La vocera del comando del candidato presidencial Sebastián Sichel (Chile Podemos +), Katherine Martorell, denunció en un video que adherentes de la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, hackearon una reunión por Zoom entre los voluntarios de la campaña de Sichel.
“Habíamos organizado con todos los voluntarios a nivel nacional un Zoom a las 19:30, pero miren lo que ocurrió, nos están hackeando, adherentes de José Antonio Kast, poniendo canciones, demostrando intolerancia”, indicó Martorell en el registro.
Entre las imágenes interpuestas por los hackers, están el escudo del Ejército de Chile y registros de Patria y Libertad, movimiento paramilitar de extrema derecha que surgió durante el Gobierno de Salvador Allende.
“Tienen miedo, porque saben que las encuestas no reflejan la realidad de lo que ocurre en las calles, los chilenos queremos hacer reformas en estabilidad, con orden y libertad, y la única encuesta verdadera es el 21 de noviembre, donde iremos a votar por Sebastián Sichel. ¡No nos amedrentan!”, añadió la ex subsecretaria de Prevención del Delito.
La Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad acordó presentar el viernes 12 de noviembre el documento base para la consulta indígena, el cual deberá ser discutido el próximo lunes 22 de noviembre.
En tanto, la Comisión de Participación Popular informó que se está trabajando para activar la plataforma digital que permita ingresar iniciativas populares constituyentes. Si bien en el cronograma se estableció el lunes 8 de noviembre como fecha de inicio para inscribir estas normas, el convencional Jorge Baradit (Col. Socialista), uno de los encargados de la plataforma, explicó que hubo que hacer una reinterpretación del cronograma, de tal manera que entre el 8 y el 22 de noviembre hubiera un período de educación sobre el proceso de iniciativas populares de normas, y que a partir del 22 de noviembre estaría disponible la plataforma.
Además, un grupo de 20 convencionales de la UDI e independientes solicitaron un pronunciamiento sobre el «actuar violento y agresivo de la asesora de la convencional Dayyana González (Pueblo Constituyente), y de las acciones concretas que se tomarán al respecto». Esto, luego de que durante un punto de prensa de los convencionales Ruth Hurtado (Chile Libre), Ruggero Cozzi (RN) y Luis Mayol (RN), la asesora interrumpiera el espacio para increpar a los convencionales y tratarlos de «descarados».
MARTES 9 DE NOVIEMBRE
Se realizó la primera sesión de una comisión temática fuera de la Región Metropolitana. La Comisión de Forma de Estado viajó hasta las comunas de Putaendo y Calle Larga, en la Región de Valparaíso, donde se reunieron con el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y recibieron audiencias públicas de personas y organizaciones de la zona.
El resto de las comisiones han estado enfocadas, principalmente, en recibir audiencias públicas de expertos en diversas áreas. En el caso de la Comisión de Sistemas de Justicia hubo una sesión particular donde recibieron a expositores de importantes organismos como el presidente del Banco Central, Mario Marcel; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; el fiscal nacional, Jorge Abbott, entre otras autoridades. En la instancia, las entidades resaltaron el valor de su autonomía. También llegaron a exponer los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José Romero; y de la Corte Suprema, Guillermo Silva. Este último pidió que se delimitara de manera clara las competencias de cada tribunal.
A la Comisión de Principios Constitucionales, en tanto, fueron seis expertos y expertas a exponer sobre temas como democracia directa, preámbulo y derecho al acceso a la información. Entre las exposiciones, la abogada Marisol Peña, panelista de Derecho a la Convención, de RadioPAUTA, destacó la necesidad de definir el carácter vinculante de los principios constitucionales.
La Mesa Directiva de la Convención respondió a un oficio presentado por el convencional Martín Arrau (Chile Libre), quien solicitó aclarar la situación del convencional Rodrigo Rojas Vade. Al respecto, la presidenta Elisa Loncon confirmó que el órgano no ha recibido ninguna renuncia formal por parte de Rojas.
En tanto, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron extender el estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona sur. La decisión fue criticada por la presidenta de la Convención, quien pidió terminar con la «militarización en el Wallmapu».
MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE
En medio del proceso de recepción de audiencias públicas, las comisiones comenzaron a definir algunas de las localidades donde sesionarán durante la visita de la Convención a la Región del Biobío, programada para el domingo 22 de noviembre, el día después de las elecciones presidencial y parlamentaria. Durante esa visita, el Pleno del órgano sesionará los días lunes 22 y martes 23 de noviembre, mientras que las comisiones temáticas se desplegarán en distintas comunas, entre ellas, Curanilahue, Arauco, Lota, entre otras.
En medio de los problemas que se han presentado por la plataforma de iniciativas populares constituyentes, algunos colectivos trabajaron en sus propias plataformas de participación popular. Un grupo de convencionales de INN, Pueblo Constituyente, MSC, escaños reservados, entre otros, lanzaron oficialmente #Distrito156, que busca recibir propuestas de normas de la ciudadanía.
Asimismo, convencionales de Independientes, RN-Evópoli, anunciaron el lanzamiento de la plataforma digital #LaConstituciónEsTuya. Un sitio donde la ciudadanía se puede informar sobre los mecanismos de participación popular de la Convención y donde podrán enviar sus propuestas de normas constitucionales.
Durante la sesión del Pleno, la Mesa Directiva realizó la cuenta pública de la Convención Constitucional a cuatro meses del inicio del proceso. Además, hubo una jornada de reflexiones constituyentes, donde Alfredo Zamudio, director ejecutivo del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, expuso sobre la importancia de crear espacios de diálogo entre los convencionales.
Además hubo una polémica durante la sesión en que fueron discutidas dos propuestas para que la Convención emitiera una declaración donde se condene la violencia. La primera era apoyada por 20 convencionales de la derecha, y la otra por 47 convencionales, principalmente de centroizquierda, aunque también la respaldaron los Independientes, RN-Evópoli Manuel Ossandón, Luciano Silva y Paulina Veloso. Sin embargo, la votación no se realizó, ya que la sesión se suspendió por haber sobrepasado el límite de tiempo de la instancia.
En tanto, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección contra la Convención presentado por el estudio de abogados León & Cía. En el reclamo solicitan anular el Reglamento del órgano, ya que fue votado por mayoría simple y no por dos tercios, «vulnerando con dicha acción la norma del artículo 133 de la Constitución Política de la República». Además, los abogados afirmaron que la Convención «no tiene facultades para ordenar ni solicitar al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo la realización de un plebiscito dirimente».
También fue ingresada la primera propuesta de norma constitucional a la Convención. Se trata de una norma impulsada por los constituyentes de Independientes RN-Evópoli Roberto Vega, Álvaro Jofré, Manuel José Ossandón, Paulina Veloso, Ángelica Tepper, Luciano Silva y Bernardo de la Maza, junto a Helmuth Martínez (INN)y Adriana Cancino (Col. Socialista). La propuesta busca «garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos» y, entre otras cosas, propone que «las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas.
JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
Las comisiones temáticas discutieron sobre asuntos logísticos para la visita de la Convención a la Región del Biobío y recibieron audiencias públicas. Respecto a este último punto, la Comisión de Medioambiente tuvo una particularidad: recibieron más de 1.700 solicitudes de audiencias públicas, de las cuales podrían recibir un máximo de 280. Para atender la situación, la instancia resolvió destinar la tarea de la organización de estas audiencias a un grupo de ocho convencionales.
La Comisión de Forma de Estado llegó a sesionar a las comunas de Malloa y Peumo, en la Región de O’Higgins, donde participaron en audiencias junto a autoridades y dirigentes de la zona. Además, aprobaron el cronograma de la instancia y abordaron algunos de los temas mínimos a tratar.
El Pleno sesionó durante la tarde para votar la propuesta de integrantes de la Comisión de Participación Popular. La nómina incluía a 10 de los 16 integrantes que conformarán el espacio encargado de «implementar los mecanismos de participación y del programa de educación popular constituyente, establecidos en el Reglamento General». La nómina fue aprobada por 109 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones.
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE
La Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad deliberó sobre el documento base de la Consulta Indígena. En la instancia, se dio a conocer el documento de más de 164 páginas que aborda temas como los derechos colectivos de las tierras, derechos de autonomía y autogobierno, derechos de participación en la vida política del Estado, entre otros. El documento se aprobó por 11 votos a favor y 9 abstenciones, y se abrió un período de indicaciones entre el 15 y el 17 de noviembre.
El Partido Comunista (PC), en conjunto con otros movimientos de izquierda, emitieron una declaración donde critican al gobierno de Chile, luego de que este desconociera las elecciones de Nicaragua. El candidato presidencial Gabriel Boric se desmarcó de la postura y a través de Twitter, publicó que «Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores».
Las diputadas del PC Karol Cariola y Camila Vallejo también se desmarcaron del comunicado de su colectividad política, sin embargo, el convencional Hugo Gutiérrez (PC) afirmó que la posición de Boric es distinta a la del PC, pero que no lo veía como una tensión. (Pauta)
José Antonio Kast ha puesto en jaque a toda la clase política y de paso también al establishment mediático chileno. Como están las cosas, y salvo que las encuestas estén del todo equivocadas, un candidato de derecha tiene, por primera vez en décadas, la posibilidad de llegar a la presidencia. En efecto, pues es un error ver una continuidad entre JAK y quienes dirigen el gobierno hoy en Chile. Lo cierto es que el paradigma que ha regido bajo los dos gobiernos de Piñera no ha sido el de una derecha realmente liberal en lo económico —y menos aún conservadora en lo moral — , sino de una que cree, sin populismo, que el Estado es un instrumento al servicio del bien más que una amenaza constante al progreso y a la libertad.
Kast viene a romper con el consenso social demócrata instalado y lo hace desde el liberalismo clásico, mientras Boric, siguiendo los pasos de Bachelet II, busca hacerlo desde el socialismo sesentero. No deja de ser interesante que con el discurso “neoliberal” Kast parece estar teniendo mucho más arrastre que todos los otros candidatos presidenciales competitivos, los que, incluyendo a Sichel, plantean que debe haber todavía más Estado y redistribución. Kast está así volteando el tablero de la derecha acomplejada al mostrar que las ideas de libertad de la línea Chicago sí pueden ser populares cuando se defienden con carácter y que la idea de que la derecha debía ser la nueva Concertación de Allamand o el engendro peronista de Desbordes era una receta para el fracaso.
Pero Kast, además, ha demostrado que la excesiva preocupación en el establishment de la derecha –y de la izquierda- por la corrección política generó una brecha mayor con el electorado. El tema migratorio es un gran ejemplo. Kast desde un comienzo conectó con una creciente preocupación ciudadana por el excesivo flujo migratorio mientras las élites periodísticas, políticas e intelectuales –esas que no conviven con ninguna de las desventajas de la inmigración y en cambio capitalizan todos sus beneficios- lo caricaturizaban como racista y xenófobo. Hoy todos los candidatos, incluido Boric, han tenido que acomodar sus posturas hacia la posición de Kast. En materia de orden y seguridad, de más está decir que Kast fue el único que se mantuvo por años incondicional y firme en su respaldo a las fuerzas armadas y carabineros, mientras el Gobierno y el resto de la clase política los desconocían y atacaban una y otra vez provocando así la ingobernabilidad que nos aflige. Sectores amplios de esa misma clase política e intelectual, incluso, han avalado la destrucción del orden democrático al legitimar la violencia y han llegado a apoyar abiertamente a terroristas y criminales. Nada de eso se vio jamás con Kast, el único candidato del Rechazo. Por eso, mientras Piñera y Chile Vamos fueron la gran decepción, Kast es la gran esperanza.
Pero el despertar más duro lo ha tenido el establishment con sus creencias sobre la cultura nacional. Durante muchos años la social democracia chilena de derecha e izquierda y la izquierda radical han vivido bajo el engaño de que el fantasma de Pinochet bastaba para hacer imposible el acceso a la presidencia de cualquier persona que reivindicara parte de su gobierno. Se repetían este discurso prefiriendo ignorar la verdad, a saber, que el golpe de estado en Chile fue resultado de un profundo y extendido clamor de una ciudadanía hastiada del caos creado por la izquierda y que Pinochet fue siempre, como dijo Patricio Aylwin, un “dictador popular”. Si las campañas de primarias mostraban a candidatos de centroderecha enterrando a Pinochet –dando cuenta de una aspiración legítima, pero también de una desconexión casi versallesca con la realidad nacional- Kast no tiene problemas en condenar lo que se debe condenar y en rescatar el resto. Y a la gente le gusta. Le gusta porque es sincero y porque, finalmente, esta parece no ser tan lesa como para no entender que en Chile, si no surgen figuras de autoridad fuerte capaz de poner orden, el país termina destruido completamente de manos de su clase política demagógica y de los delincuentes, terroristas y agitadores de turno.
El tiempo dirá si, en caso de salir electo, Kast logrará reencauzar el país dándole gobernabilidad. Por ahora todo parece indicar que nadie, ni siquiera él, podrá conseguir ese objetivo. El problema es que si Kast no lograse materializar al menos parte de su labor restauradora, se correrá el riesgo de mayor caos y de que la ciudadanía termine reclamando una alternativa aun más dura para conseguir el mismo objetivo. Quienes le harán oposición en su eventual gobierno deberían tenerlo presente. (El Mercurio)
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dio a conocer esta jornada una serie de videos donde aparece entregando su apoyo a abanderados de Chile Podemos Más, con miras a las elecciones parlamentarias del 21 de noviembre próximo.
Esto en momentos en que se ha producido un descuelgue de varias figuras de la coalición oficialista hacia la candidatura de Kast, en desmedro del candidato oficial del bloque, el independiente Sebastián Sichel.
En los mensajes que se conocieron esta jornada a través de las redes sociales destacan el apoyo de Kast a la senadora UDI y candidata a la reelección Ena Von Baer, y a la diputada RN Paulina Núñez, quien busca un escaño en la Cámara Alta.
“El próximo 21 de noviembre les pido que apoyen a Ena von Baer como senadora en la Región de Los Ríos. Para ganarle a la izquierda necesitamos la inteligencia y el compromiso de Ena. Su inclaudicable defensa de sus convicciones hacen que sea fundamental desde el Senado apoyando nuestro futuro gobierno”, señala la carta del Frente Social Cristiano.
Asimismo, en otro video Kast indica que “en la Región de Antofagasta se presenta como candidata al Senado, Paulina Nuñez (RN). Ella es actualmente diputada y estoy seguro de que, de ser electa senadora, se la va a jugar con todo por la región y que también va a colaborar con el gobierno del sector”.
“Tenemos que derrotar a la izquierda y necesitamos a los mejores en el Senado. Por eso, este 21 de noviembre te invito a votar por José Antonio Kast y a apoyar a Paulina Núñez en su desafío senatorial”, concluye el abanderado republicano. (La Tercera)
Una tensa conversación sostuvo la bancada de diputados PC. El desmarque del presidente de Guillermo Teillier de un confuso apoyo comunista a una declaración de respaldo al régimen de Daniel Ortega dejó la puerta abierta para que decenas de figuras de generaciones más jóvenes, como Camila Vallejo, Karol Cariola e Irasí Hassler, contradijeran el histórico apoyo PC a Nicaragua. Algunos analistas estiman que podría gatillarse un inédito quiebre con los históricos, de antiguos vínculos con el sandinismo, y proyectarse a otros regímenes totalitarios, como Cuba o Venezuela.
Pese a que los disensos del PC en política exterior ya se habían avizorado en el caso de Venezuela, la polémica pública llegó a niveles nunca antes vistos al interior del partido a partir de las elecciones del fin de semana pasado en Nicaragua y proyectan la posibilidad de una nueva controversia para este lunes 15. Ese día está convocada una gran marcha de la oposición cubana en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel (al que respaldó el partido en julio), y horas después Boric irá al último debate en TV.
“En tiempo real algo que nunca pensé sucedería: un quiebre público dentro del PC de una de sus líneas políticas históricas”, escribió el analista Axel Callís.
Qué significa: La mañana de este viernes, Guillermo Teillier, marcó distancia con la declaración que patrocinó el partido a través de sus encargados internacionales, en la que apoyó la polémica reelección de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero la posición del presidente de la colectividad obedecía a su timming más que a no compartir el fondo: El diputado dijo que se trataba de un texto “inoportuno”, pues podía afectar la candidatura presidencial de Gabriel Boric, pero no condenó el proceso electoral en Nicaragua.
Horas después, un amplio grupo de dirigentes aprovechó la puerta que abrió Teillier para revelar públicamente su condena a la violaciones a DD.HH. en Nicaragua, contrario a la histórica posición PC de respaldo a regímenes totalitarios en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y a la cultura comunista de procesar internamente las diferencias.
El apoyo a la declaración -que respaldaba la reelección de Ortega el domingo, pese a que sus 7 contendores compitieron desde la cárcel- había sido refrendado por los encargados internacionales PC, Claudio De Negri y Juan Andrés Lagos (también miembro de la dirección comunista), afirman en el partido. También la defendió el constituyente Hugo Gutiérrez.
Entonces, Boric aseveró que un gobierno suyo no iba a respaldar dictaduras “moleste a quien le moleste”, y Teillier se cuadró: tuiteó que en un gobierno sería Boric quien zanjaría la política exterior (aunque esperaba que se pudieran “discutir todos los aspectos”), dándole fácil salida.
Camila Vallejo refrendó que el texto no había sido consensuado por la dirección del partido, de la que forma parte, y agregó: “Condenamos las violaciones a DD.HH. en Nicaragua”.
Entonces empezó la avalancha. A esa posición se sumaron Karol Cariola, la constituyente Bárbara Sepúlveda, la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, los diputados Carmen Hertz y Amaro Labra, el excandidato presidencial Daniel Jadue, y la exministra Claudia Pascual, entre otros.
El vínculo histórico del PC con Nicaragua: El PC ha apoyado históricamente al régimen sandinista, pese a los atropellos a DD.HH. de Daniel Ortega. Su relación con Managua data de cuando miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Galvarino Apablaza y Raúl Pellegrín) se trasladaron desde Cuba a Nicaragua en 1979, instados por Fidel Castro, para luchar junto a los sandinistas para derrocar al dictador Anastasio Somoza.
Jugaron un rol clave en el Frente Sur Benjamín Zeledón, uno de los más relevantes de la revolución nicaragüense, en la frontera con Costa Rica. Después algunos se integraron al aparato estatal y otros a los Batallones de Lucha Irregular, guerrillas sandinistas para hacer frente a los contrarrevolucionarios (ahí estuvo César Quiroz, hoy asesor clave de Jadue). Entonces, Teillier era jefe militar del PC en los 80’.
Históricos v/s nuevas generaciones: Las diferencias se abordaron en una conversación que sostuvo este viernes la bancada de diputados del PC, que, según afirman fuentes del partido, a ratos fue tensa. En la mayoría de los casos, las posturas se alinean entre los militantes históricos (a favor de Nicaragua, Cuba y Venezuela, por los vínculos de los 80’) por un lado, y las generaciones jóvenes por otro, aunque los disensos en política exterior están lejos de ser la principal controversia: más fuerte es la presión de los jóvenes por una renovación del partido.
En el primer grupo, en el PC ubican Juan Andrés Lagos (conocido por controvertidas declaraciones, como criticar al Banco Central por contener la inflación); De Negri (casi perdió su puesto de embajador en Vietnam por acusar “intentos de desestabilización” contra Nicolás Maduro); Eduardo Contreras (removido como embajador en Uruguay por dichos contra la DC y el empresariado); y Hugo Gutiérrez, entre otros.
La molestia de ese sector con Vallejo ya se había producido cuando se cuadró con la condena a violaciones a DD.HH. de Maduro, reportada por el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet.
Y ahora, en el PC hubo críticas internas a Vallejo y Cariola, ex líderes del movimiento estudiantil de 2011. Algunos acusan que aprovechan la mayor resonancia pública de sus roles actuales (ambas están en el comando de Boric, y Hassler lidera el municipio capital) para desmarcarse de regímenes dictatoriales a través de redes sociales, cuando en sus inicios viajaron a esos países (circularon fotos de Cariola con Ortega en 2013).
Mientras, en las nuevas generaciones afirman tener una visión más desprendida de esos regímenes: ven poco relevante defenderles en el cuadro político actual.
La pugna más de fondo, sin embargo, es la presión para que el PC renueve sus liderazgos y estructuras. Tras el 18-O, los jóvenes comunistas han abogado por un partido con mayor apertura a “relacionarse con las masas” de forma más amplia (no solo con trabajadores, sino también con feministas y medioambientalistas) y que sea menos hermético hacia la ciudadanía.
Los históricos mantienen una conducta más asociada a la época del FPMR, afirman sus críticos en el PC. Los jóvenes, además, reclaman excesivo “control del poder” en las dirigencias y piden atenuar el “leninismo” en las decisiones, según señalan fuentes de la colectividad.
En ambas disputas, relativas a la política exterior y a la renovación partidaria, usualmente Teillier se ha mantenido en una postura equidistante (aunque en Nicaragua, coincidió en el fondo con los históricos).
Lo que hay detrás: El choque generacional obedece en parte a pugnas de poder en el PC. En la última elección al comité central, Vallejo y Jadue fueron los más votados (mientras Teillier y el secretario general Lautaro Carmona tuvieron un resultado débil), y así entraron a la comisión política (a la que Jadue siempre había aspirado). En el último Congreso, afirman algunas fuentes de la colectividad, Cariola había liderado una maniobra para intentar desplazar a Carmona de la dirección, pero el comité central ratificó a la dupla al mando.
Para algunos comunistas, la operación de Cariola consistía en que bajo el argumento de la paridad de género, una mujer secundara a Teillier como secretaria general (y no Carmona), con lo cual quedaba posicionada para suceder a Teillier una vez que este concluya en 2022. Algunos PC sospechaban que Cariola tenía esa aspiración, lo que es negado por los cercanos a la diputada.
En el caso de Jadue, afirman algunos comunistas, su crítica a Nicaragua es vista como una vuelta de mano con Teillier, de quien ha reclamado internamente un bajo apoyo del partido en su derrota en primarias presidenciales con Boric. (Ex Ante)
El político acorralado es la bestia más peligrosa. Una clase política contra las cuerdas es capaz de malignidades sin analogía natural. Hienas, lobos o ratas constituyen, en comparación, aristocracias del espíritu. La razón es que los animales se matan por acceso a recursos concretos, pero los políticos viven de un recurso inmaterial destilado, salvo loables excepciones, del sufrimiento humano: la legitimidad.
En efecto, no hay representación política sin legitimidad. Ella, en tiempos normales, se reproduce por vía procedimental. Pero sus raíces suelen ser sacrificiales: los políticos administran los símbolos y ritos de sacrificios comunes. El patrimonio emotivo de las hecatombes.
La última gran fuente de legitimidad sacrificial, exprimida por la Concertación, fueron las víctimas de la dictadura. Piñera I y Bachelet II recogieron sus migajas. Pero el vacío ya era claro: faltaban nuevas causas comunes. Y ni los mineros, ni el terremoto, ni la retroexcavadora contra “los poderosos de siempre” lograron el truco. El espíritu del 15 de noviembre, que prometía una regeneración, se disolvió al poco andar.
Nuestros políticos, incapaces de grandezas, buscan víctimas para vampirizar. Olfatean sangre. El octubrismo intentó usar de ese modo los casos de brutalidad policial del estallido. Parte de su delirio fue forzar una equivalencia entre Piñera y Pinochet, hasta inventando un centro de torturas. Toda una épica entre violentista y victimista fue brotando, pero su carácter exagerado y contradictorio la descarriló, “Pelao” Vade -falsa víctima- y la Lista del Pueblo incluidos. Finalmente, sus restos fueron incendiados por el violentismo conmemorativo del último octubre, que cobró vidas inocentes y operó en alianza con bandas criminales. Hasta ahí llegó la canonización de “los presos de la revuelta”.
Una hebra octubrista que resultó mejor fue el “ancestralismo”: la idealización de los indígenas como víctimas buenas y sabias de la crueldad occidental. Pero los brutales actos contra civiles en la Macrozona, que mezclan crimen organizado y etnonacionalismo violento, y la incapacidad de líderes políticos e intelectuales mapuches para condenarlos, lo degrada.
La Convención Constitucional, lamentablemente, quedó marcada por estas épicas victimistas devaluadas. Habrá que ver si logra sobrevivirlas y plantear un proyecto constitucional sustentable.
En tanto, la clase política hurga desesperada. Intenta raspar la olla con el dinero previsional de los propios votantes. El linchamiento de la senadora Goic por los candidatos Provoste y Boric -cada cual más hipócrita- es un clásico ataque de chivo expiatorio. También la acusación contra Piñera. Pero estas movidas son tan indignas como ineficaces. Carlos Montes, mezclando cobardía y lealtad, se sumó al retiro con tono de condenado. Quizás intuye que los mejores candidatos a víctima propiciatoria son ellos mismos. No sería la primera vez que el hartazgo popular con el deterioro económico, institucional y del orden público lleva a la hoguera a los representantes. En el silencio del Congreso, en cada encuesta, una temida voz retumba: “Los señores políticos a sus covachas”. Y faltarán más que trucos baratos para silenciarla. (La Tercera)
Mi voto por Yasna Provoste no es un acto testimonial ni puramente de disciplina partidaria. No es testimonial, porque he aprendido que el voto popular ha devenido en altamente volátil y que muchas preferencias no estarán resueltas hasta el día mismo de la elección.
Hemos aprendido también que las encuestas se equivocan, solo que, por ahora, no sabemos en qué exacto sentido lo harán esta vez. Por último, no es un voto testimonial, pues si Provoste pasa a segunda vuelta, sus posibilidades crecen ostensiblemente.
Voto por la candidata que se catapultó a la presidencial con la consigna de los mínimos comunes. No desconozco que muchos de sus actos posteriores han tenido menos de ese espíritu de concordia con que despegó y se impuso su candidatura, pero esos actos posteriores tampoco borran aquel primigenio de su carrera presidencial.
Soy un convencido de que la política chilena está afrontando mal sus problemas y que lo más probable es que, en los próximos años, profundicemos el populismo, el lento crecimiento (si es que crecemos), multipliquemos las malas políticas públicas y disminuya el goce efectivo de los derechos económico-sociales. No veo, en el panorama de las fuerzas políticas, una capaz de evitarnos esas lamentables caídas.
Lo gris y lo mediocre no significa necesariamente una crisis aguda o terminal. Salvo por un factor que sí puede hacernos caer en el despeñadero: la violencia.
La violencia, la delictual, pero sobre todo la política —por lo demás ambas cada vez más interrelacionadas—, sí que tiene la capacidad de llevar al país a una crisis de proporciones. Existen factores de riesgo que no debieran ser menospreciados. La violencia aparece legitimada en grupos narcotraficantes que han copado y controlan territorialmente poblaciones enteras; en barras bravas; en la macrozona de La Araucanía crece prácticamente sin control, y un grupo no despreciable de la izquierda más dura, particularmente entre los jóvenes, vio la violencia como un método heroico y benéfico de acción política. La violencia verbal, expresada en amenazas y funas, se expande sin freno por las redes sociales y las paredes de la ciudad, llamando a ocupar la fuerza física contra los adversarios y los carabineros. La violencia no solo es difícil de detener y genera espirales, sino que suele engendrar corrupción y un clima en el cual la racionalidad política y los entendimientos se hacen muy difíciles.
Es frente a este, el riesgo que aprecio como mayor, que se decide mi voto. Veo en la izquierda un ánimo de tolerancia cuando no de admiración hacia la violencia y los violentos. Basta recordar la peregrinación de Gabriel Boric a visitar a Palma Salamanca o la polera con Jaime Guzmán ensangrentado, para convencerme de que, si no hay una adhesión a la violencia política, al menos hay una trivialización de la misma.
La derecha, en cambio, tiene un discurso de tajante rechazo a la violencia, pero la derecha más dura, que hace gala de esa dureza, no se ha mostrado capaz, ni en Chile ni en el extranjero, de lidiar adecuadamente con ese peligroso fenómeno. La mano dura, al menos, por sí sola, puede generar mucha adhesión, pero es ineficaz. Gobiernos de ese signo suelen, además, lidiar mal con los conflictos sociales.
No argumento que la candidatura de Yasna Provoste muestre fórmulas especialmente convincentes para enfrentar la violencia, particularmente la política; pero me parece que su coalición, comparada con aquellas de sus rivales, es la que está mejor preparada para enfrentar la violencia política. En su tradición, ha demostrado convocar y dejar actuar a las policías cuando es necesario, aunque hayamos hecho poco por reformarlas. Por otro lado, esa coalición ha demostrado capacidad para desactivar conflictos sociales de aquellos capaces de terminar en violencia. (El Mercurio)
La preocupación por el ascenso de José Antonio Kast parece una nueva, y peor versión, del “no lo vimos venir”. Las carreras de último minuto rectificando el discurso y tratando de empatizar con los miedos de las personas no son una respuesta suficiente. Tampoco los retoques del programa. Lo que se requiere es un ajuste en la lectura del país y en el proyecto que se le ofrece. El costo de no hacerlo puede traducirse en que las enormes energías que ha desplegado nuestra sociedad a favor de un cambio de futuro se vuelquen en contra de ese propósito.
La esperanza levantada por un nuevo orden institucional más justo e inclusivo sigue teniendo un piso importante: el proceso constituyente está en pleno desarrollo y existe una amplia conciencia en la sociedad sobre necesidad de cambios. También hay una sólida mayoría que concuerda en la orientación general que esos cambios debieran tener: asegurar derechos sociales, reconocer más poder a los territorios, apostar a un desarrollo armónico con la naturaleza, incorporar más conocimiento e innovación en nuestra economía, reconocer derechos y mayor autonomía a los pueblos indígenas, hacer del feminismo un eje transversal. No es poco. Sin embargo, esa corriente de fondo que apunta mayoritariamente en una dirección se topa con unas mareas bien revueltas respecto de los desafíos inmediatos. Allí prima una completa discordia respecto de cómo enfrentar temas como la seguridad, los retiros, el sistema de pensiones, el conflicto mapuche. Tanto así que muchas personas que se sienten parte de lo que llamamos la corriente de fondo han ido moviendo sus preferencias electorales hacia una propuesta conservadora como la de Kast.
Las lecciones aprendidas por el progresismo en el mundo nos muestran que la única forma de avanzar es ofrecer un horizonte de transformaciones hacia una sociedad más justa, transitando por un camino de mejorías graduales, no de sufrimientos y pérdidas. La idea de los socialismos reales que ofrecían un paraíso al que se llegaba transitando por el infierno resultó como sabemos. Las experiencias latinoamericanas de proyectos progresistas que desafiaron a los poderosos, pero descuidaron detalles como la economía, la seguridad o la estabilidad, terminaron con los poderosos más cómodos que nunca. No digo que ahora estén por cometerse esos mismos errores, pero sí creo que se están desaprovechando las lecciones que dejaron.
El progresismo chileno en sus múltiples variantes ha hecho una reflexión significativa a lo largo del tiempo. El golpe de Estado, la transición democrática y el agotamiento de la experiencia de la Concertación han sido fuente de aprendizaje y evolución política. Sin embargo, sus referentes políticos hacen todo lo posible por ocultarlo. Proyectan campañas y discursos simplones y amenazantes. Hacen caricaturas allí donde debieran poner matices. Ocultan certezas que saben fundamentales por miedo a caer mal y ser funados. Descalifican a sectores que en el fondo valoran. Le temen a la gente en lugar de convocarla.
El conservadurismo que se está levantando hoy en Chile no es un monstruo fascista: son personas preocupadas que piden ser escuchadas. Hacerlo no es darles una aspirina discursiva o una línea en el programa, sino demostrar que el cambio de futuro que se les ofrece se hará cargo del presente que va a generar, y del que está generando ahora mismo.
Lejos de lo que suele decirse en estos días, no son los programas los que nos pueden salvar. Quien sea que gane no tendrá mayorías en el Congreso para realizar sus planes. Y deberá lidiar con un país disconforme e impaciente, que no dudará en darle la espalda al primer error. Lo que nos puede salvar de la ola conservadora que se está levantando es que el próximo presidente o presidenta rompa el bloqueo de la política e invente una nueva forma de viabilizar la colaboración. Que salga algo en limpio de las peleas. Que las diferencias enriquezcan las decisiones, no que las imposibiliten. Eso es lo que tanto se buscó en la época de la transición: recuperar la política después de la ruptura más violenta de nuestra convivencia democrática. Era un desafío enorme y se logró sortear, aunque implicó costos gigantescos. Sin duda, se pudo hacer mejor, tuvo errores, omisiones, renuncias. Pero logró lo fundamental de su cometido, con creces. Ahora se debe inventar una nueva formulación. La promesa no puede consistir, como sucedió en los 90, en enterrar los conflictos y disimular las diferencias. Esta vez el desafío es el contrario: abrirles paso, legitimarlas, pero evitando que nos paralicen o nos fracturen. Es política pura y dura, no política pública, no programa ni ofertón. Esa es la paradoja de nuestro tiempo: después de tanto denostarla, sólo la política nos salvará. (La Tercera)
La realidad nacional presenta la necesidad de modificar y reorientar el actual modelo de desarrollo, cuyos logros positivos son reconocidos y que, sin embargo, sus carencias son también cuestionadas por amplios sectores de la ciudadanía que, junto con haber accedido a mejores niveles de vida, hoy requieren la satisfacción de nuevas necesidades. Entre ellas destacan la participación y el reconocimiento de organizaciones de la sociedad civil, descentralización y regionalización, protección del medio ambiente, respeto por la diversidad y, en general, un nuevo esquema de relaciones cívicas de la ciudadanía, más horizontal e inclusivo, y que ponga la dignidad de las personas en primer lugar.
La competencia es un motor importante para promover el progreso económico, pero no el único, también lo es cooperación, particularmente en países como el nuestro, donde la propiedad del capital físico, financiero y cultural está muy concentrada. El modelo de concentración económica y decisional vigente ya no es aceptado por la mayoría de los chilenos, que han tomado conciencia y se sienten víctimas de la existencia de grandes diferencias sociales, marginalidades y exclusiones. Por ello el rol “subsidiario“ del Estado deberá revertirse para asumir el rol de promotor de iniciativas económicas, sociales, y de integración y coordinación de esfuerzos públicos con el capital privado y con las iniciativas asociativas que la ciudadanía impulse para enfrentar las actuales carencias y atender sus necesidades básicas de subsistencia.
La desconcentración de la economía requiere de la participación en el proceso económico de un mayor y diversificado número de actores. Entre ellos quisiera destacar a las cooperativas. En Chile existen más de 1.400 cooperativas, de diferentes tamaños, que reúnen a más de dos millones de socias y socios. El modelo cooperativo abarca diversos sectores de la economía: agrícola, eléctrico y energía, saneamiento y de agua potable rural, vivienda, y ahorro y crédito, entre otros. Las cooperativas están presentes en todas las regiones del país, contribuyendo a la descentralización y promoviendo el desarrollo social y económico de los territorios.
Nuestro gobierno impulsará el fomento y desarrollo de todo tipo de cooperativas, ya que en su gestión destacan los valores que hoy reclama la ciudadanía, y su marco valórico garantiza el respeto por las personas y su autogestión empresarial. La cooperación debe ser un motor principal para el nuevo desarrollo más integral que Chile necesita. Ello no solo contribuirá a mejorar la capacidad de la economía de crecer, sino que también de generar asociatividad y entregar a los sectores más vulnerables herramientas útiles con las cuales ellos mismos forjen su futuro. La promoción del sistema cooperativo va a permitir que poblaciones que viven en sectores más alejados puedan unir sus fuerzas para acceder a los servicios de los que hoy día carecen.
Hay muchas áreas que son potenciales para la expansión de un modelo cooperativo exitoso. Cada una de esas áreas requiere de medidas específicas, para que cada sector pueda funcionar bien. Es distinto promover, por ejemplo, el desarrollo de un sector cooperativo en una pequeña ciudad que requiere tener energía eléctrica, a través de paneles solares, que el de una comunidad que requiere tener acceso a banda ancha en internet. En cada caso se va a requerir la flexibilidad del Estado para ir adaptando la regulación adecuada y eficiente, en el primer caso, energética, y en el segundo caso de telecomunicaciones. Si queremos en realidad hacer del sector cooperativo un motor de desarrollo, en particular, para los sectores de ingresos más bajos, necesariamente vamos a tener que desarrollar instrumentos flexibles para cada una de las alternativas.
Adicionalmente, queremos contribuir a la mantención y creación de empleos al dar acceso de trabajadores a la propiedad y gestión de empresas que, siendo viables, estén en peligro de quiebra o cierre, a través de cooperativas de trabajo que reciban apoyo en gestión, capacitación y desarrollo productivo. Aquí queremos potenciar el rol de entes técnico – profesionales del Estado, que ya existen, tales como Corfo, Sercotec y un Sence 2.0, y aplicarlos con especial énfasis en el sector cooperativo.
En síntesis, un eje esencial de nuestro programa es el apoyo y la promoción de formas de cooperación entre individuos y grupos de personas que les permita salir adelante con su esfuerzo mancomunado, para lo cual nos parece que las cooperativas debieran continuar y profundizar la importante labor que llevan a cabo. (El Mostrador)
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que declara que las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua «no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática.»
La resolución pide instruir al Consejo Permanente de la OEA que analice la situación que vive el país centroamericano, realice un informe antes del 30 de noviembre y entonces se tomen «acciones apropiadas».
La resolución fue aprobada al final de la 51 Asamblea General de la OEA, que fue celebrada de forma virtual desde el miércoles.
Veinticinco países de la organización votaron a favor de la resolución y siete, entre ellos Honduras y México, se abstuvieron. Nicaragua votó en contra.
El documento fue promovido por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.
El pasado domingo, Nicaragua celebró elecciones presidenciales en las que se reeligió por tercera vez consecutiva a Daniel Ortega. Fueron criticadas internacionalmente por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia.
Algunos países de la OEA como Estados Unidos han mencionado recientemente considerar «consecuencias concretas» para Nicaragua por «abandonar» la democracia.
El artículo 21 de la Carta Democrática, por ejemplo, dice que el organismo puede considerar la suspensión de un Estado miembro. El artículo 20 de la carta dice a su vez que en caso de grave «alteración» de la democracia se faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.
Michael René Campbell, un representante de Nicaragua ante la OEA, dijo antes del voto de este viernes que el pueblo nicaragüense expresó su libre voluntad en una elecciones pacificas, que describió como «una de las tareas más hermosas que ha emprendido (Nicaragua) en los últimos años».
«La OEA no es nuestro Consejo Supremo Electoral.La OEA no tiene la autoridad para constituir nuestra junta receptora de votos. Los funcionarios de la OEA no son ni deben ser fiscales de partidos políticos. La OEA no es árbitro o auditor del proceso electoral. Cada pueblo establece estas autoridades a través de sus leyes,» dijo Campbell.
La resolución del viernes también dice que Nicaragua ignoró o rechazó las recomendaciones que la OEA hace desde hace tiempo para «promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos».
El documento también dice que las instituciones democráticas en Nicaragua han sido dañadas por el gobierno nicaragüense y pide la liberación de presos políticos.
Estados Unidos aseguró el martes que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura, en la aseveración más fuerte que ha hecho hasta este momento el gobierno del presidente Joe Biden para referirse a la administración de Ortega.
La OEA ha celebrado su Asamblea General de forma virtual, con Guatemala como país anfitrión. El foro, en el que participan delegaciones de más de 30 países, se extiende hasta el viernes por la noche bajo el lema «Por una América renovada».
PIÑERA LLAMA A FUERZAS DEMOCRÁTICA A «SER CONSECUENTES»
El Presidente Sebastián Piñera abordó la situación de las elecciones en Nicaragua, donde Daniel Ortega se declaró ganador para mantenerse en el poder por un quinto período consecutivo.
En ese sentido, el Mandatario hizo un llamado a las“fuerzas democráticas chilenas” a ser “consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, la democracia o a los DD.HH.”.
Sus palabras se dieron luego de la polémica declaración del Partido Comunista (PC) y algunos movimientos de izquierda, quienes respaldaron los comicios en Nicaragua: “El pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades y lo ha hecho en paz, de acuerdo con su institucionalidad y leyes vigentes”, aseguraron en el documento.
Misiva que trajo repercusiones durante esta jornada, luego de que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad -colectivo al que pertenece el PC-, Gabriel Boric, se desmarcara de dicha declaración. En ese sentido, el frenteamplista pidió a sus socios que se retractasen y calificó de “fraudulentas” las elecciones en Nicaragua.
Bajo este contexto es que el Jefe de Estado fue consultado sobre su postura frente al tema y si creía que era viable para un presidente liderar la política exterior del país cuando un sector que lo apoya no está de acuerdo con ella.
“Digamos las cosas en forma fuerte y clara. Nicaragua ya no es una democracia y no se respetan los DD.HH. Las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia: no fueron libres, no fueron limpias, no fuero transparentes, no fueron justas”, afirmó el Mandatario en un punto de prensa en La Moneda.
Piñera fundamentó su postura al asegurar que los comicios en dicho país “se hicieron con muchos candidatos o posibles candidatos encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados. No se permitió la participación de observadores extranjeros, y además, no se respetó la libertad de los medios de comunicación. No fueron elecciones democráticas. Y en consecuencia el gobierno de Chile, rechaza y no reconoce esas elecciones”.
Frente a la insistencia de la prensa sobre su postura respecto a la viabilidad de la política exterior cuando hay opiniones divergentes en un bloque, Piñera contestó:“En esta materia, y especialmente cuando hablamos de principios básicos, como la libertad y la democracia y los DD.HH., no puede haber doble estándar. Por eso pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, la democracia o a los DD.HH.”.
OPOSITOR MUERE ENCARCELADO: ACUSÓ A ORTEGA DE VIOLAR A SU HERMANA
“Urgente, fuentes familiares nos confirman el fallecimiento de Santos Sebastián Flores Castillo dentro de la cárcel La Modelo”. Con ese tuit, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó el miércoles del deceso del abogado nicaragüense de 52 años, que estaba recluido desde 2013 en circunstancias desconocidas. Considerado el primer preso político del régimen sandinista, Flores Castillo había denunciado que el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presuntamente abusó sexualmente de su hermana desde que tenía 15 años.
El abogado falleció el martes en una prisión conocida como “La Modelo” de Tipitapa, la más grande de Nicaragua y ubicada a unos 25 kilómetros al norte de Managua, indicó el Cenidh, que recibió la información de los familiares de la víctima. “El Ministerio de Gobernación y sistema penitenciario, deben presentar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de esta muerte”, indicó el organismo, que compaña a la familia en el caso que elevó contra Ortega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Desde el Cenidh siempre estuvimos acompañando a la familia de Santos Sebastián; y denunciando los actos de tortura física y psicológica que le hicieron padecer durante todos estos años de encierro injusto”, señala el comunicado del organismo.
🔴URGENTE| FUENTES FAMILIARES nos confirman el fallecimiento de Santos Sebastián Flores Castillo dentro de la cárcel La Modelo 📢INSISTIMOS: EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y SISTEMA PENITENCIARIO, DEBEN PRESENTAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE ESTA MUERTE
Según el Cenidh, Flores Castillo estaba recluido una galería de máxima seguridad “en donde le tenían completamente incomunicado y era sometido a procedimientos disciplinarios excepcionalmente graves que pueden calificarse como tortura”, indicó el portal 100% Noticias.
Los familiares de Flores Castillo aseguran que fue encarcelado “injustamente” por haber defendido a su hermana, que además resultó embarazada por la violación, según la denuncia. El abogado fue sentenciado a 15 años de cárcel en el año 2013, acusado de violación sexual agravada por Lucila Narcisa Cortez García, quien era defensora pública del Poder Judicial y amiga de la jueza sandinista Gertrudis Gaitán, cargos que siempre fueron negados por el convicto y su familia. Era considerado uno de los primeros presos políticos del régimen sandinista en Nicaragua, destaca el portal Infobae.
Flores Castillo había enviado una carta al Cenidh donde relataba detalles de las torturas que sufría en la prisión y calificaba como “una venganza” por haber denunciado al Presidente Ortega, en ese entonces en su segundo mandato. “Daniel Ortega me odia a muerte porque no estuve de acuerdo con la relación de pareja cuando el convirtió en su mujer a mi hermana Elvia Junieth, cuando ella tenía 15 años”, señalaba la misiva escrita por el detenido.
🚨Hemos recibido informaciones de que Santos Sebastián Flores Castillo quien señaló públicamente a Daniel Ortega de violar a su hermanita de 15 años HA MUERTO en la cárcel La Modelo de Tipitapa dónde estuvo detenido desde el año 2013. pic.twitter.com/NkmTodLAQx
En esa carta también suplicó a organismos de derechos humanos que le ayudaran “por el amor de Dios”. “Ya no aguanto estas torturas y este encarcelamiento injusto (…) Responsabilizo a Daniel Ortega de cualquier cosa que me suceda en esta prisión o en cualquier lugar de Nicaragua”, escribió el abogado.
Elpidia Castillo, la madre de ambos, Santos y Elvia, corroboró las acusaciones de su hijo desde su exilio en Estados Unidos. Toda la familia huyó del país cuando estalló el escándalo, menos la propia Elvia Junieth, que contrajo matrimonio con un hombre cercano a la pareja presidencial, con el que ha criado al hijo del presidente, según confirmaron al diario español El Mundo fuentes conocedoras del caso.
“Ha muerto en la impunidad. Su muerte es responsabilidad de Ortega, que en su momento fue preso político de Somoza y ahora se ha convertido en el verdugo de los presos políticos, pero con mucha mayor crueldad que Somoza. En Nicaragua se cometen torturas de manera masiva y sistemática”, comentó al periódico español Juan Carlos Arce, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Un ciudadano nicaragüense protesta contra el Presidente Daniel Ortega en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de Guatemala, el 7 de noviembre de 2021. Foto: AP
Antes de ser encarcelado el 17 de junio de 2013, el abogado llevaba varios años intentando que el caso de su hermana trascendiera a través de organismos defensores de los derechos humanos. Según la agencia EFE, el caso tomó relevancia en noviembre de 2017 cuando sus familiares decidieron denunciar desde Miami, donde se exiliaron, supuestos malos tratos y torturas a las que el reo era sometido en prisión.
La familia de Flores Castillo siempre sostuvo que su caso no era político, sino humanitario, no obstante, responsabilizaron a Ortega de lo que le ocurriera a Santos Sebastián dentro de la cárcel. “El presidente le mandó a prefabricar el supuesto delito de violación que nunca sucedió, con la finalidad de silenciar su voz”, explicó Elpidia Castillo en su denuncia ante el Cenidh.
En 2017, según EFE, la CIDH conoció los detalles del caso del ahora fallecido e inició sus propias investigaciones, que duraron cuatro años, hasta que fue admitido el 7 de septiembre pasado. Ya desde entonces el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Gerald Staberock, se había puesto en contacto con el gobierno de Ortega para expresar su “preocupación” por las condiciones de Flores Castillo en la cárcel, que incluía denuncias sobre “graves malos tratos, aislamiento, y restricción de visitas”, así como falta de acceso a la salud y a defensores de derechos humanos.
Zoilamérica Narváez Murillo en 1998, tras presentar su denuncia contra Daniel Ortega. Foto: AFP
Antes de que fuera conocido el caso de Elvia Junieth, Ortega ya había sido objeto en 1998 de una denuncia similar por parte de su hijastra, Zoilamérica Narváez Murillo, hija de la vicepresidenta Rosario Murillo. La madre de la joven defendió al líder sandinista, consolidando la dupla que gobierna el país hasta hoy.
El caso de Narváez no progresó en el Poder Judicial, controlado por los sandinistas, y la hijastra terminó optando por el exilio en Costa Rica. En ese país la socióloga es profesora universitaria y trabaja en diseño curricular en educación. “No soy dirigente, soy un exiliado más”, dijo en julio pasado en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle. (Emol EFE AP La Tercera)
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