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Sobre el régimen y los poderes

 

Gabriel Boric y la Realpolitik-Luis Larraín

Los temas claves de la transición entre los gobiernos de Piñera y Boric han resultado ser la intención de la izquierda más radical de conceder un indulto a lo que ellos llaman los presos de la revuelta y la tramitación del proyecto de ley que establece la PGU, Pensión Garantizada Universal, que mejorará las pensiones de los actuales y futuros jubilados con un aporte estatal máximos de 185.000 pesos a todos los adultos mayores de 65 años que no se encuentren entre el 10% más rico de la población.

Ambos temas se le han venido encima a Boric y su coalición, como un baño de realidad en estos días. La política en definitiva trata del poder y no meramente de intenciones, declaraciones y supuestos ideales, que es lo que el novel grupo que se apresta a asumir labores de gobierno ha hecho en política hasta ahora; además, por supuesto, de ganar la elección presidencial y obtener así el derecho a poner uno de los suyos a gobernar Chile. La cuestión ahora es cómo mantener y administrar ese poder y el término que utilizamos en el título de esta columna, propio de la discusión acerca del orden mundial y el poder, nos parece el más adecuado para describir la disyuntiva que enfrenta el presidente electo.

Y es en ese afán cuando la política pierde parte de su épica y su purismo para transformarse en una tarea llena de cuestiones prosaicas que pueden parecer vulgares por su cercanía con lo material y con las conveniencias, más que con los ideales y los relatos. Los dos temas que mencionábamos antes, indulto y PGU han de tratarse con ese tipo de consideraciones como comprende ahora Boric. Lo mismo ocurre con la instalación del gobierno y su primer hito, que es el nombramiento del primer gabinete.

En relación al indulto, despejados los humos de la revuelta, la mayoría de los chilenos, 62 % de la población, se muestra contraria al acto de extinguir por medio de una ley la responsabilidad penal por la comisión de un delito. Influiría en esa opinión el recrudecimiento de la violencia y la delincuencia que, por efecto demostración, recibiría la señal incorrecta si nuestras instituciones dejan libre de culpa a quienes han cometido acciones violentas tales como quemar iglesias, estaciones del metro, comercios, vehículos y viviendas e incluso atentar contra la vida de personas muertas en causas catalogadas como homicidios. Así las cosas, diversos analistas han señalado que lo que le conviene a Boric es que el proyecto que él ha apoyado, cuestión que matizó en la campaña de segunda vuelta, continúe su tramitación y sea rechazado en el Congreso, donde no están las mayorías para aprobarlo. ¿Podrá resistir el presidente electo la presión de la izquierda más dura?

En el caso de la PGU, quienes han criticado el bajo nivel de las pensiones tienen poca cara ante la ciudadanía para oponerse a un proyecto que puede aumentarlas para el 90% de los jubilados en los próximos treinta días. La tentación de negarle un triunfo al gobierno saliente, además de mezquino, resultaría muy costosa para la nueva administración. La autopercepción de escaso poder que tiene el gobierno de Piñera, no obstante, explicaría sus concesiones a la oposición que se traducirán en nuevos impuestos a los chilenos, contrariando la esencia del discurso oficial. (El Líbero)

Luis Larraín

UE pide a Israel detener expansión de asentamientos en Jerusalén Este

La Unión Europea urgió este jueves a Israel a revertir su plan de construir centenares de casas en Jerusalén Este y avisó que la expansión de asentamientos, las demoliciones y los desalojos son ilegales bajo el Derecho internacional.

En un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) instó a Israel a «no proceder» con el plan de construir más de 1.450 edificaciones en los asentamientos de Har Homa y Givat Hamatos puesto que «podría afectar a la posibilidad de que Jerusalén sirva como futura capital de ambos Estados».

«La expansión de asentamientos, las demoliciones y los desalojos son ilegales bajo el Derecho internacional. Exacerban las tensiones, amenazan la viabilidad de la solución de los dos Estados y disminuyen las posibilidades de una paz duradera«, subraya el departamento que dirige el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell.

El SEAE añade en el comunicado que la UE «está preparada para dar todo su apoyo a las partes abriendo sendas hacia el relanzamiento del proceso de paz lo antes posible«.

Por otro lado, la UE condena la expulsión de una familia en el barrio de Sheij Yarrah y denuncia que «la posibilidad de que haya nuevas expulsiones de familias palestinas de las casas en las que han vivido durante décadas» plantea el «riesgo» de alimentar «tensiones» sobre el terreno y contribuye a la «creciente tendencia» en la cifras de demoliciones y expulsiones en Cisjordania, incluido Jerusalén Este.(Emol EFE)

Irina: ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario-Alberto López-Hermida

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de primera dama con el fuerte compromiso de reformular el cargo parece un nuevo síntoma del daño profundo y las contradicciones inevitables que se desprenden del fanatismo juvenil por cambiarlo todo en base a prejuicios y slogans.

La pareja del presidente electo Gabriel Boric venía diciendo hace semanas que el papel de primera dama debía ser repensado profundamente, decisión tremendamente válida, entendiendo que es una figura no del todo regulada y que incluso se puede decidir libremente si ejercerla o no. Sin embargo, el martes recién pasado Karamanos anunció que de todos modos asumirá ese rol, aunque con el firme propósito de cambiarlo.

Los escuetos lineamientos que la futura primera dama dio para explicar su decisión son al menos seis y, hay que decirlo, ninguno de ellos entrega un argumento contundente, al punto que incluso esboza un aparente desconocimiento y contradicción, dejando más dudas que certezas.

Primero, Karamanos aspira a “adaptar a los tiempos” el rol que ejerce la pareja del Mandatario, esgrimiendo esa palabra repulsiva para su sector: tradición. Lo cierto es que basta un poco de lectura de la inmensa cantidad de artículos y estudios que se han hecho a este respecto en Chile y el mundo para darse cuenta que el de primera dama es un rol que se ha ido adaptando sin necesidad de declararlo con tanta pirotecnia.

Nadie puede negar que el papel de María Nicolasa Valdés y Carrera fue muy distinto al de Rosa Markmann, como al de Graciela Letelier o Maruja Ruiz-Tagle, o Leonor Oyarzún, Marta Larraechea, Luisa Durán y la misma Cecilia Morel. Aunque todas compartieron el mismo título, cada una ha sabido, con mayor o menor fuerza, dar un toque propio ajustado al momento histórico que han vivido. Un poquito de historia sin prejuicios, por favor.

Segundo, la pareja de Boric anuncia que va a “despersonalizar” el cargo. Parece no entenderse que es una función que se sostiene directa y precisamente en la persona del mandatario y se valida por el vínculo que se tiene con él o ella. Si es esto último lo que se quiere modificar, pues Irina lo que busca es crear una suerte de repartición, secretaría o ministerio a la medida, ajena a la persona del jefe de Estado. Curioso, por decir lo menos.

Tercero, Karamanos anunció además que desea “cambiar la relación con el poder” que tiene la función de primera dama. ¿Cómo es posible modificar esto cuando su función, que no deriva del voto ciudadano, debe su existencia única y exclusivamente a su vínculo con quien ejerce el poder? Si lo que se busca por el contrario es restarle poder –¿lo tiene?–, inevitablemente le quita relevancia y capacidad de acción.

Cuarto, la inminente primera dama desea también cambiar “la forma en la que vemos la relación con el poder y las mujeres que hacen política”. Además de contradecirse con el punto anterior, pues reconoce que hay un vínculo con el poder, se insinúa equivocadamente que el cargo sólo podría ser ejercido por mujeres. Sin embargo, lo más grave de este punto es que se desconoce de un golpe lo significativo que ha sido en muchos países del mundo, y en especial de un continente fuertemente machista como el latinoamericano, el papel de la primera dama para aspirar a disminuir en algún grado la enorme brecha de género aún presente en el ejercicio del poder. No en vano y como botón de muestra, una veintena de primeras damas de nuestro continente han postulado luego a la presidencia de sus países y, vaya ironía, en una semana más asume como presidenta de Honduras Xiomara Castro, primera dama en 2009. ¿No es acaso el cargo un espacio más para avanzar hacia la tan anhelada feminización de la política?

Quinto, Karamanos dice curiosamente aspirar también a inyectar “probidad y transparencia” en la función que cumpla esta “renovada” primera dama. Un deseo sin fundamentos y una insinuación gratuita. Si la pareja de Boric está en conocimiento de alguna falta a la integridad y honradez de sus predecesoras debería explicitarlo y, si cabe, denunciarlo, salvo que su juicio general sólo haya puesto acento al caso de Sebastián Dávalos, la única manzana podrida en el cargo del que se sepa en el Chile democrático moderno.

Sexto y último, la futura primera dama postula que su rol debe ser “menos caritativo” –vaya obsesión contra la caridad–, pero “más articulador y diplomático”. Ya se nos podrá decir cómo articular y ejercer la diplomacia desde el Ejecutivo si no es, precisamente, ostentando alguna cuota de poder.

En definitiva, la decisión de Irina Karamanos de asumir como primera dama es tremendamente válida, tanto como su deseo de reformar el cargo en cuestión… pero hasta ahora abrazar ambas ideas al mismo tiempo no ha sido fundamentado y resulta hasta contradictorio. Incluso indicó explícitamente su intención de visibilizar, desde su cargo, a las juventudes trans, la infancia, la migración y la interculturalidad. ¿No es acaso eso tener una agenda explícita de política social tal como la han tenido todas las primeras damas de nuestro país y la que, por cierto, no deja de rozarse con las funciones de varios Ministerios? ¿Cuál es la diferencia?

Que quede claro, el rol de primera dama podría perfectamente ser eliminado. Hay literatura y experiencia internacional suficientes que validan una decisión así. Aquí lo confuso es querer mantener la figura, agitar sin fundamentos la bandera del cambio y seguir la moda ciega de pisotear toda tradición por el simple hecho de serlo. Cada vez que aparece ese cóctel el resultado es inexistente o, peor aún, desastroso. (El Líbero)

Alberto López-Hermida

El problema del acceso

El acceso a la educación superior genera enorme interés en la opinión pública. Y es razonable, dados los significativos beneficios privados (remuneración, prestigio, oportunidades, en resumen, movilidad social) y públicos (una población más educada impulsa el crecimiento del país, de la cultura y de la democracia) que genera estudiar más allá de la educación obligatoria.

Nuestro país ha tomado decisiones de política que refuerzan lo anterior. La alta prioridad que tuvo la gratuidad de la educación superior, y la magnitud de la inversión pública, fue una manera concreta del gobierno de la ex Presidenta Bachelet de dar una señal: la educación terciaria es el movilizador social que el país ha preferido para su población y su desarrollo. Que todos tengan oportunidades de ingresar a esta, entonces, se vuelve fundamental.

¿Puede este ingreso ser equitativo? Históricamente, sea por la escasez de plazas, la falta de apoyo financiero o la desigualdad en la calidad del sistema escolar, el acceso a la educación superior -en particular la universitaria- ha sido un tema de elite. Solo la liberalización de la educación superior, y la sucesiva creación de las universidades privadas, los institutos profesionales y centros de formación técnica, permitió la masificación de este nivel educativo. Tras dos décadas de una tenaz resistencia del Consejo de Rectores (Cruch) a cualquier cambio, el Ministerio de Educación ha hecho importantes esfuerzos para lograr que los sesgos de los instrumentos de acceso vigentes, en particular de la ya desaparecida PSU, fueran modificados. Los cambios definitivos, que se concretaron en una nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) fueron anunciados hace algunos días. De concretarse, según los antecedentes entregados, podrían reducirse un poco las brechas socioeconómicas en el ingreso a la educación superior.

Parece importante reflexionar acerca de qué dice esto de las prioridades de nuestra política educacional. Primero, la ampliación de la oferta es la primera clave de la equidad en educación superior, y en Chile, esto fue conseguido por el sistema privado y el técnico profesional, de la mano de un apoyo importante a los estudiantes más vulnerables mediante becas y créditos. No ha sido la educación pública -sea por acción u omisión- la que ha liderado la verdadera inclusión de quienes en el pasado no tenían acceso a la educación superior. Lo segundo es que la gratuidad, y junto a ella el programa político de Bachelet II, fue una decisión de política que obligó al país a tomar la difícil (si no imposible) ruta de buscar reducir las desigualdades desde la educación superior, donde cada peso vale menos y cada esfuerzo es menos efectivo, en lugar de la educación parvularia y escolar. Durante ese gobierno vimos la creación de universidades y centros de formación técnicas estatales, pero la contracara es la decadencia de los liceos públicos de excelencia, instituciones a las cuales la actual oposición le tiene al menos desconfianza.

Tercero, y lo más importante, es que esa ruta parece haber encadenado a los futuros gobiernos a trabajos y esfuerzos que no logran ir al fondo del problema. La PAES podrá reducir el sesgo adicional que tenía la PSU, pero no hace nada por reducir la enorme desigualdad de resultados entre la educación particular y la pública. Se podrán quizás identificar talentos potenciales, pero ¿qué se hará con las competencias, habilidades, aprendizajes de quienes ni siquiera rindieron las pruebas y no piensan en lo inmediato en la educación superior, sino en el mundo del trabajo, que requiere de los aprendizajes del sistema escolar?

¿Será el gobierno entrante capaz de revertir esta tendencia? La condonación del CAE, política que el Presidente electo ha insistido en llevar a cabo, no parece el más auspicioso de los comienzos. (La Tercera)

Daniel Rodríguez

Nuevo gabinete

Mientras más alto el número de cambios en el gabinete más inestable era el gobierno. Esta es una de las afirmaciones del estudio Los Gabinetes Ministeriales en la Democracia Chilena pos 1990 de Olivares, Baeza y Dávila del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Se analizaron los criterios para elegir gabinetes de cuatro gobiernos post dictadura, la duración en el cargo de sus autoridades y el peso de la pertenencia a los partidos, entre otros. Así, con Aylwin prácticamente no hubo cambios de gabinete; con Frei, el promedio fue de 27 meses en el cargo; con Lagos, 28 meses y con Bachelet, en el primer período, 23 meses. La DC siempre fue el partido mayoritario, y las personas independientes nunca superaron el 9%.

A horas de conocer el gabinete que el presidente electo le comunicará al país, es probable que esta tarea haya sido un dolor de cabeza para él y su equipo. Esos nombres y su conformación serán analizados con lupa. El liderazgo del presidente, sus actuaciones y el programa con el que ganó han generado altas expectativas. A tal punto que él ha pedido “no idealizar a nadie, partiendo por mí”. La opinión pública se mueve entre la esperanza y el temor frente a este cambio generacional que ejercerá el poder.

Las personas esperarán que las y los ministros sean un reflejo de los valores que guiarán al próximo gobierno. No quieren ver peleas “de lote” al interior del gabinete, ni reclamos sobre “los cupos” que le tocaron a tal o cual partido. Esperan ver ministros y ministras que colaboren y no compitan entre sí. Un equipo de trabajo con los pies en la tierra, al servicio de las personas y no con el ego disparado al punto de nublar los pensamientos. Personas diversas, que respeten la paridad de género y convivan diferentes generaciones, con altas capacidades técnicas, pero también con fina conexión con la demanda territorial. Que combine capacidades políticas, diálogo, capaces de escuchar antes de imponer sus creencias.

El contexto político, social y cultural del país es desafiante. Desde el estallido social, pasando por los profundos efectos de la pandemia y los cambios que traerá el proceso constituyente, han configurado un escenario distinto a lo que se conocía. No hay tolerancia frente al abuso y la corrupción. El poder de las redes sociales aumenta, mientras crece la desconfianza en la política y las instituciones. Cualquiera que sea el gabinete nombrado será criticado con dureza y no dejará muy contento a nadie. Pero lo más importante estará por venir.

Vienen meses de trabajo intensos e ingratos. Que pueden ser más duros sino se cultiva un modo de hacer las cosas coherente con el liderazgo presidencial y que combine los factores: gestionar las crisis propias y heredadas con transparencia; cuidar las promesas y hacerlas posibles; escuchar y comprender las demandas de las personas; estimular la participación; corregir a tiempo; comunicar integralmente; promover la austeridad; evitar la frivolidad; activar la cultura como un bálsamo para el tiempo que viviremos, cuidar a los equipos, proteger al Presidente, etc, etc. (La Tercera)

Paula Walker

Lobby de tabacalera: desafío para gobierno entrante

La llegada de un nuevo gobierno implica una necesaria renovación de nombres al frente de reparticiones públicas. Esto traerá cambios en políticas, enfoques y prioridades. También implicará un esfuerzo renovado de agentes económicos por influir sobre las personas a cargo de diseñar, implementar y fiscalizar regulaciones a actividades económicas.

El lobby es legal y está regulado en Chile, pero existe un sector en el que se han tomado compromisos internacionales para eliminar ese lobby e impedir que se “cuele” en las políticas públicas: el tabaco. El Convenio Marco ratificado por Chile en 2005 llama a los países a impedir que los intereses de la industria tabacalera prevalezcan por sobre la salud de la población. Tabaco y salud jamás van de la mano y cualquier avance de la industria tabacalera es un retroceso de la salud pública y una pérdida de bienestar social.

Aunque debiera evitarse, el lobby tabacalero es descarado y rampante. Se ha visto con visitas de un ex-primer ministro español (José María Aznar) al ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, o con las numerosas audiencias con parlamentarios entre los años 2018 y 2021.

El efecto de ese lobby se ha visto, por ejemplo, en la escandalosa demora y tratamiento que ha tenido el proyecto de reforma a la Ley de Tabaco que estuvo tres años sin ser tratado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados (¿Por qué este proyecto que no tiene nada que ver con Agricultura fue pedido por esa Comisión?) y luego fue rechazado para comenzar de nuevo un largo periplo por la Cámara. Ese proyecto fue presentado en 2015 y aprobado por el Senado en 2018. Desde entonces, ha encontrado una traba tras otra en la Cámara, producto de la interferencia de la industria tabacalera que ha sido más escuchada que la sociedad civil o las sociedades científicas.

Ese lobby abierto, que está regulado por ley, es solo la punta del iceberg de uno mucho más sutil, más oculto y sin ningún control, que se realiza sobre instituciones claves. Así, por ejemplo, el Servicio Nacional de Aduanas reconoce en sus documentos que le pide asistencia técnica a la British American Tobacco (BAT) en temas de comercio ilícito de cigarrillos o que, ante la ausencia de estudios propios, toma las estimaciones de contrabando de la BAT Chile como válidas. Esto implica confiar en una multinacional que ha sido investigada y condenada por contrabando en otros países. Es, literalmente, preguntarle al zorro sobre cómo proteger a las gallinas.

Otro ejemplo: el Servicio Nacional de Aduanas, el SII, Carabineros, PDI y otras dependencias estatales se sientan en la misma mesa con BAT Chile en el llamado “Observatorio de Comercio Ilícito” creado y conducido por la Cámara Nacional de Comercio. ¿Resultado? Las cifras de contrabando de cigarrillos que BAT Chile entrega -exageradas respecto de estudios independientes- son las mismas que estas instituciones del Estado asumen como verdaderas. Hay una confianza absoluta en lo que la industria tabacalera (subsidiaria de una empresa condenada por contrabando en otros países) les dice, lo que les da legitimidad -apoyada por el Estado- a su oposición permanente a las políticas de control del tabaco.

Hay decenas de situaciones similares que dejan de manifiesto el enorme poder corruptor que tiene este sector. Esta situación debería llamar la atención de las nuevas autoridades que deben velar por el bien común, que no incluye de ninguna manera a la industria tabacalera. Se necesita un compromiso fuerte, claro y sostenido de cortar la influencia indebida de la industria en todas las dependencias públicas, incluidos los organismos fiscalizadores de áreas y sectores en donde las empresas tabacaleras actúan. (Red NP)

Guillermo Paraje

Economista

Duro emplazamiento de jefe militar de Araucanía a bandas armadas

Luego de los ataques armados que terminaron con dos personas fallecidas ayer en la Macrozona Sur, este miércoles el jefe de la Defensa Nacional de La Araucanía, general del Ejército Luis Cuellar, emplazó a los autores de ambos crímenes a «enfrentarse» a las Fuerzas Armadas.

Tras sostener una reunión de coordinación con las policías de la zona, Cuellar calificó a los responsables de los ataques de «cobardes» por balear a civiles y afirmó que los miembros de su institución van a responder si son agredidos.

«Nosotros no somos policías, nosotros somos parte de las Fuerzas Armadas. Quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie. Pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones», comenzó señalando Cuellar en punto de prensa.

Según dijo, «si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va centrar su arma, va a identificar blanco y van a haber bajas. Eso es una realidad, van a haber bajas». «Por eso les digo y repito enfáticamente: aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Porqué no se enfrentan con nosotros?. Los invito», complementó el general.

Y enfatizó: «Lo más lamentable y peligroso al mismo tiempo, es que los hechos que acaban de describir son atentados de gente desalmada en forma altera y cobarde. Se los digo con todas sus letras, son unos cobardes. ¿Por qué no se enfrentan a los militares derechamente? ¿Por qué asesinan personas civiles, desarmadas e inofensivas?. Son unos cobardes«.

MINISTRO DELGADO

«Las declaraciones del jefe de la Defensa tienen que ver con aclarar el rol de las Fuerzas Armadas y también repudiar a quienes han optado por las armas«.

Con esas palabras, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió esta tarde a los dichos que emitió ayer el también director de Operaciones del Ejército, Luis Cuellar, para emplazar a los autores de los dos crímenes que se reportaron esta semana e la Macrozona Sur.

«Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va centrar su arma, va a identificar blanco y van a haber bajas. Eso es una realidad, van a haber bajas (…) Por eso les digo y repito enfáticamente: aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito», dijo en un punto de prensa el general.

En un comienzo, Delgado señaló que «el jefe de la Defensa hace una declaración que uno pudiese ir analizándola por parte. En la primera él dice algo que nosotros lo hemos dicho permanentemente desde que se inicia el Estado de Excepción en la Macrozona Sur: las Fuerzas Armadas no reemplazan a las policías, sino que le brindan apoyo logístico fundamentalmente a Carabineros y de ahí nacen los patrullajes mixtos, operativos en conjunto, cuando la Fuerza Armada asegurar los perímetros para que la policía haga alguna intervención o control, e inclusive algún allanamiento. Por lo tanto, él hace la separación».

Lo segundo, aseveró, «es algo que como Gobierno por supuesto adherimos. Quienes han optado por la utilización de las armas como metodología de resolver los conflictos, cualquiera que esta sea, merecen todo nuestro repudio, y cuando encima tenemos que personas quedan gravemente heridas como fue en Carahue con Ceferino González o como fue el caso de César Millahual que termina perdiendo la vida por una metodología que ya hemos visto, por supuesto que requieren un tratamiento distinto que una persona que ingresa o que quiera dialogar y merecen nuestro repudio».

En esa línea, sostuvo que «la única invitación que como Gobierno hacemos a firme siempre, es por la paz y es por las personas que optan por el uso de armas a que las dejen para poder dialogar, pero quien nos amenaza con armas, quien ha hecho que personas civiles pierdan la vida y también mártires de ambas policías, merecen nuestro repudio». (Emol)

Fiscal de Nueva York acusa a Organización Trump de fraude fiscal y tributario

La oficina del fiscal general de Nueva York dijo el martes por la noche que descubrió una gran cantidad de evidencia de que el expresidente Donald Trump y su compañía tasaron activos falsamente para obtener préstamos, cobertura de seguros y deducciones de impuestos.

Los hallazgos se produjeron en documentos judiciales en los que se pedía a un juez que ordenara a Trump y a dos de sus hijos adultos, Ivanka Trump y Donald Trump Jr., que cumplieran con las citaciones civiles para su investigación de fraude. La oficina de la fiscal general Letitia James dijo que si bien no había llegado a una conclusión sobre si emprender acciones legales, los motivos de la investigación eran “evidentes”.

“Hasta ahora, en nuestra investigación hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron de manera falsa y fraudulenta múltiples activos y tergiversaron esos valores ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos”, dijo James, una demócrata.

Los Trump le han pedido a un juez que anule las citaciones o las suspenda hasta que concluya un caso penal paralelo. Los abogados de los Trump han argumentado que cualquier información que los abogados del fiscal general obtuvieron a través de las declaraciones podría usarse indebidamente en la investigación penal, que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan está llevando a cabo junto con los abogados de la oficina del fiscal general.

Una persona pasa frente al Trump International Hotel en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 19 de enero de 2022. Foto: Reuters

Alan Futerfas, abogado de Donald Jr. e Ivanka Trump, dijo que en los documentos presentados,la oficina del fiscal general no había abordado los argumentos centrales de los Trump.

“En 160 páginas de información legal, la Oficina del fiscal general omite deliberadamente abordar las repetidas amenazas de James de atacar a la familia Trump y sus afirmaciones sobre su investigación criminal, todo lo cual es la esencia de nuestra moción para anular las citaciones o suspenderlas”, dijo Futerfas.

Una portavoz de la Organización Trump dijo que las acusaciones de James no tenían fundamento. “Ella defraudó a los neoyorquinos al basar toda su candidatura en la promesa de atrapar a Trump a toda costa sin haber visto una pizca de evidencia y en violación de todas las reglas éticas concebibles”, dijo la portavoz. James defendió previamente su investigación, diciendo que nadie está por encima de la ley.

Un abogado de Donald Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

Peatones y un repartidor de alimentos son vistos afuera del edificio Trump en 40 Wall Street en el distrito financiero de Nueva York, el 23 de marzo de 2021. Foto: AP

La oficina ha dicho que su investigación comenzó en marzo de 2019, después de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, testificara ante el Congreso que Trump desinfló sus activos para reducir los impuestos inmobiliarios y los infló para obtener beneficios financieros.

La oficina de James dijo que determinó que Trump hizo declaraciones inexactas en sus estados financieros, una recopilación de información financiera compilada, pero no auditada por sus contadores que contenía valores de propiedades y activos.

Las inexactitudes se referían a las propiedades de Trump, incluida Seven Springs, una propiedad al norte de la ciudad de Nueva York; el departamento tríplex de Trump en Trump Tower, y el Trump International Golf Club Scotland, dijo la oficina del fiscal general.

Para valorar el departamento de Trump, las declaraciones basaron un cálculo en la afirmación de que el tríplex tenía 2.787 metros cuadrados, a pesar de que el tamaño real era de 1.022 metros cuadrados, dijo la oficina del fiscal general. Las declaraciones de 2015 y 2016 valoraron el departamento en US$ 327 millones, según el tamaño de 2.787 metros cuadrados, según la oficina.

La oficina del fiscal general dijo que su evidencia mostró que los bancos y las instituciones financieras se basaron en las declaraciones para determinar si otorgar préstamos y seguros a Trump y su empresa. (La Tercera WSJ)

Boric lamenta muertes en Araucanía pero reitera que no extenderá emergencia

El Presidente electo, Gabriel Boric, se refirió esta jornada a la situación que se vive en Macrozona Sur, donde diversos hechos de violencia se han vivido en las últimas horas, y sobre la posibilidad de mantener el Estado de Excepción.

El frenteamplista lamentó las últimas situaciones ocurridas en la zona, donde dos personas fallecieron en las últimas 24 horas, además de otros hechos de violencia.

“Nos entristecen y condenamos los asesinatos de César Millahual y Joel Ovalle. Nos preocupan los ataques violentos y las víctimas que ha dejado este conflicto. Para avanzar hacia la paz y seguridad, necesitaremos la voluntad de todos. Pondremos lo mejor de nosotros en esa tarea”, indicó Boric a través de su cuenta de Twitter.

Nos entristecen y condenamos los asesinatos de César Millahual y Joel Ovalle. Nos preocupan los ataques violentos y las víctimas que ha dejado este conflicto. Para avanzar hacia la paz y seguridad, necesitaremos la voluntad de tod@s. Pondremos lo mejor de nosotros en esa tarea.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 19, 2022

Por su parte, la diputada PC e integrante del comando, Camila Vallejo aseguró que “lamentamos mucho los incidentes. La verdad es que nos conmueve todas las víctimas de esta situación que ha sido lamentablemente histórica y creemos que hay que cambiar las recetas para abordar este conflicto”, indicó Vallejo.

En ese sentido, afirmó que se debe avanzar en “que prime el diálogo, que se converse con todos los sectores que haya que conversar, porque simplemente insistir en la receta de los Estados de Excepción con los resultados que tenemos parece no ser suficiente”.

Sus palabras se dieron, además, luego de la reunión que el Presidente electo sostuviera con los dirigentes de Chile Vamos, quienes le plantearon la necesidad de mantener el Estado de Excepción en la zona. Pero, según presentes, el Mandatario habría mantenido su postura de no perseverar en la medida cuando llegue al gobierno.

Ayer el Congreso aprobó la séptima extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, así la medida que se inició el 12 de octubre de 2021 durará hasta el 9 de febrero. (La Tercera)