Cada candidatura tiene que superar al menos una crisis antes de poder asentarse. Kast la tuvo con la emergencia de Kaiser que amenazaba con desbordarlo, Matthei al ser desplazada del primer lugar y ahora la tiene Jara por la exposición a las querellas internas de los partidos que la apoyan.

Kast y su equipo decidieron mantenerse en la estrategia ya definida y capear el temporal. Matthei apostó al trabajo de equipo y a la capacidad de integrar apoyos diversos. Ahora es Jara la que tiene que salir de una crisis, los otros tuvieron más tiempo para superar su momento crítico, pero aquí no ocurre lo mismo.

Lo que hace la diferencia es que los competidores de Jara han tomado todas las decisiones del caso y, para bien o para mal, han definido un patrón de comportamiento que no van a variar de aquí a noviembre. En la derecha ya no hay decisiones clave que definir, sino apuestas tomadas que implementar.

La oposición tiene en conjunto una excelente posición electoral, pero no tiene una existencia política unitaria. Esta es su limitación fundamental. No se saca nada con sumar sus adhesiones como si ya nos encontráramos en segunda vuelta.

El hecho de que las diferentes candidaturas presidenciales de la derecha den por garantizado que en diciembre sus electores se alinearán tras el que obtenga más votos no está facilitando las cosas en el presente. Todo lo contrario.

Los mayores consensos en la oposición se expresan en el diagnóstico mucho más que en el modo como se espera conducir al país. Eso juega más a favor de una confrontación dura que de un acercamiento progresivo.

El gran acuerdo en la derecha consiste en evaluar que la candidatura de Jara tiene un piso y un techo muy próximos. Como eso implica que no puede alcanzar la mayoría, se refuerza el convencimiento de que en este tramo de la competencia es donde hay que jugarse el todo por el todo.

Es la hegemonía lo que se juega ahora. Como ninguno de los involucrados espera ser tratado con guante blanco por sus socios una vez que se dirima la contienda, la expresión de las diferencias se ha ido acentuando con rapidez.

El que mucho tiene, mucho pierde

En la oposición están tan seguros del triunfo de uno de sus candidatos como convencidos de que no da lo mismo quién gane. De otro modo el entendimiento entre candidaturas se hubiera producido hace mucho. Cuando las diferencias son pocas se apoya al que va primero sin dramas, pero no es este el caso.

Tampoco da lo mismo dónde se encuentre cada personaje en particular cuando se cuenten los votos. Por eso la figura de los desertores se está volviendo parte del paisaje y se están dirigiendo casi exclusivamente en favor de Kast.

La competencia en la derecha se está haciendo muy ruda y eso trabaja a favor de un mayor acercamiento entre los candidatos y sus respectivos comandos. Puede que en estos lados se estén cometiendo más errores que los necesarios, pero no hay mucho espacio para que escalen o se aprovechen para cobrar cuentas internas. Los tropiezos se tratarán con indulgencia dado lo mucho que está en juego.

La prueba está en que los episodios más anecdóticos de la campaña se dan rápidamente por superados, como ocurrió con las declaraciones de Juan Sutil. En cambio, los dichos de Lautaro Carmona siguen siendo sobredimensionados como punto básico de conversación en el oficialismo.

Con la derecha compitiendo en dos frentes y sin la intención de ningún participante de darse por vencido, lo que decidirá la campaña presidencial está por pasar y dependerá de lo que hagan los candidatos en sintonía con sus equipos de campaña.

A los candidatos los vemos siempre y es fácil hacernos una idea de su desempeño, no ocurre lo mismo con sus equipos de campaña, a los que se puede evaluar por los efectos de sus acciones más que por conocer en detalle su dinámica interna.

Que constituir un equipo de campaña no es cosa fácil, nos lo puede testimoniar Matthei, quien dispuso de todo el tiempo necesario y más para constituirlo con calma y es quien más modificaciones y ajuste se ha visto obligada a implementar.

Los cambios se han seguido produciendo y con tanta frecuencia que hasta los partidos que la apoyan se enteran por la prensa de las últimas novedades al respecto, como lo ha señalado Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli.

El hecho es que los afinamientos entre candidatos y equipos de campaña ya se ha producido y esa es una ventaja que terminará por desequilibrar la balanza si no ocurre pronto algo similar con la candidatura oficialista. Para completar este movimiento se dispone de entre dos o tres semanas, no más.

El comando es de la candidata, no de los partidos

En la centroizquierda hay razones suficientes para que los partidos den gran importancia a la competencia parlamentaria y para que expresen sus diferencias a fin de poder distinguirse en el periodo electoral. Lo importante es que la campaña presidencial no adopte la misma lógica y la instale en su interior.

Desde el núcleo de la campaña presidencial se tiene que creer en la posibilidad del triunfo y abordar la competencia desde la representación de los consensos.

La coexistencia de estas dos lógicas es inevitable, pero los ámbitos de cada uno deben ser respetados. Los partidos son autosuficientes para expresar sus diferencias desde sus sedes, no hay que permitir que se trasladen al comando.

Nadie ayuda si se pone a discutir en voz alta al lado de Jara, porque la invisibiliza en vez de proyectarla. No importa quién tiene la razón o en qué grado, el punto es que han escogido el lugar equivocado para dirimir el asunto.

No hay unidad sin diferencias, pero tampoco sirve expresar diferencias sin tener una unidad que preservar. Si los partidos quieren hacer un aporte a la campaña que trascienda en el tiempo, superando lo logrado por la derecha, tienen que constituir formalmente una coalición. Se mostrarían capaces de confluir en propuestas y no sólo de exhibir sus diferencias.

El comando también tiene que ir adquiriendo una fisonomía propia. Si está compuesto por representantes de los partidos ante la candidata, velarán principalmente por los intereses de quienes los han mandatado para ese efecto.

Como ocurre en el caso de las candidaturas exitosas conocidas, una candidata que postula a conducir Chile establece un núcleo en la dirección de la campaña para quienes el principal interés es ganar la presidencia. No se trata sólo de arbitrar diferencias, sino de conducir y eso es lo que falta. Al menos es la opinión general y para tener un comando en plena forma el tiempo está corriendo en contra. (El Líbero)

Víctor Maldonado

No es fácil para las universidades evaluar el proyecto FES, que contiene las reglas de financiamiento a la educación superior. Y es que suele ocurrir que las instituciones atiendan sobre todo a sus propios intereses antes que a consideraciones de bienestar social. Con todo, es imprescindible hacer un esfuerzo de evaluar imparcialmente los efectos probables de ese proyecto.

¿Es razonable ese proyecto cuando se atiende a la totalidad de las dimensiones que involucra y no solo a las financieras?

Desde el punto de vista financiero, no hay duda de que la cantidad de recursos disponibles en el sistema disminuirá. Las universidades, por decirlo así, se empobrecerán y como la educación —como casi todo en esta vida— depende de las condiciones materiales en que se desenvuelve, es probable que el sistema perderá calidad. La docencia se estandarizará, la investigación disminuirá o no se incrementará como consecuencia de la restricción de recursos. Algunas, desde luego, podrán evitar siquiera en parte ese efecto gracias a la filantropía, pero como esta es inevitablemente ideológica, el carácter estratificado del sistema se acentuará.

Pero ese no es el único factor para tener en consideración.

Se encuentra además el hecho de que las universidades que adhieran al FES consentirían una alta dependencia del ciclo fiscal. Es predecible entonces que se reproduzca el amargo destino de las universidades latinoamericanas que se han desenvuelto al compás del ciclo económico y su suerte pasará a depender de la influencia de que sean capaces al interior del proceso político. Finalmente, cuál sea el nivel de financiamiento con cargo a rentas generales siempre dependerá de la prosperidad fiscal existente y de la capacidad que tengan las instituciones —o sus autoridades— de influir en el proceso político y sus actores. Basta repasar la experiencia de los últimos años para constatar que ese fenómeno se acrecentaría.

Esa alta dependencia del ciclo fiscal y del proceso político se traducirá inevitablemente en un desmedro de la autonomía. La autonomía alude a la capacidad de las instituciones de definir su propia tarea intelectual y su lugar en el ámbito de la cultura. De ahí que haya instituciones misionales, de estilo empresarial, o simplemente ilustradas en el sentido clásico de la universidad moderna. La dependencia exclusiva o casi exclusiva del Estado crea condiciones objetivas (¿será necesario citar el caso de Trump y las universidades norteamericanas?) para el deterioro de esa autonomía. El Estado siempre tenderá a concebir a las universidades como instrumentos de política pública, medios para el logro de los objetivos que considera socialmente valiosos, olvidando que se trata de instituciones de transmisión cultural atadas a una cierta concepción global que hoy, cuando se mira la educación superior, es inevitablemente diversa. Por ejemplo, tenderá a fortalecer las disciplinas tecnológicas en perjuicio de las humanidades, alineando a las instituciones en pos de los objetivos estatales o gubernamentales. No hay nada de raro en esa tendencia que está en los mismos orígenes de la universidad moderna; pero no hay duda de que ello, en las condiciones contemporáneas, lesionará la alta diferenciación intelectual y de propósitos que hoy posee el sistema y que es propia de una sociedad abierta.

Y en fin se encuentra un probable efecto colateral. Hoy universidades privadas de gran calidad hacen esfuerzos por diversificar su población estudiantil incorporando sectores históricamente excluidos que prefieren asistir a ellas y no a universidades estatales. El FES, en la forma en que se ha diseñado, empujará a esas instituciones a restarse de ese financiamiento para evitar la disminución de sus recursos, y el resultado de todo eso será que el sistema acentuará la estratificación. De esa forma, el sistema tenderá a remedar aún más de lo que hoy lo hace la estructura de clases, y de paso impedirá o restringirá la elección de las familias.

Al leer el proyecto FES asoma en él la más estricta racionalidad neoclásica y el olvido flagrante del papel sociocultural que cumplen las instituciones de educación superior en una sociedad abierta y diferenciada. (El Mercurio)

Carlos Peña
Rector UDP

En la discusión previsional, las consignas fáciles suelen esconder problemas complejos. La propuesta de eliminar el llamado “préstamo” –recientemente aprobado en la reforma de pensiones —es un buen ejemplo de aquello. A primera vista suena atractivo, pero detrás de esa aparente simpleza se esconde un error que puede costarle caro al país.

El programa de gobierno de José Antonio Kast señala “Chao Préstamo al Estado. Terminaremos con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, para lo cual lo sustituiremos por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Así se consolidará que todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”.

El diseño de la reforma contempla un mecanismo de financiamiento cruzado que permite subir de inmediato las pensiones actuales. Si toda la cotización se va de inmediato a cuentas individuales, ese canal desaparece. En otras palabras, se frustra no solo la posibilidad de mejorar las pensiones de los jubilados de hoy —uno de los objetivos centrales de la reforma—, sino también una promesa política transversal que dio sustento al acuerdo previsional.

La propuesta alternativa, según se ha señalado, sería que el Estado emitiera bonos que luego comprarían las AFP utilizando los ahorros de los cotizantes. Con esos recursos adicionales —es decir, con deuda pública— el Estado financiaría los beneficios. Pero la pregunta cae de cajón: ¿qué sentido tiene reemplazar un préstamo de los trabajadores al Estado por otro, si ambos se hacen a tasa de mercado? Para los afiliados no existe ninguna ganancia real en este cambio; en ambos casos es ahorro individual invertido en deuda pública. Se trataría de un mero juego contable sin efectos positivos sobre sus pensiones.

Así, tras una férrea oposición a la reforma, el Partido Republicano termina proponiendo simplemente reemplazar un préstamo por otro. ¿Vale la pena oponerse tenazmente a una reforma que legitimó y amplió la capitalización individual por un detalle cosmético desde la perspectiva del afiliado? El gesto es revelador: refleja un estilo de hacer política que desprecia los acuerdos y se mueve bajo la lógica del todo o nada, una lógica que casi siempre termina en nada y, en definitiva, condena al país al inmovilismo.

El mecanismo alternativo propuesto no solo es irrelevante para los afiliados, además es inconveniente desde la perspectiva política y fiscal. Al incorporar estos beneficios al gasto público corriente, cada año se abriría la discusión durante la tramitación de la Ley de Presupuesto, enfrentando fuertes presiones para incrementar su cuantía. Se estaría instalando un factor de inestabilidad permanente sobre la política previsional. Sin duda, los mercados leerían esta dinámica como una señal clara de fragilidad institucional y de inestabilidad.

Más grave aún, reabrir el debate dejaría a la reforma previsional sin legitimidad política y devolvería el tema a la arena ideológica, donde históricamente ha quedado entrampado. El “préstamo” no es un capricho: fue el mecanismo que habilitó el acuerdo que permitió elevar el ahorro previsional, dar sustentabilidad de largo plazo al sistema de capitalización individual y ratificar la administración privada de fondos.

En resumen: insistir en este cambio es gastar capital político y tiempo legislativo en una reforma inconducente, que no mejora rentabilidades, desfinancia beneficios, añade incertidumbre fiscal y arriesga poner nuevamente en entredicho el sistema de capitalización individual. No es avanzar: es retroceder.

Soledad Hormazábal

Investigadora del Centro de Estudios Horizontal

En un escenario marcado por el desgaste de la guerra y la presión internacional, las negociaciones entre Rusia y Ucrania avanzan con Donald Trump como mediador inesperado. Pero detrás de los gestos diplomáticos, persiste la duda: ¿se busca realmente la paz o se libra otro juego de poder?

Una guerra en punto de inflexión

La guerra en Ucrania atraviesa un momento decisivo. Los combates continúan, pero la presión de Occidente abre la puerta a un posible giro político. En el centro del tablero aparecen Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky y Donald Trump, mientras la Unión Europea intenta sostener la cohesión y acelerar un eventual acuerdo de posguerra.

Putin: firmeza y cálculo

El Kremlin no muestra prisa. Putin insiste en que Rusia puede resistir indefinidamente, usando el tiempo como herramienta de presión. Crimea sigue siendo una línea roja intocable, mientras que en el Donbás podrían explorarse fórmulas de autonomía o arreglos especiales. Su objetivo no es solo terminar el conflicto, sino asegurar beneficios territoriales y estratégicos que puedan presentarse como victoria ante su población.

Zelensky: defensa y cansancio social

Aunque Kiev sostiene que no cederá territorios, el desgaste interno aumenta. Una parte significativa de la sociedad ucraniana apoya la vía negociada, lo que no implica aceptar una cesión de tierras, pero sí ofrece a Zelensky cierto margen para explorar soluciones intermedias. El dilema está en cómo combinar la defensa de la soberanía con las crecientes demandas de paz.

Trump: mediador y presionador

Trump se presenta como artífice de un eventual acuerdo y asegura avances en sus diálogos con Putin. Sin embargo, en paralelo, Ucrania impulsa con apoyo europeo la compra de armamento estadounidense, movimiento que Washington no bloquea. De esta manera, Trump alimenta su narrativa de pacificador, pero la presión militar sobre Moscú se mantiene, fortaleciendo la posición ucraniana en la mesa.

La seguridad en debate

Uno de los nudos centrales es la exigencia rusa de excluir para siempre a Ucrania de la OTAN. Como alternativa, Estados Unidos y la Unión Europea barajan un modelo de seguridad “cuasi-OTAN”: cooperación militar e inteligencia sin plena membresía. Esta fórmula busca equilibrar las líneas rojas de Moscú con las necesidades estratégicas de Kiev.

Conclusión: paz o pulso de poder

El desenlace sigue abierto. La negociación se cruza con la guerra activa, y ambas partes buscan victorias en el terreno para negociar desde una posición más sólida. Si el cansancio social en Ucrania se intensifica, Zelensky podría verse forzado a mayor flexibilidad. En este contexto, la pregunta persiste: ¿se acerca un verdadero acuerdo de paz o solo un alto el fuego precario en medio de un juego de poder global? (Red NP)

Andrés Liang

Experto en geopolítica y Seguridad

“Acátese, pero no se cumpla” era una fórmula administrativa del derecho castellano antiguo, en virtud de la cual se facultaba al receptor para representar al rey que alguna cédula real no se ajustaba a derecho o presentaba algún defecto formal, suspendiendo sus efectos. En la Colonia esta fórmula mutó en un mecanismo por el cual -con educada hipocresía- los representantes de la corona en América Latina, reconocían en apariencia la autoridad real, pero en la práctica no cumplían sus decretos.

Esta práctica parece haber encontrado un espacio en la actualidad, y explica lo que ocurre con las tomas ilegales: la justicia ordena la restitución de las tierras a sus legítimos dueños y el gobierno aparenta conformarse, pero no lo hace.

En mayo de 2020, un sicario asesinó a Alejandro Correa cuando salía de su casa en Concón. El asesinato fue un acto de represalia porque el empresario había denunciado a la justicia la toma ilegal de un terreno de su propiedad en Quilpué. Cinco años después, la familia ha obtenido todo tipo de declaraciones judiciales y administrativas, ordenando el desalojo y la demolición de las edificaciones que existen en la toma. La orden todavía no se ha cumplido y, para añadir injuria al agravio, el Serviu declaró que la responsabilidad de tramitar y gestionar el desalojo corresponde a la familia.

El caso está lejos de ser único. Se repite en San Antonio -donde se acaba de anunciar una nueva prórroga al desalojo ordenado por la Corte Suprema-, y a lo largo de todo Chile: a febrero de 2025 existían 52 tomas con orden de desalojo pendiente. Por cierto, esto es sintomático del fracaso mayor de nuestra política habitacional, que se ha traduce en que actualmente existen 1.472 campamentos en Chile, donde viven más de 120.000 familias. Una brutalidad, que por cierto esconde realidades complejas y heterogéneas, donde se entremezclan mafias y narcotráfico, con familias humildes que buscan una solución habitacional, apremiadas por el alza de los precios de los terrenos y los arriendos.

Esta apremiante realidad habitacional se usa como excusa para no cumplir con la ley. Pero el remedio es peor que la enfermedad.

Desde luego, que el Estado se resista a cumplir con la ley y los dictámenes de la justicia erosiona gravemente la confianza en las vías institucionales. La toma violenta o clandestina de terrenos constituye un delito sancionado en el Código Penal, el derecho de propiedad está consagrado en la Constitución, y su ilegalidad y desalojo han sido declaradas por los tribunales de justicia. Es difícil pensar en un mandato institucional con más fuerza, y sin embargo, nada de ello basta para que los ciudadanos obtengan la protección efectiva de los derechos sobre su propiedad.

Esto es caldo de cultivo perfecto para el florecimiento de discursos políticos autocráticos y propuestas simplonas, que invitan a vivir bajo estado general de emergencia. El rol fundamental que justifica la existencia del Estado, y que es la base sobre la cual se puede construir políticas sociales y tendientes al bien común, radica en asegurar la seguridad exterior de la nación y ejercer el monopolio legítimo de la fuerza internamente, evitando que prime la ley del más fuerte. Cuando el Estado decide no cumplir la ley ni ejecutar las decisiones de los tribunales de justicia, renuncia a su función más esencial, y comunica a todos los ciudadanos que, al igual que la familia Correa, están solos y deben satisfacer sus necesidades por sí mismos.

Pero por sobre todo, es una abdicación del Estado a ejercer soberanía, y que privatiza la vida común: los propietarios de un terreno tomado deben resolver por sí solos el desalojo, las familias humildes y honestas que buscan una solución habitacional, deben encontrar por sí solos un lugar donde instalarse. Los terrenos tomados dejan de ser territorio ocupado por el Estado y quedan entregados al más fuerte, física o económicamente hablando. La política pública por “manu militari”

“Se acata, pero no se cumple” resume la actitud de la autoridad respecto de las tomas ilegales. Paradójicamente, lo que originalmente era una forma proteger a los ciudadanos de disposiciones injustas, hoy se utiliza para dejarlos bajo el más grave desamparo: porque tan grave como abusar del poder es renunciar a ejercerlo del todo. Con la agravante de que esta última fórmula es también síntoma de rendición. (La Tercera)