“Chile, que recibió un millón de migrantes en tres años y medio, no aguanta recibir uno o dos millones más en tan poco tiempo”, señaló hoy Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración.

El funcionario de gobierno, en entrevista con radio Sonar, abordó la actual crisis migratoria que se está registrando en el norte del país. En ese sentido, Bellolio se refirió a un hecho ocurrido el fin de semana en Iquique, donde un grupo de manifestantes quemó las pertenencias de migrantes que pernoctaban en la plaza Brasil de esa ciudad.

“En cualquier condición es inaceptable el uso de la violencia o de quemar cosas para tratar de marcar un punto. El tema de la cohesión entre nacionales y extranjeros es bien estratégica, nadie puede estar contento o justificar que hayan quemado las pertenencias de estas personas”, dijo sobre ese hecho.

Con todo, Bellolio criticó las “señales” e “incentivos” entregadas por el Frente Amplio y de la Corte Suprema hacia los migrantes que han decidido ingresar a nuestro país.

“Acá hay un problema de señales. Hay un problema de señales donde a los migrantes el gobierno les dice no ingresen clandestinamente, pida una visa para ingresar con visa con Rut porque es más fácil. Y por otro lado, en un sector que durante toda la discusión del proyecto de ley de migraciones, e incluso ahora en las campañas presidenciales, en específico el Frente Amplio, dicen que ingresar clandestinamente da lo mismo porque les van a dar visa y ahora subieron la apuesta y dicen que también les van a dar una casa. Y las señales que ha dado la Corte Suprema que ingresar clandestinamente no tiene ninguna sanción y que no pueden ser expulsados”, expuso.

En esa línea, dijo que “cuando nosotros entrevistamos al migrante nos dicen ‘oye, pero si acá tengo la publicaciones de redes sociales donde dice vente a Chile y tendrás a una casa’. Asimismo, dijo que en su programa de gobierno del candidato presidencial Gabriel Boric “promete una casa, promete viviendas a migrantes incluso si ingresan clandestinamente”. Con ello, aseguró, se incentivan los ingresos ilegales.

Bellolio afirmó que “Chile tiene mayor población de ciudadanos venezolanos que Estados Unidos, Chile es el tercer país con más ciudadanos haitianos del mundo y el segundo o tercero con más ciudadanos venezolanos del mundo, no pueden decir que no se les ha dado oportunidad o que no se les ha dado visa”.

Finalmente, el jefe de Extranjería y Migración cuestionó: “¿Deberíamos otorgar todas las visas que se pidan? ¿Si se piden 5 millones de visa, deberíamos dar 5 millones de visas? (…) No hay ningún país del mundo que funcione así”.

TRATATIVAS DEL GOBIERNO CON ONU Y ACNUR

Hace casi 90 días, en un estricto bajo perfil, el coordinador de la ONU en Chile, Miguel Barreto, y tres funcionarias de Unicef­ se reunieron con la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, y abogados del Ministerio del Interior. En la cita abordaron el desalojo contra venezolanos que acampaban en Iquique y acordaron instalar dos “centros de primera acogida” para inmigrantes.

Desde Unicef y Acnur explican que las agencias de la ONU habían expresado su preocupación por la inmigración ilegal en un documento difundido hace varias semanas. En éste, alertaban sobre posibles transgresiones a convenios  multilaterales por la presencia de cientos de extranjeros que llegaban a Colchane de forma irregular y quedaban  a su suerte en Iquique.

Sostienen que se hizo presente al Gobierno que había inmigrantes venezolanos con menores de edad y que “la mayoría vivía a la intemperie, sin baño, sin ropa de cambio, y bajo frías temperaturas “. Por ello, los funcionarios internacionales ofrecieron levantar los dos recintos de acogida.

“En Unicef, Acnur y con la asesoría de la OIM comenzamos a trabajar con la subsecretaria para la Niñez, Blanquita Honorato, y el Ministerio del Interior, en un proyecto para colocar un centro de primera acogida en Colchane. Será básicamente un lugar seguro para que duerman, con condiciones sanitarias. Otro centro permanecerá en Iquique y serán implementados por el Hogar de Cristo”, señala un funcionario de Unicef.

“NO SERÁ CAMPAMENTO DE REFUGIADOS”

En el Gobierno se aceptó la instalación de estos centros. No obstante, las tratativas no fueron fáciles. Explican en Acnur que el Ministerio del Interior era partidario de exigir que quienes ingresaran a los centros de primera acogida tuvieran que “autodenunciarse por haber ingresado de manera ilegal a Chile”. También que su estadía fuese mientras se definía su expulsión. Finalmente, el Ejecutivo autorizó el plan.

Conocedores de las negociaciones afirman que no serán “campamentos de refugiados”, por lo que el Departamento de Extranjería y Migraciones de Interior (DEM) no otorgará visas de refugiado ni otro beneficio migratorio.

“Unicef sacó varias declaraciones instando al gobierno a respetar la Convención de Derechos del Niño y proteger a los niños migrantes independientemente de la condición migratoria de sus padres o de si entraron ilegalmente o no. Pero al Ministerio del Interior no le agrada el proyecto y ha sido complejo de trabajar con el Gobierno. Ayer se agilizó todo”, repara un  diplomático que trabaja en el tema.

CITA INTERNACIONAL EN LA CANCILLERÍA

Luego de lo ocurrido en la plaza Brasil, en Iquique, donde ciudadanos chilenos quemaron pertenencias de venezolanos que pernoctaban en carpas en la calle, el proyecto se aceleró. Incluso, hoy arribó a Iquique una delegación de Unicef, encabezada por Daniela Tejada, para visitar en terreno la situación de los niños en las calles y playas de Iquique.

En La Moneda explican que, el lunes pasado, hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores concurrieron, para expresar su preocupación por la violencia hacia venezolanos en el norte y con la idea de acelerar el proyecto, el coordinador residente de la ONU en Chile, Miguel Barrueto, y representantes de Acnur, Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De hecho, Miguel Barrueto lo mencionó en su cuenta de twitter.  “ONU respetando la soberanía de Chile, instamos a las autoridades y la población a actuar en el marco del respeto a los DDHH y el derecho internacional humanitario y reitera la voluntad de apoyar con asistencia técnica y colaborar en los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales”.

Pese a ello, desde Palacio afirman que “nunca hubo ningún ofrecimiento de las agencias de la ONU para instalar un centro de acogida anterior al lunes, ni tampoco asistencia técnica para Colchane”. Sostienen que, sólo desde el desalojo de la plaza Brasil, comenzaron las conversaciones para implementar un centro de acogida para inmigrantes ilegales lo antes posible.

CONFUSIÓN CON A NOMENCLATURA

El lunes en la mañana el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, señaló que el gobierno había rechazado la propuesta de Acnur para instalar un centro de refugiados en Iquique.

En una entrevista en TVN, Soria señaló: “Yo conversé con Acnur. Estamos firmando un convenio y tenemos un convenio con la OIM, en que damos servicios de logística a OIM. Acnur me dijo que esto estaba propuesto al gobierno, en el mes de febrero, a través del Intendente (hoy delegado presidencial) ofreció por todos los medios de comunicación de Iquique que se iban a construir dos campamentos: Uno entre Huara y Pozo Almonte y otro a las afueras de Iquique. Están los terrenos. Ese es un ofrecimiento que hace el gobierno y que después no concretó”.

La información del alcalde apuntaba a que el gobierno no había aceptado la ayuda internacional ofrecida en febrero, cuando se agudizaba la crisis migratoria venezolana. Sin embargo desde La Moneda han desmentido que haya habido una oferta de este tipo.

Del mismo modo, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, criticó al Ejecutivo por la supuesta negativa, aludiendo a la información difundida por Soria.

Sin embargo, en el gobierno son enfáticos. “Lo que señala la candidata Provoste y el alcalde es absolutamente falso”, aseguran desde el Comité Político de La Moneda.

Según explican, la nomenclatura “campamento para refugiados” no se ha mencionado. Ello, sostienen en el DEM porque para el beneficio migratorio de refugio, los antecedentes se estudian por 8 meses para determinar si el solicitante es una persona perseguida en su país, entre otros antecedentes. (La Tercera-El Dínamo)