La ejemplaridad de quien gobierna y de la clase política hacen a la responsabilidad que se toma frente a los ciudadanos y a la confianza que las personas depositan en ellos.

El compromiso con los proyectos colectivos ha sido superado por el predominio de los proyectos políticos personales, la promoción mediática personal junto a declaraciones públicas retóricas para ensalzar la propia figura son la causa del deterioro de la política. Hemos visto estos últimos días claros ejemplos. Situación que afecta cualquier posibilidad de diálogo, posibles acuerdos y desde ya logros compartidos para todos los chilenos.

No hay lugar para la manipulación o corrupción política que se refiere a la conciencia o a la ética. El filósofo español Javier Gomá dice: “la moralidad pública consiste en educar el corazón de la ciudadanía para que sienta como evidentes determinadas verdades. Un corazón educado sabrá discernir lo correcto”.

El Presidente Boric señaló: “No da lo mismo quien gobierne”. Temas acuciantes como la inseguridad, la economía, la educación, el presupuesto nacional y la ejecución de los gastos reclaman buenos gobiernos y buenas oposiciones. La actuación frente al caso Monsalve ha sido mala. Se lo mantuvo en el cargo estando la ministra del Interior en conocimiento de todo lo ocurrido. La ministra de la Mujer dijo que no es lo mismo un subsecretario que un portero. Se caen cáscaras identitarias discriminando a personas por su poder o pertenencia social. Han recibido ambas ministras el total apoyo del Presidente de la Republica en circunstancias muy complejas. No, no da lo mismo quien gobierne.

La superioridad moral no se lleva bien con quienes comparten la adhesión a la democracia y el pluralismo. ¿Acaso todo vale en campaña electoral? No.

El candidato oficialista a gobernador Claudio Orrego busca alejarse de quien “no le conviene”, es decir: el oficialismo y el PC, con lo cual reniega de sus propias elecciones y acciones. Utiliza a destacadas figuras opositoras en sus videos de campaña, llegando a compararse con el expresidente Aylwin. Estuvo por el Apruebo a la propuesta constitucional del 2022, cuyo lema era “No son treinta pesos, son treinta años”. ¿Cuál es el límite de la política si se vulnera la ética y la conciencia?

El político oficialista Vlado Mirosevic, aspirante a ser Presidente, que diga que Francisco “Pancho” Orrego “no está en su sano juicio y que su liderazgo solo destruye”. ¿A qué se referirá con sano juicio? ¿A quiénes habrá destruido el candidato atacado?

Se trata de adultos que toman una decisión y elección errada en la forma de hacer política buscando denostar al adversario.

Quien gane la próxima Presidencia recibirá un país deteriorado. Harán falta decisiones audaces y reformas estructurales, que requerirán de los mejores junto a quien gobierne.

La corrupción es un grave delito. La lucha contra esto es de cultura política siendo el mayor desafío de naturaleza moral. Más ética política y moral cívica. No hay otro camino. (La Tercera)

Iris Boeninger

A mediados de octubre de 2024, el Ministerio de Educación presentó al Colegio de Profesores y Profesoras su propuesta de reparación de la Deuda Histórica con el Magisterio. Este es el nombre con que se conoce el perjuicio salarial sufrido por miles de docentes de escuelas públicas durante la Dictadura, cuando la administración de los establecimientos educacionales fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, y los nuevos empleadores desconocieron el reajuste salarial contemplado en ese proceso.

Hasta hoy habían pasado casi 40 años sin que el Estado atendiera esta injusticia.

La propuesta del Ejecutivo fue sometida a plebiscito, tal y como el Colegio de Profesores y Profesores había prometido para no tomar ninguna decisión sin considerar la opinión de las y los afectados. De un total de 27 mil votantes, el 82% (más de 22.000) se manifestó a favor de la reparación, que contempla un pago de $4,5 millones a cada docente afectado vivo y considera algún tipo de transmisibilidad en caso de que el o la titular fallezca durante su etapa de pago. Desde la aprobación de la iniciativa, se proyecta que el Estado saldará esta deuda en un plazo de seis años.

Si bien estamos conscientes de que esta es una reparación simbólica, también cabe reconocer que se trata de un hecho histórico. Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia que un gobierno pone sobre la mesa una propuesta concreta, ofreciendo un monto, contando con una nómina certificada de beneficiarios, y estableciendo una temporalidad razonable para el cumplimiento.

Es también un hecho histórico porque el proceso de elaboración y aprobación de la fórmula recoge lo mejor de nuestra tradición democrática. Porque esto no solo fue un compromiso del Programa de Gobierno, sino también una promesa reconocida por el Colegio de Profesores y Profesoras durante la campaña del Presidente Gabriel Boric. Esa confianza, un bien escaso en estos tiempos, fue lo que dio paso a la mesa de trabajo donde se arribó a la propuesta que hoy saludamos.

Si a lo anterior sumamos el plebiscito en tanto ejercicio de deliberación, el amplio respaldo que concitó la propuesta, y la responsabilidad fiscal con que fue concebida, quedan pocas dudas de que este es el caso de una reivindicación histórica procesada con altura política, con promesas que se cumplen, confianzas que se cuidan y acuerdos que se construyen y validan democráticamente.

Probablemente no haya mejor forma de honrar el trabajo, los esfuerzos y también las tristezas que se han acumulado a lo largo de estas cuatro décadas. No podemos perder de vista que esta propuesta beneficiará a más de 57 mil docentes que envejecieron, se jubilaron y jamás renunciaron a demandar lo que les pertenecía; tampoco podemos negar que esta solución llega tarde para las y los miles de docentes que fallecieron sin ver reparada la injusticia.

En este largo camino confluyen diversas voluntades, partiendo por las profesoras y profesores que sostuvieron esta demanda durante ocho gobiernos democráticos. Esa lucha y tenacidad hoy ve frutos, y es ejemplo de lo que significan la persistencia y la organización.

También cabe destacar a los distintos directorios del Colegio de Profesores y Profesoras, quienes acompañaron siempre esta causa, y en especial al actual directorio, que durante este gobierno mostró voluntad, disposición y perspectiva para llegar a un acuerdo y avanzar hacia una solución.

Cabe reconocer también el apoyo del mundo político, de las dirigencias sociales, y de quienes en distintos momentos portaron la posta de lo que hoy como gobierno reparamos.

En las próximas semanas ingresaremos al Congreso Nacional el proyecto de ley que formaliza esta propuesta de reparación. Estoy seguro de que como sociedad estaremos a la altura de lo que este gesto significa para la dignidad de la profesión docente y para reencontrarnos como nación con el republicano hábito de corregir una injusticia.

Nicolás Cataldo Astorga

Ministro de Educación

Con una aprobación que ronda el 30%, incluso en los momentos más reprochables del gobierno, el Presidente Gabriel Boric erigió un fortín inexpugnable, desde el cual se asegura cierta relevancia y poder.

Esto ha hecho que -en una crisis rampante del sector- muchos empiecen a proponer que la izquierda debe refugiarse en el “Fortín Boric”, como si se tratase de un castillo feudal.

Pero, parapetarse en una minoría y crear un culto a la personalidad, en mi visión, es una mala estrategia política.

Esto, porque el acto de ampararse en un señor conlleva un acto de sumisión que -siguiendo la metáfora- se parece mucho al vasallaje. Algo que a mi juicio ya acontece, a propósito de los datos de Criteria que acreditan que su base electoral lo perfila como consecuente, trabajador, honesto, sensible y cercano. Es decir, la retahíla de atributos -algunos ciertos, otros fantasiosos- elaborados por expertos comunicacionales de La Moneda para el consumo de una muchedumbre acrítica y sedienta de liderazgos carismáticos.

Más allá de eso, es una errada estrategia para el propio Presidente, quien al llegar al gobierno afirmó que lo dejaría con un presidencialismo descremado, hablando como un estadista que comprende la necesidad de reformar el sistema político y presidencial. Pero hoy, con una fragmentación parlamentaria, y con un 30% en su bolsillo, parece estar viendo todo con otros anteojos.

Ahora, la idea de la coronación de Boric no solo surge por la balcanización política donde el islote del 30% parece ser una gran ventaja comparativa, esto, pues, las pulsiones por líderes carismáticos son también consecuencia del sistema chileno.

Michelle Bachelet, sin ir más lejos -quien cada vez se ve más como la mentora del actual Presidente- inauguró una “cariñocracia” que le permitió coronarse a partir de una amplísima aprobación que dio viabilidad a su proyecto, con un “amistocracia” de Segundo Piso, que capotó cuando hizo crisis la “familia real” por el caso Caval.

Sebastián Piñera no pudo emular a Bachelet en vida, pero sí lo logró tras su fatídico final, pues entendía perfectamente que los márgenes para poder gobernar estaban relacionados directamente con elevar la aprobación de la figura presidencial, por sobre las coaliciones, lo que lo hizo trabajar arduamente para encuestas, redes sociales y matinales. Camino que empieza a pavimentar Evelyn Matthei.

Así, tanto Bachelet como Piñera fundaron liderazgos profundamente infértiles, sin canteras de nuevos rostros ni equipos con cierta autonomía, propios de proyectos colectivos. Como hay reelecciones indefinidas, mientras no sean inmediatas, eso los convirtió en gruesos tapones de cualquier nuevo liderazgo, pues fueron el punto pivotal de la viabilidad completa de sus sectores durante décadas. Prueba de ello es que ni Bachelet ni Piñera dejaron delfines. Y un presidencialismo sin “dedazo”, augura fuertes tensiones en las largas décadas en que Boric estará vigente.

Este es el dilema no solo de un Presidente, sino de la izquierda, la que históricamente en Chile ha apostado por diferenciarse del folclor latinoamericano del barrio, lleno de caudillos y carente de ideas. (La Tercera)

Cristóbal Osorio

Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile

¿Habrá leído Trump algún libro de Carl Schmitt? Por supuesto que no. Nadie jamás ha acusado a Trump de ser lector de libros, y menos de los que tratan de filosofía política. La pregunta es pertinente porque la dirección que indican sus decisiones políticas coincide con las propuestas políticas de Schmitt. ¿Mera coincidencia? Por supuesto que no. Basta con señalar que estrechos colaboradores suyos, como Michael Anton, Steve Bannon y Stephen Miller, tienen familiaridad con las ideas de Schmitt.

El 11 de noviembre pasado, Miller fue nominado para un cargo clave en la Casa Blanca. Su título completo es casi intraducible: “deputy chief of staff for policy”, que vendría a ser algo como “subsecretario de gobierno para asuntos de políticas”. Miller colaboró con Trump en su primer mandato como redactor de sus discursos y se destacó como fuerte defensor de la autoridad presidencial. En una entrevista para la televisión declaró: “Los poderes del presidente para proteger al país son sustantivos y no deben ser cuestionados”.

Potenciar al máximo la autoridad del Ejecutivo es un rasgo distintivo del pensamiento de Schmitt. Junto con enfatizar la importancia del Estado ejecutivo, Schmitt apunta a la necesidad de deconstruir el Estado administrativo.

¿Cómo define Schmitt al Estado ejecutivo? Lo define históricamente. Es el Estado tal como aparece en las monarquías absolutas del continente europeo en los siglos XVII y XVIII. En dichos Estados la decisión gubernativa quedaba en manos de “la excelsa voluntad personal y el mando autoritario de un jefe de gobierno”. Se trataba de un Estado que privilegiaba la decisión por sobre la discusión y que reconocía prioritariamente la prerrogativa del jefe de gobierno.

Hoy en día la prerrogativa no parece ser más que una reliquia política pasada de moda, pero Schmitt la defiende como un método superior para hacer frente a las emergencias. Reconocer la prerrogativa de los soberanos les entrega mayor flexibilidad y precisión a la hora de decidir casos excepcionales. Por eso Schmitt define al soberano como quien decide la excepción, y así puede ir más allá de los límites que impone la legalidad. La acción del soberano podrá no ser legal, pero es siempre legítima.

El liberalismo del siglo XIX preside el eclipse de la prerrogativa y la soberanía. La toma de la Bastilla en 1789 significa la derrota revolucionaria del Estado ejecutivo y el auge del Estado legislativo. Son las leyes, y nos las personas, las que deben mandar. Quienquiera que ejercite el poder podrá hacerlo solo de acuerdo con la ley y en el nombre de la ley. No hay aquí lugar para decisiones autoritarias personalistas. La ley, y no el rey, es el soberano. Lex versus Rex. No imperan ahora las personas, sino que valen las normas. Es la realización del ideal del Estado de derecho.

En el siglo XX aparece un nuevo Estado, el Estado administrativo, que va más allá del liberalismo, al imponer una orientación democrática. El liberalismo supone una separación estricta entre el Estado y la economía. El Estado monopoliza la política para que la economía pueda así funcionar autónoma y separadamente. El orden económico espontáneo no debe sufrir interferencias y regulaciones estatales. Cuando ello sucede, y la democracia busca gobernar al mercado, estamos frente al Estado administrativo.

Según Schmitt, el Estado administrativo capitula frente a las demandas de bienestar que exige la sociedad democrática. Ello conduce al colapso de la separación entre Estado y economía. La democracia invade todos los ámbitos sociales y quedamos en presencia del totalitarismo, un término cuya paternidad le pertenece a Schmitt.

Lo que corresponde hacer en este caso es restaurar un Estado ejecutivo lo suficientemente fuerte para liberar la economía de la tenaza totalitaria que esgrime la democracia. Junto con el Estado ejecutivo nace también el neoliberalismo. Sus fundadores son Schmitt y sus correligionarios alemanes Alexander Rüstow y Walter Eucken, quienes dan origen al ordoliberalismo alemán, bajo el lema “Estado fuerte y economía libre”, predecesor del neoliberalismo americano.

Se cumple ya una semana de la elección de Trump y sus anuncios de la inminente eliminación del Ministerio de Educación pública, de la derogación del plan de salud pública promulgado por Obama (Obamacare), del intento de declarar en receso al Senado para evitar que intervenga en la confirmación de sus ministros, y de la reducción de los impuestos que pagan los más ricos, demuestran la intención de desangrar al Estado administrativo y potenciar la autoridad del Estado ejecutivo.

Ya en su primera administración buscó limitar los derechos que consigna la Primera Enmienda, usó su Poder Ejecutivo para atacar a sus adversarios políticos e intentó erosionar la separación de poderes.

En Chile, a partir de 1973, tuvimos la oportunidad de presenciar la destrucción de un Estado administrativo democrático y la afirmación de un Estado ejecutivo, comandado por una figura autoritaria. Esa figura autoritaria tuvo también un colaborador estrecho, que le escribió los discursos, diseñó instituciones y también redactó una nueva Constitución. Para los chilenos no debería ser ninguna sorpresa lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos días.

Es de esperar que el experimento dure solo cuatro años, y no se prolongue por diecisiete y más, como ha sido entre nosotros. Sobre todo hay que esperar que el baño de sangre que Trump prometió, de no ser elegido, no se haga realidad cuando enfrente la resistencia que generará su programa de gobierno. (El Mostrador)

Renato Cristi

Estos días ha hecho noticia un pronunciamiento de la recién confirmada Contralora General de la República -la primera mujer que ostenta ese cargo- que no revisará más casos de desvinculaciones a contratas que ya llevan más de dos años en el cargo, bajo el criterio de su antecesor de la “confianza legítima” y que también han desarrollado nuestros tribunales de Justicia desde el 2015 donde, en el último tiempo, este límite se ha establecido en los cinco años.

Se ha visto celebración de este cambio de timón -por una parte- y mucha crítica, por otra. A mi juicio, hay que ser prudentes. El abstenerse en este tema no lo desaparece y en el peor escenario podría llegar a abrir una judicialización de esta materia -estamos frente a cambios de gobiernos municipales en los próximos meses- y saturar el sistema como ya ocurrió antes con el alza de planes de isapres, sin que éste sea capaz de procesar a tiempo este incremento de recursos. Por esto, a mi juicio, corresponde hacernos cargo del trasfondo del asunto.

Como ha indicado el profesor Enrique Rajevic, la contrata en nuestro país ha subido de representar un 48,5% de las y los funcionarios del gobierno central en el año 2013 a una cifran de un 56,9% en 2023. Esto ha implicado que, en la práctica y con el tiempo, se ha ido desvirtuando el sistema de empleo público en nuestro país, el cual concebía que las labores habituales y regulares se realizaran por personas con cargo de planta, que ingresan como regla general por concurso público, gozan de estabilidad laboral y pueden dejar el cargo por causales delimitadas.

Esto último ha hecho que, en la práctica, sean consideradas casi inamovibles lo que ha implicado que algunas personas puedan “enquistarse” en el Estado lo que para muchos, atenta contra la eficiencia y eficacia del Estado. Sin embargo, en general, los modelos de servicios civiles -que se denominan así en contraste al servicio militar-, modernos y de países desarrollados, de uno u otro modo buscan darle cierta estabilidad y permanencia al empleo público para protegerlo de los ciclos políticos, de la discrecionalidad excesiva y que, de este modo, se trate de funcionarios de Estado y no de gobierno (salvo casos contados que son de exclusiva confianza).

Así, hoy día en la práctica, el grueso de nuestros funcionarios se encuentran regidos por un sistema de empleo que fue concebido eminentemente como accidental y transitorio: la contrata (es decir, personas que se contratan máximo hasta el 31 de diciembre de cada año) o a honorarios (casi un 70% del total). Todo lo contrario de lo que, supuestamente, es nuestro sistema de empleo público según la Constitución y las leyes que lo han desarrollado con posterioridad donde, como indica Rajevic, el objetivo y principio general es de reducir “notablemente la discrecionalidad de la autoridad en el ingreso, promoción y remoción… y fundar la carrera en principios de carácter técnico y profesional”. Sistema accidental que no establece la regla general del concurso y que permite su desvinculación casi sin justificación. Esto último fue lo que desafiaron tribunales y -hasta ahora- la Contraloría.

Así, a partir del año 2015 nuestros tribunales superiores comenzaron a desarrollar y aplicar lo que se ha denominado como la “confianza legítima”, es decir, que un funcionario que ha permanecido -a través de renovaciones- un tiempo determinado en un cargo, tiene la creencia de ser renovado. Así, como ha indicado la propia Corte Suprema se “busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesiones derechos”, por lo que se ha establecido que solo puede poner término a esa relación por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita, cuando ya se ha permanecido bajo esta modalidad por al menos 5 años de forma continua.

El ex Contralor Bermúdez, por su parte, el año 2016, estableció también una suerte de “estatuto” de confianza legítima, estableciendo el límite en más de dos años, donde, para desvincular a una persona sujeta a contrata, requiere que ésta sea notificada de su no renovación con al menos 30 días de anticipación y que dicho acto esté fundado en causas, tales como: deficiente evaluación del servidor; la modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración; nuevas condiciones presupuestarias; reducción de la dotación docente o sector de atención primaria.

Con lo anterior, una situación que comenzó a dejar de ser una forma de contratación excepcional por decisión de los órganos colegisladores fue también refrendada -intentando reducir la arbitrariedad y otorgando mayor estabilidad- por la Contraloría y los Tribunales.

El problema de nuestro sistema actual es que tenemos un número importante de personas que pueden ser designadas a discreción -sin mediar concurso público-, donde las razones del nombramiento pueden ser por vínculos personales, partidistas, de “recompensa” política, etc., generando un sistema más voluble a la corrupción, donde el “patronazgo” puede imperar, con personas que terminan siendo funcionarias de gobierno más que de Estado en cargos que no necesariamente debieran ser de confianza exclusiva.

La remoción, también está sujeta a la misma discrecionalidad lo que no permite realmente desarrollar carreras públicas e, incluso, personas que se desempeñen bien, pueden ser desvinculadas por las razones incorrectas.

De este modo, es clave que nos hagamos cargo del fondo del problema ¿Cómo tenemos un sistema que fomente un Estado moderno, eficiente y eficaz, donde prime el perfil del cargo y las competencias de las personas más que sus vínculos o pertenencia a partidos? ¿Cómo tenemos un sistema moderno donde las personas que no cumplan satisfactoriamente con su desempeño o “atornillen para el otro lado” puedan realmente ser desvinculadas?

Hay muchas propuestas sobre la mesa: el 2019 cuatro centros de estudios diversos ideológicamente realizaron una importante recomendación en la materia; el ya mencionado profesor Rajevic también ha realizado recomendaciones y en los dos procesos constitucionales fallidos también fue un tema discutido y donde las soluciones fueron bastante similares.

Es hora que los poderes colegisladores -el gobierno y el Congreso- se sienten a conversar sobre la dilatada reforma al empleo público. La forma de tener un Estado que motive a personas talentosas a ingresar y mantenerse en éste; donde sus lealtades estén con la ciudadanía y no el gobierno municipal, regional o nacional de turno; que sea más eficaz y eficiente en su respuesta a la ciudadanía; es teniendo un servicio civil que se base en pilares de mérito, transparencia, imparcialidad, profesionalidad.

La opción de radicar esta temática en nuestros tribunales está lejos de ser una solución a esta materia. Si no queremos que éstos “legislen”, requerimos que quienes tienen esas atribuciones, lo hagan. (Ex Ante)

María Jaraquemada