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UDI oficia a Contraloría por 3.600 funcionarios de Gbno. que aún teletrabajan

El subjefe de la Bancada UDI, Felipe Donoso, y el diputado Jorge Alessandri anunciaron que han oficiado a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría a la administración del Estado. El requerimiento se basa en la revelación de que más de 3.600 funcionarios del Gobierno Central mantienen la modalidad de teletrabajo.

De acuerdo con datos obtenidos vía Ley de Transparencia, un total de 3.622 funcionarios del Gobierno, incluyendo Presidencia, subsecretarías y servicios en regiones, siguen bajo esta modalidad. Los parlamentarios destacaron su preocupación al constatar que, si bien la Ley 21.724 permite el teletrabajo para hasta un 20% de la dotación de cada repartición, seis entidades superan dicho porcentaje con autorización de la Dirección de Presupuestos. Un caso relevante es la Subsecretaría de Hacienda, que mantiene a 105 funcionarios teletrabajando, lo que representa el 41,3% de su dotación.

PREOCUPACIÓN POR PRODUCTIVIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA

Si bien los diputados reconocieron la legalidad del teletrabajo bajo ciertas condiciones, manifestaron su inquietud respecto del nivel de productividad y el control por parte de las jefaturas. Aseguraron que la ley se concibió como una solución ante la emergencia sanitaria, la cual quedó atrás hace más de tres años. Por ello, insisten en que el sector público debe seguir el ejemplo del mundo privado y retomar la presencialidad.

La acción ante la Contraloría busca «verificar si estas autorizaciones… siguen estando debidamente fundadas» y si la modalidad no está «afectando la productividad» y el cumplimiento de las reparticiones. La UDI también expresó preocupación por la calidad y oportunidad de la atención a la ciudadanía, señalando que la Subsecretaría de Servicios Sociales tiene a 65 empleados (21% de su dotación) en teletrabajo, lo que podría impactar en la respuesta del Estado a los chilenos. (NP-Gemini-Bio Bio)

Suprema confirma sobreseimiento de Gral. Onetto en Fraude en el Ejército

La Corte Suprema confirmó este jueves el sobreseimiento del general Pablo Onetto Jara en la arista de «empresas de turismo» del caso Fraude en el Ejército, que investiga la jueza Romy Rutherford. El máximo tribunal desestimó un recurso de casación interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ratificó el sobreseimiento dictado previamente por la Corte Marcial.

El sobreseimiento se fundamentó en la prescripción de la acción penal. La defensa del alto oficial argumentó que la acción penal fue dirigida contra Onetto una vez que habían transcurrido más de cinco años entre la comisión del supuesto ilícito y su individualización formal como imputado.

FALLO UNÁNIME POR PRESCRIPCIÓN

La Segunda Sala de la Corte Suprema, en fallo unánime, descartó que la sentencia de la Corte Marcial contuviera alguna infracción. La resolución del máximo tribunal sostiene que:

«No pudo legalmente producirse la suspensión ni la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal de la manera que se ha pretendido en el recurso, por lo que la decisión de declarar la extinción de la responsabilidad penal del acusado ha sido ajustada a derecho.»

Onetto fue encausado en febrero de 2021, imputándosele una defraudación al Fisco por $18 millones debido al uso indebido del sistema de devolución de pasajes. Era el único oficial activo de alto rango procesado en la investigación liderada por la ministra Rutherford. (NP-Gemini-La Tercera)

17 mil celulares han sido requisados en cárceles entre enero y julio del 2025

En año récord de población penal, Gendarmería está incautando un teléfono celular por cada 3,6 presos en Chile.

Equipo multimedia Emol-Infografía: Crisitián Fiol, El Mercurio | Diseño y adaptación web: Johanna Mellado, Emol | Fuente: GendarmeríaRecursos: Freepik.

Expropiación en San Antonio: expertos plantean inconstitucionalidad

El anuncio del Gobierno de expropiar casi la mitad de los terrenos de la megatoma de San Antonio para desarrollar un proyecto habitacional, tras el fracaso de la negociación con los propietarios por el precio, ha generado un intenso debate jurídico. La medida ocurre el mismo día que debía cumplirse la orden de desalojo emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo que abre interrogantes sobre el cumplimiento de los fallos judiciales y el respeto a la normativa de expropiación.

FUNDAMENTOS Y NORMATIVA DE LA EXPROPIACIÓN

El senador Iván Flores (DC) defendió la medida, argumentando que la expropiación está «muy normada» y es un mecanismo que busca el «precio justo». El proceso, según los expertos, se basa en los siguientes principios:

Causa de Utilidad Pública o Interés Nacional: Debe ser autorizada por una ley y calificada por el legislador. El abogado constitucionalista Tomás Jordan (UAH) prevé que el Gobierno usará la causal de «utilidad pública» para viviendas habitacionales, la más común en estos casos.

Entidades Facultadas: Solo tres servicios públicos pueden ejecutar esta acción: el Ministerio de Vivienda (Minvu), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) o una Municipalidad.

Requisitos Previos: Debe existir un proyecto de interés público y debe ser la única solución alternativa posible, siendo el terreno el que se requiere.

Justo Precio e Indemnización: Se nombra una comisión de expertos tasadores (registrados en el MOP) para fijar el precio justo. El abogado Juan Pablo Díaz (U. Autónoma) y el investigador Álvaro Vergara (Faro UDD) detallan que la indemnización debe ser fijada de común acuerdo o judicialmente, y pagada en dinero efectivo al contado antes de la toma de posesión material del bien.

El proceso previsible implica un decreto del MOP que ordena la expropiación por utilidad pública y fija la indemnización. Si el dueño no está de acuerdo con el precio o el terreno a expropiar, puede reclamar judicialmente.

LA DEBILITACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

La principal «complejidad» de expropiar un terreno ya tomado radica en la existencia de una orden de desalojo vigente.

El abogado Juan Pablo Díaz sostiene que la decisión del Ejecutivo, al no llevar a cabo el cumplimiento de una orden judicial firme, «afecta o debilita lo que se conoce como tutela judicial efectiva». . Este es un pilar fundamental del Estado de Derecho, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, que obliga a la autoridad requerida a cumplir el mandato judicial sin más trámite.

El investigador Álvaro Vergara coincide, señalando que al expropiar un terreno tomado, el Gobierno estaría incumpliendo un fundamento esencial y marcando un «peligroso precedente». Esto podría interpretarse como una validación de «tomarse bienes para presionar a las autoridades a satisfacer derechos a la vivienda».

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, evitó dar detalles del «plan de desalojo», asegurando que este «dialoga perfectamente» con el plan de proyecto habitacional y que sería presentado a la Corte ese mismo jueves. (NP-Gemini-Emol)

Cae “mafia china” en Meiggs: 30 detenidos incluido un carabinero

La PDI y la Fiscalía Centro Norte dieron a conocer la desarticulación de una extensa y peligrosa estructura criminal de origen chino que operaba en el barrio Meiggs de Santiago. La operación, denominada «Muralla Oriental», concluyó con un amplio operativo que dejó un total de 30 detenidos, entre ellos 27 ciudadanos chinos, dos chilenos y un boliviano.

Según el director de la PDI, Eduardo Cerna, la banda era liderada por tres ciudadanos chinos que utilizaban nombres en español y ejercían control territorial en el barrio Meiggs. Los detenidos están involucrados en una amplia gama de delitos interconectados, que incluyen tráfico de drogas, homicidios, secuestros, comercio sexual, cohecho, contrabando, defraudaciones, delitos tributarios y falsificaciones.

ESTRUCTURA CRIMINAL Y HALLAZGOS DEL OPERATIVO

El fiscal Centro Norte, Alfredo Cerri, reveló que la investigación se extendió por años y logró vincular hechos que inicialmente parecían aislados, permitiendo establecer los roles y la estructura jerárquica de la organización. La policía civil allanó 63 propiedades, incluyendo domicilios y comercios como la «Shakira Tower» y las denominadas «casas de karaoke» (locales con fachada de restaurantes o hoteles usados para comercio sexual y consumo de drogas).

El operativo permitió recuperar $600 millones en efectivo, incautar pistolas y armas largas, además de congelar bienes y patrimonio total que ascendería a $100 mil millones. Dieciocho de los 30 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Para el movimiento de capitales, la banda utilizaba un sistema financiero informal conocido como Hawala.

CARABINERO INVOLUCRADO Y DADO DE BAJA

Entre los detenidos se encuentra un carabinero de la Escuela de Suboficiales, acusado de colaborar activamente con la mafia. El funcionario fue inmediatamente dado de baja por la institución uniformada.

El fiscal Cerri explicó que el ahora expolicía entregaba «información de procedimientos» y alertaba a la banda sobre las diligencias que se ejecutarían en los locales comerciales, recibiendo una remuneración por la revelación de secreto y por infringir los deberes de su cargo. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró la transparencia con que las instituciones abordaron el caso, señalando que las organizaciones criminales a menudo comprometen a funcionarios públicos para expandirse. (NP-Gemini-Bio Bio)

Expropiación en San Antonio gasta 50% de glosa 2026 para regularizar tomas

El Gobierno concretará un desembolso cercano a los $11 mil millones de pesos para expropiar 100 hectáreas de los terrenos ocupados por la megatoma de San Antonio. Esta medida, anunciada justo antes de que se cumpliera el plazo judicial para el desalojo, tiene como fin último poner en marcha un proyecto habitacional para las más de 10.000 personas que se asentaron en el lugar desde 2019.

Sin embargo, la cifra generó preocupación en expertos. El académico de la U. de Oxford, Ignacio Aravena, señaló que los $11 mil millones consumirían la mitad de la glosa nacional 2026 del Programa de Asentamientos Precarios. Aravena advirtió que el costo podría aumentar, ya que existen antecedentes para sugerir que la tasación base de 0,25 UF por metro cuadrado está subestimada.

HACIENDA DEFIENDE LA SOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó las críticas y si bien no confirmó si la cifra equivale a la mitad del presupuesto para asentamientos precarios, aseguró que el anuncio de la expropiación cuenta con el «respaldo en términos presupuestarios» necesario.

Grau defendió la decisión del Ejecutivo, explicando que la postura del Gobierno siempre fue buscar un acuerdo entre privados. Al no concretarse dicho entendimiento, se optó por utilizar el instrumento de la expropiación, permitido por la institucionalidad, para lograr dos objetivos: garantizar un «precio justo» a los dueños del terreno y, simultáneamente, «hacerse cargo del problema habitacional» masivo. El ministro concluyó que la política fiscal ha generado las condiciones para que el anuncio esté «debidamente financiado». (NP-Gemini-Emol)

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Panel Ciudadano UDD: 53% dice que debate Archi «reforzó su preferencia»

La candidata oficialista Jeannette Jara (PC) se habría impuesto sobre su contendor, José Antonio Kast (Republicano), en el debate presidencial de la Asociación de Radio Difusores de Chile (Archi), según los resultados de la última edición del Panel Ciudadano UDD. La ventaja de Jara fue mínima, de solo un punto porcentual, en este segundo enfrentamiento cara a cara que se produce a once días de la segunda vuelta electoral.

El sondeo de la Universidad del Desarrollo (UDD) consultó a 1.212 personas inmediatamente después del debate, entre las 16:00 y las 19:00 horas del miércoles, acerca de quién consideraban ganador. Un 41% de los encuestados señaló a Jeannette Jara, mientras que un 40% indicó a José Antonio Kast. El 19% restante optó por «no sabe o no responde».

INFLUENCIA DEL DEBATE EN LA PREFERENCIA ELECTORAL

El estudio también midió la influencia del debate Archi en las preferencias del electorado. Un 53% de los consultados afirmó que la instancia sirvió para reforzar su preferencia presidencial, lo que sugiere que el debate no generó grandes movimientos en las posturas ya definidas.

Por otro lado, un 41% de los encuestados consideró que el debate no influyó en su decisión, y solo un 6% declaró que el encuentro televisado cambió su inclinación presidencial. (NP-Gemini-Emol)

Honduras: Asfura, apoyado por Trump, retoma punta en presidenciales

El empresario de derecha Nasry Asfura retomó este jueves la ventaja en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras, aunque permanece en un empate técnico con el presentador de televisión Salvador Nasralla. Asfura, de 67 años y candidato por el Partido Nacional (PN), lidera el conteo con el 40,05% de los votos frente al 39,74% de Nasralla, del Partido Liberal (PL), luego de que se contabilizara el 84,52% de las mesas.

El proceso de escrutinio ha estado marcado por la controversia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) interrumpió la difusión de datos el lunes y nuevamente el miércoles por mantenimiento. La primera pausa provocó que el expresidente estadounidense Donald Trump amenazara con «consecuencias graves» para Honduras si intentaban «cambiar los resultados». Esta situación mantiene en vilo a la nación centroamericana, que lidia con la violencia, el narcotráfico y la corrupción.

INTERVENCIÓN DE TRUMP EN LA RECTA FINAL

Donald Trump irrumpió en la recta final de la contienda al llamar a los hondureños a votar por Asfura, a quien catalogó como un «amigo de la libertad». La semana pasada, el expresidente estadounidense también indultó al exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del PN y condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico, quien fue liberado el lunes.

Trump ha tildado a Salvador Nasralla de «casi comunista» debido a que ocupó un alto cargo en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro. No obstante, el comunicador, que abandonó el gobierno de izquierda el año pasado, se ha declarado públicamente admirador de los presidentes de derecha de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele. (NP-Gemini-Emol-AFP)

Arica: Fiscalía de frontera cerca de cierre por recorte de presupuesto

El Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera, alertó sobre la inminente «insostenibilidad» de la Unidad Especializada en Delitos Fronterizos, ubicada en el complejo Chacalluta, debido al recorte de fondos del Ministerio Público provenientes de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta unidad es crucial para investigar ilícitos transnacionales, brindar atención especializada a víctimas y, en particular, a niños, niñas y adolescentes en la frontera con Perú.

Carrera señaló en entrevista con Radio Universo que, aunque la Fiscalía Regional no dejará de operar, la Unidad de Frontera «ya sería insostenible». El recorte presupuestario podría significar «derechamente el cierre» de la unidad o, en el mejor de los casos, la eliminación de los turnos de noche, volviendo a un «horario de oficina», lo que es considerado un absurdo, ya que «la mayor cantidad de procedimientos» ocurre precisamente fuera de ese horario.

DESPIDOS Y EL INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO

El Fiscal Regional detalló que el impacto del recorte se sentirá con despidos de personal en las cuatro fiscalías más afectadas del país: Arica (5 despidos), Tarapacá (7), Antofagasta (7) y La Araucanía (13).

Carrera denunció además que el Gobierno «está incumpliendo» un acuerdo previo. Explicó que la unidad fronteriza se implementó gracias a un compromiso con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (hoy a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública), para facilitar cinco funcionarios para la unidad. A su juicio, el compromiso era independiente del origen de los recursos, por lo que la interrupción del financiamiento BID no debería afectar la provisión de dicho personal.

Finalmente, el persecutor se refirió a la relación del Ministerio Público con los candidatos presidenciales. Afirmó que, por decisión del Consejo y del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se ha optado por la «mucha prudencia» para «no dar señales equívocas», absteniéndose de sostener cualquier tipo de reunión con quienes hoy son candidatos. (NP-Gemini-Emol)

Apoyo de Jara a eliminación de multas de Tag genera presiones al Gobierno

La discusión sobre el proyecto que busca eliminar las multas por transitar sin TAG se intensificó luego de que la candidata oficialista, Jeannette Jara, respaldara la iniciativa durante un reciente debate, lo que provocó una inmediata reacción y críticas por parte de la oposición. El diputado Jaime Mulet, autor de la propuesta, aprovechó el espaldarazo para presionar al Gobierno, solicitando urgencia en la tramitación del proyecto de ley.

El apoyo de Jara, quien incluso reveló haber sido deudora del TAG, fue calificado por el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, como una propuesta «popular pero inviable». Coloma advirtió que cualquier cambio contractual unilateral en este ámbito podría exponer al Estado a costosos litigios internacionales debido a los contratos de concesión vigentes con las autopistas.

DEFENSA OFICIALISTA Y EL PROBLEMA DEL ABUSO

Desde el comando oficialista, la diputada Gael Yeomans defendió a Jara, argumentando que las multas e intereses del TAG han alcanzado niveles desproporcionados, volviendo las deudas impagables para miles de usuarios. En la misma línea, el economista Nicolás Bohme, del equipo de la candidata, afirmó que el problema se ha transformado en un abuso que justifica la necesidad de reducir y recalibrar las sanciones.

El promotor del proyecto, Jaime Mulet, valoró que el tema se instalara con fuerza en la agenda presidencial y aseguró que existe una disposición transversal en el Congreso para avanzar. Mulet anunció que solicitará al Ejecutivo darle urgencia a la iniciativa, buscando una señal clara para destrabar la discusión que afecta a numerosos conductores.

CAUTELA DEL EJECUTIVO ANTE REPAROS CONSTITUCIONALES

Pese a la presión política generada por el debate y el apoyo de la candidata oficialista, el Gobierno mantiene una posición de cautela. El Ejecutivo ha optado por dilatar la tramitación de la ley y continúa evaluando los reparos de constitucionalidad que el proyecto podría acarrear. Esta postura ya había sido adelantada en una minuta interna del Gobierno meses atrás, donde se señalaba que un «perdonazo» de este tipo podría ser inconstitucional. (NP-Gemini-Bio Bio)

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