El alevoso asesinato de tres carabineros en Arauco produjo, el fin de semana pasado, un acuerdo amplio: era urgente avanzar raudamente en la agenda de seguridad. Dada la necesidad de dar una señal contundente, y descartado (por ahora) el estado de sitio, todos parecieron concordar en lo siguiente: despachar lo antes posible las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Frente a una agresión de esa naturaleza, el Estado estaba obligado a dar un mensaje de prestancia, tanto de cara a los homicidas como a los propios carabineros.

Sin embargo, debe decirse que el sentimiento de unanimidad fue poco más que un espejismo: se esfumó al poco andar. En efecto, la discusión ha sido —por decir lo menos— trabada y llena de vericuetos incomprensibles para el ciudadano de a pie. El resultado es que la señal se difuminó. Mal que nos pese, no hemos sido capaces de dar una respuesta clara frente al atentado y la violencia. Confluyen acá muchos factores, pero una causa está en el centro de la dificultad, y explica los vaivenes de los últimos días (y años): tenemos discrepancias profundas respecto del uso de la fuerza, y esas discrepancias producen consecuencias sistémicas en muchos planos. Es más, no saldremos del embrollo mientras no superemos ese desacuerdo.

Para percatarse del hecho, basta recordar que el Congreso lleva largos meses discutiendo las RUF sin lograr consenso, a pesar de que la crisis de seguridad es patente. Dicho de otro modo, nuestros representantes no han sido capaces de concordar una normativa para los encargados del orden público. El motivo del retardo es muy simple: la coalición oficialista tiene divisiones profundas en la materia. Mientras el Socialismo Democrático entendió que la policía requiere reglas claras y respaldo nítido, Apruebo Dignidad es mucho más reticente. De allí que la ministra del Interior esté siempre en una posición incómoda, pues sus esfuerzos encuentran poco eco en sus aliados.

Este telón de fondo permite comprender también la polémica en torno al “perro matapacos” y todos sus derivados. No es un mero ejercicio de arqueología, sino que revela algo profundo. Se trata de lo siguiente. Para cierta izquierda, la fuerza ejercida por el Estado está afectada por un pecado de origen, pues ven al aparato público como una institución opresiva cuya violencia estructural debe ser combatida. Este es el resultado de una (mala) lectura de los epígonos de Foucault, pero desde esa perspectiva el Estado oprime, el Estado viola y el Estado subyuga. Tal es el núcleo de la ética y la estética octubrista, y tal es el motivo en virtud del cual le dijeron asesino al carabinero de Panguipulli, les gritaron a los militares en la calle y hablaron de Temucuicui como “territorio liberado”. El entusiasmo religioso que produce el can está lejos de ser anecdótico: él encarna todas estas convicciones. Por lo mismo, cuando el Presidente tilda al perro de burdo, ofensivo y denigrante, produce una disociación psicológica en muchos de sus partidarios: ha tocado un nervio sensible.

Como fuere, el corolario es que los encargados de mantener el orden perciben esos desacuerdos, que redundan en un respaldo tan frágil como ambiguo. Y la verdad es que, en ausencia de un consenso amplio y transversal, es absurdo esperar que la tropa pueda cumplir adecuadamente con su labor. Este es, a mi juicio, el centro de la discusión. El debate en torno a la justicia militar es una manifestación más de la discrepancia anterior (se solicitan mayores garantías frente a la debilidad del apoyo). Carabineros y Fuerzas Armadas tienen el monopolio del uso de la fuerza, para ejercerla en nuestro nombre; y, sin embargo, esa primera persona plural —nosotros— no transmite un mensaje claro que les permita trabajar con tranquilidad. En este contexto, será imposible superar la crisis de orden y seguridad, porque no cabe esperar que quienes exponen su vida para protegernos lo hagan sin que las condiciones estén claras. Hay una clara desproporción entre aquello que les pedimos (arriesgar sus vidas) y lo que les estamos entregando.

¿Qué cabe hacer, entonces? Pues bien, las fuerzas políticas responsables, y conscientes del abismo que se abre bajo nuestros pies, deberían ser capaces de concordar reglas claras y eficaces, que sean reconocidas como tales por todos los actores relevantes (con o sin justicia militar). Dicho acuerdo requiere, probablemente, la exclusión de los vociferantes que están más preocupados de agendas identitarias que del futuro del país.

Chile vive una gravísima crisis de seguridad en la que inciden muchos factores. Me temo que será imposible controlarla sin recurrir a la fuerza, con todos los costos asociados. Si no estamos dispuestos a pagar esos costos —al interior del marco democrático y con el debido control—, el país entrará en un ciclo muy distinto, que abrirá a dos escenarios posibles: anarquía o autoritarismo. Si eso ocurre, cuando padezcamos uno de ellos, miraremos las disquisiciones actuales como una absurda ensoñación. Y será demasiado tarde para corregirla. (El Mercurio)

Daniel Mansuy

Del sueño y de la esperanza, queda ya muy poco. De esa enorme porción de ciudadanos que vio en el estallido social un motivo para el júbilo, todavía menos. Pero es cierto: “Chile cambió”; los vergonzosos “treinta años” definitivamente se esfumaron y la estatua del general Baquedano jamás volverá a lucir en una limpia y bien cuidada plaza Italia. Ese país, por decisión de los propios chilenos, se acabó para siempre.

Vivimos ahora un tiempo monocorde, donde la inseguridad y el crimen se han convertido en una emergencia nacional. Los noticieros no dan respiro; día tras día son el obsesivo mosaico de los asaltos, balaceras, ajustes de cuentas, heridos, muertos y descuartizados que pueblan nuestras angustias. Solo en la última semana tres carabineros asesinados y calcinados sin un móvil aparente, sin que nadie reivindique el hecho. El mensaje en clave habrá sido recibido por alguien, o por todos, pero no sabemos cuál es. En el barrio Yungay, a pocas calles de la casa del Presidente, a plena luz del día, las cámaras registran a un joven que no se resiste al ser asaltado; con aparente resignación entrega el celular y la billetera, pero eso no lo salva de ser acribillado a quemarropa. ¿La razón? Quizá ni el asesino la sabe con certeza. A una velocidad increíble, nos hemos ido acostumbrando a vivir en el miedo, en el riesgo permanente. Las autoridades tratan de convencernos de que estamos mejor que hace dos años y una parte de nosotros quiere creerles, pues no hacerlo resulta insoportable. Es que no se puede vivir en la angustia de no saber si llegaremos a casa, o si los hijos no serán sorprendidos por una balacera a la vuelta de la esquina.

Como el hambre y la sed, el miedo nos conecta con una fibra muy atávica. Es algo animal que enciende el instinto de arrancar en cualquier dirección o de defendernos como sea posible. En su razón primera, el Estado y las instituciones existen para contener y controlar ese impulso, ya que su libre expresión nos impide convivir. En rigor, cuando el miedo se impone y se normaliza, es inevitable que termine por degradarlo todo, y que lleve al imperativo de la sobrevivencia a traspasar cualquier límite.

Es la cercanía de ese límite lo que en el último tiempo ha terminado por trastocar nuestras vidas. Ingenuos, nos dejamos convencer de que la violencia era un precio razonable para tener un país mejor y más justo. Pero muy pronto descubrimos que la violencia es como el genio de la lámpara: una vez sacada, no se puede volver a encerrar. Ahora todos somos sus víctimas, incluso quienes la idolatraron e instrumentalizaron. Hoy el miedo a las balas nos consume por igual. Echamos de menos el orden público y vamos camino a justificar cualquier cosa con tal de reestablecerlo. Como una tragicómica metáfora del nuevo Chile, hasta la Subsecretaría para la Prevención del Delito terminó siendo asaltada. Tarde, como siempre, empezaremos a descubrir que no hay peor ingrediente para una sociedad que el miedo.

Max Colodro

El Presidente cambia de opinión. Escándalo. El Presidente examina sus ideas de cuando era estudiante. Oportunismo. Se reconcilia con sus adversarios de ayer. Hipocresía. Reevalúa su juicio sobre Carabineros. Patrañas.

La oposición no acepta ningún puente que se le tienda. Tampoco comprende que los contextos cambian y modifican las conductas de los líderes.

Piñera lo sufrió cuando respaldó modificar la Constitución como salida a la crisis de 2019. Fue tildado de entreguista.

Es extraño este modo de pensar en que se cuestiona, incluso se ridiculiza, el que quienes conducen la nación modifiquen sus opiniones y puntos de vista a partir de nuevos escenarios.

Pienso al revés: valoro la capacidad de los seres humanos de reinventarse. Sospecho de quienes se ufanan de no haber cambiado nunca de idea. Especialmente en medio de esta vorágine de transformaciones en que vivimos. Raro.

En el corazón del pensamiento liberal que origina la democracia y en la base de la estructura intelectual del socialismo democrático —el pensamiento crítico— subyace la noción de que estamos obligados a revisar nuestras certezas. “Buscar lo que es verdad no es buscar lo que se desea”, decía Camus.

Boric suele citar al escritor francés.

“La duda debe seguir a la convicción como una sombra”, escribió el premio Nobel en 1943. Camus era un combatiente por la libertad de Francia y un gran crítico del estalinismo. Pese a su fama, recibió el desprecio del mundo intelectual de izquierda por su postura en favor de la libertad y la tolerancia.

Esa disposición intelectual de Boric, autocrítica y libre, debería ser una garantía para los chilenos y chilenas. Estamos muy lejos de tener un gobernante con tentaciones autoritarias o autorreferentes. Es al revés.

Así ocurrió en un momento muy decisivo, en 2019, cuando el entonces diputado se desmarcó de la posición de su sector y apoyó el acuerdo constitucional de noviembre. En ese momento, aquello requirió de un inmenso coraje. Porque el liderazgo debe a veces nadar contra la corriente dominante. De eso se trata: de eludir las modas y, si es necesario, mover el tablero.

Ahora como presidente, Boric asume que las experiencias que le toca vivir conducen a nuevas conclusiones. Y esos cambios no son fáciles de aceptar por quienes marcharon junto a él.

Si a la oposición estos giros le producen sospecha, lo mismo les genera a algunos de sus adherentes.

Sin embargo, ellos surgen de una evaluación responsable de contextos que se modifican con mucha celeridad y son necesarios para asumir las duras realidades actuales. Estas, convengamos, eran inimaginables en 2011, el año de las marchas del Boric de la Fech y muy distantes de los contenidos que llevaron al país a un estallido social en 2019. Estamos enfrentando situaciones que, aunque estuviesen larvándose, no conocíamos como nación.

Es parte del rol de la oposición cuestionar a los gobernantes y fiscalizar que sus acciones y dichos sean genuinos y útiles y no obedezcan a maniobras tácticas o distractoras. Sin embargo, la persistencia del presidente hacia una lógica de no confrontación y cooperación denota convicciones y diseña un derrotero.

Lo negativo en el escenario actual no es que el presidente diga hoy algo diferente de lo que dijo ayer, sino que la oposición use esa excusa para rechazar una y otra vez el camino de diálogo que desde el Gobierno se le tiende. Eso se llama obstruccionismo. Si esa conducta persiste será imposible resolver los difíciles problemas que enfrenta el país. Quizás es hora de que la oposición, como ha hecho el presidente, inicie también su camino de revisión. (El Mercurio)

Ricardo Solari