«Los exámenes son simulados, las comisiones examinadoras sólo existen de papel y las notas son predefinidas. Ni alumnos ni profesores concurren al supuesto examen». Ese es el escenario que denunciaron dos facultativos de la U. Central ante la Corte Suprema sobre la situación de las convalidaciones de los egresados de la carrera de Derecho.

Carolina Venegas, directora del Departamento de Derecho Económico y del Trabajo del plantel junto a Christian Merino, ex director del Departamento de Ciencias del Derecho de la misma institución, dieron cuenta del grave proceder que se estaba pidiendo desde la universidad para cumplir con ciertos criterios que exige la Corte para investir del título de abogados.

Entre ellos estaba el tema de las convalidaciones. Según denuncian los abogados, se adoptó una política de «revisión exhaustiva» de los expedientes de aquellos egresados que provenían de otras universidades o carreras, a quienes se les ha convalidado una o más asignaturas. ¿El objetivo? Determinar sí se ajustaban o no a los criterios de la Corte, toda vez que el organismo con anterioridad ya había rechazado convalidaciones y por tanto, la titulación de sus estudiantes.

La rapidez con que se solicitó desde la universidad la revisión, originó, dicen los denunciantes, «que se hicieran peticiones de firma de actas en donde el interesado aparece cursando un ramo determinado en nuestra Escuela como si hubiese sido alumno regular nuestro en una época precisa, en circunstancia que no lo era y la cátedra la había cursado en otra universidad».

Sí bien los académicos denunciaron ante la propia institución el mal proceder y reconocieron haber firmado actas falsas, aseguran que la universidad dijo que los procedimientos se ajustaban a lo instruido por el Máximo Tribunal y el proceder estaba autorizado.

LOS CASOS

Según el informe presentado ante la Corte, los denunciantes relatan con nombre y apellido casos de falsificación y comisiones inexistentes.

Uno tiene fecha el pasado 14 de noviembre de 2014. Tras recibir las felicitaciones de la Directora de Memorias y grados, Giannella Soratone por el trabajo de revisión que se instruyó de forma verbal «evacuar en un plazo máximo de 48 horas», una licenciada del plantel juró no en las mejores condiciones. «Concretamente y fehacientemente nos consta que se falsificó el acta de examen de las asignaturas de Derecho Romano, que realmente no cursó la asignatura en la U. Central sino que en la U. La República», afirman.

Otro es el caso de un alumno que «dio un examen frente a una comisión compuesta por profesores de la escuela, pero en la realidad, todo lo anterior es falso, el estudiante jamás compareció a rendir un examen, la comisión jamás se constituyó y tanto la fecha como la calificación, todo es completamente simulada», agregan.

La denuncia no dejó exento de represalias a algunos funcionarios de la casa de estudios. De hecho, Merino fue removido de su cargo junto a otros académicos. Asimismo, otros personeros de la universidad, como el decano de la Facultad de Derecho Andrés Naudon respondieron negativamente ante el emplazamiento. «Es irracional que quieras hacerle la guerra a quién te nombró en tú cargo, salvo que tengas otras ambiciones (…) Te reitero que yo soy tú jefe y no al revés, por lo que no corresponde que me des órdenes ni exigencias tuyas hacia mi», dice el correo de respuesta a Venegas, una de la denunciantes de las irregularidades.

El abogado colaborador de los denunciantes del caso de la U. Central Roberto Celedón aseguró que «se está engañando a la Corte Suprema» con información falsa de estudiantes que no cursaron asignaturas y comisiones «fantasma» que validaron notas. «El proceso de convalidación de ramos se realizó de manera aparentemente irregular, incluso podría revestir caracteres de delitos, porque se hizo firmar a académicos actas de exámenes que implicaban integrar a estas personas que venían desde fuera, como si fuesen alumnos regulares de la escuela de Derecho», explicó el jurista.

En ese contexto, aseguró que «al entregar información falsa a la Corte Suprema, se está engañando a la Corte y eso resulta un acto inaceptable. Engañar al Máximo Tribunal, que es el órgano que otorga los títulos profesionales de abogados, dándole información falsa respecto de un estudiante, es un acto que a los académicos les parece inaceptable, moralmente y jurídicamente imposible de estar aceptando».

Respecto a la cantidad de involucrados, Celedón dijo desconocer la cifra pero afirmó que eventualmente habría egresados en proceso de titulación bajo estas características y profesionales con juramento que habrían pasado por estas irregularidades. (Emol)