Pocos días atrás se ha conocido la afirmación del comandante en Jefe del Ejército en la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, indicando la falta de financiamiento para el 2025 en la contratación de soldados de tropa profesional (SLTP), como, asimismo, un menor número en el acuartelamiento de soldados conscriptos (SLC), que son llamados anualmente para realizar su servicio militar obligatorio.
Lo primero que hay que señalar es que dicha situación, que era reservada, no es nueva. En mi mando en Jefe ocurrió también una disminución importante de dicho financiamiento, que fue debidamente tratado con las autoridades políticas de la época, lográndose soluciones parciales para las necesidades institucionales. Con esto quiero expresar que no es un problema específico de alguna sensibilidad política, porque ambos sectores han resuelto de manera similar.
Me parecería lamentable que a un tema tan relevante para la Defensa Nacional, que involucra a la principal rama castrense, se le etiquete políticamente y no se centre en la búsqueda de una solución definitiva para este problema que afecta desde hace décadas al Ejército de Chile, y no al resto de las instituciones de las Fuerzas Armadas.
Desde hace ya unos años, la entrega de los recursos financieros para ambas categorías de soldados que asigna el Ejecutivo se otorga en base al “promedio de soldados” que ha tenido la institución en el año, cuyo número ha experimentado una baja progresiva, sin que se hayan logrado recuperar los ingresos históricos, a pesar de algunas medidas aisladas para ir revirtiendo la tendencia.
Es decir, no se han podido completar los cupos asignados cuando estaba el total del presupuesto, tanto para los soldados de tropa profesional como para los soldados conscriptos. Pero esto es muy distinto a que, independientemente del promedio del año con que el Ministerio de Hacienda planifica la entrega de financiamiento –si el Ejército alcanza un número superior al del promedio y que esté dentro de la cantidad que requiere–, se le dé la opción a la institución de contratar o acuartelar a una mayor cantidad de soldados con el financiamiento adicional.
Durante 2018 y 2021 se hicieron ingentes esfuerzos institucionales para aumentar el número de soldados de tropa profesional y conscriptos con resultados que no fueron del todo satisfactorios, porque existe en gran medida un problema de falta de incentivos adecuados para cubrir las vacantes, además de asuntos puntuales que respondían al momento y no a una constante, como fueron el estallido social y la pandemia.
Con respecto a los soldados de tropa profesional, es necesario recordar que fue en diciembre de 2004 cuando el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley 20.303, que creó una nueva planta para esa clase de soldados y que involucró a las tres instituciones armadas, lo que fue una medida muy acertada y bien recibida en el mundo de la Defensa. Su duración máxima es hasta ahora de solo cinco años, para después indefectiblemente pasar a retiro, si es que no han ingresado a la planta de alguna rama de las Fuerzas Armadas o policiales, que es donde mayormente postulan.
A pesar de que al Ejército se le asignó un número importante de vacantes, ellas no fueron del todo cubiertas. Al menos desde hace más de 14 años nunca se han completado, a pesar de las buenas intenciones y de disponer del financiamiento para hacerlo, lo que permite inferir que las autoridades deben revisar la mencionada ley después de 20 años desde su implementación.
Recuerdo que la petición concreta que se le hizo al Gobierno del expresidente Piñera para los soldados de tropa profesional fue un proyecto de ley para que inicialmente se extendiera solo el plazo desde los cinco a los diez años, porque constatábamos anualmente que había jóvenes dispuestos a continuar en dicha condición, pero legalmente no lo podían hacer, con el inconveniente de que manteníamos un déficit de ese tipo de soldados en la institución, asunto que no prosperó.
También es necesario revisar sus incentivos generales para hacer la contratación más atractiva a las nuevas generaciones de jóvenes, que con su ingreso aumentan la capacidad operativa del Ejército y, por ende, de sus fronteras terrestres.
En cuanto a los soldados conscriptos, ellos cumplen con su servicio militar obligatorio creado por ley en 1900 (tiene ya 124 años). Durante el siglo XX, el acuartelamiento de soldados tuvo un gran impacto en el Ejército y también en la sociedad civil, porque además de recibir instrucción y disciplina militar, se alfabetizó a miles de jóvenes y, con ello, las posibilidades de seguir aportando a la sociedad una vez que dejaban la vida militar.
En la actualidad, se les apoya en la completación de estudios, especialmente de enseñanza media, junto a una especialidad técnica para dotarlos de mayores herramientas cuando ellos regresan a la vida civil.
En esto hay que ser enfático: si bien el Ejército siempre ha valorado la presencia de los soldados conscriptos en sus filas, no puede pensarse que es la solución para integrar unidades operativas de una fuerza terrestre moderna y en condiciones de enfrentar los desafíos que imponen los conflictos actuales.
Con esto no propongo inicialmente su eliminación, pero sería bueno que se les reclutara para tareas más administrativas y logísticas, que, si bien son muy importantes, requieren de una preparación más específica y técnica, sin la mayor carga sicológica que impone a los soldados operativos, que pueden estar en contacto de fuego directo con el eventual enemigo y que requieren de mayor tiempo en su preparación.
Siempre he pensado que una de las fortalezas en la historia del Ejército de Chile ha sido su pertenencia al pueblo chileno, que se vio reforzada a partir de 1900 mediante el servicio militar. Al renovarse anualmente con un nuevo contingente, permite el contacto de la institución con miles de familias que van conociendo la carrera militar, que proyectan para sus hijos como un real vehículo de movilidad social.
Su condición de “obligatorio” no ha cambiado, pero las autoridades políticas a cargo del Gobierno, de derecha o de izquierda, privilegian solo a los voluntarios, a pesar de que la ley los faculta en sentido contrario si faltan postulantes, teniendo como resultado una afectación grave a la operatividad institucional en caso de un conflicto bélico o simplemente en el empleo de medios militares en los mentados Estados de Excepción Constitucional como los de emergencia y catástrofe, por indicar los más conocidos.
El aumento del sueldo para los soldados conscriptos recientemente anunciado por el Gobierno ayudará para un eventual aumento del número de interesados, pero, aun así, es inferior al salario mínimo que legalmente recibe cualquier trabajador en el país y que se desempeñe en cualquier trabajo u oficio.
El que los jóvenes estén cumpliendo una ley que les obliga a prestar este servicio militar no debería ser un freno para entregarles ese salario mínimo por parte del Estado.
¿Cuál es la razón de fondo para que, no importando el sector político, pareciera que no se valora el trabajo de miles de ciudadanos, hombres y mujeres que, durante al menos un año completo en el Ejército, se entrenarán con armamento y procedimientos de alto riesgo físico, incluso sicológico, para prepararlos en un eventual empleo en la defensa del territorio nacional, sin que se les homologue en sus ingresos económicos con el resto de los trabajadores del país?
Pareciera que algunos piensan que los soldados al final del día son ciudadanos de segunda categoría en sus derechos y que la defensa nacional no es importante para algunos de nuestros líderes políticos.
Pero hay que pensar en cambios significativos para los soldados que en el futuro deben integrar las unidades de combate de la institución y, en esa idea, hay que ir dejando la conscripción que hemos relatado y avanzar decididamente en revisar e incluso reformular la ley de soldados de tropa profesional, que podría ser una solución a la operatividad en todo tiempo del Ejército, que hoy no tiene.
Sería conveniente que el Gobierno, junto con las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado, pudieran tener una mirada holística de las capacidades esperadas para las Fuerzas Armadas, en donde la calidad del personal es crítica para tener una disuasión creíble.
Para ello son muy importantes las sesiones secretas que con los mandos institucionales puedan tener, incluso con el Estado Mayor Conjunto, que lamentablemente a la fecha no tiene la fortaleza que las Fuerzas Armadas modernas reclaman y que son parte de una realidad en la Defensa Nacional de referencia en el mundo moderno.
En la actualidad existe un desequilibrio operativo entre la Armada y Fuerza Aérea de Chile, cuyos sistemas de armas principales están tripulados por militares profesionales, en contraste con el Ejército de Chile, que sigue dependiendo para su despliegue de manera importante de soldados no profesionales, como son los soldados conscriptos. (El Mostrador)
Ricardo Martínez Menanteau
