Un grupo de senadores, representantes de los principales y mayores partidos del país, ha propuesto una reforma al sistema político que, siguiendo principios propuestos por la Comisión Experta del segundo ejercicio constitucional fallido, ha sido calificada por una amplia mayoría de personeros ligados a la actividad como “urgente”, de manera de posibilitar una mejor gobernanza al evitar lo que se ha denominado “fragmentación” de la estructura partidista nacional y cuya población supera ya las 20 colectividades legales vigentes y seis más en formación .

Dado que el proyecto redactado por el Consejo Constitucional que incluía varias de las ideas de la Comisión fue rechazado mayoritariamente en el segundo plebiscito, la actual legislación -cuyo origen está en la voluntad de elites partidistas de posibilitar una mayor participación ciudadana, enajenada, según aquellos, por un sistema binominal que obligaba a acuerdos muchas veces indeseados por buena parte de los partícipes-, los cambios al sistema proporcional que reemplazó al binominal siguen apareciendo como una falencia a la que expertos de diverso origen atribuyen parte de los problemas de irresolución, ineficiencia e ineficacia  normativa que enfrenta el funcionamiento de la política nacional.

Si bien la propuesta ha tenido las naturales diferentes lectura que emergen desde la diversidad de colectivos vigentes, así como desde la academia, fundaciones y organismos de co ayuda al desarrollo de la actividad política y la gobernanza nacional, las posturas básicamente se han reducido a la aparente ventaja que la propuesta senatorial otorga a los partidos más grandes al proponer un umbral de 5% de la votación nacional como piso para tener participación en la actividad partidista legal y a los privilegios normativos que esta tiene en áreas como su financiamiento y representación parlamentaria.

Se ha añadido la idea de castigar el llamado “discolaje”, es decir, aquella  actividad individual que desobedeciendo las líneas de acción táctica y estratégica del partido al que pertenece el parlamentario y mediante el cual el “díscolo” ha conseguido acceder al Congreso, deteriora el ambiente de gobernanza no solo en la colectividad a la que aquel  pertenece, sino que altera los acuerdos que esos  colectivos pueden -y deben- tomar  en democracia para asegurar una gobernanza más efectiva y realizadora de parte de los poderes ejecutivo y legislativo. De allí que el documento proponga, además, la inmediata pérdida del curul parlamentario a quienes desobedezcan, abandonen o sean expulsados del partido por el que fueron electos, una fórmula que eleva la rebeldía del congresista a niveles de heroicos suicidios.

Otros aspectos como los pactos partidistas -que contribuyen a sostener muchas veces a pequeños partidos-pyme instrumentales con existencia legal y por tanto a consolidar la “fragmentación” de liderazgos político partidista con cierto poder de negociación- no están considerados en la propuesta. Tampoco, la permanencia del “voto obligatorio” como modo de asegurar mayor participación ciudadana en el deber de seleccionar las elites de gobiernos locales, regionales y nacionales que conducirán el país por un lapso de tiempo determinado y que, como se ha visto en los recientes comicios, aumenta sustantivamente el voto ciudadano, dando así mayor legitimidad a los candidatos competidores y ganadores.

Sobre lo que no se ha reflexionado, empero, es el hecho de que la “fragmentación” de la que se acusa al actual sistema electoral proporcional, cuyo objetivo era abrir puertas a una mayor participación ciudadana, en especial de aquellos que aparentemente no se sentían representados por las grandes corrientes de opinión estimuladas por el  sistema binominal y que aumentaban, elección a elección, el número de abstenciones, de votos blancos y nulos, era justamente responder al surgimiento nacional e internacional de nuevas corrientes, partidos y colectividades que dieran cuenta de los profundos cambios socio-culturales, políticos y económicos ocurridos en los últimos años del siglo XX y en los primeros del actual y que permitieran ofrecer nuevas miradas a una ya anquilosada estructura democrática que tendía a la monopolización del poder político en manos del  vencedor electoral y abandonaba en la miseria límbica al elector minoritario, impidiendo así que las nuevas vertientes de ideas pudieran participar como corrientes formales de opinión de más largo plazo.

Considerando la larga y conocida historia política del país, y sólo poniendo atención a las doctrinas que generaron colectivos desde la izquierda a la derecha desde el siglo XIX en adelante, era, empero, muy previsible, la conformación de al menos una veintena de agrupaciones interesadas en competir por el poder político administrativo de la nación, sostenidos por similar conjunto de dirigencias políticas detectables socialmente. Es decir, la conformación actual del cuadro partidista no debería ser novedad para quienes conocen la historia del país y, desde luego, solo sorprende a personas recién llegadas a la subcultura.

Mirando pues la reiteración de la evolución del escenario político partidista chileno, que históricamente, por lo demás,  ha tendido a la dispersión y caos, posiblemente derivado de la tradicional estructura político horizontal de las etnias mapuches originarias que habitaban desde el centro sur  hasta más allá del Bio Bio,  organizadas en lof familiares conducidos por sus respectivos loncos; junto a la  lógica jerárquica del militar-encomendero y conquistador hispano quien con sus encomendados indígenas, criollos y españoles, defendían sus encomiendas reales con el furor de quien, perdiendo el predio, pierde nobleza, curia y fortuna. En el primer caso, producto de una organización económica comunitario-familiar que no genera excedentes suficientes para conformar una “nación” mapuche unida en torno a un único y poderoso liderazgo de lonco rector, condenándolos a ser pequeños; y en el segundo, una organización económico militar de conquista que exige orden y jerarquía visible, pues el encomendero -como su nombre lo dice- no es propietario de sus tierras, sino “su amo y señor, el Rey de España”, estatus que, no obstante sus privilegios temporales, impidió el desarrollo comercial de la riqueza agropecuaria creada, generando  excedentes de supervivencia que concentraron la atención del encomendero en su capacidad de control territorial y evitando desmesuras y errores que hicieran reaccionar al monarca en su contra.

Con la independencia, pelucones y pipiolos, conservadores y liberales, viven en el siglo XIX con aprensiones similares, aunque por razones de competencia y mercados, lo que genera múltiples divisiones derivadas de luchas “tribales” de los diferentes “caciques” locales regionales y capitalinos y luego, la competencia política de nuevos partidos y orgánicas que representan intereses de sectores de influencia que emergen con el comercio y la minería en el Norte, la industria asociada y el surgimiento de una clase obrera y media con la que surgen los partidos de izquierda socialista y anarquistas, así como los que  buscan representar a las crecientes capas medias, para continuar con consolidación de partidos como el Radical, Comunista, Socialista, Nacional Socialista, Demócrata Cristiano, y sus respectivas posteriores divisiones y/o competidores menores desde el PCR, Espartaco, MIR, MAPU OC, Mapu, IC, Izquierda Radical, y en la derecha, con orgánicas como la corriente  Liberal Demócrata, Democracia Radical, Liberales nacionales, Partido Nacional, Patria y Libertad, y otros.

Todas y cada una de estas expresiones formales han tenido tras suyo a un no irrelevante grupo de ciudadanos que esperan de aquellas una respuesta a sus demandas democrático sociales en un país en que el proceso de desarrollo de la democracia autoritario liberal fundada a comienzos del siglo XIX y que concluyó con la Guerra Civil de 1891, tuvo luego en el XX un rápido desarrollo del Estado bajo gobiernos radicales de corte socialdemócrata y que se aceleró en los 60 con el arrollador advenimiento del socialcristianismo y luego de una izquierda maximalista, producto de la lucha mundial entre un modelo de sociedad libre occidental  encabezada por EE.UU. y un campo socialista liderado por la ex URSS, llegando a generar mayorías populares que llevaron a La Moneda mediante el voto, a un presidente socialista, apoyado por comunistas, radicales y grupos de centro e izquierda y cuya instalación y propuestas políticas estatistas y amenaza a la propiedad privada, casi arrastraron al país a una guerra civil.

La Constitución que legó el gobierno militar y que tras más de 200 reformas sigue vigente, incluyó un sistema electoral binominal diseñado en el entendido que la nación se había dividido con el tiempo en tres tercios: derecha, centro e izquierda y que, forzado a operar en la competencia electoral a dos bandas, tendería a favorecer la existencia de un centro sobrio que permitiera una negociación democrática viable entre dos centros izquierda y derecha moderados, los que, a su turno, posibilitaran un desarrollo económico consensuado bajo las reglas del mercado y con una menos invasiva intromisión político estatal. Su puesta en marcha en los 90 posibilitó así uno de los lapsos de mayor crecimiento y desarrollo del país.

El maremoto del develamiento de sucesivos actos de corrupción en los más variados ámbitos, desde el empresariado a la política, desde las FF.AA. a la Iglesia, suscitó una corriente de igualitarismo que surgió como oposición al abuso de elites que dada la democratización de las comunicaciones que permitió el advenimiento de las TIC, reveló una prensa libre y en competencia de grupos de interés económico, ideológico, cultural o social diversos que ya fragmentaban al Chile del siglo XX. También a nivel mundial, similar sentimiento fue expresado en masivas denuncias en EE.UU. y Europa contra las injusticias de un capitalismo financiero que con la crisis subprime llevó el orbe a la quiebra en 2008

En paralelo,  desde las masivas capas medias creadas por un capitalismo mundial vencedor de la lucha de sistemas surgían nuevas corrientes ideológicas que reemplazaban la anterior “lucha de clases” impulsada por el socialismo marxista por demandas como el feminismo y movimiento gay, el ambientalismo y la protección animal;  y, como consecuencia, propuestas de modificación a la forma de organización social manifestados en la exigencias de cambios constitucionales que permitieran poner al día  las nuevas tendencias culturales y sociales.

Pero la multiplicidad liberal anclada en casi dos décadas de mercados libres y abiertos al mundo ya era parte inevitable del escenario político nacional y lo que sobrevino de modo casi natura fue que las estructuras heredadas de la sociedad agrario industrial ligada a la cuestión social de “capital-trabajo”, “empresarios-obreros”, “burguesía-proletariado” en que basaron sus discursos políticos, tanto socialistas, como socialdemócratas y socialcristianos, dieron paso a nuevas luchas locales, identitarias y grupales, de “single issue” que marcaron las nuevas orgánicas del Chile del siglo XXI: identitarismo étnico, de género, sexual, animalismo, ecologismo y ambientalismo, de clase y estamentos, que han terminado ayudando a conformar la veintena de partidos y colectivos citados.

Planteadas así las cosas, ¿el cambio del sistema político propuesto por los senadores pretende acallar a estos sectores minoritarios que con el sistema proporcional e impulso global lograron voz política para volver a concentrar poder en orgánicas cuya oligarquización no abrió espacios, ni a sus nuevas generaciones, ni a sectores emergentes y que, en consecuencia, estimularon su abrupta aparición en escena?

Si es así, es presumible que la propuesta no sea sino otra más de las tantas que la actual clase política ha levantado al respecto, sin éxito. Sin la legislación pertinente, una muestra de madurez partidista la acaban de dar los noveles políticos reunidos en torno al Frente Amplio, quienes han conseguido la fusión de varios pequeños grupos, ubicando el resultante entre las mayores colectividades actuales. Junto a aquella noventera reconstrucción del fragmentado PS post dictadura, aunque forzados por el binominal, ambos procesos podrían ser ejemplo de análisis para nuestra rígida y oligárquica clase política. (NP)