La seguidilla de audiencias de formalización en casos de alto impacto público durante el presente año y que culminaron la pasada semana con la detención y formalización del exsubsecretario Manuel Monsalve, nos ha ofrecido una rara oportunidad para visualizar cómo se han instalado algunas prácticas procesales que desnaturalizan el sistema procesal penal.

En efecto, la extensión de estas audiencias por largos e innecesarios días en los cuales muchas veces el imputado -como ocurrió con Monsalve- permanece privado de libertad bajo el eufemismo de “detenido en tránsito”; la comparecencia de múltiples actores estatales que se suman al Ministerio Público, como el Consejo de Defensa del Estado o el Servicio de Impuestos Internos , vulnerando el principio de igualdad de armas en lo que alguna vez el ex Ministro de la Corte Suprema Carlos Cerda, con justa razón, denominó un “estado tricéfalo”; o bien el uso del secreto o reserva de la investigación que obstan a la adecuada defensa de un imputado, son todas situaciones que ameritan una profunda revisión.

Detengámonos en esta última. Nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 182, prevé como medida excepcional la regla de secreto relativo de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, respecto de todos los intervinientes, incluido el imputado, de determinadas actuaciones, registros o documentos de la indagatoria. La razón subyacente es asegurar la eficacia de la investigación. También leyes especiales como la referida al lavado de activo consagran el secreto por periodos más largos y en forma más amplia. Lamentablemente, el secreto se ha transformado en un instrumento para inhibir las posibilidades de defensa desde el momento en que el MP muchas veces sólo lo alza cuando ya ha reunido antecedentes de relevancia y adoptado gravosas decisiones procesales, como la formalización de la investigación y la solicitud de medidas cautelares. Las defensas abrumadas por evidencia desconocida, se ven de facto privadas de la posibilidad de articular argumentos profundos para refutar la imputación efectuada.

Evidentemente, se trata de una tensión entre la eficacia de la investigación y el derecho a defensa técnica de los imputados. Sin embargo, no resulta concebible que en un Estado de Derecho no se regule esta potestad del Ministerio Público. Quizás es tiempo de pensar en proveer de un plazo legal una vez revelada la carpeta investigativa para llevar adelante la formalización, del mismo modo que fijar plazos razonables para dicha audiencia, y limitar el número de intervinientes a fin de evitar esa anomalía y el excesivo uso de recursos públicos cuando no sólo el MP monopoliza la persecución penal. Mientras ello no ocurra seguiremos con un sistema procesal deficiente y “detenido en tránsito”, incumpliendo las expectativas que alguna vez se depositaron en éste. (La Tercera)

Gabriel Zaliasnik

Durante medio siglo, Chile perfeccionó su institucionalidad fiscal, dando sustento a una política fiscal responsable. Sin embargo, este soporte se ha debilitado. Las debilidades se reflejan en metas de déficit estructural del Ministerio de Hacienda (MH) poco exigentes para 2024-25, que además no se cumplen. Tampoco se cumplen las proyecciones de déficit fiscal efectivo, que el mercado estima en 2,7% (2024) y 1,7% (2025) del PIB, ambas en 0,7% superiores a las del MH. Con ello, la deuda bruta del Gobierno se elevará a 41,5% del PIB en 2025. Así, el actual MH deja la mayor parte del ajuste fiscal al gobierno siguiente.

El incumplimiento fiscal refleja un exceso de gasto público y una sobreestimación de ingresos fiscales, causada por la sobreestimación del crecimiento del PIB y de los ingresos por reformas tributarias (como la Ley de Cumplimiento Tributario) por el MH. El bajo crecimiento pasado está reflejado en una brecha entre el índice del PIB de Chile respecto del de los países G20, que alcanzó 4,0% al final de Bachelet II, luego disminuyó algo —a 3,8%— al final de Piñera II y explotará a un estimado 12,7% a fines de 2025, debido al estancamiento bajo Boric.

Además, el mencionado nivel de deuda pública subestima severamente los pasivos totales del sector público, porque esa medida excluye las deudas con los proveedores, de las empresas públicas y de los municipios, como también los pasivos contingentes e implícitos del Estado. Todos estos pasivos han aumentado significativamente bajo el actual Gobierno, por lo que la deuda total efectiva probablemente sea el doble de la deuda pública reconocida.

¿Cuáles son las nueve reformas que requiere la institucionalidad fiscal y del Estado para que Chile logre reiniciar una senda de sostenibilidad fiscal y crecimiento económico?

Reformas de la institucionalidad fiscal

-El MH debe fijar metas fiscales más ambiciosas y luego cumplirlas, para estabilizar la relación de deuda al PIB. El siguiente gobierno deberá fijar una meta más exigente para el balance estructural (por ej., un superávit de 0,5% del PIB, similar al 1% fijado en 2001-2007), para reconstituir los ahorros del Fondo de Estabilización Económica y Social.

-El MH debe alcanzar la máxima transparencia de sus proyecciones fiscales y del presupuesto fiscal, presentando paso a paso los cálculos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), desde las proyecciones del crecimiento tendencial del PIB y del precio del cobre de largo plazo hasta el detalle de las distintas categorías de ingresos públicos.

-El MH debe estimar y proyectar la hoja de balance completa del gobierno general y del Estado. Primero deberá medir todos los activos y pasivos financieros del Estado, y luego añadir los activos y pasivos contingentes, implícitos y reales (incluyendo propiedades fiscales y parques nacionales). Esta medición, complementada por una política de manejo racional de activos y pasivos, deberá ser expuesta en un Informe Anual del Balance del Estado, presentado al Congreso.

-Por ley se deben ampliar las atribuciones y funciones del Consejo Fiscal Autónomo o CFA (que cumple sus limitadas tareas actuales con excelencia), y dotarlo con mayor financiamiento y acceso a toda la información requerida a la Dipres. El CFA deberá proyectar todas las variables y los parámetros económicos clave en la planificación y ejecución de la política fiscal.

Reformas del Estado

-Transparentar todos los gastos del Estado, incluyendo todos los sueldos, honorarios, pagos a proveedores, transferencias, etc., en todos los niveles del Estado. Solo se deben exceptuar los gastos en seguridad nacional, defensa e investigación criminal.

-Racionalizar y luego privatizar hasta un tercio del patrimonio de las empresas públicas del Estado, manteniendo su control estatal.

-Reformar el Estado, eliminando los delegados presidenciales, reducir y/o consolidar significativamente las seremis, reducir los cores y eliminar las provincias.

-Reformar profundamente el Estatuto Administrativo de los empleados públicos.

-Crear un Ministerio de Reformas del Estado y de la Regulación. (El Mercurio)

Klaus Schmidt-Hebbel