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K. Georgieva (FMI): «Chile debe crecer más rápido para alcanzar a mejores economías»

La número 1 del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó esta semana Chile, en el marco de la reunión de la junta de coordinación de los jefes ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas, encuentro encabezado por el secretario general de la ONU.

La economista búlgara Kristalina Georgieva, una de las “mujeres más poderosas del mundo” según Forbes, y que fue recién reelecta en su cargo por un nuevo período de cinco años, aprovechó su viaje para reunirse con las autoridades económicas chilenas y con el Presidente de la República, Gabriel Boric, con quienes analizó la situación económica global y el escenario de Chile.

En esta, su segunda visita al país -luego que tras el terremoto de 2010 viniera como comisaria europea de Cooperación, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis-, la directora gerente del FMI profundizó en entrevista con Pulso La Tercera su visión sobre la economía chilena. Destaca que el año pasado no hubo recesión, aunque “hay que admitir que el crecimiento fue bastante débil”. Además, resalta la importancia de combatir a la delincuencia y señala que, a nivel global, uno de los problemas es el ritmo de crecimiento menor al que existía antes de la pandemia.

¿Cómo ve la situación de Chile, que luego de ser una economía estrella en la región en la década del 90 y primera década de este siglo, se ha estancado en los últimos 10 años?

En los últimos años, el mundo entero ha experimentado shocks tremendos. Primero, el shock del Covid, luego la guerra en Ucrania, la crisis del costo de la vida. Y, en este entorno, no es sorprendente que en todas partes el crecimiento se ha ralentizado. Lo que es notable acerca de Chile en los últimos años es que, a pesar de este entorno muy incierto, Chile ha tomado pasos importantes para resolver algunos desequilibrios que se han acumulado en la economía. Lo que vemos es en realidad un panorama bastante positivo.

¿Por qué ve este panorama positivo?

En primer lugar, el déficit presupuestario ha disminuido. ¿Por qué es importante? Porque no sabemos lo que nos deparará el futuro y tener unas finanzas saneadas es realmente importante. En segundo lugar, la inflación ha bajado, casi hasta el objetivo, aunque no del todo, pero la gente puede respirar aliviada. En tercer lugar, el crecimiento se mantuvo en terreno positivo. El año pasado se temió que Chile entrara en recesión. Eso no ocurrió, aunque hay que admitir que el crecimiento fue bastante débil. Y ahora vemos una recuperación en las perspectivas de crecimiento para este año y el próximo año en torno al dos y medio por ciento, pero Chile necesita crecer mucho más rápido para converger con las mejores economías y, para conseguir que la economía crezca más rápido, es muy importante llevar a cabo dos tipos de reformas. Primero, reformas estructurales que apuntalen una mayor productividad y mejores perspectivas de crecimiento, invirtiendo en educación de alta calidad, en habilidades para el futuro. Es muy importante para Chile eliminar las barreras a la inversión privada. Por ejemplo, se discute mucho, y con razón, sobre la concesión de permisos y cómo se puede hacer para mantener altos estándares medioambientales y ayudar, pero no ralentizar, el proceso de inversión. Y, el segundo tipo de reformas, son las relacionadas con la estructura de la economía. Es muy positivo ver que Chile avanza hacia las energías renovables baratas, esa es una enorme ventaja. Ya vemos que esta ventaja se materializa con los data centers que eligen Chile debido a la energía renovable barata. Y, por supuesto, aprovechando el litio en el país, que es fundamental para la nueva economía verde, para asegurarse de que se hace de una manera que impulsa no solo el crecimiento a corto plazo, sino un desarrollo más inclusivo a largo plazo en el país.

¿Cree que Chile podría volver a ser una economía estrella como lo ha sido en el pasado?

No veo por qué no. Las ventajas que Chile tenía entonces están hoy aquí. Una dotación muy fuerte de recursos naturales, Estado de Derecho, sólidos fundamentos macroeconómicos. Como he mencionado, se habían erosionado un poco, pero ahora han vuelto. Y desde los años ‘90 se reconoce que los beneficios del crecimiento deben repartirse equitativamente en la sociedad. Cuando esto esté en su lugar, no veo ninguna razón por la que Chile no vuelva a ser una economía modelo en América Latina.

En el 2019 hubo fuertes protestas que invocaban una distribución más equitativa…

Bueno, esta es una lección que, en mi impresión, tras hablar con la gente aquí en Chile, es una lección que se está aprendiendo y, por lo tanto, se va a reflejar más en las políticas de gobierno. Mira, cuando miras las fortalezas comparativas de los países, hay tres cosas que universalmente importan tremendamente. La primera es la infraestructura de calidad, y hoy en día la infraestructura digital es tan importante como el resto de la infraestructura física. En segundo lugar, la inversión en las personas, en educación y sanidad, en protección social, asegurándose de que el capital humano está bien nutrido y bien desplegado. Y, en tercer lugar, el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones que funcionan bien, un banco central que sea independiente para tomar decisiones. Estas cosas son muy importantes en todas partes, también lo son aquí. Y, por supuesto, en el caso de Chile, la capacidad de desplegar el capital natural del país de una manera que sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, y que preste atención a las necesidades de la generación futura, no solo de la gente de hoy.

Ahora en Chile tenemos un problema con el aumento de la delincuencia y del crimen organizado, lo que también se ve en otros países de América Latina. Es la principal preocupación de la gente aquí. ¿Cómo ve usted esa situación y cómo la delincuencia podría afectar el crecimiento económico de países como el nuestro?

Es un fenómeno muy preocupante y, por cierto, muy extendido en América Latina. Lo que sabemos es que si América Latina es capaz de reducir la delincuencia y llevarla al promedio mundial, eso añadiría medio punto porcentual al PIB de sus países. En el momento en que Chile está en la búsqueda de un fuerte crecimiento, claramente el Estado de Derecho y la lucha contra la delincuencia van a ser beneficiosos. Esto no es solo sobre la economía, es también sobre un sentido de seguridad y de estar a salvo, de la calidad de vida de la gente en Chile. Conseguir ese rechazo social a la delincuencia, unificar al país contra la delincuencia, y asegurarse de que nadie está señalando con el dedo a otro diciendo ‘oh, es tu problema, no el mío’, es absolutamente primordial, adoptar como nación la no tolerancia a las bandas y a la delincuencia. No es fácil, pero hemos visto cómo países que han estado en manos del crimen organizado, las bandas y la violencia han cambiado.

¿Qué opina de cómo la hecho El Salvador en esa materia?

En El Salvador se han tomado medidas más drásticas y, aunque está claro que han conducido a una reducción masiva de la delincuencia, tenemos que ver cómo va a abordar El Salvador la cuestión de esta medicina, que es meter a tanta gente en la cárcel ¿Qué pasa cuando salen de la cárcel? ¿Cómo se reintegrarán en la sociedad? Pero de un modo u otro, lo que hemos visto en El Salvador es que más del 90% de la población está a favor de erradicar las bandas y la violencia. De nuevo, creo que el mensaje importante de los que han tenido éxito es doble. Sí, es posible, y hace falta toda la sociedad para avanzar.

¿Cómo ve la situación de la economía de guerra con la situación geopolítica que hemos visto hoy, con las guerras en Europa y en Oriente Medio? Porque en el último informe de hace dos semanas, ustedes aumentaron la proyección para este año para el mundo al 3,2%. ¿Qué es eso si vemos todos estos problemas a su alrededor?

Es terrible ver cómo vuelven las guerras a Europa, y la implosión de Israel-Gaza. Después de la Segunda Guerra Mundial, había esta fuerte creencia de que no veríamos más una potencia militar invadiendo un país vecino, pero por desgracia esto ha sucedido. Y nos lleva a consecuencias de largo plazo. Lo que solíamos llamar ‘dividendos de la paz’, es decir, la reducción de los gastos de defensa en los presupuestos públicos, ha desaparecido. Esto significa que el dinero que podría haberse invertido en educación, salud, oportunidades para la gente, ahora tiene que destinarse a defensa. Pero lo que también hemos visto en los dos últimos años es que la economía mundial es notablemente resiliente. Por eso tenemos unas previsiones de crecimiento del 3,2% para este año. Y es resiliente porque han ocurrido dos cosas: tras la crisis financiera mundial, en muchas economías se ha invertido mucho en la construcción de unos fundamentos sólidos, una política fiscal prudente, una política monetaria fuerte, que pueda reaccionar ante circunstancias cambiantes, y un sistema bancario sólido. Y ahora estamos viendo los beneficios de esta inversión. Y lo segundo que ha sucedido es que hay más compromisos entre los responsables políticos para coordinar la política económica. El G20, las reuniones del FMI, las reuniones de primavera y otoño, el Banco Internacional de Pagos. Ahora tenemos la oportunidad de examinar juntos los datos económicos y definir cuáles son las mejores políticas para responder. Como resultado de ello, la respuesta mundial al Covid fue rápida y coordinada. Con la política fiscal los países que pueden permitirse gastar más para apoyar a las empresas y los hogares, y lo han hecho. La política monetaria permitió reducir la relajación de las tasas de interés.

Estas bajaron y se dieron las condiciones para mantener el funcionamiento económico a pesar de que tanto la demanda como la oferta se congelaron globalmente. Esa respuesta de política coordinada, a la que nosotros, el FMI, contribuimos proporcionando los análisis, los números, las proyecciones. Es algo que nos permite llegar a la posición actual de evitar la recesión, a pesar de las altas tasas de interés, y ahora vemos que la inflación está bajando y el crecimiento es relativamente estable. Pero, a lo que también se enfrenta el mundo es a dos problemas que son bastante significativos. En primer lugar, un crecimiento lento, en torno al 3%, que está muy por debajo del crecimiento histórico del 3,8% que teníamos antes de Covid. Y, en segundo lugar, la divergencia: algunos países lo están haciendo mucho mejor que otros, lo que hace que no haya más políticas que vayan en la misma dirección en todo el mundo. Ahora, algunos países se enfrentan a una inflación todavía alta, necesitan mantener los tipos de interés altos, otros países ven bajar la inflación, por lo que ya están recortando las tasas de interés. Y esa divergencia hace que la coordinación de políticas sea un poco más difícil. Y lo más inquietante es el impacto de las guerras y la preocupación por las cadenas de suministro, que se traduce en un aumento de las medidas proteccionistas y de las políticas industriales. ¿Por qué es esto malo? Porque sabemos que una economía mundial integrada ofrece mejores resultados. Las cosas se producen a menor costo y, en consecuencia, todo el mundo sale beneficiado. Por eso, seguir trabajando para llegar a un entendimiento mutuo sobre las ventajas del comercio y los beneficios de la libre la circulación de capitales, de bienes, de servicios, de personas, nos ayudaría a superar el primer problema del que hablaba, el crecimiento lento.

Un ejemplo de eso pasó hace un par de semanas en Estados Unidos con la aplicación de aranceles adicionales al acero chino. En Chile también hemos visto medidas en esa dirección…

Lo que vemos es cuando un país toma una medida que puede estar justificada por consideraciones internas, hay alrededor de tres cuartos de probabilidad de que haya reciprocidad. Y entonces estamos en una pendiente resbaladiza.

Sobre la inflación, que como comentó, ha bajado en muchos países del mundo. ¿Es un problema que ya está quedando atrás o es aún un riesgo?

Globalmente la inflación ha bajado y prevemos que siga bajando el año que viene, pero todavía no ha bajado hasta su meta en algunas economías importantes. Todavía no ha bajado hasta su meta en Estados Unidos, todavía no ha bajado hasta su objetivo en la Eurozona. Mientras que en algunos países la inflación ha bajado hasta el objetivo y han empezado a recortar los tipos. Aquí en América Latina muchos países actuaron temprano. Cuando vieron el repunte de la inflación, pusieron en marcha medidas, aumentaron los tipos de interés y ahora están en posición de recortar porque la inflación ha bajado hasta el objetivo. Cuando en lo que se concentra el mundo es en Estados Unidos por el tamaño de su economía y su importancia, allí nuestra predicción es que veremos recortes de los tipos de interés este año, 2024. Hasta que eso ocurra, hasta que se den las condiciones, la Fed será muy prudente. Y recordemos que, aunque empiecen los recortes de los tipos de interés, no van a hacer que las condiciones financieras vuelvan a ser las que eran antes de la pandemia. Así que todos tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos para un mundo en el que una variedad de factores puede mantener la inflación en un área que, si bien puede ser incluso en su objetivo, no estará por debajo del objetivo. Así que, si damos un paso atrás, ¿qué es lo que vemos? En primer lugar, vemos más presiones derivadas de la transición ecológica y de la seguridad, de la necesidad de financiar la defensa. Esas son presiones sobre los costos que antes no teníamos. Y luego tenemos las consecuencias de la interrupción de las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro están ahora reparadas, pero en un mundo de desastres climáticos más frecuentes y más tensiones geopolíticas, se pueden volver a dislocar. Y eso significa que debemos hacer todo lo que podamos, lo que esté en nuestras manos, para intentar que haya más cohesión en el mundo, para no presionar aún más al alza los precios.

¿La situación sigue siendo frágil?

Sigue siendo frágil, sí. (Pulso La Tercera)

CAM, WAM, RML: el triángulo de la muerte que acecha a Arauco

Eran las primeras horas de la fría mañana del 27 de abril de 2023. A las 7.20 horas, 23 escolares del Liceo José de la Cruz Miranda Correa, de Cañete iban a bordo de un minibús que los recogía -uno a uno- a través de la Ruta P-72-S, que une las comunas de Cañete, al norte, donde se encuentra el liceo, con la comuna de Tirúa, al sur, en la Región del Biobío.

Con un letrero amarillo de “Escolares” en el parabrisas, a esa hora iban a la altura del kilómetro 23 de la ruta, en el sector de Antiquina. Se trata de la misma zona donde, exactamente un año más tarde, la aparición de una camioneta con los cuerpos calcinados de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal conmocionaría a Arauco y al país.

A pesar de lo peligroso de la ruta de 79 kilómetros de longitud, que desde hace 15 años ha visto decenas de casas quemadas, asaltos a mano armada, incendios de camiones y disparos a matar hacia la policía y civiles, el trayecto era el habitual para los estudiantes. Fue en eso cuando ocho encapuchados aparecieron a lo lejos en la vía.

“Como a 200 metros los vi a ellos y bajé la velocidad hasta quedar como a 80 metros de ellos”, relató horas más tarde el conductor del minibús. El terror se apoderó de los escolares cuando, sin mediar aviso, los desconocidos dispararon sus armas hacia el vehículo. Pese a que una bala atravesó el parachoques y a múltiples impactos en el parabrisas, ningún estudiante resultó herido.

Cañete, 28 de abril 2024 Temáticas de la Ruta P72S, lugar donde murieron los tres carabineros. Carlos Acuña/Aton Chile

Minutos más tarde, a las 7.50 horas de ese 27 de abril de 2023, los encapuchados cambiaron de objetivo. A pocos metros de donde atacaron el bus, carabineros de Control de Orden Público de la comisaría de Los Álamos, misma unidad de los tres uniformados asesinados este año, estaban realizando el cambio de turno del personal que cumplía con una orden de protección judicial en la “facción Parcela 7″.

De modo frontal realizaron una serie de disparos contra el personal policial que se encontraba a bordo del vehículo policial J-064, por lo que debieron trasladarse a una zona segura”, se lee en la querella que días más tarde presentó la Delegación Presidencial del Biobío. Desde 2020 la delegación ha presentado acciones judiciales por cerca de 70 atentados ocurridos en algún punto de la Ruta P-72-S, de los cuales 45 involucraron el uso de armas de fuego y 24 fueron por disparos directos a carabineros.

De todos los atentados, sólo nueve han sido adjudicados por Weichan Auka Mapu (WAM) y por la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), dos de los grupos paramilitares que operan en el sector. Del resto de las acciones violentas, que incluyen incendios, emboscadas por la espalda a la policía e, incluso, disparos a niños, no se conocen reivindicaciones ni responsables.

Según las cifras oficiales, a marzo pasado los hechos de violencia en la Macrozona Sur habían disminuido un 27% con respecto al mismo periodo de 2023 y un 50% en comparación con el 2021. Pero según las mismas cifras, la Región del Biobío -donde está la provincia de Arauco- es la zona donde menos se ha sentido la baja, llegando sólo a un 13%.

“Yo creo que con los tres carabineros a lo mejor va a pasar lo mismo. Que nunca encontrarán a nadie”, confiesa una vecina de la población Los Pinos, a 300 metros del punto final del atentado del recién pasado Día del Carabinero. Una zona que en una década ha visto cómo la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la WAM, la RML y otros grupos sin nombre conocido se disputan el territorio para ejercer “control territorial” y explotar el millonario negocio del robo y tráfico de madera.

HEGEMONÍA INICIAL DE LLAITUL Y LA CAM

Fue un atentado incendiario a tres camiones forestales, el 1 de diciembre de 1997, en la comuna de Lumaco, en la Región de La Araucanía, el que puso en el ojo público por primera vez a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Pese a ser originario de Osorno, en la Región de Los Ríos, el líder de la CAM, Héctor Llaitul Carrillanca, eligió las orillas del lago Lleu-Lleu, en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío, para vivir con su familia. Allí, a pocos kilómetros de la peligrosa Ruta P-72-S, por años dirigió las operaciones y los atentados de sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT), como quedó en evidencia en el juicio que terminó condenándolo por diversos delitos hace un par de semanas, por lo que arriesga hasta 25 años de prisión.

Por ello, aseguran los investigadores, no era extraño que hasta el año 2013, aproximadamente, los diferentes atentados que ocurrían en la provincia de Arauco, con foco en la industria forestal, y en el triángulo formado por las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, sólo fueran adjudicados por la CAM. “Llaitul trae consigo una disciplina que a la vez también dota al movimiento mapuche de una nueva arista. O sea, la historia del movimiento mapuche no se entiende sin la influencia que Llaitul le va a dar al movimiento”, afirma Fernando Pairican, académico mapuche de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica.

Fue esa misma doctrina la que hizo que -en 2013- varios miembros dejaran la CAM y abrieran paso a la aparición de Weichan Auka Mapu (WAM). “Hay gente que salió del yugo de Llaitul, porque no estaban de acuerdo con su forma de llevar la orgánica. Su egocentrismo los terminó por sacar del juego”, relata una fuente policial que ha investigado por años a estos grupos. “Más que haya un problema con él, es que hay otros liderazgos también en el territorio mapuche que están desarrollando su propia lógica”, matiza Pairican.

Lo cierto es que con una célula operando en los alrededores de Padre Las Casas, en La Araucanía, y otra en la provincia de Arauco, la WAM comenzó a tomar protagonismo en la zona por la quema de iglesias, un objetivo criticado por el mismo Llaitul. “Si bien el líder de la CAM vivía en la zona de Lleu-Lleu, poco a poco fue perdiendo representación en ese lugar. Es más, siempre lo trataron de sacar de ahí”, explican fuentes policiales.

El mismo Llaitul, en las escuchas telefónicas del juicio en su contra, hizo una diferencia entre sus “weichafes” (guerreros) y los de la WAM. “Ayer, por lo menos había 80 ‘weichafes’ ahí peleando contra el enemigo y no eran na’ huincas (chilenos) traídos de Santiago como ‘Weichan Auka Mapu’ (WAM)”, dijo a su pareja en una llamada.

El último gran atentado cometido por la CAM en la provincia de Arauco, afirman los investigadores, ocurrió el 17 de enero de 2018, en el aeródromo La Colcha, de Curanilahue, cuando un grupo de encapuchados incendió tres helicópteros para el combate de incendios forestales. Desde el año 2021 ninguno de los atentados incendiarios y ataques armados ocurridos en la provincia de Arauco y, particularmente, en la Ruta P-72-S, donde fueron encontrados calcinados los tres carabineros la semana pasada, han sido adjudicados por la CAM.

IRRUMPE WEICHAN AUKA MAPU

El 16 de abril de 2016 una nueva “orgánica” hizo su aparición en la Macrozona Sur. A través de un comunicado, Weichan Auka Mapu (WAM), que en castellano significa “Lucha del territorio rebelde”, se adjudicó 38 atentados ocurridos entre 2013 y 2016 en las provincias de Arauco, Cautín y Malleco.

En el texto, la WAM sumó a sus enemigos “toda infraestructura destinada a saquear y explotar nuestro wallmapu”, y también a la Iglesia Católica. “En estricto rigor, la WAM y otras orgánicas trabajan y viven bajo un concepto de clandestinidad, entonces no escriben, no publican análisis, y lo que uno tiene para poder construirlo son, básicamente, algunos comunicados que han ido dejando”, explica el historiador Pairican.

Weichan Auka Mapu, la WAM, negó vinculación con el asesinato de carabineros en Cañete.

Varios de esos comunicados han tenido como epicentro la adjudicación de atentados perpetrados en la provincia de Arauco. Entre ellos, quema de cabañas y de vehículos en ruta, donde la WAM subió la escala de violencia. Desde 2020, al menos 12 atentados han sido reivindicados por la WAM en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa. Entre ellos, varios enfrentamientos a tiros y emboscadas a la policía en la Ruta P-72-S.

“También quemaron escuelas en el sector de Antiquina y reventaron una antena repetidora de señales”, recuerda Sergio Giacaman (ind. pro ChV), quien en ese entonces era intendente del Biobío. A pesar de ello, lo que luego causó más sorpresa de la WAM fue la planificada puesta en escena por medio de un video difundido el 4 de noviembre de 2021. En él, cerca de 40 personas encapuchadas, con chalecos antibalas y portando cada uno de ellos un arma larga, dieron muestras de la formación de una verdadera fuerza paramilitar en la zona.

“Instamos a la nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas”, leyó en el video un hombre con la voz distorsionada, tras lo cual todos dispararon sus armas al aire. “Lo malo de la WAM es que su liderazgo es desconocido, es transversal”, define un policía que los ha investigado.

Pese a ello, varios de los integrantes más insignes de la WAM ya han sido detenidos. Uno de ellos es Luis Tranamil Nahuel, quien en diciembre pasado fue condenado a 32 años de cárcel como autor material del homicidio a tiros del suboficial de Carabineros Eugenio Naín, ocurrido en Padre Las Casas, Región de La Araucanía, en octubre de 2020. Su hermano, el machi Fidel Tranamil, quien es sindicado por algunos sectores como el verdadero líder de la WAM, fue detenido en junio de 2023 y hoy enfrenta en libertad un proceso por conducir un vehículo robado y con patentes clonadas en el centro de Temuco.

Otro de sus referentes, el exjesuita Luis García Huidobro, fue detenido portando un arma el 27 de marzo pasado en una investigación por un atentado incendiario reivindicado por la WAM en Carahue en 2021 y hoy está en prisión preventiva.

Por el momento, la WAM ha sido el único grupo que opera en la zona que se ha desmarcado del asesinato y posterior quema de los tres carabineros, asegurando que se trató de un “despreciable acto de crueldad”. “Nosotros tenemos investigaciones por homicidios cometidos por la WAM, pero haber quemado los cuerpos es lo que saca todo de contexto”, explica uno de los investigadores.

APARECE RESISTENCIA MAPUCHE LAFKENCHE

Pese a que las investigaciones han encontrado al interior de la WAM indicios serios de que parte de sus miembros se dedican al robo y tráfico de madera obtenida de predios tomados por las armas, quienes conocen las operaciones en la zona afirman que la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) es el grupo que encontró en este delito su principal motivo para surgir y funcionar sólo en la provincia de Arauco. Según estimaciones de la Corporación de la Madera (Corma), en los últimos tres años las pérdidas por el robo de madera han llegado a los $ 167 mil millones.

“En esta zona, el tráfico de madera es lo mismo que el tráfico de droga en el norte del país”, relata un policía que hoy participa de las pesquisas para encontrar a los asesinos de los tres carabineros. “La RML detenta cerca del 95% del territorio de la provincia de Arauco y, a diferencia de la WAM, está más vinculada con el crimen organizado, especialmente el robo de madera, el tráfico de armas y municiones”, asegura Pablo Urquízar, excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Su origen cerca del año 2019, según los investigadores, es diferente a la CAM. “Nace ahí mismo en los sectores de Antiquina y Pocuno, en Cañete. Son gente joven que vive en comunidades, que se relaciona y trabaja mucho con la madera y comete atentados en función de eso. Varios se pasaron de la WAM a la RML porque vieron que era más rentable”, relata un funcionario policial.

Cañete, 28 de abril 2024 Operativos conjunto entre Militarres y Carabineros en sectores cercano al lugar donde fueron asesinados los tres carabineros. Carlos Acuna/Aton Chile

Urquízar explica que para la RML “las policías y las FF.AA. son un objetivo a eliminar. De hecho, la RML cuando se da a conocer, lo hace el 13 de abril de 2020 con un atentado y disparos contra civiles y uniformados en la Ruta P-72-S″, misma vía del atentado al minubús con escolares de abril de 2023. Entre sus referentes que ya están detenidos destacan Esteban Huichacura y Matías Leviqueo, quienes el año pasado fueron condenados a 15 años de cárcel cada uno por el asesinato a golpes del comunero Eliodoro Raiman, quien se resistió a la toma de su camping en la Playa Blanca de Contulmo, en diciembre de 2019.

Aunque su verdadero líder, aseguran fuentes policiales, está prófugo por un atentado incendiario cometido el año 2017 en la zona de Pocuno, en Cañete. Se trata de Federico Astete Catrileo, quien no pudo ser aprehendido en un operativo de la PDI que pretendía capturarlo el 9 de enero de este año en la misma comuna. Allí fue detenido Javier Ramírez, alias “El Coipo”, quien está acusado de financiar a la RML a cambio de protección armada para el robo de madera.

Según ha explicado públicamente el fiscal exclusivo para casos de violencia rural del Biobío, Juan Yáñez, también existen indicios de que Federico Astete participó del atentado más cruento perpetrado por la RML: la quema del molino Grolllmus en agosto de 2022 en Contulmo, que dejó a una persona con una pierna amputada por un disparo a quemarropa.

Otro de los grupos que ha comenzado a operar en la zona y que desde el año pasado se ha adjudicado tres atentados es la Resistencia Mapuche Autónoma (RMA), de la que se tienen pocos antecedentes. “Según nuestra apreciación, este es un grupo de sujetos que se junta a cometer delitos, aprovechan la causa mapuche y se colocaron un nombre. Así como hay otros grupos que operan sin nombre y explican la gran cantidad de atentados sin adjudicación”, aclara una fuente de la investigación.

Lo único cierto es que los líderes tanto de la WAM, la RML, la RMA y otros grupos armados -sin la CAM- ya han tenido encuentros o trawün, que han sido vigilados de cerca por la policía, donde, aseguran, han coordinado sus acciones y acordado respetar sus “zonas de acción”.

Por ejemplo, tras la promulgación en abril de 2023 de la llamada “Ley Nain”, creada a partir del asesinato del suboficial Eugenio Nain, las organizaciones señalaron que “como expresiones autonomistas de la resistencia mapuche hemos convenido dar nuestro respaldo total y absoluto al peñi Tranamil y lo reivindicamos como weichafe de la nación mapuche”. Una muestra de respaldo al asesino del mismo Nain, Luis Tranamil, de la WAM. (La Tercera)

Ingeniero arriesga 15 años de cárcel: disparó a ladrón dentro de su casa

«Protegerme, defenderme en caso necesario y proteger a mi familia», es como Mario Soto Cordonés (55 años, padre, abuelo e ingeniero) explicó el motivo por el cual buscó su arma al momento de ser alertado que un intruso había hecho ingreso a su casa en Villa Alemana, la madrugada del Año Nuevo del 2022.

Sobre la invasión se percataron sus nietas de 10 y 14 años, que estaban solas en un segundo inmueble de la calle Balmaceda y alertaron por celular a su abuela, Elisa. La mujer despertó a su marido, quien tomó su Taurus semiautomática debidamente inscrita y se dirigió con ella a la cocina.

Al encontrarse con el intruso, Benjamín Pizarro, que llevaba en sus manos una botella de vino y un tablet sustraído de la casa, Soto percute cinco disparos que le dan la muerte al sujeto.

Por este caso, la Fiscalía apunta contra el ingeniero, pidiendo que se le apliquen 15 años de cárcel por el delito de homicidio simple, mientras que la parte querellante pide 20 años de prisión, alegando ensañamiento.

La defensa, a su vez, aduce que Soto ejerció una legítima defensa privilegiada. Revise la nota completa en El Mercurio. (Emol)

¿Y dónde está el piloto?-Gonzalo Cordero

En la década de los setenta del siglo pasado, el cine tuvo varias películas sobre grandes tragedias, como “Infierno en la torre” o “Aeropuerto”. En los años siguientes tocó el turno a las parodias, una de las mejores fue la genial producción, protagonizada por Leslie Nielsen, “¿Y dónde está el piloto?”. El arte también sigue la máxima de Marx, acerca de que la historia primero se vive como tragedia y después como farsa. La política tiene buenos ejemplos de lo mismo y últimamente nuestros gobernantes nos los recuerdan casi a diario.

A contar de octubre del 2019 pareció que nos aprontábamos a retomar el experimento fallido de la Unidad Popular. El período de estabilidad y crecimiento simbolizado en los llamados “treinta años” se miraba como un paréntesis que sería enterrado sin honores. Chile sería la tumba del neoliberalismo. Una asamblea constituyente, representada simbólicamente por el convencional aquel de triste recuerdo, cuya frase más famosa era que prefería que “Chile fuera una mierda, pero de todos, o no fuera de nadie”, haría la nueva constitución, popular y participativa.

En este ambiente, borrachera del octubrismo se podría decir también, elegimos el gobierno de una nueva coalición: Apruebo Dignidad. Sus partidos, Frente Amplio y PC, figurativamente nos decían que aprobaríamos una nueva constitución y, a través de ella, alcanzaríamos, por fin, la anhelada dignidad que el neoliberalismo, con la privatización de los derechos sociales y los abusos, nos había quitado.

Así llegó a La Moneda un equipo joven, los “cabros” de las movilizaciones estudiantiles ocuparon cada una de las oficinas ministeriales del palacio de gobierno y a la cabeza su principal líder, con los anteojos de Allende, para despejar cualquier duda. Muchos nos preparamos para vivir la conclusión de la tragedia, pero esta vez -solo esta vez- Marx tuvo razón, estaba comenzando la farsa.

El gobierno se parece cada vez más al avión ese de Nielsen. Fracasados estrepitosamente todos sus afanes revolucionarios y refundacionales, enterrada la pretendida superioridad moral, derrotada por la realidad su romántica mirada de la inmigración y agobiados por el crimen organizado, ahora nos dicen que valoran a Carabineros y que nunca les gustó el perro matapacos: “era una figura ofensiva y denigrante”, nos dice el Presidente Boric. Quién lo hubiera dicho, entonces no parecía.

Mirado en retrospectiva, todo comenzó con la visita de la doctora y ministra Siches a Temucuicui, ahí debimos darnos cuenta de lo que venía. Parece simbólico que el personaje de Nielsen en la película aquella, el Dr. Rumack, era un médico con estetoscopio al cuello.

En la semana posterior al asesinato de los tres carabineros que conmocionó al país, uno se podría preguntar ¿y dónde está el Presidente? La respuesta la encontré en la red social X, comentando un restaurante del barrio Lastarria: “De las mejores mayo caseras de Santiago. Ayer y hoy. El Shop, refrescante como corresponde”. La realidad supera a la mejor ficción. (La Tercera)

Gonzalo Cordero

La epifanía-Isabel Plá

En su primera acepción, la RAE define el verbo “creer” como “tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado”.

Cuesta creer —podría ser incluso irresponsable hacerlo— en el cambio súbito que está mostrando la izquierda, esencialmente la que representa el Partido Comunista y el Frente Amplio, tras el asesinato de tres carabineros en Cañete.

De pronto parecen haber sido tocados por una manifestación divina. Una epifanía. La diputada Karol Cariola manifestaba el mismo sábado su “congoja” en televisión ante el crimen, que a esa hora paralizaba a todo Chile.

El hit de esta súbita transformación proseguridad y de respeto a la policía ha sido la orfandad en la que están dejando al “Negro matapacos”, un perro que muestra los dientes, con un pañuelo rojo en su cuello. El Presidente Gabriel Boric asegura que “jamás festiné, ni me hizo ningún sentido esta imagen burda” (aparecen por ahí las gráficas de convocatorias ciudadanas de su campaña, con el mentado animal).

Parece más sincero el diputado Winter, uno de los más fieles compañeros de ruta del mandatario, que se justifica porque “la mayor parte de la ciudadanía se identificó” con el perro y su significado. Descarnado, Daniel Stingo le recuerda a Boric que lo que ahora califica como burda imagen fue un símbolo del estallido y que “él no habría salido (electo Presidente) sin el estallido social”.

La conmemoración de la violencia de ese mundo tiene un registro amplio; y las decisiones para rebajar su gravedad, trayectoria histórica. Desde la protección a condenados por delitos graves, las romerías a saludarlos en reiteradas huelgas de hambre y la acusación a la justicia de xenófoba y parcial. Hasta la persistente negativa a invocar la Ley Antiterrorista.

El octubrismo desnudó esa visión de cuerpo entero. Fue a partir de entonces cuando se pretendió, abierta e impunemente, debilitar el Estado de derecho, cuestionar a la fuerza legítima, convertir al orden público en represión. Vinieron entonces el intento de presentar ante los chilenos las acciones de Carabineros como criminales, las danzas burlándose de las mujeres que sirven en la institución. La protección a la “primera línea”, la conversión de la barbarie en “dignidad”.

La política tiene mucho de retórica, se sostiene en ciertos momentos en imágenes y señales, pero en lo que importa a una democracia, se funda en decisiones.

Para ese oficialismo resistente al orden y a las instituciones, llegó la hora de demostrar si han cambiado sus convicciones, o es solo una pose para surfear la ola. El cambio no es baladí para Chile, que puede estar sospechando, con toda razón, que es una actitud transitoria, mientras lidian con las tareas de gobernar; y que, cuando regresen a la oposición, volverán a lo de siempre: socavar certezas y reglas de convivencia.

La primera prueba, y considerando que ya en el debate sobre las reglas del uso de la fuerza la congoja parece estar extinguiéndose, sería sacar adelante las reformas de seguridad pendientes. Y hacerlo con eficacia y sentido de urgencia, sin trampas, sin consignas.

Luego, deberían admitir públicamente que en el sur se vienen registrando acciones terroristas desde hace años y no solo desde ese fatídico sábado 27 de abril. De paso, reconozcan, al menos como una señal de humanidad, que el asesinato del sargento Carlos Cisterna y de los cabos Sergio Arévalo y Misael Vidal, no es el acto más cruel perpetrado en la zona, que antes se quemó vivo a un matrimonio de ancianos y se ha atacado y matado, sin misericordia, a agricultores y trabajadores por no ceder ante la violencia. (El Mercurio)

Isabel Plá

El perro Matapacos

Baile de Máscaras y la ADP-Bettina Horst

Hay reformas que cuesta que avancen. A veces porque habiendo quizás un diagnóstico compartido, cuando se entra en el terreno de las propuestas esa mirada común se diluye. Otras veces, porque los cambios que se quieren impulsar afectan a los que hoy están en determinadas posiciones de poder o bien porque los que creen que en un futuro cercano estarán en esas posiciones no quieren que se les apliquen las nuevas reglas. Son todos problemas de origen bastante evidentes y que se reproducen en todas las instituciones, que frente a todo cambio se preguntan “¿cómo me afectaría a mí?”.

Por ello, hay reformas que, para poder llegar a ser aprobadas, más que tiempo, requieren de liderazgo, visión de Estado y perseverancia para hacer avanzar en la práctica política una visión transversalmente apoyada en el plano técnico.

En ausencia de esas virtudes, gana siempre la inercia y pierde el país.

Por eso, de haber voluntad para impulsar desde el Gobierno y la oposición reformas en materia de modernización del Estado, específicamente a la Alta Dirección Pública (ADP) y al Servicio Civil, esa voluntad se debería manifestar ahora. ¿Por qué? Porque si queremos avanzar en hacer cambios más sustantivos en las reglas del juego de los altos directivos públicos, estos deben aplicarse para el próximo ciclo de nombramientos, que masivamente se dan generalmente en los primeros años de un gobierno. Se trata de hacer cambios que estén vigentes al comienzo de la próxima administración y no de la próxima década.

Ya habiendo pasado 20 años desde que se implementó la ADP, se hace necesario reformarla a la luz de la experiencia acumulada. Si bien su implementación definitivamente limitó el poder discrecional de los gobiernos de turno para nombrar los jefes de servicio y en la mayoría de los casos de la segunda línea en su dirección, el sistema mantuvo en su diseño un forado que en gran medida frustra lo logrado en materia de nombramientos: no se limitaron las facultades del Ejecutivo para desvincular personas. Los nombramientos se intentan con criterios profesionales, pero nada impide que se “pase máquina” y se despida gente con criterios puramente políticos.

Prueba de ello es que casi el 90% de los jefes de servicio adscritos y nombrados por la ADP no siguen en sus cargos a diciembre del segundo año de Gobierno. En el caso de la segunda plana, esta cifra es de casi el 60%.

La subsistencia de la arbitrariedad política en la desvinculación de esos cargos significa que, en lugar de ir desarrollando un Servicio Civil estable, experimentado y cada vez más competente, simplemente se gatilla una avalancha de concursos cada vez que asume un nuevo gobierno, resultando imposible además llenar las vacantes en tiempo y forma.

Con ellos se abre espacio a otra figura que desnaturaliza el sistema por completo: la subrogancia, de la que se abusa al punto que el tiempo que pasa entre la desvinculación y el nuevo nombramiento, para los cargos de segundo nivel en los servicios durante estos dos últimos años, es en promedio de 421 días. En el área de salud, se llega a casi 700 días. ¿Cuál es el incentivo de postular a un cargo que implica estar expuesto a ser desvinculado por razones políticas, en promedio, después de tres años?

Es razonable que todo gobierno aspire a avanzar en su programa y tener la flexibilidad de poder nombrar personas en algunos cargos clave para ello. Pero, así como hoy el Presidente de la República puede nombrar a 12 jefes de servicio adscritos a la ADP en forma directa, sin necesidad de concurso, debería existir un límite al porcentaje de personas que puede remover en el caso de los cargos de segunda línea en los servicios. En el pasado, la remoción promedio durante los dos primeros años de gobierno ha sido cercana al 60% de los directivos nombrados de segundo nivel, porcentaje que no tiene ninguna justificación posible desde la perspectiva de lograr una mejor administración. Es discutible si ese porcentaje debiese ser 15%, 20% u otro, pero se debe obligar a las nuevas autoridades a evaluar a los directivos y no simplemente removerlos por haber sido nombrados por el gobierno saliente.

De lo contrario, seguiremos con este baile de máscaras. En público se entrega apoyo político a la ADP en la tarea de nombramientos, pero en la práctica se mantiene la facultad de arrasar políticamente con esos nombramientos cada cuatro años. Mientras en el Congreso existen diversos proyectos de ley que plantean agregar más de 3.000 cargos adicionales a la ADP, lo que sería un avance enorme, cada cuatro años vemos como se parte en muchos casos nuevamente de cero en sus nombramientos. (El Mercurio)

Bettina Horst

Evo Morales advierte que será candidato «a las buenas o a las malas»

El expresidente de Bolivia y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales (2006-2019), advirtió este sábado que será candidato presidencial de su partido para las elecciones presidenciales de 2025 «a las buenas o a las malas», durante un mensaje a sus seguidores en la región de Cochabamba, su bastión político y sindical.

Morales aseguró que se encuentra habilitado para ser candidato, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano dictó una sentencia en diciembre en la que señala que la elección indefinida «no es un derecho humano».

Esta sentencia indica que una persona puede ser presidente del país por solo dos periodos, ya sea de forma continua o discontinua. El exmandatario gobernó durante tres periodos: de 2006 a 2010, de 2010 a 2014; y de 2014 a 2019.

«Hasta este momento estamos habilitados para ser presidente legal y constitucionalmente, eso no está en debate. Lo que están haciendo es ver cómo con los autoprorrogados buscan cómo eliminar, cómo inhabilitarme. Esa es la pelea y no están pudiendo», afirmó Morales.

El expresidente también dijo que cuenta con el apoyo y «es defendido» por «gobiernos de izquierda de América Latina», y señaló como sus aliados a los presidentes Lula da Silva, de Brasil, y Nicolás Maduro, de Venezuela. Asimismo agregó que si no quieren habilitarlo como candidato «a las buenas» será «a las malas» y que esto lo logrará con «movilizaciones».

Por su parte, los sectores sociales afines al exjefe de Estado se encuentran reunidos para tomar medidas en contra el congreso del MAS, impulsado por el Gobierno de Luis Arce, que se lleva a cabo en la ciudad de El Alto y concluirá el domingo.

Morales llamó a sus seguidores a «movilizarse» en contra del congreso de los sectores cercanos al presidente y les ordenó que «se preparen para salir a las calles».

El bloque que apoya a Morales convocó su propio congreso del partido gobernante para el próximo 10 de julio en la población de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba.

Arce y Morales están distanciados desde 2021, y el año pasado sus diferencias se profundizaron por la realización de un congreso nacional del partido en el que, en ausencia del mandatario y de sus sectores leales, el expresidente fue ratificado como líder del MAS y nombrado «candidato único» para las elecciones de 2025.

El presidente no asistió a ese encuentro al considerar que las organizaciones sociales, base del MAS, no estaban debidamente representadas.

Las tensiones aumentaron después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidiera anular el congreso de 2023 e instruir que se convocara a uno nuevo consensuado, algo en lo que tampoco se han puesto de acuerdo ambas facciones oficialistas. (Emol)

Con Ripamonti, Vodanovic y Ríos, FA presenta a candidatos a municipales

En una actividad desarrollada en el estadio El Llano de San Miguel, el Frente Amplio presentó este sábado a sus diferentes candidatos -y precandidatos- que competirán en las próximas elecciones municipales gobernadores.

En total son 29 candidaturas pasarán directamente a la papeleta: Camila Rojas en Punitaqui, Rodrigo Díaz en Catemu, Ignacio Villalobos en Petorca, Mauricio Quiroz en Putaendo, Constanza Schonhaut en Las Condes, Lorena Olavarría en Melipilla, Jorge Pavez en San Vicente, María Inés Sepúlveda en San Clemente, Yuliana Bustos en Collipulli, Belén Montecinos en Lumaco, María Cristina Painemal en Chol Chol, Nicolás Pavez en Colina, Paulina Bobadilla en Quilicura, Daniela Parada en Independencia, Lorena Donaire en La Ligua, Sebastián Balbontín en Limache, Pablo Manríquez en Juan Fernández, Enrique Olivares en San Fabián y Sebastián Vega en San Antonio.

Al listado anterior también se suman los actuales alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú), Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Luis Valenzuela (Tiltil), Carla Amtmann (Valdivia), Francisco Riquelme (Casablanca), Felipe Muñoz (Estación Central), Valeria Melipillán (Quilpué), Emilia Ríos (Ñuñoa) y Erika Martínez (San Miguel).

Al mismo tiempo, se definieron los precandidatos: Camilo Kong en Antofagasta, Enrique Soto en Tierra Amarilla, Camila Nieto en Valparaíso, Macarena Fernández en Providencia, Jorge Alfaro en Isla de Maipo, Roberto Pino en Talcahuano, Héctor Sáez en Renaico, Guillermo Feris en El Carmen, Evelyn Valenzuela en Maullín, Carlos Contreras en Penco, Pamela Álvarez en Cartagena, Miguel Concha en Peñalolén, Carlos Castro en Linares, Camila Ortiz en San Pedro de la Paz, Valentina Cáceres en Rancagua, Carolina Soto en Talca, Juan Rodrigo Fuentes en Combarbalá, Camilo Araya en La Serena y Juan Ignacio Cornejo en Calera de Tango.

En la actividad, el presidente del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo: «El Frente Amplio ha sido un motor de cambio en varias comunas de Chile: en Maipú, en Viña, en Quilpué, aquí en San Miguel, demostrando que podemos empujar transformaciones que mejoren concretamente la vida de las personas. El trabajo que ya se ha hecho queremos proyectarlo a lo largo de Chile, con liderazgos locales que respondan a la gente y no a intereses personales».

«Porque no da lo mismo quién esté a la cabeza de un municipio, eso lo hemos visto muy claramente en los últimos meses con los millonarios desfalcos en alcaldías de derecha. Vamos a disputar importantes primarias, y vamos a ir directamente a la papeleta a enfrentar a la derecha para recuperar los municipios para las y los chilenos», agregó.

Por su parte, la secretaria general de la tienda, Tatiana Urrutia manifestó: «El Frente Amplio se ha construido pensando en cómo fortalecer y mejorar los municipios, dotarlos de herramientas que los hagan más efectivas ante las demandas de sus vecinos. Para ello llevamos años preparándonos, con trabajo, con rigurosidad y con cariño para demostrarle a las personas que la política sí puede ofrecer respuestas para vivir mejor. El Frente Amplio es hoy un aporte fundamental para el progresismo en Chile y con esa responsabilidad hoy presentamos a las y los mejores de los nuestros». (Emol)

El desacuerdo profundo

El alevoso asesinato de tres carabineros en Arauco produjo, el fin de semana pasado, un acuerdo amplio: era urgente avanzar raudamente en la agenda de seguridad. Dada la necesidad de dar una señal contundente, y descartado (por ahora) el estado de sitio, todos parecieron concordar en lo siguiente: despachar lo antes posible las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Frente a una agresión de esa naturaleza, el Estado estaba obligado a dar un mensaje de prestancia, tanto de cara a los homicidas como a los propios carabineros.

Sin embargo, debe decirse que el sentimiento de unanimidad fue poco más que un espejismo: se esfumó al poco andar. En efecto, la discusión ha sido —por decir lo menos— trabada y llena de vericuetos incomprensibles para el ciudadano de a pie. El resultado es que la señal se difuminó. Mal que nos pese, no hemos sido capaces de dar una respuesta clara frente al atentado y la violencia. Confluyen acá muchos factores, pero una causa está en el centro de la dificultad, y explica los vaivenes de los últimos días (y años): tenemos discrepancias profundas respecto del uso de la fuerza, y esas discrepancias producen consecuencias sistémicas en muchos planos. Es más, no saldremos del embrollo mientras no superemos ese desacuerdo.

Para percatarse del hecho, basta recordar que el Congreso lleva largos meses discutiendo las RUF sin lograr consenso, a pesar de que la crisis de seguridad es patente. Dicho de otro modo, nuestros representantes no han sido capaces de concordar una normativa para los encargados del orden público. El motivo del retardo es muy simple: la coalición oficialista tiene divisiones profundas en la materia. Mientras el Socialismo Democrático entendió que la policía requiere reglas claras y respaldo nítido, Apruebo Dignidad es mucho más reticente. De allí que la ministra del Interior esté siempre en una posición incómoda, pues sus esfuerzos encuentran poco eco en sus aliados.

Este telón de fondo permite comprender también la polémica en torno al “perro matapacos” y todos sus derivados. No es un mero ejercicio de arqueología, sino que revela algo profundo. Se trata de lo siguiente. Para cierta izquierda, la fuerza ejercida por el Estado está afectada por un pecado de origen, pues ven al aparato público como una institución opresiva cuya violencia estructural debe ser combatida. Este es el resultado de una (mala) lectura de los epígonos de Foucault, pero desde esa perspectiva el Estado oprime, el Estado viola y el Estado subyuga. Tal es el núcleo de la ética y la estética octubrista, y tal es el motivo en virtud del cual le dijeron asesino al carabinero de Panguipulli, les gritaron a los militares en la calle y hablaron de Temucuicui como “territorio liberado”. El entusiasmo religioso que produce el can está lejos de ser anecdótico: él encarna todas estas convicciones. Por lo mismo, cuando el Presidente tilda al perro de burdo, ofensivo y denigrante, produce una disociación psicológica en muchos de sus partidarios: ha tocado un nervio sensible.

Como fuere, el corolario es que los encargados de mantener el orden perciben esos desacuerdos, que redundan en un respaldo tan frágil como ambiguo. Y la verdad es que, en ausencia de un consenso amplio y transversal, es absurdo esperar que la tropa pueda cumplir adecuadamente con su labor. Este es, a mi juicio, el centro de la discusión. El debate en torno a la justicia militar es una manifestación más de la discrepancia anterior (se solicitan mayores garantías frente a la debilidad del apoyo). Carabineros y Fuerzas Armadas tienen el monopolio del uso de la fuerza, para ejercerla en nuestro nombre; y, sin embargo, esa primera persona plural —nosotros— no transmite un mensaje claro que les permita trabajar con tranquilidad. En este contexto, será imposible superar la crisis de orden y seguridad, porque no cabe esperar que quienes exponen su vida para protegernos lo hagan sin que las condiciones estén claras. Hay una clara desproporción entre aquello que les pedimos (arriesgar sus vidas) y lo que les estamos entregando.

¿Qué cabe hacer, entonces? Pues bien, las fuerzas políticas responsables, y conscientes del abismo que se abre bajo nuestros pies, deberían ser capaces de concordar reglas claras y eficaces, que sean reconocidas como tales por todos los actores relevantes (con o sin justicia militar). Dicho acuerdo requiere, probablemente, la exclusión de los vociferantes que están más preocupados de agendas identitarias que del futuro del país.

Chile vive una gravísima crisis de seguridad en la que inciden muchos factores. Me temo que será imposible controlarla sin recurrir a la fuerza, con todos los costos asociados. Si no estamos dispuestos a pagar esos costos —al interior del marco democrático y con el debido control—, el país entrará en un ciclo muy distinto, que abrirá a dos escenarios posibles: anarquía o autoritarismo. Si eso ocurre, cuando padezcamos uno de ellos, miraremos las disquisiciones actuales como una absurda ensoñación. Y será demasiado tarde para corregirla. (El Mercurio)

Daniel Mansuy