacar a Azerbaiyán. La portavoz del ministerio de Defensa de Armenia, Shushan Stepanian, confirmó los ataques contra su territorio, pero negó cualquier intento de atacar zonas civiles en Azerbaiyán.

Nagorno Karabaj, un territorio mayoritariamente poblado por armenios, hizo secesión de Azerbaiyán poco antes de la caída de la Unión Soviética, provocando una guerra que causó 30.000 muertoNabil Abu Rudeineh, the official spokesman of President Mahmoud Abbass y centenares de miles de refugiados de ambos campos en los años 1990.

BAKÚ ACUSA A ARMENIA DE OCUPAR SU TERRITORIO

Sin embargo, las hostilidades en curso son las más graves desde 1994. Después de casi 30 años de estancamiento diplomático, el presidente azerbaiyano Ilham Alyev juró recuperar el control de este territorio, inclusive por la fuerza si fuese necesario.

Los beligerantes se acusan mutuamente de la responsabilidad de estas nuevas hostilidades que han causado más de 600 muertos, según informes parciales, ya que Azerbaiyán no comunica las muertes entre sus tropas.

Cerca de la línea del frente, la pequeña aldea de Bakharly, en territorio azerbaiyano, estaba sometida el miércoles a un diluvio de disparos permanente, según un corresponsal de la AFP. De las 800 familias que viven allí, en su mayoría refugiados que huyeron de Nagorno Karabaj después de la guerra del decenio de 1990, solo quedaron unos 100 hombres.

En cuanto a los separatistas, la capital Stepanakert estaba tranquila el miércoles. Hasta el alto el fuego firmado el sábado, esta ciudad de unos 55.000 habitantes estaba sometida a bombardeos permanentes y a la amenaza de los drones que hicieron huir a la mayoría de los habitantes. El presidente de Nagorno Karabaj, Araik Arutiunian, reconoció que sus tropas se habían visto obligadas a retroceder en algunos lugares.

Turquía, que ha defendido a Azerbaiyán desde el comienzo de los últimos enfrentamientos el 27 de septiembre, y Rusia, que está comprometida en una alianza militar con Armenia, son los árbitros del conflicto.

TURQUÍA, UN FACTOR DECISIVO EN LA GUERRA

Ankara consideró el martes que «es hora de encontrar un nuevo mecanismo» para resolver la cuestión de Nagorno Karabaj. Tales conversaciones darían cuenta de la impotencia del Grupo de Minsk, mediador histórico del conflicto, copresidido por Rusia, Francia y Estados Unidos.

El miércoles, el jefe de la diplomacia rusa Serguéi Lavrov anunció en una entrevista a los medios de comunicación nacionales que Moscú está dispuesto a desplegar «observadores militares» a lo largo de la línea del frente para ayudar a garantizar la tregua. (DW, afp, theguardian)

Líderes de partido neonazi Amanecer Dorado condenados a 13 años de cárcel

El líder del partido neonazi griego Amanecer Dorado, Nikos Michaloliakos, fue condenado este miércoles (14.10.2020) a 13 años de cárcel por un tribunal de Atenas que lo declaró culpable de haber dirigido una «organización criminal».

También fueron condenados a la misma pena el eurodiputado Ioannis Lagos, otro líder del partido, que perderá su inmunidad parlamentaria a petición de Grecia una vez que se emita su orden de arresto.

Asimismo, el exportavoz de la formación, Ilias Kassidiaris; el diputado Christos Pappas, mano derecha de Michaloliakos; y otros dos dirigentes, los exdiputados Ilias Panagiotaros y Georgios Germenis recibieron la misma sentencia.

Únicamente Artemis Matthaiopulos, exyerno de Michaloliakos, fue condenado a una pena menor a la solicitada por la fiscal y deberá pasar 10 años en prisión.

CADENA PERPETUA POR ASESINATO DE RAPERO ANTIFASCISTA

Como se preveía, el tribunal también condenó a cadena perpetua a Yorgos Rupakias, un miembro de Amanecer Dorado, por el asesinato del rapero antifascista Pavlos Fyssas en 2013.

Este crimen conmovió a Grecia y obligó a las autoridades a lanzar un procedimiento legal contra este partido neonazi, responsable de asesinatos y violencia contra migrantes y activistas de izquierda desde los años 90, pero que había gozado hasta ahora de una impunidad casi total.

VEREDICTO «HISTÓRICO» CONTRA UNA «ORGANIZACIÓN CRIMINAL»

Tras cinco años y medio de audiencias, el tribunal penal de Atenas calificó la semana pasada a la formación de «organización criminal», un veredicto «histórico», según el presidente del país y la mayoría de la clase política.

Cincuenta de los 68 encausados fueron declarados culpables de «dirigir o pertenecer» a la agrupación, asesinato, agresiones o posesión ilegal de armas.

El largo proceso judicial provocó el declive progresivo de Amanecer Dorado, tercera fuerza política en 2015, que no obtuvo ningún diputado en las últimas elecciones legislativas de julio de 2019. (DW, afp/ap)

AFP: 4,2 mills. de afiliados quedarán con saldo cero con segundo retiro

Esta tarde, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, realizó un webinar en el que se refirió al retiro del 10%, la rentabilidad de los fondos de pensiones en el actual contexto de pandemia y el debate de la reforma previsional.

«Mejorar las pensiones es urgente y para ello se necesita un debate informado. Como país ya llevamos más de 10 años, y 3 distintos gobiernos, con distintos intentos por hacer cambios que permitan asegurar mejores pensiones. Esta ha sido una de las demandas más sentidas por la ciudadanía y, lamentablemente, aún no se logra», sostuvo Larraín.

A su juicio, para poder despejar el debate y generar un acuerdo amplio y transversal, se deben abordar cambios como el aumento en la tasa de cotización y su destino, la densidad de cotización, la edad de retiro y las transformaciones que ha experimentado el mercado laboral y sus consecuencias en la seguridad social.

El ejecutivo además defendió el trabajo de las gestoras previsionales. «Me gustaría decir con convicción de que las administradoras de fondos de pensiones no somos las mismas de antes y eso lo hemos ido demostrando con diferentes acciones: realizamos nuestra primera cuenta pública y hemos implementado instancias de comunicación permanentes con afiliados y afiliadas», manifestó.

«Estamos comprometidos con hacer inversiones responsables que permitan el crecimiento de los ahorros y, en esa misma línea, estamos movilizados en la búsqueda de soluciones, para que en el corto plazo mejoren las pensiones a partir del diálogo y de los consensos amplios», afirmó.

4,2 MILLONES DE AFILIADOS QUEDARÍAN CON SALDO CERO 

Respecto a un eventual segundo retiro de fondos, Larraín estimó que serán en total 4,2 millones de personas las que sacarán todo el ahorro que tienen en sus cuentas, «quedando en una situación de extrema vulnerabilidad», lamentó.

El timonel del gremio advitió que un segundo retiro disminuirá aún más las pensiones, afectando especialmente a las mujeres y a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que tienen ingresos menores a $ 1 millón. «Un segundo retiro profundizará las desigualdades que hoy existen en nuestro país», criticó.

En cuanto a las tramitaciones que el Poder Judicial está gestionando en lo referido a las retenciones a causa de deudas por pensiones de alimentos, Larraín indicó que a quienes se encuentren a la espera de esta resolución «les volvemos a informar que estos casos tomarán el tiempo establecido por los Tribunales que, de acuerdo a lo que ellos mismos han advertido, será más lento que lo habitual dada la alta demanda».

«Lamentablemente, este es un proceso paralelo que las administradoras no pueden apurar. Hoy son 231 mil solicitudes en proceso y nos hemos comprometido a pagarlas apenas cuenten con la autorización judicial», informó.

RENTABILIDAD DE LOS FONDOS

Por otra parte, el vocero de las gestoras aseguró que los equipos de inversiones de cada administradora «están buscando y eligiendo los mejores instrumentos y alternativas para que sus ahorros crezcan de manera segura en el largo plazo y bajo lo estipulado por la ley».

En esa línea, realizó una simulación con un afiliado que comenzó este año con un saldo inicial de $ 10 millones.  De acuerdo a Larraín, si esta persona estaba en el fondo A, terminó marzo con un saldo de $ 8.382.299 y al 12 de octubre ya alcanza los $ 10.132.075.

Por otro lado, un cotizante que también empezó el 2020 con un saldo de $ 10 millones, pero se ha mantenido en el fondo E, terminó marzo con un saldo de $9.615.470 y en octubre ya tiene $10.521.498.

«Los resultados de los fondos son ejercicios de muy largo plazo, es importante que los cotizantes así lo vean y tomen decisiones de manera informada. Nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro», concluyó. (DF)

Tributaristas califican de “ingenuo” impuesto a los súper ricos

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continuó con la ronda de audiencias respecto al proyecto de reforma constitucional que establece un impuesto al patrimonio, escuchando a expertos tributaristas quienes en su gran mayoría advirtieron lo complejo que será aplicar el nuevo impuesto y calificaron hasta de ingenuo el proyecto.

El socio de Baraona Fischer & Cía., Juan Manuel Baraona, sostuvo que la iniciativa en trámite afecta los principios constitucionales de legalidad, no confiscación y no establecer tributos injustos. Señaló que «se debe tener cuidado con tomar la práctica general de legislar por la vía de una reforma constitucional».

Indicó que es «insuficiente» establecer un impuesto al patrimonio como definición del hecho gravado» y agregó que «advierto cierta ingenuidad del proyecto. Hablan de base imponible del patrimonio bruto y eso no existe, el patrimonio es neto. Vamos a tener que necesitar una ley adicional para que el proyecto sea operativo o aplicable y eso necesariamente requiere de un patrocinio del Presidente, quien es el que tiene iniciativa exclusiva en materia de tributos».

Agregó que otra dificultad es que el proyecto establece el destino de los recursos para una renta básica de emergencia «que hoy no existe. Lo que va a pasar es que los recursos (de aprobarse) van a ir a fondos generales y no se va a cumplir el objetivo de la ley».

Por su lado, la socia principal de EY, Macarena Navarrete, señaló que normativas similares en otros países generaron fuga de capitales y cambios de residencia. Agregó que hoy países como Portugal y Uruguay «compiten» por atraer a las grandes fortunas con normas especiales y «nosotros estamos pensando en impuestos».

Agregó que el texto establece una doble tributación, ya que dichas rentas ya tributaron, «lo que podría llegar a ser confiscatorio, injusto y discriminatorio», y llamó a buscar mecanismos alternativos para mejorar la recaudación.

El socio de Bruzzone & González, Francisco Saffie, indicó que de avanzar el proyecto «va a ir vaciando las normas tributarias constitucionales, acá se afectan y derogan derechos constitucionales, y si alteramos los derechos de los contribuyentes podríamos tener muchos casos de judicialización».

El socio de Villarroel, Lecaros y Aste, Cristián Aste, indicó a su turno que el proyecto «es un fraude a la normativa constitucional, genera una serie de efectos indeseados, es contraproducente y tiene requisitos como el pago en 30 días, que es muy difícil de poder cumplir».

Cabe señalar que la Cámara de Diputados analiza la reforma constitucional presentada por parlamentarios de oposición, que establece un impuesto por única vez de 2,5% a los patrimonios de personas naturales igual o superior a US $22 millones para financiar una renta básica de emergencia. (DF)

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