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«Plan Desafío 90» de Kast en recta final: reestructura círculo de hierro

El borrador del «Plan Desafío 90» de la candidatura de José Antonio Kast está en su fase final de ajustes y se entregará oficialmente al candidato esta semana. Este documento de unas 50 páginas, ideado para implementar medidas concretas en los primeros tres meses de un eventual gobierno, tiene como objetivo marcar un cambio visible desde el inicio para evitar el descontento ciudadano.

El plan fue encargado a fines de agosto al economista Bernardo Fontaine, un liberal que fue figura clave del Rechazo en el primer proceso constitucional. El documento se centra en tres pilares: seguridad, crecimiento económico y políticas sociales. Contiene propuestas de proyectos de ley cortos (de uno a cuatro artículos), cambios reglamentarios y acciones de administración del Estado.

Tras pasar a segunda vuelta el 16 de noviembre, Fontaine y la abogada Carmen Soza, encargada del programa de gobierno, aceleraron el trabajo para terminar el plan antes del balotaje. Además, activaron contactos con Chile Vamos (a través de figuras como Juan Luis Ossa, encargado del programa de Evelyn Matthei) para incorporar sus miradas y contradicciones a las críticas de que Kast no poseía equipos ni propuestas sólidas.

EVOLUCIÓN DEL NÚCLEO DE KAST

La estructura de apoyo de Kast ha evolucionado significativamente desde su salida de la UDI en 2016, que se convirtió en el germen de un proyecto más conservador. Este proyecto lo ha llevado a imponerse a Chile Vamos en contiendas presidenciales y a disputar la hegemonía en el Congreso.

EL NUEVO CÍRCULO DE HIERRO

El núcleo duro de Kast, que toma las decisiones electorales, políticas y de instalación de gobierno, ha mutado:

Arturo Squella (47): Presidente del Partido Republicano y senador electo. Es el brazo político del candidato, fija líneas de acción, zanja conflictos y actúa como puente con otras tiendas. Es visto como un posible «ministro Segpres» en el Senado.

Cristián Valenzuela (44): Asesor estratégico. Lideró el diseño de la campaña actual, enfocando el mensaje en un «gobierno de emergencia» y dejando de lado temas valóricos. Es visto como el potencial jefe de asesores del Segundo Piso.

Carmen Soza (46): Directora de Ideas Republicanas y jefa programática de la campaña. Trabaja directamente con Fontaine en el Plan Desafío 90 y mantiene línea directa con Kast.

Alejandro Irarrázaval (64): Coordinador general de la campaña (gerente general). Amigo de Kast desde la universidad, se encarga del perfilamiento de cargos del futuro gobierno.

Sebastián Figueroa (42): Director ejecutivo de Acción Republicana. Acompaña a Kast desde 2009 y apoya a Irarrázaval en el perfilamiento de cargos.

Martín Arrau (46): Ex intendente y jefe de la campaña de segunda vuelta. Dirige reuniones diarias de coordinación y evaluación.

ORÍGENES Y DISTANCIAMIENTO

El núcleo inicial de Kast, surgido de la Fundación Jaime Guzmán (2008-2010), incluía a figuras como Marco Antonio González y Carlos Frontaura. Estos «originales» hoy mantienen roles secundarios o se han distanciado, debido a la dirección «pragmática» que ha tomado el proyecto político, según voces internas. El actual núcleo, aunque más joven que Kast, mantiene sus raíces en la Fundación Jaime Guzmán y la Universidad Católica.

SEGUNDA LÍNEA Y EL FUTURO

La segunda línea es más diversa y joven, y está armando el entramado para una futura administración:

Liderazgos Operativos: Antonio Barchiesi (35) (jefe operativo y enlaces políticos) e Ignacio Dülger (32) (jefe de Avanzada).

Área Social y Programa: María Jesús Wulf (35) (subdirectora de Acción Republicana) y Beatriz Hevia (33) (expresidenta del Consejo Constitucional, a cargo de la comisión de seguridad).

Coordinación y Logística: Vicente Bruna (29) (jefe territorial y prosecretario), Catalina Ugarte (41) (vicepresidenta, logística de salidas a terreno) y José Ignacio Palma (30) (brazo derecho de Figueroa y apoyo en temas sociales).

A pesar de la consolidación de su equipo, los republicanos reconocen la necesidad de una mayor «musculatura» para gobernar, afirmando que «en ningún caso se podría gobernar sin Chile Vamos». (NP-Gemini-La Tercera)

Denuncian crimen organizado detrás de comercio de origen asiático

Los diputados republicanos Stephan Schubert y Catalina del Real solicitaron formalmente a las autoridades nacionales un informe detallado sobre las organizaciones que administran los denominados «malls chinos» en el país, especialmente aquellas involucradas en ilícitos.

Esta acción surge como respuesta directa al reciente operativo que desarticuló una red de la «mafia china» que controlaba el comercio ilegal en el barrio Meiggs de Santiago.

El diputado Stephan Schubert subrayó la urgencia de la situación, indicando que «es fundamental que el Gobierno tome cartas en el asunto y realice una investigación exhaustiva para esclarecer la situación en estos centros comerciales». Además, anunció la presentación de un oficio al Ministerio del Interior para solicitar la implementación de acciones de inteligencia sobre los grupos extranjeros que han ingresado al país recientemente.

Por su parte, la diputada Catalina del Real expresó que el caso de la mafia desmantelada en Meiggs, donde 30 individuos fueron detenidos por graves delitos como tráfico de drogas, secuestro y homicidio frustrado, es «solo la punta del iceberg». Del Real recalcó la necesidad de revisar el grado de infiltración de estas organizaciones en las comunidades, destacando que «la seguridad de los ciudadanos chilenos debe ser siempre prioritaria». (NP-Gemini-Emol)

Magnitud del triunfo definirá mandato y gobernabilidad de próximo Gbno.

A solo ocho días de la segunda vuelta presidencial, que enfrentará a José Antonio Kast (Republicanos, 23,92% en primera vuelta) y Jeannette Jara (PC, 26,85% en primera vuelta), la carrera se intensifica con ambos candidatos buscando capturar los votos de los derrotados, en especial el 20% obtenido por Franco Parisi (PDG).

Mientras Kast ha centrado su campaña en la seguridad (incluyendo advertencias a migrantes irregulares), Jara ha reforzado su propuesta en el área social. Aunque los sondeos pre-veda daban una amplia ventaja a Kast, cercano al 55%, el comando de Jara insiste en que la elección permanece «abierta».

IMPACTO DE LA VENTAJA

Expertos consultados por Emol señalan que la magnitud del resultado definirá la naturaleza del mandato presidencial y su capacidad de gobernar, especialmente frente a un Congreso fragmentado.

Jaquelin Morillo (académica U. San Sebastián) explica que el margen de victoria «se convierte en un recurso central para interpretar la capacidad del Ejecutivo de articular coaliciones, impulsar reformas y estabilizar su relación con un Congreso fragmentado». La segunda vuelta no solo define «quién gobierna, sino también en qué condiciones lo hará».

Felipe Vergara (analista político UNAB) complementa que una victoria con un 60% genera un «empoderamiento gubernamental» mucho mayor, mientras que un triunfo estrecho (ej. 52% vs 48%) hace que el nivel de gobernanza sea más complejo, pues el porcentaje de oposición es más fuerte.

ESCENARIOS HIPOTÉTICOS

Los analistas trazan varios escenarios y sus consecuencias:

Escenario de Victoria Consecuencia y Mandato Impacto Político
Kast (55%) vs. Jara (45%) Mandato electoral sólido. Fortalece a Kast y Republicanos. Obliga a la centroizquierda a un «ajuste estratégico significativo». Su triunfo holgado incide directamente en la capacidad de acuerdos legislativos en el Congreso.
Kast (52%) vs. Jara (48%) Mandato más débil. Perderá fuerza para iniciar reformas. Se reforzaría el rol de la derecha tradicional (Chile Vamos) y el de Boric como principal líder de la oposición.
Kast (60%) vs. Jara (40%) Triunfo categórico. Equivalente al 62% del Rechazo en 2022. «Simbólicamente muy potente» para las derechas y su proyección política futura.
Jara (52%) vs. Kast (48%) Victoria estrecha e inesperada. El oficialismo rompe la alternancia, pero se debilitan las opciones de Boric de ser el principal líder de las izquierdas. En la derecha, generaría una fuerte disputa interna entre sus facciones.

VOTOS NULOS Y BLANCOS

Vergara advierte que, debido al voto obligatorio, un alza en los votos nulos y blancos debe ser considerada por el ganador. Si el porcentaje de nulos y blancos es alto, junto con el porcentaje del perdedor y la abstención, la representatividad del candidato ganador se vería «considerablemente menor», dificultando la gobernabilidad. (NP-Gemini-Emol)

Campaña de Bachelet a ONU: exembajadores presionan por mayor despliegue

La postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), anunciada por el Presidente Boric en septiembre, ha generado críticas internas por la falta de una campaña activa y visible.

El 14 de noviembre, durante el último consejo asesor de política exterior, los exembajadores Juan Martabit y Cristián Barros cuestionaron el despliegue del gobierno, señalando que «Esta es la candidatura más importante de Chile en décadas y no se ve que lo esté siendo».

La presión también llega desde la misión chilena ante la ONU en Nueva York, liderada por la embajadora Paula Narváez, que urge a la Cancillería a acelerar las gestiones. El ritmo de Chile contrasta con el de sus principales contendores, quienes ya formalizaron o intensificaron sus campañas:

Rafael Grossi (Argentina): Actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Oficializó su candidatura con apoyo transversal, incluyendo a los gobiernos de Javier Milei, Italia y Paraguay.

Rebeca Grynspan (Costa Rica): Secretaria general de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (Unctad). Ha aprovechado su cargo para promover su postulación, que se oficializará en febrero, buscando apoyos, incluyendo un guiño a EE.UU.

Otros nombres que suenan para suceder a António Guterres en 2026 incluyen a Jacinda Ardern (Nueva Zelandia) y Kristalina Giorgeva (Bulgaria).

INCERTIDUMBRE INTERNA Y FACTOR ELECCIONES

Un exembajador chileno que conoce la ONU criticó que, a 75 días del anuncio de Boric, aún no se conozca un diseño de campaña claro, con recursos y amplio respaldo interno. La indefinición de la Cancillería, que aún no tiene fecha para oficializar la postulación de Bachelet, se debe, en parte, a la cercanía de la segunda vuelta presidencial.

Fuentes del servicio exterior chileno reconocen que el periodo es «sumamente resbaloso» y que nadie quiere tomar decisiones antes de que se defina al próximo gobierno.

Impacto de la Segunda Vuelta: La candidatura de Bachelet se complicó al cortarse un canal informal con el sector de José Antonio Kast (Republicanos) tras el gesto de apoyo de la expresidenta a Jeannette Jara (PC). Aunque Kast había morigerado sus críticas iniciales, el apoyo a Jara provocó un «retroceso» en la derecha.

Decisión tras el Balotaje: La Cancillería esperará a que el ganador defina su interlocución antes de abrir conversaciones formales sobre el apoyo a la candidatura de Bachelet.

ESTRATEGIA Y LIMITACIONES

La Cancillería ha descartado reforzar la misión en Nueva York y ha reconocido un gasto bajo (cerca de $50 millones). La campaña se ha basado en la agenda internacional de la propia expresidenta.

El comité estratégico, compuesto por Bachelet, el canciller Alberto van Klaveren, la subsecretaria Gloria de la Fuente y la embajadora Narváez, prioriza audiencias con dignatarios. Hasta ahora, Bachelet se ha reunido con figuras como el canciller chino Wang Yi y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La expresidenta viajará a Nueva York para sostener 10 audiencias con representantes de países clave del Consejo de Seguridad, incluyendo a Gran Bretaña, una potencia con poder de veto que podría tener recelos sobre la candidatura argentina debido al conflicto por las Malvinas. (NP-Gemini-La Tercera)

“Hechos consumados”

La toma de San Antonio plantea varios problemas de interés público sobre los que vale la pena reflexionar, siquiera brevemente.

No se requiere ningún espíritu especialmente evangélico para advertir que ninguno de quienes viven allí, o casi ninguno, está en esa toma por espíritu deportivo o por la intención directa de defraudar la ley. Todos, o casi todos, o la mayoría, están allí porque carecen de un lugar donde vivir, un sitio que sentir suyo en el que sentarse por las tardes o donde criar a sus hijos. La pobreza de esa toma (como la de todas) no es la pobreza consentida de un asceta, ni la sencillez despojada de un cura de veras, ni una experiencia temporal de alumnos ignacianos, sino la pobreza desgraciada que es propia de un proletario o un marginal. Por eso hay algo de simplismo cuando se mira este problema como un asunto de incentivos: cuando se expropia el terreno ocupado por esta toma —se dice— habrá incentivos para que otras personas procedan a hacer lo mismo. Bien, aceptemos esa versión algo tonta y básica del esquema neoclásico; pero ¿para quién sería un incentivo hacer eso? Es obvio, solo lo sería para quienes anhelan escapar de vivir en la calle o de allegados en una pieza. Hacer eso es racional (racional en el sentido neoclásico) solo para quien tiene una situación de marginalidad. Y de ser así, ¿acaso no debiéramos pensar en lo que pudo ocurrir para que una marginalidad de esa índole se haya masificado tanto entre nosotros después de que hubo un momento en que pareció no existía? ¿O acaso se cree que todo esto es solo cosa de mafias y de migrantes como a veces se insinúa?

Se ha reparado poco en el hecho de que hace dos décadas, la sociedad chilena parecía haber dejado atrás, o estar a punto de dejar atrás, este tipo de carencias y de marginalidad total. Y, sin embargo, ahí está la toma de San Antonio y las decenas de otras que hay por todo el país. Mientras esta pobreza se extendía poco a poco, la sociedad chilena —lo hemos olvidado, pero es hora de recordarlo— discutía encendidamente, y todavía lo sigue haciendo, sobre la gratuidad en la educación superior, transformando a quienes acceden a ese nivel educacional (y que al hacerlo mejorarán inevitablemente su lugar en la estructura de ingresos) en las grandes víctimas y postergados del sistema. Es sorprendente la facilidad con que la sociedad chilena se encandiló con un problema (el lucro aquí y allá, la necesidad de una educación de distribución gratuita y universal) y oscureció y sumió en las sombras a otros. Y es más sorprendente todavía cómo más tarde, a inicios del gobierno que ahora acaba, se puso el acento en particularismos de diversa índole que desvían la mirada de los grandes problemas transversales o universalistas, el principal de los cuales (es de esperar que la izquierda haya caído en la cuenta de que fue un error olvidarlo) es y sigue siendo, a pesar de su disminución, la pobreza, es decir, la carencia de condiciones materiales para llevar una vida mínimamente autónoma. Sí, es cierto, el género es, muchas veces, una fuente de discriminación, lo mismo que la orientación sexual o el origen étnico, pero por sobre todos ellos se encuentra la pobreza. Y es increíble que cuando la sociedad chilena ha estado en mejores condiciones para superar la más extrema, y luego de haberla reducido, fue justo el momento en que desvió la mirada a las nuevas generaciones, como si ellas, en vez de tener oportunidades, fueran las grandes postergadas.

Por eso hay que tener cuidado en juridificar el problema de la toma de San Antonio. Por supuesto que hay allí problemas jurídicos de envergadura (desoír sentencias judiciales o escamotearlas mediante decretos expropiatorios que no transfieren sin más la posesión al Estado son solo algunos de ellos), pero por sobre todo hay el hecho consumado de la pobreza.

En 1981, en la Sala Bulnes, Juan Radrigán estrenó una obra en la que una pareja de pordioseros vivía en una propiedad ajena, a las orillas de un río, y eran desalojados por un vigilante que era, a su vez, humillado por su patrón. La obra era más bien cruda, pero, explicaba Juan Radrigán, no podía ser de otra forma, puesto que vivir con dignidad era, dijo, la tarea más dura que se puede imponer un ser humano.

Llamó a esa obra “Hechos consumados”. Quizá sería hora de que se la reestrenara. (El Mercurio)

Carlos Peña

Suspendido profesor del I.N. por presunta colaboración en disturbios

Un fiscal administrativo ordenó la apertura de un sumario y la suspensión de un docente del Instituto Nacional (IN) ante la sospecha de su participación en hechos vinculados a desórdenes en el establecimiento.

La medida disciplinaria se activó tras constatarse que no se había iniciado ninguna investigación ni procedimiento interno respecto a un incidente ocurrido en agosto de 2024. Los hechos apuntan a que dos estudiantes fueron vistos retirando «bultos» desde vehículos pertenecientes al docente suspendido y a otro profesor el 9 de agosto de 2024.

Dichos elementos fueron hallados al día siguiente, el 10 de agosto, por el equipo de seguridad del Presidente Gabriel Boric en el subterráneo del Centro Cultural CEINA, el cual se conecta con el estacionamiento del liceo. El hallazgo se produjo mientras el equipo revisaba las instalaciones previas a la visita del Mandatario por la conmemoración de los 211 años del IN. Los artículos incautados incluían un lienzo, diluyente, hondas y otros objetos asociados a disturbios.

Según la publicación El Líbero, el 9 de agosto, día en que se observó a los estudiantes retirando los bultos desde los autos, un grupo de alumnos también realizó una toma, una asamblea autoconvocada, y se registraron agresiones a funcionarias de la Junaeb.

Tras el descubrimiento de los elementos por parte de la seguridad presidencial, se alertó a Carabineros. El subdirector del IN, Manuel Ogalde, remitió un informe a la entonces directora, Carolina Vega, solicitando que el departamento jurídico de la Dirección de Educación Municipal (DEM) iniciara un proceso investigativo, argumentando que el incidente excedía las atribuciones de la unidad de Convivencia Escolar del IN.

Sin embargo, al asumir la nueva administración municipal liderada por el alcalde Mario Desbordes (RN) en diciembre de 2024, se constató que la DEM no había iniciado ninguna investigación ni procedimiento disciplinario sobre los hechos. Esta omisión llevó a la apertura del sumario actual contra los dos profesores presuntamente involucrados y a la suspensión de uno de ellos. (Emol-El Lïbero)

Tomas del norte y centro del país superan población de Aysén o Magallanes

Un informe elaborado por la oficina de urbanismo Atisba, centrado en 34 tomas ubicadas entre Arica y la Región Metropolitana, reveló que aproximadamente 203.247 personas residen en estos campamentos.

Según el estudio, esta cifra poblacional es alarmante:

Casi duplica a la cantidad total de habitantes de la Región de Aysén (cerca de 100.000, según el Censo 2024).

Supera largamente la población de la Región de Magallanes (más de 166.000).

El análisis también identificó a la toma más grande del país: Paloma-Paloma Sur, situada en Vallenar, Región de Atacama. Este asentamiento ocupa una superficie de 926 hectáreas, lo que equivale a 14,4 veces el tamaño del Parque Deportivo Estadio Nacional. Lea la nota completa en El Mercurio. (Emol)

Comunismo y prosperidad-Felipe Irarrázabal

Chile quiere crecimiento económico. Al menos eso dicen nuestros candidatos presidenciales. Atrás quedó esa imagen del decrecimiento, recogida en algo en el proyecto constitucional de la convención de 2022. La cuestión, entonces, no se centra en el qué sino en el cómo. ¿Economía centralmente planificada, economía de mercado o algo intermedio?

La candidata presidencial Jeannette Jara presentó dos programas presidenciales. Uno para las primarias y otro para su candidatura definitiva.

El primero recoge una mirada de corte estatista y plantea un “modelo de desarrollo guiado por la demanda interna” y mayor protagonismo del Estado como inversor. El definitivo, en cambio, propone un Estado articulador y motor de crecimiento e innovación, con énfasis en la regulación, promoción de la inversión extranjera, diversificación de la matriz productiva y profundización de la redistribución.

Dos programas, dos almas.

Los estatutos de 1969 del Partido Comunista chileno, partido al que adhiere Jara desde los 14 años, precisa que “se guía en su acción por los principios del socialismo científico, el marxismo-leninismo”, y sus militantes prometen “la más firme lealtad a los principios del marxismo-leninismo”.

En una versión posterior de esos estatutos se lee que el partido se sustenta “en las concepciones de Marx, Engels, Lenin, Recabarren; en aportes de otras y otros pensadores marxistas y progresistas”. Además, sus militantes prometen luchar por superar las “injusticias del capitalismo”. Sus dardos apuntan hacia el neoliberalismo —considerado una fase del capitalismo—-, “diseñado para transitar de lo público a lo privado, pero no de lo privado a lo público”, debiéndose superar el Estado subsidiario.

El presidente del PC chileno reconoce la inspiración marxista-leninista de su partido, aunque advierte que “no es una ciencia abierta, no es terminal, no es un ladrillo del cual hay que persignarse frente a él” (Radio U. de Chile, 5/8/2025).

Aquí hay un alma y es estatista.

Hoy, los regímenes comunistas históricos se evalúan como fracasos en su organización, generando ineficiencias crónicas por falta de incentivos, precios distorsionados, obsolescencia tecnológica, escasez de bienes de consumo, baja innovación y mala asignación de recursos. Tenemos ejemplos en la región: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Hay, sin embargo, una excepción de prosperidad.

China, por su parte, ha optado por un modelo distinto al soviético. Políticamente es una autocracia gobernada por un único partido férreo. Económicamente, en cambio, incorpora una economía de mercado, lo que le ha permitido prosperar.

“The Great Transformation: China’s Road from Revolutionto Reform” (2024), de Odd Arne Westad (profesor de Yale) y Chen Jian (profesor de NYU y Cornell), narra la fascinante transición china desde la década de los cincuenta hasta los ochenta.

Bajo el liderazgo de Mao Zedong —desde 1949 hasta 1976—, China instala un modelo centralizado, tanto desde el punto de vista político como económico. La Revolución Cultural, que propugnaba una continua revolución al interior del país alimentada por la lucha de clases, se enfoca en una economía estatista, con exigentes planes de producción y exiguo espacio de libertad de emprendimiento, emulando a la Unión Soviética. En este período (caracterizado, por los autores, como de enorme devastación, violencia y hambruna), China sigue estancada económicamente. Sabían, nos dicen los autores, lo que no querían (capitalismo y burguesía), pero carecían de sólidas políticas públicas que no fuesen meros eslóganes.

Con la muerte de Mao, asciende al poder Deng Xiaoping, que decide profundizar en la búsqueda del crecimiento económico, algo que se había ido incubando en años anteriores. Deng advierte sobre la superioridad del socialismo, en unificar al país y potenciar proyectos clave, pero a su vez reconoce sus limitaciones: “el mercado no es puesto al mejor uso de la economía y la economía es muy rígida”. Ese giro habría sido gatillado por tres causas. Por la desconfianza de los chinos con la Unión Soviética (y el temor permanente a una guerra e invasión), por el descalabro económico de las políticas económicas de Mao hasta los 70 y por la inspiración de occidente (en especial EE.UU.) y Japón en sus avances industriales y tecnológicos. En palabras de Deng: “tenemos que aprender (…) de los países capitalistas. Tenemos que utilizar la ciencia y tecnología que han desarrollado, (…) pero no (…) importar el sistema capitalista en sí”.

Así, la economía china abandona la planificación centralizada y permite el desarrollo de mecanismos de mercado en la asignación de recursos, competencia, inversión extranjera y exportaciones (complementados concierta planificación en algunos objetivos críticos) y con un férreo control político del Partido Comunista. En suma: liberalismo en lo económico y autoritarismo en lo político.

El futuro del hasta ahora exitoso modelo económico chino (con crecimientos de dos dígitos a partir de los ochenta y aumentos sostenidos de los ingresos per cápita) es, para los autores, una incógnita. ¿Seguirá creciendo el sector privado bajo la sombra del férreo control político? ¿Es compatible, en el largo plazo, el poder privado (sobre el cual descansa la economía de mercado) con un poder público autoritario o se requiere necesariamente que el capitalismo se acople a una democracia plena?

Quizás hay algo de sabiduría en esa antigua broma polaca que dice que el comunismo es el camino más largo posible en la transición del capitalismo al capitalismo. (El Mercurio)

Felipe Irarrázabal

D. Altman: «Rechazo constitucional y estallido redefinieron el clivaje Si-No»

El cientista político chileno-uruguayo David Altman, académico de la Universidad Católica (UC), sostiene que el estallido social de 2019 y el posterior rechazo al proyecto de Nueva Constitución marcan un nuevo eje de división política en Chile, que estaría reemplazando al histórico clivaje de la dictadura/democracia (Sí y No de 1988).

Altman, testigo de la masiva manifestación del 25 de octubre de 2019, que fue rápidamente eclipsada por la violencia, señala que la izquierda se «dejó llevar por la emoción» en ese ciclo, lo que el país está «pagando ahora».

El analista discrepa de la tesis de que la sociedad chilena se volcó a la derecha. En su lugar, argumenta que el centro político perdió su oferta propia y que la izquierda perdió los votos de centro que le aseguraron el triunfo a Gabriel Boric en 2021.

Pérdida del Centro: Altman explica que el oficialismo perdió al centro debido a «políticas torpes», mencionando como ejemplos las amnistías a la «primera línea», la cercanía con el plebiscito de salida (que considera un error importante), y errores administrativos como el Caso Convenios.

Nuevo Eje: El académico define el mapa político actual a través de dos polos emergentes:

Polo Refundacional: Aquel que se alinea con el estallido como una demanda legítima y promueve reformas sociales y económicas sustanciales.

Polo Restaurador: El que enfatiza la estabilidad institucional, la seguridad, la corrección de los errores del estallido y mantiene una postura crítica frente al proceso constituyente, distanciándose de cambios estructurales.

Según Altman, este clivaje «estallido y rechazo» tiene un poder explicativo mucho mayor sobre el comportamiento electoral actual que la dicotomía de 1988, en parte porque cerca del 60% del electorado no vivió la transición.

CRÍTICAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA

Altman identificó errores estratégicos que contribuyeron al cambio de escenario:

Errores de la Izquierda: La izquierda cometió un «gravísimo error» al asumir que la ciudadanía era progresista, demostrando un paternalismo («Yo sé lo que es bueno para vos»). Además, el gobierno ató su destino al proyecto de la Convención, cuya derrota el 4 de septiembre lo dejó «pato cojo».

Acierto de Kast: El analista destaca la estrategia de José Antonio Kast de no enfocarse en los temas valóricos que le costaron la elección en 2021, lo que le permitió «moverse al centro».

El Riesgo de la Mayoría: Advierte que, sin importar el resultado del balotaje, sería un error para la derecha (en caso de ganar) asumir que son dueños de la pelota, pues las segundas vueltas se ganan con votos prestados.

El académico concluye que el estallido social fue un «movimiento telúrico» que traumatizó a muchos por la violencia y las demandas extremas del proceso constituyente, obligando a la izquierda frenteamplista a un proceso de introspección para buscar cambios respetando la institucionalidad. (NP-Gemini-La Tercera)

¿Tiene la izquierda prácticas mafiosas?-Pablo Ortúzar

Uno de los debates de estas elecciones ha sido el de si la derecha puede ofrecer “gobernabilidad” y “paz social”. El tema lo instaló el propio Presidente Boric, quien afirmó en un programa de televisión, en la época en que todavía aceptaba entrevistas, que la ausencia de protestas durante su mandato no era coincidencia, sino que era fruto de su capacidad política. Esto bien puede tener algo de verdad, pero también levantó dudas: ¿Hay menos protestas porque la gente está más satisfecha o porque las organizaciones que normalmente realizan estas manifestaciones son de izquierda y sólo se movilizan en serio contra gobiernos de signo opuesto? ¿La izquierda ofrece gobernabilidad o extorsiona, cual mafia? Observar los sucesos del año 2018 y 2019 puede darnos algunas pistas.

En mi libro “Dignos: crónica del estallido social” podemos ver antes, durante y después del estallido a una enorme cantidad de grupos que declaran una causa no partisana, como la protección del medioambiente, la promoción de los derechos de alguna minoría, la preservación de la memoria histórica y una serie de otros motivos, haciendo activismo político sin asco alguno, sacando o firmando declaraciones sobre temas no relacionados a su causa y exigiendo cosas como la renuncia del Presidente. Y lo mismo ocurrió, por cierto, con muchos gremios profesionales, partiendo por el Colegio de Profesores.

Entre estas organizaciones destacan muchas de las vinculadas a sitios de memoria histórica relativos a la dictadura militar. Sus miembros parecen convencidos de que les toca jugar un rol en la política contingente, lo que a ratos los vuelve plataformas de propaganda política de izquierda. El origen de esta confusión, por cierto, es que las víctimas de la dictadura eran, en su mayoría, militantes de izquierda. El problema es que se pierde de vista que la razón por la cual existen estas organizaciones, con amplio financiamiento estatal, es denunciar y documentar el horror de los actos cometidos contra los derechos humanos, y que el problema principal es la violación de esos derechos, y no que las víctimas hayan sido de izquierda. Esta confusión es claramente nociva, como pudimos ver a propósito del caso Isabel Amor. Demasiadas personas parecen convencidas de que la izquierda es dueña de los derechos humanos.

Junto con estas organizaciones con fachada de sociedad civil aparecen también asociaciones de funcionarios del Estado que andan en la misma. ¿Qué diantres tiene que opinar una organización de funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil sobre la represión de los violentistas mapuches en La Araucanía o las paltas de Petorca? La respuesta obvia es que nada, así como tampoco tendría por qué la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales) andar llamando a votar por tal o cual candidato. Más todavía cuando la legalidad de estas organizaciones es bastante dudosa, ya que, en teoría, los funcionarios del Estado, al ser servidores públicos que se deben a todos los chilenos y que administran funciones fundamentales del aparato estatal, deberían abstenerse incluso de la política sindical.

El colector de casi todas estas agrupaciones fue la famosa Mesa de Unidad Social, defendida por la izquierda política, en un acto de ventriloquía, como el non plus ultra de la “sociedad civil”. La MUS, además, fue el anticipo de la infame Lista del Pueblo, muchos de cuyos representantes se suponía que provenían de causas alejadas de la política contingente, cuando en realidad eran simples activistas ultrones.

La MUS y la Lista del Pueblo aparecieron y desaparecieron en un santiamén. Pero dejaron en evidencia el grado de intervención e instrumentalización de la izquierda respecto de organizaciones que se presentan como no partisanas, y que muchas veces son financiadas por el Estado. Todo lo cual tuvo una confirmación con el caso Fundaciones (o Convenios). Ahora varios gremios, así como ANEF y las organizaciones de derechos humanos, llamaron a votar Jara. Si es que Kast gana, ¿qué harán todos estos grupos? ¿Les bajará la indignación súbita? ¿Habrá una nueva MUS? ¿Volverá la izquierda, disfrazada de sociedad civil, a tratar de imponer desde la calle lo que no conquista en las urnas? (La Tercera)

Pablo Ortúzar