Una parte de nuestra intelligentsia, hombres de letras se les llamaba antes, manifiesta desde antiguo una visión crítico-pesimista del país y sus capacidades. Así, la generación del Centenario —Mac-Iver, Palacios, Venegas, Encina y Pinochet, entre otros— fustigó a la sociedad e insistió en sus limitaciones. Su idea central era que Chile estaba en crisis. Según señaló uno de ellos: “se nota en el malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de los que lo habitan”. Generación de la denuncia, agregaría yo.

Con ocasión del segundo Centenario, y hasta hoy, ese debate continúa vivo, aunque con nuevos conceptos y metáforas. Subsiste en partes de la intelligentsia la idea del país en crisis, que exhibe fallas estructurales, posee una débil institucionalidad y en cualquier momento puede desplomarse o verse desbordado.

En cambio, la trayectoria de modernización de los últimos treinta años —que algunos sostienen no vale ni treinta pesos— es percibida, de nuevo, como fuente inagotable de malestares. Cualquier progreso estaría contaminado, distorsionado y se volvería en su contrario por obra de un perverso modelo (“neoliberal”) de desarrollo.

La democracia, por su lado, sería un régimen de falsa representación y carecería de legitimidad. En efecto, frente a su imagen utópica, donde el poder se pulveriza horizontalmente y manda un pueblo reconciliado consigo mismo, la democracia realmente existente resulta una parodia.

Tal visión desconoce la realidad. ¿Qué muestra el reporte publicado por The Economist en días pasados? Que Chile, junto con Uruguay, son las únicas “democracias plenas” de América Latina, entre 23 naciones así calificadas a nivel mundial. Considera procesos electorales y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno y cultura política. Estas dimensiones son evaluadas mediante unos 60 indicadores basados en el juicio de expertos y en encuestas de opinión. Los otros 144 países son calificados como de “democracia defectuosa”, “régimen híbrido” y “autoritarismo”.

Datos del Latinobarómetro (2021) agregan una visión dinámica: en Chile el apoyo a la democracia aumentó desde un 54% en 2016 a un 61% en 2020. Sin embargo, un 76% se siente insatisfecho con ella, 54% cree que tiene “grandes problemas” y la confianza en las instituciones públicas es ínfima: partidos políticos (7%), Parlamento (13%) Poder Judicial y Presidente de la República (ambas 16%) y gobierno (18%).

Sin duda, hay enormes retos por delante. Para abordarlos, de nada sirven las aspiraciones utópicas que desprecian, minusvalorando, las capacidades que el país posee. Aquella intelligentsia que se limita a flagelar a la sociedad solo confunde las cosas. En vez de la crítica que analiza, distingue valora y supera, prefiere la polémica, la controversia y la lucha de palabras. (El Mercurio)

José Joaquín Brunner

El 18-0 hizo trizas la complacencia predominante en el sistema político y, tras pocos días, la idea de la imposibilidad de sustituir la Constitución del 80. El acuerdo del 15-N canalizó la demanda ciudadana hacia el proceso constituyente. La conmoción duró poco en la derecha, que rápidamente volvió a atrincherarse en sus convicciones. Pese a la fortaleza fiscal del país, el gobierno retrasó largamente la aprobación de paquetes de ayuda a los afectados por la pandemia. Solo tras grandes presiones, se acordó un IFE de solo 100 mil pesos, ejecutado con una demora insensible a la emergencia, por los filtros propios de su focalización. No pasó mucho tiempo antes de que la ciudanía hablara de nuevo, e impusiera los dos retiros de fondos previsionales. Pese a esta clara manifestación de voluntad, la moderada reforma previsional propuesta por la oposición se estancó, por el pertinaz rechazo de la derecha a aceptar que los 6 puntos del aporte patronal fueran a un fondo colectivo.

La ciudadanía ya aprobó elaborar una nueva Constitución mediante una Convención Constitucional sin parlamentarios, evidenciando la radicalidad de la demanda transformadora en el país. Sin embargo, las propuestas programáticas llevan el sello de lo que Noam Titelman denomina el extremismo del centro. La retórica del amplio espectro político partidario, hasta ahora, es “mortalmente semejante”. Todo ello pese a que diversos investigadores insisten en llamar la atención sobre el “regreso del baile de los que sobran”, la imposibilidad de los egresados de la educación superior de alcanzar la situación de las clases medias y la “disconformidad subjetiva, un no poder hallarse a sí mismos en las reglas del juego que les hicieron jugar”, “nos invitaron a ser individuos y seguimos siendo masa”. (Manuel Canales). Kathya Araujo, por su parte, constata la transformación del malestar en rabia, la demanda de un nuevo trato, la exigencia de autonomía, la irritación frente a que el 1% capta el 30% del ingreso.

Así, una modificación menor del modelo de crecimiento no permitirá absorber a los nuevos profesionales. Pequeños ajustes no terminarán con la mediocridad del sistema universitario y la distribución estamental de las posiciones laborales. Un sistema previsional con las AFP y el lucro como columna vertebral no terminará con las malas pensiones. Vacilar, en vez de afirmar la necesidad de superar el neoliberalismo, será insuficiente para interpelar a una población desafectada del sistema político, que se ilusionó con el apruebo, pero que observa una retórica vacía. Una nueva Constitución que reafirme la insensibilidad e incapacidad del sistema político para dar respuesta a la ciudadanía, junto a un sistema partidario divorciado de la sociedad civil, potenciarán el descontento a un nivel insospechado e insostenible. (La Tercera)

Eugenio Rivera

Después de un año en pandemia, 2 millones de personas han fallecido por su causa y más de 100 millones han sido empujadas a la extrema pobreza. Y algunos de sus efectos económicos podrían extenderse más allá de las vacunas, por ejemplo, mediante una reducción promedio del 25% en el sueldo acumulado para la generación que hoy inicia su vida laboral, y una mayor prevalencia de enfermedades mentales, con incrementos de las tasas de suicidio y alcoholismo.

Pero estas consecuencias no golpean con la misma intensidad a todos. Países tan distintos como China, Corea del Sur, Dinamarca, Finlandia, Japón y Noruega han logrado manejar la crisis con mayor éxito, mitigando sus efectos sanitarios y económicos.

Una explicación posible es que estos países comparten niveles de confianza interpersonales e institucionales mayores que el resto. De hecho, en todos ellos la mitad o más consideran que la mayoría es confiable. En cambio, en Brasil solo 6,2% lo piensa; y en Chile, España y Francia, un 17%, 28% y 22% lo hace, respectivamente.

La confianza importa porque permite que un gobierno implemente políticas con menos recursos, debido a que los ciudadanos aceptan más sus consejos y respetan más las normas vigentes. Esto ayuda a ensayar distintas medidas, ajustándolas oportunamente cuando no generan los resultados esperados. Si la desconfianza predomina, sin embargo, los ciudadanos cuestionan en exceso y se rebelan ante las decisiones adoptadas por la autoridad central. Japón es un buen ejemplo de lo primero, logrando aplicar menos testeos y confinamientos masivos, pero con recomendaciones paliativas respetadas por los ciudadanos, como el uso de mascarillas, distanciamiento social y reuniones muy pequeñas. Brasil y España ilustran lo segundo.

Así, en lo inmediato, mientras se implementa el proceso masivo de inoculación en Chile, se debería fortalecer la confianza. Para ello, la autoridad debe actuar con cautela, ciñéndose estrictamente a la evidencia científica y promoviendo solo aquellas medidas que puedan ser aplicadas con certeza. En cambio, políticas extremas, como los confinamientos indiscriminados, que enferman en exceso a la economía y sacrifican irremediablemente la educación de los niños, además de forzar distanciamiento social que dificulta la reconexión con los demás —clave para superar el trauma—, tienden a debilitar la cohesión social.

Para lo que venga después, también la estrategia debería contemplar un trabajo incluso más ambicioso para fortalecer la confianza. Esta exige reconstruir la economía, partiendo por los grupos más afectados, como las mujeres —cuya participación laboral retrocedió al nivel de hace una década— y las pymes. Y asumir un proyecto que incluya reeditar la política de los acuerdos, que cimentó las décadas con mayor progreso social en nuestra historia; empezar, más allá del discurso, una profunda transformación del Estado tanto para mejorar la calidad de sus servicios como para reducir su captura regulatoria, la corrupción y la falta de meritocracia en el proceso de contrataciones y ascensos; impulsar una mayor competencia en todos los sectores; perfeccionar el mercado laboral, mediante el fomento de la capacitación y la flexibilidad, para complementar el trabajo y las nuevas tecnologías, y potenciar el seguro de cesantía y eliminar las indemnizaciones por años de servicio, reduciendo la jornada laboral, pero redefiniéndola mensualmente en vez de por semana, además de contar con salarios por hora; y un esfuerzo coordinado entre el sector público y los privados, al menos para la provisión de salud y educación de calidad, emulando a Europa.

Hasta aquí, hemos contrastado al Estado y al mercado; hemos permitido un debate en el que es habitual buscar la captura de las reformas para nuestro propio beneficio, transformando el objetivo público en privado; hemos optado por no profesionalizar nuestras instituciones, evitando mejorar la calidad de vida en sociedad. Y ahora, la pandemia nos recuerda, con la crudeza de una crisis humanitaria, que el desarrollo solo se alcanza si nos orientamos en pos de un objetivo común. Pero ello, sin confianza, no será posible.

Felipe Balmaceda
Economía – Universidad Diego Portales

Raphael Bergoeing
Ingeniería – Universidad De Chile

Apuesto por los pueblos originarios. Harán un gran aporte al país y al proceso constituyente en particular. Miro de reojo a quienes digan lo contrario. Los anoto en una libretita. Hasta ahora me ha llamado la atención que el país no haya caído suficientemente en la cuenta de la importancia del reconocimiento que se ha hecho de los pueblos quechua, aimara, rapa nui, atacameño, chango, yagán, colla, kaweskar, diaguita y mapuche, incorporándolos al proceso constituyente.

A muchos esta parecerá una concesión obligada a tiempos de pluralismo o un modo de conjurar la rebelión en La Araucanía. Pero quienes piensen que estas han de ser las razones para hacer un espacio a estos pueblos, estarán en un error. Por cierto, es obvio que no comenzarán a existir desde ahora, pero el reconocimiento de su realidad y dignidad hará posible el despliegue de una riqueza negada.

Nuestros pueblos originarios no pueden ahora ser objeto de un beneficio. Son sujetos. Tratarlos como si fueran meros destinatarios del favor del Estado, constituye otro acto más de atropello de su honor. No son objetos que se usan y desechan dependiendo de la ventaja que devenguen. Solo vale para ellos un reconocimiento auténtico, uno que los considere nación y les devuelva la autonomía que alguna vez les quitaron, al menos en los términos en que lo han hecho otros países multinacionales.

Estos hermanos y hermanas nuestros nos enseñarán a luchar, a resistir y a adaptarnos. Ellos y ellas son capaces de enamorarse de otras maneras. Su medicina es holística, hondamente humana y terrena. Los ingenios que tengan para reconciliarse habría que conocerlos. Puedo suponer que saben oler olores, oír sonidos, gustar con la lengua y sentir la cercanía de los demás como no lo hacemos el resto de los chilenos. Sí sé que se saben pertenecientes a un cosmos que les ama y que respetan, pues la suya es una gran mística del cuidado. Sus espiritualidades, estoy seguro, enriquecerán nuestros estilos de vida agostados ya de tanto consumismo. Si alguien duda que tengan alma humana, saco mi libretita y averiguo el nombre de su profesor de religión.

En la medida que los chilenos y estos pueblos bajen las defensas y avancen en los reconocimientos, Chile hará espacio a fusiones culturales mayores que las que ya se han dado, las violentas para hacernos peores, y las pacíficas, mejores. De síntesis culturales depende el futuro del país mucho más que de las alzas del PIB. Por de pronto, los cristianos y cristianas que pasen por el bautismo de estas versiones de humanidad, saldrán más parecidos al Jesús humilde que conversaba y aprendía de todos.

De momento, mi apuesta es por el aporte de los pueblos originarios al proceso constituyente. Algo me dice que ellos pondrán color, empatía, küme mogen, oxígeno, escucha, piel, humildad, ideas nuevas, originalidad, deseos de levantar un país amistoso, defensor de la naturaleza y atento para desenmascarar los mecanismos de invisibilización.

Tal vez ellos, al igual que yo, no sepan a ciencia cierta qué le conviene a Chile, si un régimen presidencialista, semi-presidencialista, presidencialista atenuado o parlamentario. Pero, como muchos de los demás, agradecerán una explicación de estas diferencias para sumarse a la mejor alternativa. Solo los ignorantes aprendemos. ¿Quién está en condiciones de saber qué Constitución le conviene al país saltándose las discusiones por venir? Si alguno levanta la mano, saco la libretita y pregunto por sus preferencias partidarias. En cualquiera de las sesiones de las comisiones que se creen, se necesitará gente de buen corazón que ponga humor y humanidad, ingredientes indispensables para facilitar los acuerdos. Una Constitución representativa se conseguirá con amor, dirá Martha Nussbaum.

Mi apuesta es un acto de fe en sentido estricto. Apuesto, intuyo, creo que estos pueblos y los demás constituyentes redactarán la Constitución que el país necesita. Lo creo, pero también tengo razones para imaginarlo, porque no estamos en cero. El mestizaje constituyó a Chile. En cambio, el puritanismo, el desconocimiento del origen, la negación de las diferencias, el despojo y la mirada en menos de los pueblos humildes, lo destruye. Si existe Dios, creo que cree en los pueblos originarios y espera mucho de ellos. (El Mostrador)

Jorge Costadoat