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Plan de reconstrucción de Gaza de Liga Árabe cuesta US$ 53 mil millones

En la cumbre de la Liga Árabe llevada a cabo ayer, los líderes de los 22 países miembros acordaron establecer un fondo de crédito para implementar el plan de reconstrucción de la Franja de Gaza, que costaría alrededor de US$53.000 millones en un periodo de cinco años.

En esa línea, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, afirmó que «todas las propuestas de Egipto fueron aprobadas» por los líderes árabes.

Así, acordaron crear un fondo destinado a financiar la reconstrucción de Gaza, zona que está devastada por 15 meses de conflicto entre Israel y Hamás.

Según consignó EFE, el plan fue propuesto por Egipto y busca contrarrestar el proyecto del presidente estadounidense, Donald Trump, quien prevé expulsar a los palestinos de Gaza y que Estados Unidos asuma el control de ese territorio devastado por la guerra.

En ese sentido es que Egipto y el resto de los países árabes han rechazado la propuesta de Trump, y advirtieron en un comunicado tras la cumbre que «cualquier intento inmoral de desplazar al pueblo palestino o (…) de anexionar una parte de los territorios palestinos ocupados sumiría a la región en una nueva fase de conflictos».

De igual manera, los países árabes han sostenido que buscan cooperar con el presidente estadounidense con el propósito de encontrar una solución para Palestina.

DETALLES DEL PLAN

En concreto, Abdelaty mencionó que el plan de reconstrucción fue armado «en completa coordinación con el gobierno palestino», en quien recaería la responsabilidad de gestionar Gaza por un periodo transitorio de seis meses durante las primeras instancias de la fase de rehabilitación del territorio.

El ministro mencionó que uno de los principales retos del proceso de reconstrucción será la primera fase del plan, que corresponde a la remoción de los escombros, ya que se estima que hay aproximadamente 50 millones de toneladas en Gaza. De ellos, 40 millones serían causados por la destrucción de viviendas y, el resto, de carreteras.

«Hay tres maneras de tratar con esta cantidad enorme de escombros: reciclarlos como materiales de construcción, construir bloques de hormigón que ayudan en la construcción, o cerrar con ellos partes del mar para ampliar la Franja», aseguró Abdelaty.

Posterior a eso, se deberá hacer el retiro de las minas y explosivos en la Franja, y crear viviendas temporales para albergar a más de 1,5 millones de palestinos. Luego vendrían otras dos fases de reconstrucción, la primera para crear infraestructuras básicas y viviendas permanentes, y la segunda para construir, entre otros, un puerto comercial y un aeropuerto.

Según el diplomático egipcio, otro de los principales retos será encontrar fuentes de financiación, por lo que Egipto ya ha dicho que acogerá una cumbre en El Cairo próximamente para este objetivo.

Además, el 7 de marzo tendrá lugar una reunión de emergencia del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para abordar estos asuntos.

POSTURA DE ISRAEL Y HAMAS

Tras conocerse la propuesta de la Liga, Hamás a través de un comunicado «aceptó» por su parte el plan árabe y la creación de un comité encargado de gestionar el territorio cuando se ponga fin al conflicto.

«Aceptamos el plan de reconstrucción de Gaza adoptado en el comunicado final de la cumbre y pedimos que se garanticen todos los recursos necesarios para que sea un éxito», afirmó el grupo islamita en una declaración.

Sin embargo, Israel se ha resistido al plan. Desde el país rechazaron la declaración de la Liga Árabe y criticaron que «no se menciona el brutal ataque terrorista de Hamas, que causó miles de muertes israelíes y cientos de secuestros, ni se condena a esta entidad terrorista asesina a pesar de sus atrocidades bien documentadas y la amenaza que representa para Israel y la región«.

Asimismo, sostuvieron que la propuesta «no aborda las realidades de la situación tras el 7 de octubre de 2023 y se basa en una perspectiva obsoleta».

También criticaron su dependencia de la Autoridad Palestina y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA): «Ambos han demostrado repetidamente corrupción, apoyo al terrorismo e incapacidad en resolver el problema». (Emol)

Coordinador Eléctrico no descarta error humano en megaapagón del 26-F

«No podemos descartar la intervención de terceros», dijo este miércoles el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Ernesto Huber, ante la comisión de Minería y Energía del Senado. Esto, al referirse a la investigación que está llevando a cabo la entidad para establecer las fallas y responsabilidades detrás del inédito apagón que afectó al país el pasado martes. Dichos que generaron confusión entre los senadores presentes.

Es que, el 26 de febrero, un día después del megacorte de luz, el presidente del CEN, Juan Carlos Olmedo, había señalado que según «la información que tenemos hasta la fecha de las empresas transmisoras, no hay participación de terceros».

Los mismos senadores, además, interpretaron los dichos de hoy de Huber como una contradicción a las palabras que inmediatamente tras el corte salió a expresar la ahora exministra del Interior y actual candidata a la presidencia, Carolina Tohá, quien descartó que la situación se debiera a un ataque o a algún tipo de atentado.

En ese sentido, la senadora Yasna Provoste (DC), indicó que «primera vez que escucho que no se puede descartar la intervención de terceros, lo digo porque la ministra de la época (Carolina Tohá) fue clara y categórica en señalar que aquí no había intervención de terceros».

Coincidió el presidente de la comisión, Juan Luis Castro (PS), quien reprochó: «Me parece realmente increíble que al octavo día luego de que la ex ministra del Interior señaló por boca de ustedes que aquí no había intervención de terceros -y así se lo dijo al país-, que ustedes resuciten la idea de una intervención de terceros. Me parece sorprendente, para serle bien sincero».

Ante esto, y en medio de una exposición que Huber hizo más tarde en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, salió a explicar sus dichos, alejándose de la tesis de una intervención de terceros y hablando más bien de una «intervención humana».

En ese sentido, sostuvo que lo que quiso decir es que, de acuerdo a información proporcionada por Isa Interchile, había una intervención en los canales de comunicación gatillada, presuntamente, por algún tipo de error de los mismos trabajadores de la empresa.

Así, precisó que «no descartamos que haya una intervención humana por parte de los mismos operadores de la empresa Isa Interchile en el momento en que se produce la desconexión, sin haber una falla real del sistema«.

«Cuando me referí a que no descartaba la participación de terceros, me refería a la intervención humana por parte del personal de la empresa. Eso es lo que estamos investigando», agregó. (Emol)

Chile adhiere al Convenio Europeo de Extradición: facilita trámite con 51 Estados

La jornada de este miércoles, desde Cancillería informaron que Chile depositó el Instrumento de Adhesión al Convenio Europeo de Extradición, mecanismo jurídico utilizado por los miembros del Consejo de Europa para regular dicho trámite entre ellos.

El documento fue depositado en Estrasburgo por la embajadora de Chile ante la Unión Europea, Gloria Navarrete, en presencia del secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjørn Berge.

En la actualidad, 51 Estados son parte de este convenio, entre ellos, todos los miembros del Consejo de Europa, además de Sudáfrica, Corea del Sur, Israel y Rusia. De estos, hasta ahora Chile solo contaba con acuerdos de extradición con Reino Unido, Bélgica, España, Corea e Italia.

La principal ventaja de este instrumento, que para Chile entrará en vigor el 1 de junio, es que sus Estados parte tienen la obligación de entregar en extradición a los criminales que sean solicitados, existiendo causales establecidas previamente para poder rechazar tal requerimiento.

Hasta ahora, según explicaron desde Relaciones Exteriores, las solicitudes nacionales dirigidas a países como Francia, Alemania o Malta se sometían completamente al derecho local de ese Estado, agregando dificultades adicionales al proceso de extradición.

CANCILLERÍA

La ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, señaló que “la adhesión de Chile al Convenio Europeo de Extradición es el resultado de un gran esfuerzo que ha realizado la Cancillería por ampliar sus convenios sobre la materia”, destacando que también “se han suscrito recientemente acuerdos de extradición con Argentina y Brasil, además de haberse iniciado negociaciones con otros Estados con los que no existe instrumento bilateral, como Costa Rica”.

“En la actualidad, donde el fenómeno del crimen organizado transnacional se ha vuelto una realidad que azota a la gran mayoría de los Estados, es necesario que Chile tenga tratados con la mayor cantidad de países posibles, a fin de favorecer la existencia de reglas claras que permitan traer a los fugitivos de la justicia a enfrentar los tribunales nacionales”, agregó.

Cabe destacar que entre 2013 y 2023, hubo 70 solicitudes de extradición transmitidas a Europa, de las cuales un 32,7% fueron dirigidas a Estados con lo que no existía un tratado sobre la materia. En el mismo período, existieron 110 solicitudes de extradición presentadas a Chile por países europeos, de las cuales un 50% fueron originadas en Estados con los que no hay un convenio aplicable. (Bio Bio)

Fracasado «Gas a Precio Justo»: Enap advirtió daño patrimonial al Gbno.

El gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Julio Friedmann, indicó esta tarde que la firma había anticipado un perjuicio económico antes de la implementación del plan piloto «Gas a precio justo», que ha traído una serie de consecuencias al Gobierno.

En específico, el ejecutivo señaló que «el equipo de Enap (…) anticipó que la distribución, lejos de nuestras plantas de envasado» no iba a tener «ventajas competitivas e iba, muy probablemente, a generar una pérdida». «Hablo particularmente de nuestra gerenta comercial, de anticipar que eso iba a generar, eventualmente con mucha probabilidad, un daño patrimonial a la compañía», añadió.

Friedmann recalcó que inmediatamente hablaron de un «compromiso de devolución» con el Gobierno. Esto, debido a que el costo adicional se necesitaba asegurar.

La intervención del Friedmann se dio en medio de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, instancia a la que también asistió el ministro de Energía, Diego Pardow.

El titular de la cartera aseguró que hay un compromiso adquirido por el ministerio -bajo la administración del extitular Claudio Huepe- que comprometió hacerse cargo de los costos asociados al piloto. También señaló, en relación a las otras observaciones de la CGR, que «la investigación interna ya se inició, obviamente todavía no tiene resultados (…) Hay un sumario en curso».

El plan piloto «Gas a precio justo» ha generado una serie de cuestionamientos al Gobierno. Primero, se reveló en 2023 que cada cilindro tuvo un costo de $117 mil para el Estado, totalizando $517 millones.

Y luego, en enero de este año, un informe de la Contraloría General de la República (CGR) ordenó restituir los recursos, además de sumarios.

La Subsecretaría de Energía «no ha restituido a Enap los costos de distribución del plan piloto Gas a Precio Justo, ascendentes a un total de $517.068.501, por lo que dicha Subsecretaría deberá acreditar las gestiones efectuadas ante el Ministerio de Hacienda para dar respuesta a ENAP en esta materia«, señala el documento. (Emol)

Jueces de policía local advierten «eventual colapso del sistema»

El Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local de Chile (INJPL) ha manifestado su preocupación ante lo que consideran un «eventual colapso del sistema».

La entidad denuncia la intervención de recursos humanos y materiales de varios juzgados, que no responderían a aspectos técnicos sino, más bien, políticos, e insta a que la selección de los jueces de Policía Local tome en cuenta la trayectoria y experiencia de los funcionarios del sistema judicial, con el objetivo de profesionalizar el cargo y asegurar que quienes sean nombrados tengan conocimientos previos en la materia.

A estas preocupaciones también se suma la sobrecarga de causas que enfrentan los jueces de Policía Local. El vicepresidente del principal gremio de jueces y secretarios abogados del país, Patricio Thomas Soto -Juez de Policía Local de la comuna de Panguipulli (Los Ríos)- enfatizó sobre la importancia de que los nombramientos se realicen bajo criterios técnicos y no político-partidistas, para garantizar una correcta administración de justicia.

«Es preocupante pensar que un Juez de Policía Local en una capital de región, que además es asiento de Corte, pueda ser ejercido por un profesional sin experiencia ni conocimiento previo de la justicia local, cuando hay postulantes con años de trayectoria en el sistema», advirtió Thomas, el cual asumió en enero de este año, junto a la nueva directiva, que preside el juez de Lampa (RM), Francisco Ríos.

El dirigente gremial explicó que, si bien la Corte de Apelaciones de cada región realiza una primera selección de los candidatos, la decisión final recae en el alcalde en ejercicio, lo cual considera que podría dar lugar a influencias políticas.

FALTA DE RECURSOS

Además de la preocupación por los nombramientos, el gremio alerta sobre la excesiva carga de trabajo en los Juzgados de Policía Local, los cuales acusan carecen de los recursos y el personal necesario para poder gestionar el creciente número de casos.

«El Poder Judicial cuenta con 1.490 jueces distribuidos en 448 tribunales, mientras que los Juzgados de Policía Local solo tienen 377 jueces para igual número de juzgados. Pese a esta diferencia, el Congreso sigue asignando nuevas competencias a los JPL, sin dotarlos de recursos adicionales», explica Thomas.

A esto se suma el hecho de que actualmente hay siete proyectos de ley en discusión que ampliarían las funciones de los Juzgados de Policía Local, lo cual incrementaría su carga de trabajo. De esta manera, los jueces advierten que, sin los recursos adecuados, el sistema se encuentra «al borde del colapso».

«Este es un problema que ha ido en crecimiento y es la realidad que viven muchos Juzgados de Policía Local del país y es urgente corregir. No es posible que cada cuatro años, con los cambios de administración municipal, algunos jueces de Policía Local debamos estar viendo afectadas nuestras labores y las de nuestros funcionarios, por los caprichos políticos del alcalde de turno y sus asesores. Este tipo de situaciones va justamente en contra de un principio básico en democracia, que es la Separación de los Poderes o Funciones del Estado», agregó Thomas.

MULTAS ELECTORALES

Uno de los principales factores que genera sobrecarga en los Juzgados de Policía Local es la gestión de infracciones electorales, específicamente relacionado al incumplimiento de la obligación de votar.

«La infracción por no votar es la que más nos sobrecarga. Una solución sería que el Servel administre estas multas a nivel administrativo, y que solo los casos con reclamos lleguen a los JPL. Esto haría más eficiente el uso de los recursos públicos y evitaría la saturación de los tribunales», sugirió Thomas.

También recomendó la implementación de notificaciones electrónicas para este tipo de infracciones, lo cual «reduciría costos y facilitaría la gestión de los casos«.

Matthei anuncia política de seguridad con «cárceles en el desierto»

A través de una publicación en Instagram, la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, prometió cárceles “duras” en el desierto “para la gente que se porta mal”.

Tras sostener un encuentro con un grupo de vecinos de Santiago, la exalcaldesa de Providencia publicó un video en donde abordó la crisis de seguridad.

En el registro, la candidata gremialista señaló: “Yo lo único que les puedo prometer es que vamos a formar un gran equipo. Lo estamos formando porque nosotros no vamos a dejar entrar a más inmigrantes ilegales, porque vamos a tener cárceles duras en el desierto para la gente que se porta mal y los vamos a tener además incomunicados para que no puedan seguir operando desde la cárcel”.

“Vamos a perseguir a los delincuentes y los vamos a poner tras las rejas y vamos a lograr que ustedes puedan vivir tranquilos”, aseguró Matthei.

Fuera de eso, hasta ahora, la candidata opositora no se ha referido a la candidatura presidencial de Carolina Tohá ni a la declinación de Michelle Bachelet.

REACCIONES

Rápidamente los dichos de la ex alcaldesa de Providencia generaron una ola de reacciones, tanto en los parlamentarios de las comisiones de seguridad, como también en los de la zona norte.

Parlamentarios de comisiones de seguridad

– Senador Iván Flores (DC), presidente de la comisión: «El problema carcelario en Chile es tan grave y tan a punto de explotar que no es el problema dónde se emplaza. Puede ser en el desierto, puede ser en un bosque, puede ser en alguna zona despoblada o donde quieran, pero háganlo. Háganlo, porque de otra manera podemos tener un lío muy, muy importante. Y lo que no puede hacer el Estado es inhibirse de mandar a la cárcel a todos aquellos delincuentes que tienen que estar en la cárcel por ser un peligro para la sociedad. Lo que no puede ocurrir jamás es que habiendo delincuentes que tienen que estar en la cárcel no tengan lugar donde ponerlos».

– Senador José Miguel Durana (UDI), representante de Arica: «Destaco la medida para combatir la delincuencia y la inmigración ilegal, ya que el avance del crimen organizado en Chile no tiene parangón, por lo que a problemas graves se les debe otorgar soluciones potentes. Los presos siguen comunicándose desde sus penales, por lo que, al estar en el desierto, sería más inaccesible la conexión y de manera adicional, propongo aplicar el modelo de la prisión Rodjan de Suecia cuyo modelo de reinserción consiste en que los reos trabajan en una granja y cuidan animales. La manutención de cada de ellos cuesta una onerosa cifra al Estado, así es que debieran trabajar en ella».

– Senador Manuel José Ossandón (RN): «Tiene razón. El país necesita cárceles, porque es fundamental organizar mejor la población penal y aislar a los capos del crimen organizado. Y además hay que ser realista: nadie quiere recintos penitenciarios en ciudades o lugares habitados, así que llevarlos a lugares aislados es una buena solución. Mientras tengan agua y comida no se está vulnerando ningún derecho humano».

– Diputado Jaime Araya (IND – PPD), representante de Antofagasta: «Una candidata presidencial no puede hacer propuestas que caben en una servilleta, se necesita seriedad, porque el narcotráfico y el crimen organizado son un problema muy complejo. ¿Cómo se le ocurre ningunear a las regiones mineras, las que más aportan al presupuesto nacional, quiere espantar las inversiones ? Uno siempre espera de un candidato presidencial respeto y cariño por todas las regiones. Voy a proponer que se le declare persona non grata en las regiones del norte hasta que se retracte de su deslumbrante idea».

– Diputado Jorge Alessandri (UDI): «Hace un tiempo que venimos diciendo que las cárceles tienen que ser más en nuestro país, de construcción rápida y, por supuesto, fuera de los centros urbanos. Una cárcel conlleva visitas, conlleva una serie de deterioros en el barrio colindante. Las audiencias hoy día podrían ser por Zoom, por alguna tecnología que no implique llevar a los reos al tribunal a cada rato, pueden tener su propio centro médico y, por supuesto, que construirla en zonas no urbanas es una gran idea. Hay más disponibilidad de terreno, existe tecnología hoy día de construcción modular y es lo que están haciendo otros países con éxito».

– Diputada Alejandra Placencia (PC): «Una vez más, la candidata Matthei utiliza el viejo recurso de tirar frases rimbombantes para la prensa, pero la realidad es que casi todo lo que propone carece de una ruta concreta de ejecución. Al parecer, el ‘prometan nomás, prometan’ será la tónica de lo que veremos en torno a su campaña durante este año, además de acoplarse permanentemente como vagón de cola del Partido Republicano».

Parlamentarios de la zona norte

– Diputado José Miguel Castro, por Antofagasta (RN): «Por supuesto que todo debe analizarse y en ese sentido, si nos sirve para sacar de una vez por todas, por ejemplo, la cárcel del centro de la ciudad de Calama, si eso se hace alejado de las poblaciones como es la cárcel que tenemos cerca, creo yo que puede ser una buena iniciativa. Por lo demás, lo más importante es el régimen carcelario, que el régimen sea, como lo ha planteado Evelyn Matthei, un régimen donde las personas puedan con suerte salir una hora al patio y no tengan contacto, reos primerizos con gente que los vaya a instruir de forma de hacer nuevos delitos, separar completamente aquellos reos peligrosos de la población en general para cortarle las alas a la delincuencia».

– Senador Pedro Araya, por Antofagasta (PPD): «Que lamentable que la señora Matthei vea los territorios del norte como el patio trasero del país. Señora Matthei usted se acostumbró a dirigir Providencia, pero Providencia no es Chile, ni siquiera es Santiago. Yo la invito a recorrer la frontera norte, el norte grande, allá donde está la riqueza de Chile y las energías renovables. Le falta harta calle y si quiere un consejo de alguien que no es de su sector, busque mejores asesores. No creo que como alcaldesa de Providencia hubiese pensado siquiera en instalar una cárcel en una comuna vecina».

– Diputado Vlado Mirosevic, por Arica y candidato presidencial (PL): «Me parece una propuesta un poco tardía. Nosotros lo hemos propuesto esto hace un tiempo atrás, en el sentido de cárceles que estén en zonas no urbanas, no urbanizadas, de tal manera de que no comprometan, no tengan las externalidades negativas para los vecinos. Entonces, nosotros propusimos que el desierto puede ser un lugar de construcción de cárceles. De hecho, en Arica tenemos el ejemplo de la cárcel de Hacha, que está fuera del radio urbano y que eso se puede replicar en otras ciudades».

– Diputado Juan Santana, por Antofagasta (PS): «El problema de la candidata Matthei es que promete cosas que no son una solución hoy. Los chilenos no pueden esperar todo el tiempo que se demoraría una cárcel en el desierto para que los criminales más peligrosos queden aislados. Se requiere seriedad y medidas inmediatas para abordar la delincuencia».

– Diputado Luis Malla, por Arica (PL): «A medida que se acerque noviembre tendremos publicaciones y declaraciones más elevadas de tono, buscando el titular fácil. Me parece reprochable jugar con el dolor del norte, anunciando medidas que jamás podrá ejecutar en cuatro años y sin consultar a quienes habitan los territorios. Lo que habla de desconexión con la ciudadanía y con los tiempos de construcción de una cárcel de esas características. Para el norte pido ideas serias y reales sin pensar en el gallito político y populista con Kaiser y Kast».

– Diputado Sebastián Videla, por Antofagasta (PL): «La veo entrando en la lucha de la lógica de las pistolas y balas. Más que una solución real para el norte está en la dinámica de una lucha interna de poder con los otros candidatos presidenciales de derecha. Estamos cansados de utilizar el dolor del norte para titulares que el práctica son irreales, no son una solución ni tampoco fácil de instalación. Además propuse una cárcel en el desierto hace bastante tiempo». (La Tercera-Emol)

Meta fiscal 2024: Marcel dice no tenía obligación de prever precio del litio

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, asistió esta mañana a la Comisión de Hacienda del Senado, instancia en la que junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, expusieron el Informe de Finanzas Públicas (IFP) que se dio a conocer a comienzos de febrero.

En medio de la discusión, la autoridad arguyó que Hacienda no tenía la obligación de acertar en el precio del litio en 2024, uno de los ingresos que disminuyó drásticamente y por el cual no se llegó a la meta fiscal.

Durante la sesión el jefe de la billetera fiscal intentó explicar a los parlamentarios el origen del incumplimiento de la meta fiscal en 2024. Es que para el año pasado el Gobierno había previsto un déficit de 1,9%, pero este finalmente alcanzó un 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 3,2% si se toma en cuenta en términos estructurales.

Marcel señaló primero que para explicar aquello había que focalizarse en lo que ocurrió con los ingresos. En ese análisis, abordó lo que ocurrió con el litio. «El 2022 el aumento de los ingresos del litio por precio del litio respecto de lo que estaba presupuestado fue enorme (…) Para el 2023 nosotros supusimos que algo de eso se iba a mantener, pero una fracción, más o menos como la cuarta parte de lo que fueron los ingresos del litio del 2022», comenzó señalando el ministro.

Luego, aseveró que «en la práctica no solo se mantuvieron, sino que se incrementaron hasta cerca de US$3 mil millones«. Esto, considerando los ingresos por renta de la propiedad, que no incluyen la parte tributaria.

En el 2024 -continuó Marcel- «no nos quedamos pegados en los ingresos del litio del año anterior, presupuestamos algo menor. Y además le aplicamos el ajuste prudencial para el cálculo del balance estructural. Entonces nosotros presupuestamos algo que era más o menos 40% más bajo». «Aún así los ingresos efectivos del litio fueron la mitad de esa parte, que era la que se podía gastar», lamentó.

APUNTARLE AL PRECIO

Con ese análisis detrás, el ex presidente del Banco Central indicó: «Se ha mencionado esto como un error, como que uno tuviera la obligación de apuntarle al precio del litio, que es un precio, como todo precio de una materia prima, es bastante volátil«.

«Pero a diferencia del precio del cobre -añadió- no es un mineral que se transe en un mercado público como lo conocemos en la bolsa de metales de Londres, que está muy estandarizado». «Para nosotros el tema del precio del litio fue tan sorpresivo como (para) lo expertos en litio que están en las empresas que lo producen en Chile», aseguró.

Más tarde tomó la palabra el senador Juan Antonio Coloma, quien hizo una reflexión al respecto. «Me acuerdo que el mismo CFA ha hecho, hace varios años, propuestas sobre como considerar el tema del litio«, indicó. Y luego agregó: «Yo me acuerdo que cuando vino el boom del litio lo único que dijo el CFA fue ‘cuidado con el litio, establezcan una política porque esto puede ser para arriba y para abajo y nos puede pegar muy fuerte’. Ocurrió, la advertencia. Y creo que nos pegó fuerte». (Emol)

Diputado Schalper (RN) pide urgencia a proyecto que tipifica el «turbazo»

El diputado Diego Schalper, presidente de la recientemente conformada subcomisión parlamentaria de Crimen Organizado, le solicitó formalmente al nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que otorgue urgencia al proyecto de ley que busca tipificar como delito el denominado “turbazo”.

Esta iniciativa, presentada en noviembre del año pasado, responde al preocupante aumento de esta práctica delictiva, que consiste en el ingreso a viviendas de forma masiva y violenta, con el objetivo de sustraer bienes en medio del caos.

En ese sentido, el legislador apunta a que la falta de una tipificación clara para este tipo de delitos ha puesto en evidencia la necesidad de actualizar el marco penal vigente.

Actualmente, los “turbazos” quedan muchas veces sin una respuesta jurídica adecuada, lo que dificulta su persecución y sanción.

En este contexto, el diputado Schalper enfatizó la importancia de fortalecer la legislación para enfrentar los nuevos desafíos de la criminalidad organizada y garantizar una mayor protección a la ciudadanía.

“Nos reunimos con el ministro Elizalde y le solicitamos formalmente poner urgencia al proyecto de ley que endurece las penas respecto del delito de robo en turba, que en realidad se denomina en multitud, porque la expresión turba no es jurídica”, señaló el parlamentario.

El proyecto propone castigar con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio a quienes, en grupo y valiéndose del tumulto o la multitud, se apropien de dinero o especies dentro de viviendas, locales comerciales u oficinas. (Bio Bio)

Casa Allende: TC acoge requerimiento de inhabilidad de ministra M. Fernández

La jornada de este miércoles, la primera sala del Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento de inhabilitad presentado en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, en el marco del caso por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Después que se rechazara un recurso del mismo tipo el 10 de febrero pasado, los abogados Raimundo Palamara y John Reid Echenique, insistieron en la iniciativa el 25 de ese mes, la que ahora logró avanzar en su trámite.

Recordemos que los juristas argumentan que la ministra firmó un contrato de compraventa por 933 millones de pesos con el Ministerio de Bienes Nacionales, lo que consideran inconstitucional, y por ende, una causal de inhabilidad.

Reed, exseremi durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y Palamara, militante del Partido Republicano, actuaron como ciudadanos y no en representación de instituciones.

Integraron la primera sala los ministros Daniela Marzi Muñoz, Nancy Yáñez Fuenzalida, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas. (Bio Bio)

Panel Ciudadano: 78% cree que negociar con tomas genera más ocupaciones

“Las señales que se van dando son importantes”, dice Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano. “El presidente Boric en campaña dijo que no iba a haber desalojo sin solución. Por lo mismo, la ciudadanía está perdiendo la confianza en la política, en las instituciones. Lo más relevante de este tipo de negociaciones de último minuto, es que van a producir más tomas porque se perciben como exitosas. La gente se da cuenta que es muy difícil implementar un desalojo”.

  • Negociar no sólo sería malo, sino que establece un precedente negativo, según este estudio. De acuerdo a Lavín, un 78% cree que seguir negociando con tomas generará más ocupaciones ilegales. Solo un 11% descarta esa posibilidad”.
  • Explica: “La toma en San Antonio puso a prueba la respuesta del Gobierno frente a las ocupaciones ilegales, y ahora el desalojo que se inició en la de Lajarilla en Viña del Mar, este martes, se perfila como la gran prueba”.
  • En Lajarilla, en Reñaca Alto, la Corte Suprema ordenó el desalojo tras varias postergaciones. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que el Gobierno cumplirá el proceso de ejecutar la orden judicial: “Las sentencias judiciales se cumplen”, dijo.
  • “La diferencia tiene que ver con la magnitud de las tomas, sin embargo, la incertidumbre sigue instalada: un 46% de los encuestados cree que nuevamente se optará por negociar en vez de aplicar la orden judicial, mientras que sólo un 24% confía en que el desalojo se concretará”, dice Lavín.

Debate sobre derechos y autoridad. La discusión surgida a raíz de estas tomas ha puesto en cuestión el derecho de propiedad y el rol del Estado. Según datos de Panel Ciudadano, un 66% de los consultados en la Región de Valparaíso considera que lo ocurrido en San Antonio representa un daño al derecho de propiedad en Chile, mientras que un 14% lo descarta y un 20% no tiene una opinión clara.

  • Una solución que ha surgido es que el Estado compre terrenos tomados para que sean regularizados, pero tal idea es rechazada por la mayoría. De acuerdo a Panel Ciudadano, un 64% cree que los recursos públicos deben destinarse a quienes postulan regularmente a una vivienda, a través de los subsidios que ofrece el Estado.
  • Solo un 28% apoya la idea de que el Estado compre terrenos y luego los regularice como solución habitacional. Más de la mitad de la gente apoya que se expulsen a los usurpadores de los terrenos.
  • “Frente a futuras tomas, la postura de la ciudadanía también es clara: un 51% cree que el Gobierno debe priorizar el desalojo, un 36% opina que la respuesta debe evaluarse caso a caso y solo un 13% respalda la negociación con los ocupantes”, dice Lavín.
  • Agrega: “Los desalojos no son sólo conflictos locales, sino un problema político de alto costo en un año electoral. Tanto las negociaciones de última hora como la conflictividad de los desalojos son escenarios difíciles de administrar. El Gobierno se enfrenta a un equilibrio frágil”.

Discursos opuestos. De acuerdo a Lavín, hay un elemento partidista en el tema. “En Lajarilla, el PC local rechaza el desalojo y promueve la expropiación, mientras que en el Gobierno central se insiste en que las órdenes judiciales deben cumplirse. Ceder a la presión interna podría reforzar la percepción de que se están incentivando nuevas tomas, pero ejecutar el desalojo sin mayor estrategia puede derivar en un nuevo flanco de críticas”.

  • Algunos críticos de la postura del Presidente Boric, dicen que apunta más que nada a que el tema se olvide o que pierda interés. “Lo que el Gobierno realmente necesita es que el tema pase lo más desapercibido posible”, dice Lavín.

Toma de Lajarilla. “El martes fue prácticamente cadena nacional por horas en todos los matinales la toma de Viña. Como es de menor volumen, uno podría suponer un resultado más exitoso, por ser más abarcable. Pero no ha sido así. Desalojar a familias completas, con todos sus enseres y pertenencias, del lugar donde han vivido durante años representa un desafío sumamente complejo”, dice el gerente general de Panel Ciudadano.

  • Lavín lamenta la desinformación al respecto. “Cuando llega el día del desalojo, se produce un caos de grandes proporciones. Hasta hoy vimos abogados en matinales dando información incorrecta”. (Ex Ante)

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