Es un dato de la causa que el ejercicio práctico del poder ha distanciado a Gabriel Boric del Partido Comunista. Lo que antes eran coincidencias y guiños de complicidad ha devenido hoy en abierta contradicción e incomodidad, con constantes encontronazos en una variedad de temas.
El propio Mandatario ha reconocido las diferencias con sus aliados. Pero es poco probable que esta repetición ad nauseam de los episodios de divergencia pueda conducir a un quiebre. Boric lo descartó el martes, al insistir en que el entredicho en torno a Venezuela -donde según el PC hubo una elección “ejemplar”- no es un problema que vaya a afectar a la coalición oficialista.
Sin embargo, resulta obvio que entre el Presidente y el PC ha ido creciendo una brecha que no solo tiene que ver con los roces típicos en la gestión de una alianza, sino también con concepciones de fondo en torno a qué es una democracia (el caso de Venezuela), cómo ésta ha de defenderse frente a la delincuencia (por ejemplo, el arresto de personas sorprendidas con armamento en una radio en Villa Francia) y la forma de comprender la aplicación de la ley (la prisión preventiva decretada por tribunales contra el alcalde Jadue). Parece claro que la antigua comunión entre el diputado Boric y el PC es historia añeja, y que quien cambió es el ahora Mandatario.
Pese a la evolución presidencial, nada sugiere que estemos cerca de una ruptura. A Boric le interesa mantener al PC en la coalición, porque ello le da certificado de izquierdista a su gobierno y porque siente cercanía emocional y política con el partido. Prescindir de los comunistas supondría un golpe severo para el Ejecutivo, abriéndole nuevos flancos (la calle, algunos sindicatos clave) e inaugurando una franca competencia entre el Frente Amplio y sus socios por la representación del sector. En el cálculo y en el corazón de Boric, un divorcio de ese estilo es un mal negocio por donde se lo mire.
El PC se sabe imprescindible y por eso se da el gusto de maltratar con contumacia casi cruel a su propio gobierno, lo cual le permite quedar bien con Dios y con el diablo. Por un lado, pertenece a la coalición e integra el gobierno, con todas las ventajas que ello significa en términos de visibilidad, proyección de figuras y cuotas de poder; por otro, puede exhibir la credencial de pureza ideológica que le reclaman sus bases. Para la dirigencia comunista, la prioridad es clara: primero está el partido.
Así que lo más probable es que sigamos viendo esta danza llena de cinismo al interior de este matrimonio cada vez más tenso. El PC continuará criticando lo mucho que no le parece y el gobierno hará lo que tiene que hacer para tratar de conducir al país. Y, mientras los golpes van y vienen, ambos seguirán conviviendo y jurándose una paradojal lealtad en la diferencia. (La Tercera)
La economía siguió desacelerándose en junio. Según informó este jueves el Banco Central, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) tuvo un aumento de 0,1% en comparación con igual mes del año anterior.
La cifra fue menor a las expansiones interanuales de 1,1% y 3,5% registradas en mayo y abril, respectivamente, y fue el peor desempeño desde diciembre de 2023, cuando el Imacec tuvo una contracción de 0,7%.
Además se ubicó muy por debajo de las expectativas, economistas consultados por Pulso proyectaban un aumento de entre 1% y 2,1%.
La serie desestacionalizada aumentó 0,3% respecto del mes precedente y creció 2,1% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que junio de 2023.
“El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de la minería y, en menor medida, del comercio, lo que fue compensado por la caída de los servicios”, señaló el Banco Central.
En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue impulsado, principalmente, por el resultado del comercio y la minería, agregó.
El Imacec no minero tuvo una disminución anual de 0,7%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior.
ANÁLISIS POR ACTIVIDAD
La producción de bienes aumentó 2,2% en términos anuales, resultado incidido por la minería y el resto de bienes, mientras que la industria cayó. En la minería destacó el incremento en la extracción de litio, y en el resto de bienes, el crecimiento del valor agregado de la generación eléctrica. El resultado de la industria fue explicado por la menor producción de alimentos.
En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 1,3% respecto del mes precedente, explicado por todos sus componentes, destacando el desempeño de la minería que aumentó 1,7%.
COMERCIO
La actividad comercial registró un aumento de 4,3% en términos anuales. Este resultado fue generalizado, destacando el comercio minorista y mayorista. El primero fue impulsado por las ventas en grandes tiendas y establecimientos especializados de vestuario, calzado y equipamiento doméstico. En tanto, en el segundo, se registraron mayores ventas de enseres domésticos y maquinaria y equipo.
Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 3,4% respecto del mes anterior, incidido principalmente por el comercio minorista.
SERVICIOS
Los servicios cayeron 1,8% en términos anuales, resultado explicado por los servicios personales, en particular, de educación. Estos últimos se vieron afectados por el adelantamiento de las vacaciones de invierno respecto del año anterior y a la suspensión de clases registradas en junio de este año.
Las cifras ajustadas por estacionalidad dieron cuenta de una disminución de 0,9% respecto del mes precedente, resultado incidido por los servicios personales y empresariales.
Conforme al calendario de difusión de las cifras de Cuentas Nacionales, los resultados preliminares del PIB correspondientes al segundo trimestre, así como las revisiones del primer trimestre, serán difundidos el 19 de agosto. (Pulso)
CPC: «MALA NOTICIA»
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, se refirió al Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) del sexto mes del año que registró una pobre expansión de 0,1% en comparación con el mismo mes de 2023. La cifra, que refleja un casi nulo crecimiento, se ubicó muy por debajo de lo estimado por el mercado.
Mewes calificó el Imacec de junio como «una mala noticia». En conversación con Radio ADN, Mewes sostuvo que «puede que hasta parezca disco rayado, pero que aquí no se generan incentivos a la inversión, como el tema de los permisos sectoriales, que es un incentivo por sí solo».
La serie desestacionalizada del Imacec, es decir, comparado con el mes inmediatamente anterior, anotó un crecimiento de 0,3% y creció 2,1% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que junio de 2023.
Según el Banco Central, el resultado se explicó por el crecimiento de la minería y, en menor medida, del comercio, lo que fue compensado por la caída de los servicios. (Emol ADN)
Era esperable, tanto por sus ideas como por el contexto actual, que el gobierno pusiera en primer lugar a la educación escolar pública. Una parte de las fuerzas que hoy son parte del oficialismo resintieron cuando el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet prefirió concentrarse en “quitarle los patines” a la educación particular subvencionada antes de reforzar la educación pública. Por otra parte, la desmunicipalización está en plena implementación, y ha mostrado desafíos y deficiencias de tal nivel (reflejadas con especial dramatismo en la crisis de Atacama) que era natural que el Ejecutivo las abordara. Preocuparse de la educación escolar pública hoy es necesario.
Pero ¿qué ocurre con la educación particular subvencionada? Esta concentra la mayor parte de la matrícula, y es ampliamente preferida por los padres y apoderados en el sistema de admisión escolar. En promedio muestra un rendimiento superior en test estandarizados como Simce y PISA, y cada vez atiende a más estudiantes vulnerables. Sin embargo, para estas escuelas no hay políticas de infraestructura, ni proyecto de ley que aborde sus necesidades. El entramado legal que resultó de las reformas de Bachelet II –que estaban basadas en la desconfianza y en el supuesto de que el Estado es garantía de calidad y transparencia– ha limitado el crecimiento de la educación particular subvencionada, tanto en cupos como en nuevos establecimientos.
Arreglar este problema requiere de una voluntad política que sabemos hoy no existe en el Ejecutivo. Por eso, no parece viable pensar en reformas de tamaño medio que reorganicen y conviertan el marco legal de la provisión particular subvencionada en algo más razonable que lo actual. Sin embargo, si es posible pensar en una “agenda corta”, que pueda ser impulsada desde el Congreso Nacional. Van algunas ideas.
Lo primero es eliminar la restricción arbitraria a la apertura de nuevas escuelas o cupos en la educación particular subvencionada. Esto tiene varios aspectos. El primero es fomentar la creación de escuelas, eliminando la condición de “demanda insatisfecha”. Lo que esta norma hace es condicionar la subvención escolar a que el sostenedor demuestre que hay padres dispuestos a matricular a sus hijos en el colegio nuevo antes de la creación de este. Esto tiene un problema lógico fácilmente observable (¿quién va a querer matricularse en un colegio que no existe?). Esta restricción también opera cuando un colegio quiere abrir un nuevo nivel, lo que lleva a otro absurdo lógico (si un colegio que llega hasta 4to básico quieren abrir 5to básico, es obvio que tiene demanda: ¡sus propios estudiantes!). Ambas limitaciones son absurdas por una razón bastante simple: fueron creadas por razones ideológicas. El oficialismo piensa que mientras más se restrinja la educación particular subvencionada, mejor le irá a la educación pública. Tras varios años de aplicación de la Ley de inclusión, está claro que no es así. Ojalá fuera tan simple.
La segunda restricción es la obligación de los colegios de ser dueños de su infraestructura. Esto implica que la inversión inicial para crear un colegio implica comprar un terreno y construir, en lugar de, por ejemplo, arrendar o funcionar en un local a préstamo o comodato. Esta es una restricción muy potente, pues implica que solo un puñado de instituciones con muchísimos recursos pueden optar a crear nuevos colegios. La limitación también aplica para el crecimiento de proyectos ya existentes. Si un establecimiento de buenos resultados y alta demanda quiere crecer, debe hacerlo comprando terreno. Esto encarece significativamente cualquier proyecto de expansión, y aumenta el riesgo asociado. Resultado: los colegios particulares subvencionados no aumentan su capacidad y terminan faltando cupos altamente deseados, como ocurrió en varios lugares del país a principios de este año.
Estas modificaciones, como se puede deducir, no son reformas estructurales, ni mucho menos. Son cambios razonables que corrigen en el margen, los excesos ideológicos de la Ley de Inclusión. Hay mociones parlamentarias que van en la dirección correcta y que la Comisión de Educación del Senado ha puesto en tabla. Esperemos que el Ministerio les de urgencia en su tramitación, mostrando así preocupación por el casi 70% de la matrícula que no va a educación pública. (La Tercera)
Las AFP manejan e invierten los fondos pensionales ahorrados por sus afiliados, obteniendo rentabilidades sobre dichas inversiones y entregando más de 20 servicios a sus afiliados, a quienes cobran comisiones. Hay solo una diferencia importante entre lo que hacen las AFP y otras instituciones financieras: la obligación legal de los afiliados de cotizar en una AFP.
Dicha obligatoriedad conlleva algunas imperfecciones de mercado: hay una gran heterogeneidad entre los afiliados respecto de su educación financiera, su comprensión del sistema previsional y su interés por entenderlo. Ello redunda en la falla sistémica mayor: la ausencia de un diálogo entre las AFP y sus afiliados para superar parte de las falencias anteriores, apoyando una información más completa respecto de los resultados comparativos de su AFP y una decisión informada sobre su permanencia o cambio a otra AFP. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Una propuesta reciente (P1), de la Comisión Técnica de Pensiones y de mi destacado colega Salvador Valdés, se centra solo en las diferencias en comisiones entre AFP. Con el objetivo único de reducir comisiones, P1 propone una reforma legal que obligaría a una licitación obligatoria de todos los afiliados actuales en 10 años (20% cada dos años), con la reserva de una opción de no participación por cada afiliado, que requiere de su desistimiento explícito.
Esta propuesta ha generado variadas críticas, por A. Charme, A. Fermandois, C. Cifuentes y otros, por sus negativas consecuencias financieras, legales, constitucionales y de operación del sistema de pensiones. Sin embargo, la mayor falencia de esta propuesta de licitación mecánica de afiliados es que puede violar la soberanía del consumidor y, particularmente, no apunta a corregir la imperfección inicial, que es la falta de información provista por las AFP y la falta de un diálogo constructivo entre las AFP y sus afiliados.
Por eso, presento una propuesta alternativa, que corrige el problema en su raíz. La propuesta 2 (P2) plantea una reforma legal que obligaría a las AFP a realizar lo siguiente, cada dos años, en etapas.
Etapa 1: cada AFP provee información completa y comparativa sobre comisiones actuales y las rentabilidades de los dos últimos años.
Etapa 2: cada AFP realiza un diálogo secuencial con cada uno de sus afiliados, basado en el siguiente cuestionario.
Pregunta 1: ¿Está usted satisfecho con las rentabilidades, los servicios provistos y las comisiones cobradas por su AFP? Si responde sí, se queda en esta AFP.
Si responde no, se le formula la siguiente pregunta 2: ¿Quiere cambiarse a otra AFP?
Si responde no: se queda. Si responde sí, se le formula la siguiente pregunta 3: ¿quiere cambiarse ahora o quiere participar en la siguiente licitación de los nuevos entrantes y de los actuales afiliados que así lo desean?
Si responde que quiere cambiarse ahora, la AFP lo acompaña a realizar el cambio a la AFP que decida el afiliado.
Si responde lo segundo, participa en la licitación de los nuevos entrantes y de la parte de los actuales afiliados que así lo han decidido.
Además, todos los afiliados que no responden a las preguntas anteriores, se agregan automáticamente a la licitación que se hace cada dos años para los nuevos entrantes al mercado laboral formal.
La P2 tiene las siguientes ventajas sobre la P1. Primero, resuelve la imperfección original de desinformación del afiliado y la falta de diálogo entre él y la AFP. Segundo, no viola la soberanía del afiliado. Tercero, genera fuertes incentivos a la AFP a contactar e informar a todos sus afiliados. Cuarto, refuerza los incentivos para la participación de más AFP en las licitaciones que se hacen cada año. Por último, incentivará la competencia entre las AFP, mejorando el paquete completo, con comisiones más bajas, mayores rentabilidades y mejores servicios provistos por las AFP.
A la luz de estas propuestas, la última encuesta Panel Ciudadano UDD formuló preguntas sobre apoyo y rechazo de ambas. Los resultados son lapidarios. Sobre la P1, solo un 32% se mostró (muy) de acuerdo. Sobre la P2, un 82% se mostró (muy) de acuerdo.
En estos días Venezuela ha centrado la preocupación de todos los demócratas.
Nos ha recordado la jornada histórica del 5 de octubre de 1988, con que se inició el tránsito ordenado y en paz a nuestra democracia.
Ver a los venezolanos en largas filas para votar y recordar a nuestros apoderados del No, que de madrugada se acercaban con sus carpetas y velas a los lugares de votación, junto con escuchar a los líderes de la oposición venezolana convocar a un proceso pacífico, tal cual lo hicimos en nuestro país. Luego, constatar la demora sospechosa en la entrega de resultados por parte de la dictadura de la patria de Bolívar, seguida de su burdo y patético fraude, que ha contestado la eficiente organización de los demócratas en la recolección de las actas electorales que defienden el respeto a la voluntad popular y que arrinconan pacíficamente al desprestigiado régimen.
Ver a miles de venezolanos en las plazas de Chile haciendo gala de nuestro “asilo contra la opresión”, reivindicando la recuperación de su democracia, nos une con emoción a su esperanza libertaria y, por ello, sentimos como propio el desarrollo de los acontecimientos.
Estos días amargos han permitido revalorizar lo que nuestro país y nuestra ciudadanía construyeron. Procesos en los cuales personeros de la derecha democrática y de al menos una de las ramas de las FF.AA. manifestaron una oportuna opinión en la noche del 5 de octubre, lo que también influyó en el reconocimiento de la victoria democrática.
Hoy, la reacción conteste de nuestras instituciones ante tan escandalosa violación de las más elementales garantías de una democracia, a partir de la rápida y clara reacción del Presidente de la República, del ministro de Relaciones Exteriores, de la Mesa del Senado y de la Cámara de Diputados, de los distintos partidos políticos de gobierno, de oposición y de centro, me han hecho pensar en la fuerza de nuestra experiencia histórica y de la profunda convicción democrática de los chilenos.
La pequeña excepción a esta voluntad comunitaria no merece mayor comentario, pues siempre existen algunos que se quedan en la vereda de la historia y que se doblegan ante el efímero poder.
Sí, en estos días he sentido un profundo orgullo de mi país, de sus autoridades y representantes. (El Mercurio Cartas)
La reciente crisis diplomática entre Chile y Venezuela debido al fraude electoral ha generado que Nicolás Maduro expulse al cuerpo diplomático chileno y a su vez retirar a sus diplomáticos en Chile. El Presidente Boric, en respuesta, y diferenciándose de su principal partido de gobierno, el Partido Comunista, ha mantenido una postura firme al no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas, cuestionando su transparencia y veracidad.
Es preocupante observar cómo el régimen de Maduro utiliza la entrega de documentos, la inmigración ilegal y poner dificultades para materializar expulsiones como una estrategia para aislarse de las críticas internacionales. Ahora bien, sobre la reciprocidad de la medida, el Presidente Boric ha dicho que Chile “siempre será un país de diálogo”, descartó romper las relaciones diplomáticas con Venezuela, tomando en cuenta la necesidad de mantener el vínculo para concretar la expulsión de venezolanos desde nuestro país. “Yo no puedo hacer, por más voluntad que tenga, que un avión con expulsados administrativo o judiciales aterrice en Venezuela. Necesito la colaboración del Gobierno para aquello”.
Este es un error básico que demuestra la poca capacidad de gestión para resolver los problemas, dado que hay otras estrategias para trasladar expulsados a Venezuela, como cruzar por tierra vía Bolivia y Brasil -países que no solicitan visa a los venezolanos para ingresar a su territorio- o solicitar el aterrizaje en Colombia, y luego cruzar por tierra a Venezuela. En este ingreso, el derecho internacional impone a los Estados la obligación de recibir a sus nacionales, y lo simplifica al ocupar un paso terrestre.
Sobre la pasividad en materia internacional, es incomprensible que nunca consideraron sacar al embajador chileno en Venezuela, que tiene un foco político y no es un diplomático de carrera, y en las gestiones con el país caribeño Chile ha entregado las negociaciones al subsecretario del Interior y al PC en vez de enfrentarlo con experimentados diplomáticos.
El resultado, en un dicho nacional, se ha “hecho el loco” dado que se trató al país con guante blanco, entregando información y privilegios, y sólo se ha recibido insultos y desaires diplomáticos, y extrañamente, aún menos expulsiones que la administración anterior, cuando no había embajador en Caracas.
Chile debe seguir abogando por la transparencia y la democracia en Venezuela, mientras fortalece sus políticas migratorias. La cooperación internacional y la firmeza en la defensa de los derechos humanos deben ir de la mano con una gestión responsable y justa de la migración. La situación actual es una oportunidad para demostrar que Chile puede ser un defensor de la democracia y, al mismo tiempo, un país que gestiona eficazmente sus desafíos internos. (El Líbero)
Este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó un documento a los senadores de la Comisión de Trabajo, que propone que el 6% de cotización adicional con cargo al empleador se distribuya de una manera distinta a la que había planteado hasta ahora el gobierno.
El informe, de nueve páginas, titulado “Marco para la discusión en particular del proyecto de reforma previsional en el Senado”, enumera una serie de principios, así como propuestas en las que, a juicio del Ejecutivo, existe convergencia de opiniones, y metas para el sistema en régimen.
Este documento trae varias novedades, y las principales son precisamente respecto del financiamiento que evalúa el gobierno para mejorar las pensiones de los actuales pensionados, el mayor nudo que existe en este proyecto entre el Ejecutivo y la oposición.
En concreto, el gobierno allí planteó que un 3% se destine a cuentas individuales; y otro 3% vaya a un fondo que financiará solidaridad. Pero en realidad, de ese total que se entrega a solidaridad, solo un 1% sería aportado de manera permanente, mientras que el restante 2% sería entregado de manera transitoria por parte de los cotizantes, y además, será reembolsado al momento de la jubilación, es decir, operaría como un préstamo que se devolvería con intereses a la hora del retiro. Además, el gobierno se mostró dispuesto a entregar una cierta cantidad de recursos fiscales a ese mismo fondo que pretende financiar la solidaridad.
SESIÓN TENSA
Previo a que se conociera el referido documento, este miércoles subió la tensión ante presiones del gobierno para votar la reforma previsional la próxima semana. Si bien el Ejecutivo esperaba que se pudiera votar en general el proyecto en la sesión que realizó la Comisión de Trabajo del Senado, eso no ocurrió, pues los senadores de Chile Vamos insistieron en que primero es necesario llegar a un acuerdo.
La senadora Alejandra Sepúlveda (Ind.) pidió no seguir dilatando la votación. Frente a ello, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) dijo que el gobierno está pidiendo que se vote un proyecto que está exactamente igual a como llegó de la Cámara de Diputados, con varios de sus temas rechazados: “No se está proponiendo nada, salvo palabras, que tienen que estar refrendadas al menos por ciertos acuerdos mínimos, al menos por algún protocolo”.
En la imagen, el senador Luciano Cruz-Coke.
Por su parte, el senador Rodrigo Galilea (RN) advirtió que “anticipar votaciones, aunque sea en general, puede ser el peor enemigo de aquellos que queremos que esta reforma resulte”. Agregó: “Prefiero ir avanzando con precisiones, redacciones, textos absolutamente definidos en cada uno de los temas, para que no le demos espacio a todos quienes quieren ser enemigos de esta reforma, y llegar al final. Quizás vamos a llegar el día de mañana a una votación en general y en particular casi simultánea, no tengo ninguna objeción a eso”.
El senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la Comisión de Trabajo, lo secundó en esto último, y planteó que se pueda votar en general y en particular al mismo tiempo, después de llegar a acuerdos, al igual como lo hicieron en la Comisión de Hacienda con el pacto tributario.
En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), aunque no es parte de la Comisión de Trabajo, asistió a la sesión y propuso que se ponga un plazo para generar un documento acotado donde se suscriban acuerdos. Mientras que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, pidió que el proyecto se pusiera en votación en general. “No puede seguir la pelota trancada”, indicó.
En la imagen, Ricardo Lagos Weber.
Después de un debate de cerca de una hora, donde el gobierno y los parlamentarios oficialistas insistieron en someter a votación el proyecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró que se ha ido avanzando bastante en generar convergencias. “Nosotros hemos ido sistematizando los temas que han surgido en la discusión”, sostuvo Marcel.
Acto seguido, explicó que agruparon en un documento las propuestas del Ejecutivo que han sido generalmente acogidas y valoradas; las propuestas surgidas en la etapa final de la discusión en la Cámara de Diputados que no llegaron a ser incorporadas en el proyecto votado en abril pasado; opiniones y propuestas surgidas de técnicos, actores del sistema y parlamentarios durante la fase de audiencias; y las propuestas de la mesa técnica que constituyó la Comisión de Trabajo. Marcel entregó ese documento a los senadores, con el objetivo de ordenar la discusión en particular del proyecto, argumentó.
En la imagen, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara y el senador Juan Antonio Coloma.
Luego, Marcel comentó: “Se ha planteado que se vote ahora, que se fije un plazo, que se defina un procedimiento, y de todas las alternativas que se han planteado, creo que es importante que seamos claros respecto a lo que significa la idea de que vamos a dejar la votación en general y particular para el final de todo, sin plazo. Se ha hablado de confianza, (pero) eso no es confianza, se requiere un acto de fe, y yo creo que desgraciadamente la política chilena no está en terreno como para hacer actos de fe, por eso es que hacemos protocolos”. Y pidió dejar claros los plazos.
“Valoro lo que ha hecho, pero no conocemos el texto” respondió Coloma sobre el documento que les entregó Marcel. “Me parece que lo mínimo es leer el texto por parte nuestra, ver si estamos de acuerdo con el texto, que puede ser fantástico, o puede que estemos en desacuerdo, puede que haya modificaciones que sugerir (…) Me parece, por sentido común, dar espacio para leerlo”, añadió.
A raíz de eso, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recordó que el proyecto tiene urgencia de discusión inmediata y pidió que se vote la próxima semana. Coloma contestó que si se aplica la urgencia, se tiene que votar en general y particular simultáneamente. “Si eso pretende el Ejecutivo, dígamelo altiro”, dijo Coloma.
La ministra Jara insistió en consultar si se votaría la próxima semana. “Déjenos primero leer el documento”, reiteró Coloma. El senador Gastón Saavedra (PS) retrucó: “El miércoles hay sesión, y ahí yo le pediría al gobierno que coloque la urgencia que corresponde, porque ahí sí o sí votamos”. Coloma señaló que “ahí veremos si está bien o está mal (el documento)”, y agregó que los senadores, si así lo quieren, pueden pedir el cierre del debate, lo que tendría que ser votado para ver si procede o no a votar en general.
Posterior a la sesión, los ánimos en vez de calmarse se tensionaron más. Desde Chile Vamos cuestionaron el documento presentado por Marcel, el que no reconocen como un protocolo de acuerdo, dado que no participaron de la redacción del mismo. Tampoco el gobierno lo quiso llamar de esa manera. Dada la extensión y el contenido del texto, los senadores opositores estiman que tomará más tiempo que la próxima semana para poder generar consensos antes de votar la idea de legislar.
PROPUESTAS PARA SUBIR AHORROS
Las propuestas del documento que entregó Marcel, fueron agrupadas en seis temas. Primero habla del “aumento de volumen de ahorros y densidad de cotización en el pilar de contribución definida”.
Allí, entre otras cosas, plantea subir la cotización en 6% con cargo al empleador, subir el tope imponible (UF 84,3) de manera gradual hasta igualarlo al del Seguro de Cesantía (UF 126,6), un seguro de lagunas previsionales que se paga con cargo al seguro de cesantía, y centralizar el sistema de cobranza de cotizaciones previsionales en un organismo licitado.
SUBIR RETORNO DE RECURSOS
El segundo tema se refiere a “elevar el retorno de los recursos aportados por los trabajadores”. Al respecto, entre otras cosas, el documento propone pasar de multifondos a fondos generacionales, estableciendo carteras de referencia para cada uno, donde los inversores recibirán premios o castigos a sus comisiones según su desempeño.
También plantea licitar grupos de afiliados, “seleccionando aleatoriamente un porcentaje de hasta 10% de los afiliados”, que se lo adjudica el “oferente con la menor comisión, el cual deberá mantener dicho precio por 10 años. Los afiliados licitados pueden desistir de la licitación o cambiarse de inversor de pensiones en cualquier momento”. Dice que se va a estipular un límite de participación de mercado, tanto en términos de afiliados como de activos administrados, para poder participar en la licitación.
Adicionalmente, el documento habla de establecer un encaje reducido para generar más competencia, limitar el valor máximo de las comisiones indirectas, flexibilizar los actuales límites de inversión, eliminar el rango establecido en la ley para la fijación del límite de activos alternativos y separar la administración de cuentas de la gestión de inversiones de las AFP.
PGU
Sobre la Pensión Garantizada Universal, se propone aumentarla a $250 mil, “en el entendido que dicho monto se encuentra prudencialmente por sobre la línea de la pobreza”. También determina “fijar un período de carencia en que la PGU se reajuste sólo de acuerdo con el IPC”, y “establecer un procedimiento robusto para eventuales futuros reajustes del beneficio”.
Asimismo, propone “mantener la cobertura de la PGU en el 90% de los pensionados, redestinando los recursos que se habían comprometido en el proyecto original al fortalecimiento de los mecanismos que permitan elevar la tasa de reemplazo de los pensionados de segmentos medios”.
RIESGOS SOBREVIVIENTES
El cuarto punto es sobre el “aseguramiento frente a riesgos sobrevivientes o inherentes”. Acá habla de un mecanismo que compense a mujeres por la mayor sobrevida, lo que se financiará con cargo a la cotización adicional del empleador.
Asimismo, plantea “agregar mecanismos de redistribución intrageneracional a la cotización de cargo del empleador con objeto de compensar el efecto que las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres”.
Por otro lado, propone diseñar un seguro de longevidad, que pueda incorporarse a las modalidades de jubilación.
ACTUALES PENSIONADOS
El quinto punto versa sobre “modalidades adicionales de aseguramiento y obtención de potenciales beneficios para los actuales pensionados”.
Este es el principal nudo del proyecto: el modo en que se financia la mejora de las pensiones para actuales jubilados. Acá fue donde el gobierno propuso una nueva fórmula de financiamiento, que considera cotizaciones de los trabajadores, a los cuales se les devolverá una parte de lo que aporten, pero también se contemplan recursos fiscales.
Al respecto, el documento plantea “mejorar las pensiones de los actuales jubilados y los que lo hagan durante los próximos 20 años, a través de una garantía transitoria equivalente a 0,1 UF por año cotizado, con un mínimo de entre 5 y 10 años y un máximo de 30 años. El referido tope se irá reduciendo progresivamente para quienes se pensionen con posterioridad al año 20 hasta su extinción en idéntica temporalidad, reconociendo con ello el aporte que realizaron los distintos afiliados a la transición del sistema”.
Es más, agrega que “esta garantía será financiada con cargo a un Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social, que se constituirá con una cotización permanente, de cargo del empleador, de un 1% de las remuneraciones, un Aporte Reembolsable de un máximo de 2% de las remuneraciones, de carácter transitorio, y un aporte fiscal predeterminado en función de las necesidades de suficiencia y sostenibilidad del Fondo, el que, en cualquier caso, no excederá de los recursos liberados por la mantención de la cobertura de la PGU en 90% de los pensionados y el financiamiento de la gestión de fondos mediante una comisión de cargo del trabajador”.
El 1% de cotización permanente que allí se menciona también financiará el seguro por diferencias en expectativa de vida entre hombres y mujeres.
El documento detalla que “el Aporte Reembolsable será de 2 puntos porcentuales de la cotización de cargo del empleador durante los primeros 20 años, reduciéndose paulatinamente durante los años siguientes. Al momento de cotizar, se emitirá por parte del Fondo, un instrumento financiero endosable, similar a los bonos de reconocimiento, que se depositará en el Depósito Central de Valores”.
Añade que “este instrumento será redimible a partir del momento del retiro, en cuotas mensuales a lo largo de 20 años. El instrumento se calculará como la suma de los aportes reembolsables efectuados, más un interés, definido por ley, de entre 2 a 3% sujeto a escenarios objetivos y rigurosos de sustentabilidad del Fondo y benchmarking de referencias similares”.
Agrega que “el Fondo tendrá características institucionales, contables y operacionales similares al Fondo del Seguro de Cesantía. Este contará con un régimen de inversión que fije las reglas de inversión de los fondos en base al objetivo de rentabilidad y pago de obligaciones con los cotizantes”.
ARREGLOS INSTITUCIONALES
El último punto se refiere a “arreglos institucionales, estándares de información, exigencias de transparencia y participación, instancias de educación y participación”.
Entre otras cosas, propone que la Superintendencia de Pensiones se transforme en una Comisión de Pensiones, colegiada.
Acá también plantea “establecer, para el Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social, una estructura de gobernanza que asegure su carácter técnico, la independencia del gobierno de turno, separado del Fisco y la responsabilidad por el uso transparente y eficiente de los recursos que administrará. Para este efecto, contará con un Directorio cuyos integrantes serán nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, por mayoría absoluta de sus miembros y desanclado de los distintos ciclos políticos. Este Fondo deberá subcontratar la gestión de sus inversiones en Chile a uno o más operadores privados calificados, pudiendo hacerlo también para la gestión de sus inversiones en el exterior”. (Pulso)
Trump puso en cuestión, sin pruebas, los resultados de las elecciones de 2020 en EE.UU. y promovió el ataque al Capitolio; Nicolás Maduro busca reelegirse en un proceso electoral que según el Centro Carter “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerado como democrático”. Ambos dirigentes políticos son también “mortalmente parecidos” en sus discursos descalificadores, desestructurados y mentirosos.
En Chile, mientras el Presidente Boric con rapidez señaló que “no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, marcando la pauta que asumirían luego los gobiernos de Lula, Petro y de AMLO, el PC, a través de su presidente, ha dicho en términos taxativos “no tengo otra alternativa… que no sea asumir los resultados entregados por la institucionalidad”.
¿Cómo explicar que el PC acepte un proceso electoral irregular que culmina una serie de decisiones que han terminado con la división de poderes, carece de un órgano electoral independiente y en que las FF.AA. gozan de grandes privilegios, producto de su simbiosis con el madurismo?
Una explicación deriva de la noción sociológica “histéresis”, propuesta por Bourdieu y Maffesoli, que describe la situación de agentes que, frente a cambios civilizatorios, tienen dificultades para acomodarse a las nuevas condiciones. En el caso del PC chileno, el colapso de la URSS afectó fatalmente su horizonte de sentido impidiéndole extraer las lecciones que esa experiencia entrega para entender el valor universal de la democracia, más allá de las diferencias políticas.
Algo similar ocurre con Trump respecto del fin de supremacía blanca y la sociedad patriarcal y con los republicanos en Chile, que añoran el mundo anterior a la reforma agraria y no logran aceptar una sociedad más igualitaria y diversa. Esta dificultad democrática se agrega al clivaje económico-social que enfrenta al Gobierno con la oposición, un clivaje interno en ambas coaliciones sobre la democracia como elemento central en la resolución de diferencias.
Crucial para el futuro es y será si en las coaliciones predominan el compromiso democrático o las tendencias autoritarias. (El Mercurio Cartas)
Eugenio Rivera Urrutia Director ejecutivo Fundación La Casa Común
El fraude electoral de Nicolás Maduro, claramente verificado con la publicación de actas oficiales recuperadas por los apoderados de mesa y vocales independientes en el sitio https://resultadosconvzla.com, pasa a convertirse a medida que transcurren las horas y los días en un autogolpe de estado que busca poner fin a cualquier esperanza democrática en Venezuela.
María Corina Machado y Edmundo González, mostrando un gran temple y sabiduría política, llaman al pueblo a manifestarse pacíficamente e insisten en que el resultado electoral debe abrir paso a una negociación con el gobierno de Maduro para una transición democrática y reencuentro nacional. Este último concepto es relevante: no se trata sólo de un encuentro entre gobernantes y opositores en pro de los intereses permanentes del país sino también de un reencuentro de los venezolanos que viven en el país con los ocho millones que han debido abandonarlo por razones políticas o económicas, ante el desastre que ha significado el chavismo, y que, dicho sea de paso, ha impactado negativamente en todo el continente con la crisis migratoria.
Por eso también es legítima la preocupación y las exigencias de transparencia que han realizado todos los países de la región -salvo obviamente países no democráticos como Nicaragua y Cuba en la región y Rusia y China más allá- en torno al evento electoral venezolano. La amenaza de una nueva ola migratoria desde Venezuela ofrece un escenario de crisis para toda la región, cuyos sistemas de seguridad, sanitarios y educacionales ya se encuentran colapsados con la masiva avalancha de desplazados.
No se trata de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Venezuela dejó de ser hace mucho rato un asunto venezolano, porque su crisis humanitaria y las violaciones constantes y sistemáticas de los derechos humanos lo han convertido en un problema regional imposible de eludir.
En Chile y otros países de la región como Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica e incluso Colombia y Brasil cuyos presidentes son aliados ideológicos de Maduro, los presidentes y cancillerías han sido claros en exigir transparencia electoral y respeto a los resultados. Sólo unos cuantos “observadores” invitados por la dictadura -entre los cuales un diputado chileno y un eterno candidato presidencial- han expuesto sin sentido de la vergüenza los argumentos del régimen para validar el fraude.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del presidente, en nuestro caso, la coalición que sostiene al gobierno no tiene una sola voz para defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Cabe preguntarse si acaso este es un tema acotado de relaciones internacionales o si se trata de una cuestión de principios fundamentales para la composición de una coalición de gobierno. La pregunta es válida porque, efectivamente, al tratarse de partidos y organizaciones distintas, con tradiciones culturales e ideológicas muy diferentes, es razonable que en su seno haya opiniones diversas sobre algunos temas en particular, pero termine primando el interés común en torno a una propuesta de gobierno o intereses electorales.
Sin embargo, este no es un tema de políticas públicas ni es un mero detalle fácilmente subsanable con frases ingeniosas. Se trata de una cuestión que se relaciona con las convicciones democráticas, con la lealtad a principios que constituyen a las fuerzas políticas democráticas. El partido comunista chileno, en este caso, ha dado muestras de escaza honestidad y pocos escrúpulos con principios democráticos básicos y se ha sumado a la orquesta chavista para intentar vanamente legitimar el fraude electoral y el autogolpe.
Para los personeros y electores demócrata cristianos será muy difícil explicarse la alianza electoral de su partido y votar en consecuencia por los candidatos comunistas en las próximas elecciones. Para los que se identifican con el socialismo democrático y han sido protagonistas de la construcción de nuestra democracia, empieza a resultar no sólo incómodo, como manifestaron los senadores Ricardo Lagos y Juan Luis Castro, estar al lado de los defensores del fraude electoral de Maduro, sino francamente intolerable y muy difícil de explicar a los chilenos y chilenas que han creído en su compromiso democrático. (Ex Ante)
Una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo no alcanzó este miércoles los apoyos necesarios para ser aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de que se abstuvieran naciones como Brasil, Colombia y México.
En una sesión extraordinaria celebrada en Washington, el texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias, de manera que no logró el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del organismo panamericano necesario para ser aprobado.
El texto instaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que el lunes de madrugada proclamó la victoria del presidente, Nicolás Maduro, en unos resultados rechazados por la oposición y parte de la comunidad internacional, que «publique inmediatamente los resultados de la votación» en cada mesa electoral.
También que «se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados».
La resolución declaraba «además que una prioridad absoluta salvaguardar los derechos humanos fundamentales en Venezuela, especialmente el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin represalias».
Resaltaba «la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral», incluidas las actas de votación.
Finalmente, expresaba «solidaridad con el pueblo venezolano» y pedía al Gobierno del país caribeño que garantice la seguridad de las instalaciones diplomáticas y del personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones.
CÓMO VOTÓ CADA PAÍS
Votaron a favor Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinám y Uruguay.
Se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.
No participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, además de Venezuela, ausente desde hace tiempo.
El presidente del Consejo Permanente, el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, explicó que los representantes estuvieron reunidos durante más de cinco horas para lograr un texto de consenso pero esto no se logró debido a una única frase, pero no detalló cuál.
El canciller chileno intervino telemáticamente en la sesión. (Foto: Captura de video)
«SIN TRANSPARENCIA NO HAY DEMOCRACIA»
Durante su intervención telemática ante la OEA, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, afirmó que «sin transparencia no hay democracia».
«Chile seguirá trabajando para acercar posiciones en este y otros foros, porque nos resulta de la mayor importancia que la comunidad internacional sea una sola voz, entregando un mensaje claro a las autoridades electorales de la República Bolivariana de Venezuela», dijo el canciller.
Agregó que «sin transparencia no hay democracia, y por ello es imprescindible la publicación, de inmediato, de los resultados desagregados y completos de la elección».
«Digamos las cosas por su nombre: es un sinsentido que, en lugar de responder a la demanda de su pueblo y la comunidad internacional por conocer los resultados desagregados y completos y los detalles de las actas auténticas que permitan un adecuado escrutinio del proceso electoral, el régimen y sus autoridades electorales hayan optado por apresurar una ceremonia de proclamación que no hace sino multiplicar los justificados reparos a la legitimidad del proceso», indicó Van Klaveren.
Afirmó que «lo que corresponde en una democracia es precisamente el proceso inverso: solo una vez que se han entregado los resultados pormenorizados, se ha desarrollado el escrutinio con observación independiente y se han resuelto los legítimos reparos que puedan tener las partes,solo ahí cabe proclamar ganadores, no al revés. Estamos hablando de los estándares más elementales de cualquier sistema democrático».
En ese sentido, el jefe de la diplomacia chilena señaló que «nadie puede verse sorprendido cuando el prestigioso Centro Carter señala, de modo categórico, que el proceso electoral en Venezuela no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y que la elección no puede ser considerada como democrática».
Y concluyó: «Como ha señalado el Presidente Gabriel Boric, el Gobierno de Chile continuará firme en la defensa de los valores democráticos y el respeto y restricto a los derechos humanos.Lo hacemos por convicción y por principios, no por subordinaciones ni cálculos, y los Estados de América pueden estar seguros de que así lo seguiremos haciendo».
OPERATIVO DE REGRESO DE CHILENOS EN VENEZUELA
Una vez finalizada la reunión de la OEA, Van Klaveren comentó la situación de la misión chilena en Caracas, liderada por el embajador Jaime Gazmuri, que debe regresar al país esta semana.
El ministro detalló que gran parte del cuerpo diplomático ya viaja rumbo a Santiago gracias a facilidades de la aerolínea Latam.
«Los vuelos (de Caracas) a Lima se suspendieron y gracias al apoyo de esta empresa pudimos solucionar este problema, en especial, por la gestión que hizo el señor Juan Gómez, encargado de Latam en Caracas«, destacó el canciller.
«Toda la Cancillería ha estado desplegada en los últimos días justamente para facilitar este traslado, porque estamos enfrentando una situación absolutamente inédita, una situación sin precedentes, al menos, en nuestro período democrático«, remarcó. (Cooperativa EFE)
