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Gobierno que empieza mal, termina peor

El gobierno del Presidente Gabriel Boric va a pasar a la historia más por sus errores y fracasos que por sus aciertos y éxitos. Si bien el fracaso de Boric en su intento por “superar” el modelo capitalista es una buena noticia para Chile, los cuatro años perdidos en crecimiento, creación de empleo e inclusión social tendrán costos que deberemos pagar por mucho tiempo. La derrota del proyecto fundacional del primer proceso constituyente evitó que el país cayera al precipicio, pero Chile todavía no es capaz de retomar el sendero correcto para alcanzar el desarrollo que queremos y necesitamos. Si bien muchos respiran aliviados ahora que queda menos de un año de gobierno de Boric, es un error pensar que se acaba la pesadilla. Este gobierno ha sido más bien un choque automovilístico cuyas secuelas seguirán atormentándonos por varios años después de que Boric haya dejado la presidencia.

Aunque es doloroso revivir los traumas, no podemos olvidar que Boric fue cómplice activo del intento por refundar el país e imponer un sistema político inviable soñado por una izquierda radical panfletaria, irresponsable y torpemente estatista. El hecho que la bala no haya impactado el corazón de nuestra institucionalidad democrática no exculpa ni a Boric ni a su gobierno del intento de asesinar un sistema institucional que necesitaba (y necesita) mejoras, pero no una refundación.

Es cierto que, después del fracaso del proceso constituyente, Boric sumó a su gobierno a la izquierda razonable y sensata. Pero es un error creer que Boric se convirtió en un social demócrata. Igual que los amigos del alcohólico empedernido que lo acompañan y ayudan a no tomar, la izquierda razonable evitó que el gobierno siguiera impulsando malas reformas y fracasadas ideas. Sin embargo, Boric jamás ha renegado de las locuras e insensateces que prometió implementar cuando era candidato en 2021. El que Boric haya terminado gobernando con una camisa de fuerza no significa que hayan desaparecido sus instintos por querer destruir el modelo de libre mercado que hizo exitoso al Chile democrático entre 1990 y 2019.

Sus defensores dirán que Boric normalizó a un país golpeado por el estallido social y por la pandemia; pero buena parte de la responsabilidad por el mal estado en que estaba el país a fines de 2021 fue de Boric y sus aliados del Frente Amplio y del Partido Comunista que no trepidaron en adoptar posiciones irresponsables, populistas y obstruccionistas tanto durante el estallido social como frente a la respuesta del gobierno de Piñera para enfrentar la pandemia. La forma en que la izquierda actuó durante el gobierno de Piñera fue de una irresponsabilidad suprema. Para no ahondar en detalles, basta el reconocimiento de su mal actuar que hizo el propio Boric en el funeral del Presidente Piñera hace un año. Decir que uno de los logros del gobierno de Boric fue ordenar el desorden que ellos mismos ayudaron a crear es de una mala fe que no resiste análisis.

Las iniciativas que promovió el gobierno, desde la propuesta de nueva constitución del primer proceso hasta la desaparición del sistema de capitalización individual (que venía contenido en la reforma de pensiones que inicialmente presentó el gobierno), pasando por su renuncia a aceptar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP-11) y los indultos a los delincuentes condenados por delitos durante la revuelta social, subrayan que, de haber podido, el gobierno hubiera llevado al país por el sendero del estatismo torpe y el debilitamiento de las instituciones y el estado de derecho. Aunque no lograron hacer hundir el barco, nadie puede desconocer que lo intentaron. Fracasar en el intento de llevar al país por el mal camino no es un atenuante.

Buena parte de la comentocracia chilena correctamente critica por estos días las propuestas radicales de los candidatos presidenciales de extrema derecha, pero resulta preocupante que esa misma comentocracia se resista a clasificar a Boric y al Frente Amplio o al PC como representantes de un radicalismo de izquierda que le hace mal al país y a la democracia. Esos comentaristas que ven radicalismo solo en la derecha se parecen al intelectual que, cuando su hijo le dice que le duele la rodilla, responde preguntando ¿cuál rodilla? ¿La izquierda o la de extrema derecha?

Ahora que el gobierno de Boric está en su último año abundarán los análisis sobre sus logros y fracasos. Esos análisis no debieran olvidar destacar el objetivo refundacional de este gobierno que, afortunadamente, fracasó. Es importante recordar que, hace cuatro años, los chilenos votaron mayoritariamente en segunda vuelta por un candidato de izquierda radical sin experiencia y con ideas extremistas que se basaban más en emociones que en evidencia. Es de esperar que este año los chilenos hayan aprendido la lección y no se dejen llevar por los cantos de sirena de candidatos radicales, esta vez de derecha, que no tienen experiencia en el gobierno y promueven ideas basadas más en las emociones y en la rabia que en la evidencia.  

Si el gobierno de Boric demostró que lo empieza mal termina peor, es esencial que los chilenos aprendan la lección y entiendan que, para poner al país en la dirección correcta, hay que partir por evitar elegir al candidato que habla con más rabia y que promete cambios más radicales. (El Líbero)

Patricio Navia

La maldición del incumbente

En 2024, en los países occidentales desarrollados, todos los gobiernos que enfrentaron una elección presidencial obtuvieron menos votos que en la elección anterior. Según informa el Financial Times, es primera vez que algo así ocurre en 120 años de democracia moderna. En el mundo en vías de desarrollo, por su parte, empieza a acumularse evidencia de que ser incumbente es una desventaja. Así lo muestran, por ejemplo, estudios para las elecciones municipales en Brasil y Perú (Klasnja y Titiunik, 2017; Weaver, 2021).

En Chile, en tanto, ninguna coalición ha logrado reelegirse en el gobierno desde 2006. Es más, los últimos tres gobiernos —Boric, Piñera y Bachelet— fueron electos con amplias mayorías, pero al poco andar perdieron el apoyo ciudadano. Según Cadem, antes del primer año ya eran más los que desaprobaban a estos presidentes que quienes los aprobaban, y ninguno de los tres ha logrado salir de ahí. Pareciera que, pese a los recursos y la visibilidad que entrega el cargo, hoy es difícil ser un Presidente apreciado.

¿Qué hay tras esta maldición del incumbente? La literatura apunta fuertemente al hastío de la ciudadanía con la corrupción (Klasnja, 2015; Weaver, 2021). La inflación pudo también haber jugado un rol en las presidenciales de los últimos años. La ciudadanía es, por otra parte, más educada e informada, y eso puede hacerla también más crítica. La debilidad de los partidos políticos en Latinoamérica implica además un mundo donde nadie guarda lealtades; sin identidades partidarias, los errores no se perdonan.

Pero más allá de sus causas, la maldición del incumbente debiera importarnos por sus consecuencias. Ella sugiere que los vientos son cambiantes y los votos están prestados. En este contexto, todo sector político que aspire a un proyecto duradero debiera apostar por el centro. No solo es la forma de no quedar descolocado cuando los vientos cambien: es ahí donde se encuentra la gran mayoría de la población.

A grandes rasgos puede decirse que cerca de un tercio se identifica con el centro; otro tercio no se identifica en el eje izquierda-derecha, pero sus preferencias se parecen a las del centro; el tercio restante se identifica con la izquierda o la derecha, sumadas. Esto ha sido bastante estable desde el retorno de la democracia (Argote y Visconti, 2024).

En suma, puede llegar a ser posible ganar una elección moviéndose a los extremos, al calor del momento, sobre todo con primarias y dos vueltas. Pero es dudoso que esa estrategia permita sostener el apoyo de la ciudadanía en el tiempo. Sin el apoyo ciudadano estará perdido también el del Congreso —al menos bajo el estado revoltoso y oportunista de nuestro sistema de partidos. Sabemos cómo termina esta historia: en un gobierno que no logra implementar su programa y acaba con un gran fracaso en las urnas. La pregunta a nuestras coaliciones, entonces, es hasta dónde llega su horizonte. (El Mercurio)

Loreto Cox

Seguridad: la no prioridad del gobierno-Pilar Lizana

Además de preocuparnos, las palabras de la exministra Carolina Tohá sobre la integración tardía de la seguridad como prioridad para el gobierno evidencian la inexistente voluntad política para hacerse cargo de una de las mayores crisis que ha vivido Chile desde la vuelta de la democracia.

Cuando asumió Gabriel Boric el 11 de marzo de 2022, había claves suficientes para notar que la seguridad debiese haber sido la prioridad número 1. La frontera norte recibía una presión migratoria sin precedentes, los ingresos ilegales se calculaban en centenas diarias y los alcaldes estaban superados. También teníamos indicios de actividad criminal organizada en el país, el Tren de Aragua ya había aparecido en Chile años antes y su llegada sólo presagiaba un desequilibrio criminal que terminaría por elevar los indicadores de violencia.

En el sur se mantenía un Estado de Emergencia que buscaba contener el avance de la violencia y que fue levantado por la nueva administración mientras la exministra Siches se apropiaba de los conceptos usados por los grupos violentos organizados debilitando la acción del gobierno frente a los terroristas.

La llegada de Carolina Tohá a la cartera de Interior pareció traer la fuerza que faltaba para hacerse cargo del problema. Se levantó una mesa transversal para abordar la crisis, pero no pudo sesionar: El Presidente firmó los indultos de los “presos de la revuelta” y la mesa se cayó.  Los esfuerzo de la ministra quedaron en nada por la falta de voluntad política.

Las acciones de los ministros sólo serán efectivas si su liderazgo está convencido de asumir la responsabilidad que significa enfrentar la violencia y el crimen organizado, de otra forma, tendremos a ministros haciendo lo que pueden más que lo que deben.

Al escuchar los análisis de todos los sectores políticos sobre el escenario de seguridad actual, pareciera haber bastante consenso en lo que se debe hacer. Alcaldes de todo el espectro político piden con fuerza que se combata sin miedo una amenaza que tiene de rodillas a Chile y que no le permite seguir desarrollándose.

El exceso de ideología con que el Presidente y una facción del oficialismos enfrenta los problemas de seguridad y el uso de la fuerza por parte del Estado tampoco contribuyen a la solución. Hoy, se piden acciones claras, fuertes y concretas, se pide dejar las diferencias de lado y trabajar unidos para sacar a Chile de una crisis que ya le ha hecho al país retroceder bastante.

Los conocimientos técnicos existen y están disponibles, lo mismo con las instituciones y servicios del Estado, pero falta lo más importante: La voluntad para asumir la responsabilidad y los costos.

Comenzó a correr el último año de gobierno, las esperanzas de que la situación mejore se esfuman y la carrera presidencial las instalan en las distintas campañas. Convencer a los chilenos de que  la seguridad será prioridad requiere de un relato político que refuerce la voluntad y que esté acompañado por una propuesta contundente. Se requiere de una mirada firme e innovadora que le devuelva a Chile la fuerza y tranquilidad para crecer. (El Líbero)

Pilar Lizana

Corte de Copiapó rechaza amparo de K. Rojo y seguirá en prisión en Holanda

La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de la exalcaldesa Karen Rojo, luego de que la Corte de Antofagasta no accediera a la solicitud de libertad vigilada para la imputada.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a la acción judicial, ya que se estableció que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue resuelta por magistratura competente y en ámbito de sus atribuciones, según lo consignado por El Diario de Atacama.

La última jugada de la defensa de Karen Rojo: Presentó recurso de amparo en Copiapó tras rechazo de tribunal de Antofagasta «(…) Se debe consignar que no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del tribunal recurrido, que pudiera hacer procedente la intervención de esta Corte a través de la presente acción cautelar, desde que la resolución cuestionada por esta vía ha sido dictada por una magistratura competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, de conformidad al marco legal aplicable y se encuentra debidamente fundada», señala el fallo.

Asimismo, el dictamen indica que el recurso presentado por la defensa no corresponde para este tipo de casos, puesto que se pretendió «por esta vía una nueva revisión de los hechos y el derecho, lo que resulta ajeno a los supuestos y fines de la acción otorgada por el artículo 21 de la Carta Fundamental».

En esa línea, el tribunal consideró que «la cuestión planteada en el recurso de amparo ya ha sido resuelta en ambas instancias y, en esas oportunidades, fueron entregadas las razones que fundamentaron la decisión».

Precisamente, para aclarar la función de este recurso judicial, el fallo precisa que «la citada acción es procedente en aquellos casos en que la libertad personal de una persona se vea amagada con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, con el fin preciso de que se ordene guardar las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado». (Emol)

Nos están disparando cerca

El calor del verano se resiste a darle paso al otoño. Abro las ventanas de la pieza donde me alojo por unos días antes de regresar al sur, mientras releo (preparando una clase) a Séneca, el filósofo estoico de Córdova, tal vez el primer pensador de España, educador y víctima de Nerón, ese energúmeno arrebatado por la ira (por algo Séneca escribió un tratado sobre la ira).

Hoy abundan nuevos Calígulas o Nerones, líderes poseídos por esa pasión triste (así la clasificaba Spinoza) que tanto daño ha hecho y sigue haciendo al mundo. Intento aplicar la “ataraxia”, actitud estoica difícil de cultivar, que algunos traducen como imperturbabilidad, o serenidad.

Justo, al abrir las ventanas, escucho ruidos como de cohetes o fuegos artificiales que llegan desde la calle de este barrio hasta ahora privilegiadamente tranquilo. ¿Serán fuegos artificiales? ¿El narco estará celebrando aquí cerca, en el barrio alto? Los vecinos me dicen que es una balacera intensa, un joven que acaba de asaltar un domicilio, y en su fuga en auto ha atropellado y herido a unos guardias municipales y se ha enfrentado a balazos a Carabineros. Hasta aquí no más llegó la apacible y reconfortante lectura de Séneca.

Mensajes van y vienen, empiezan a circular videos de lo recién ocurrido. Y el estupor, el miedo de los vecinos. Es terrible decirlo, pero tal vez esto sirva para que quienes habitamos en barrios tranquilos sepamos lo que es vivir todos los días entre balazos y fuegos artificiales, con el peligro de quedar atrapados en el fuego cruzado.

Esto que acaba de ocurrir en esta esquina de la zona oriente, está ocurriendo todos los días en La Pintana, San Bernardo, Estación Central y tantas otras comunas. Pero también en zonas rurales: pocos días después sabremos del terrible crimen en Graneros.

Pienso en mi hijo que viene por la misma avenida donde acaba de ocurrir el enfrentamiento. Y pienso en los miles de madres y padres que viven todos los días en ascuas de que una bala los alcance a ellos o a sus hijos. Y leo la discusión política de estos días: las peleas oportunistas, el efectismo electoral. Postulantes a la presidencia que prometen acabar, con medidas rimbombantes, con el crimen organizado, pero que no tienen ni la experiencia ni el plan que asegure que vayan a derrotar a este enemigo interno. Están trabajando más para fidelizar a su propia tribu que pensando seriamente en el país.

Una parte de la derecha está poseída por la misma soberbia con la que la izquierda frenteamplista llegó al poder, pero de signo inverso. Y empecinada en un canibalismo en su propio sector. Y por otro lado, una izquierda que está cosechando lo que sembró cuando, desde el estallido, alentó la anomia y se embriagó con el caos. Una izquierda que se alejó del pueblo y despreció la seguridad y hasta jugó con fuego, romantizó la violencia y tarde despertó, cuando la realidad la estaba sobrepasando a balazo limpio.

Cómo no entender, entonces, el cansancio y molestia de los chilenos al ver que en los medios los “señores políticos” montan un espectáculo mediático y un poco farandulero en vez de fraguar acuerdos que generen buenas y efectivas (no efectistas) políticas, mientras las bandas criminales, cada vez más envalentonadas, van apoderándose de los barrios.

Difícil cultivar la “ataraxia” senequiana en estas circunstancias. Más bien emergen la impotencia, la rabia y el pesimismo. Claro que hay que luchar contra ello. Poner la razón y la fuerza a trabajar juntas. Me permito una enmienda al escudo nacional. No “por la razón o la fuerza”: por la razón y la fuerza. La pura fuerza sin razón, no servirá. Y lo mismo a la inversa.

A veces, como le pasó a Séneca, dan ganas de retirarse del mundo: “me escondí y cerré las puertas para ser útil a muchos”, dijo. Pero la violencia de Nerón llegó a su tranquila villa donde quiso retirarse y terminó por matarlo.

Aunque cerremos las ventanas, los balazos nos alcanzarán igual. Nos están disparando cerca. (Emol)

Cristián Warnken

La cultura del descarte-Marisol Peña

La dramática muerte del actor Gene Hackman y de su esposa en Estados Unidos como la muerte de una mujer de la tercera edad que cayó a un pozo séptico en la región de Los Lagos en nuestro país, luego de haber clamado infructuosamente por ayuda para enfrentar el problema sanitario que la afectaba, han vuelto a poner en el tapete la dramática situación que suele afectar a los adultos mayores.

A lo anterior se unen los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, la OIT y algunas universidades chilenas que muestran la precaria situación de las personas de 60 años y más desde el punto de vista laboral. Mientras la población se envejece y disminuye significativamente la tasa de natalidad, los adultos mayores que logran seguir insertos en el ámbito laboral representan un porcentaje mínimo. Cuando logran mantenerse activos se ven obligados a caer en la informalidad o a recibir bajas remuneraciones que no les permiten sustentar una vida, aun cuando ya reciban una pensión.

El problema es mucho más profundo de lo que muestran las cifras, pues, claramente, Chile ha caído en la cultura del “descarte” de que nos hablaba el Papa Francisco en Laudato Si. Es decir, excluir a las personas, los valores, las promesas y los vínculos comunitarios. Por eso, llegar a la condición de adulto mayor se ha convertido en un motivo de angustia frente a un futuro incierto y, muchas veces, de gran soledad. Con mayor razón, cuando muchas personas siguen con energías y ganas de aportar, sin experimentar deterioro de su salud que justifique un retiro forzoso.

La respuesta normativa, traducida en la dictación de leyes, no representa necesariamente una solución al problema que afecta a nuestros adultos mayores. Por ejemplo, la ley 20.732, de 2014, eximió a los adultos mayores del pago del impuesto territorial por tramos y dependiendo del nivel de ingresos. Durante el año 2024 se presentaron al menos cuatro iniciativas de ley para reducir la vulnerabilidad que afecta a ese grupo de chilenos y que se encuentran actualmente en trámite.

Sin embargo, subsisten, tanto en el sector público como privado, distintas prácticas que tienden a alejar a los adultos mayores de la vida laboral activa, más allá de su voluntad personal condenándolos a una vida sin motivaciones y con todo tipo de aflicciones materiales.

De allí que podemos concluir que se hace imperativo un cambio en nuestra cultura. El mercado laboral no puede ni debe prescindir de los adultos mayores que manifiesten su intención de seguir aportando a la sociedad. Probablemente, debamos pensar en mantenerlos vinculados al mundo del trabajo a través de asesorías u otro tipo de modalidades compatibles con su condición que, sin evitar el necesario flujo de incorporación de las nuevas generaciones, aproveche su experiencia y visión madura de la vida para enriquecer los procesos productivos y de toma de decisiones. (La Tercera)

Marisol Peña

Municipios y licencias de conducir: rol clave en seguridad vial

Todas las cifras dan cuenta con claridad que nuestro país ha experimentado un aumento significativo en la cantidad de vehículos en circulación, lo que ha generado múltiples desafíos en materia de tránsito público, transporte y seguridad vial. Consecuentemente, a las municipalidades les corresponde el  rol fundamental en la emisión de licencias de conducir, importante y compleja tarea, que requiere de una evaluación cuidadosa y rigurosa para garantizar que los conductores estén capacitados técnica y normativamente para manejar. Esta tarea y responsabilidad debe reafirmar el significado y  valor  en la reducción de accidentes de tránsito, fundamental para garantizar la seguridad vial en nuestro país.

Por ello, las municipalidades -todas- deben asegurar la buena atención y que sus dependencias, tecnologías, personal y examinadores estén debidamente capacitados y que los procedimientos de evaluación sean metódicos, responsables, transparentes y expeditos.

Implica entonces, que las municipalidades deban invertir en la capacitación de los examinadores, en mejorar los procesos de evaluación y en garantizar que los conductores que obtengan una licencia de conducir estén realmente capacitados y aptos para manejar. Del mismo modo, profundizar en la colaboración intersectorial y coordinación con otras instituciones, como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Carabineros o el Registro Civil e Identificación, será también una confirmación para que los procesos de emisión de licencias de conducir sean integrales y efectivos.

Sin embargo, la experiencia muestra que -en algunos casos- la emisión de licencias de conducir ha sido cuestionada por su lentitud, retraso, rigor y transparencia, lo que se ha visto agravado por los serios y crecientes problemas que están generando en la actualidad los notorios atrasos y colapsos. Indiscutiblemente, en los últimos meses han explotado las secuelas de la pandemia y las prórrogas en las fechas de vencimiento. Todo lo cual ha aumentado exponencialmente una larga “lista de espera” de vecinos que deben regularizar sus licencias, lo que detona la comprensible e invariable disgusto y recelo

Por cierto, los inconvenientes y dificultades   se deben a una combinación de factores, que reflejan también, la ineficiencia, la falta de planificación de la autoridad, la escasez de recursos en la mayoría de las municipalidades, las trabas generadas por la falta de inversión en tecnología y sistemas de gestión. Muchas entidades municipales -obligadas por la falta de recursos – siguen utilizando métodos manuales y obsoletos para procesar las solicitudes, lo que ralentiza el proceso y aumenta la posibilidad de errores. Además, es necesario señalar que la incorporación de nuevas normas , tales como considerar  el registro de deudores de pensión de alimentos  o la incorporación de algunos procedimientos en  los exámenes de salud, contribuyen a los atascos.

Lo anterior, no solo ha generado preocupación municipal, sino   también en  vecinos y conductores,  que al no obtener o  renovar su licencia de manera oportuna se ven obligados a esperar durante semanas o incluso meses, lo que afecta  su capacidad para trabajar o realizar actividades cotidianas y/o laborales.

Cierto es que el problema no se resuelve solo con disposiciones curativas e   inmediatas (en todo caso, bienvenida sean ellas), sino en medidas conducentes a una mayor Inversión en tecnología y sistemas de gestión; en el aumento de personal y recursos; en el perfeccionamiento de la educación en seguridad vial, en la implementación generalizada en sistemas de citas en línea; en las  mejoras de la comunicación a los vecinos, que atenúen  la molestia,  frustración y la incertidumbre.

Mientras tanto, saludamos a las autoridades municipales, que han forzado al Ministerio de Transportes a sentarse en mesas técnicas que han permitido llegar a acuerdos, consensos y soluciones rápidas y urgentes:

  1. Flexibilidad, que significa que los ciudadanos podremos obtener nuestra licencia en cualquier municipalidad, independiente del lugar de nuestra residencia.
  2. Autorización para que el personal calificado (no médico) pueda tomar algunos exámenes, solo con la supervisión médica, lo que agilizará indudablemente el funcionamiento de los gabinetes psicotécnicos
  3. Instalación de oficinas móviles para la atención de vecinos que requieren dicho trámite.

Reforzar el  rol de las municipalidades y  la descentralización del Estado, la importancia de los acuerdos, la cooperación, el asociativismo, la participación vecinal , permitirán implementar medidas  y quehaceres que  posicionas  a el  municipio como un actor clave , no solo en la seguridad vial, sino en establecer las estrategias que permitan un mejor desarrollo nacional. (Red NP)

Jaime Belmar L.

 

El dogma de la paridad

El debate sobre la paridad suele ser poco sincero. En una columna recientemente publicada en este diario se afirma que “solo el 35% de los estudiantes en carreras STEM (aquellas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas) son mujeres”, presentando esta cifra como inherentemente baja y suficiente para justificar una intervención política.

Cualquier lector entiende que el problema es más complejo. Tres factores pueden explicar ese 35%: discriminación, aptitudes y preferencias. Sin embargo, las autoras de la columna parecen asumir que solo la discriminación es relevante.

En cuanto a las preferencias, hay bastante evidencia de que factores biológicos influyen en que mujeres y hombres desarrollen intereses distintos. Estas diferencias contribuyen a explicar por qué las mujeres tienden a elegir carreras orientadas al trato con personas, como educación parvularia y enfermería, en lugar de disciplinas más abstractas o enfocadas en objetos, como ingeniería o computación. Este es un fenómeno relativamente universal que se verifica en Oriente y Occidente.

Más aún, la llamada paradoja de los países nórdicos indica que en aquellos países donde las mujeres gozan de mayor libertad hay menos mujeres en STEM que en países con menor igualdad (Stoet & Geary, 2018).

En cuanto a aptitudes, existe investigación que sugiere que la variabilidad en habilidad matemática es más alta entre los hombres que entre las mujeres. Es decir, en comparación con las mujeres, hay más hombres con habilidad muy baja en matemáticas, y también más hombres con habilidad muy alta. Por ejemplo, datos del SAT, el examen de admisión universitaria de EE.UU., indican que por cada mujer que alcanza el puntaje máximo en matemáticas, hay dos hombres que logran el mismo resultado (Hedges, L. V., & Nowell, A., 1995). En EE.UU. esta brecha ha sido documentada en varias pruebas de matemáticas, incluyendo el Graduate Record Exam (GRE). Más aún, durante los últimos 20 años la proporción de hombres respecto de mujeres que obtienen una puntuación en el cinco por ciento superior en matemáticas en la escuela secundaria se ha mantenido constante en 2:1 (Xie y Shauman, 2003).

Al momento de implementar políticas, estos datos suelen ser ignorados. Por ejemplo, según cifras del Centro Nacional de Estadísticas Educativas de Estados Unidos, durante más de dos décadas el MIT ha admitido a mujeres con una tasa de aceptación 2,2 veces mayor que la de los hombres. Esto significa que una mujer tiene más del doble de probabilidades que un hombre de ser admitida en dicha institución. Debido a que el MIT recibe menos postulantes mujeres que hombres, esta diferencia en la tasa de aceptación permite que el MIT alcance la paridad. La oficina de admisiones del MIT justifica este aparente sesgo señalando que el grupo de candidatas femeninas es significativamente más calificado que el masculino; sin embargo, no proporciona evidencia empírica que respalde esta afirmación.

Este tipo de cosas ocurre en un contexto en que las mujeres constituyen aproximadamente el 60% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos, tienen tasas más altas de graduación y obtienen más títulos de máster y doctorado en comparación con los hombres.

La falta de sinceridad en este debate es comprensible: Lawrence Summers perdió su puesto como rector de Harvard por especular sobre la mayor variabilidad entre los hombres en habilidades matemáticas. De manera similar, James Damore fue despedido de Google por difundir un memorando en el que argumentaba que, en promedio, las mujeres tienen preferencias profesionales distintas a las de los hombres.

Antes de promover campañas políticas para corregir disparidades —ya sea en el Estado, la universidad o la empresa— es fundamental evaluar en qué medida estos tres factores las explican. Eliminar barreras artificiales que obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres es una causa legítima y necesaria. No obstante, imponer barreras artificiales contra los hombres para favorecer a las mujeres no solo resulta contraproducente, sino también moralmente cuestionable. (El Mercurio)

Iván Marinovic
Universidad de Stanford

Pena de muerte

Cuando en Chile somos testigos de un crimen abominable, y que lamentablemente son cada vez más comunes, aparecen voces para volver a instaurar en Chile la pena de muerte.

Quienes están a favor argumentan que es la única forma de defenderse de los criminales; que disuade a otros a que cometan el mismo delito; que es la forma de expiar los crímenes cometidos y de hacer justicia frente a hechos alevosos.

Mucha gente pregunta qué piensa la Iglesia Católica sobre esta práctica. La Iglesia se suma a la tendencia mundial de abolir la pena de muerte. Francisco el año 2018 aprobó la siguiente nueva redacción del Catecismo en esta materia: “la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona… y se compromete con determinación a su abolición en el mundo” (CIC 2267). Las conferencias episcopales de todo el mundo han hecho un llamado ferviente por la abolición de la pena de muerte como un grave, preciso y urgente deber del Estado.

Con la pena de muerte se agrega a un acto de violencia otro acto de violencia que, además de cruel, resulta inútil y el Estado va más allá de los límites que concede la legítima defensa de la sociedad y de los ciudadanos. Lo que realmente hay que impedir es que la persona que cometió un acto de violencia lo vuelva a repetir. Eliminar su vida es un acto que, también, puede tener connotaciones de venganza.

Soy el primero en reconocer que un delito grave que atenta en contra de la vida del inocente merece una pena severa, pero el Estado no puede dar la señal de que la violencia es un modo de resolver los conflictos en situaciones extremas. Es más, la pena de muerte genera más violencia porque la institucionaliza y no es una fuerza disuasiva, como muchos piensan. Por otro lado, la pena de muerte es un acto de profunda desesperanza, puesto que no da ninguna posibilidad de que el asesino se arrepienta, cambie, y pague su culpa. Me parece que una sociedad que quiere crecer en humanidad no puede desestimar la capacidad de arrepentimiento, de dar y recibir perdón, de reparar y de volver a comenzar. Con la pena de muerte nada de ello es posible.

Temas como estos, tan sensibles y dolorosos para quienes han sido víctimas de crímenes atroces y para toda la sociedad, han de estudiarse en sedes académicas de manera multifactorial y multidisciplinaria, y no al fragor de tiempos eleccionarios. Es muy peligroso cuando en una sociedad que se organiza según la lógica de un Estado de Derecho, la fuerza de la razón ceda ante la razón de la fuerza. (El Mercurio)

Cardenal Fernando Chomali G.
Arzobispo de Santiago

Los generales de Trump

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son muy profesionales y poseen variados sistemas de admisión, capacitación, destinos, entrenamiento y educación, que las hacen ser unas de las de referencia en el mundo. A lo anterior, agréguele que cuentan, en general, con los sistemas armamentísticos más sofisticados del planeta.

A diferencia de Chile, en el que solo los mandos en Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea están en posesión de la calidad de generales con cuatro estrellas, en el país del norte –por el gran tamaño de sus fuerzas– existen un poco menos de 40 con ese grado, incluyendo entre otros a los “Marines” (Infantería de Marina), que son una rama aparte, al igual que la Guardia Costera.

Todos quienes son promovidos para ese último grado deben finalmente contar con la aprobación del Congreso, lo que es requisito obligatorio para su concreción.

Cada uno de los nominados, además de tener una carrera militar de excelencia, ha realizado despliegues operativos en distintos lugares del mundo, incluyendo entrenamientos con Fuerzas Armadas aliadas y, por tanto, con una dilatada experiencia profesional. Sus instituciones se preocupan paralelamente de enviarlos según sus intereses y los de su rama a postgrados y capacitaciones en las mejores universidades del país, las que tienen prestigio mundial.

Hago esta introducción para señalar que llegar a ser un general de cuatro estrellas en EE.UU. implica pasar por una serie de exigentes requisitos militares y políticos en un país que es la primera potencia del mundo y que está presente de una u otra manera en todos los continentes, ejerciendo un liderazgo que hasta ahora era incuestionable.

En febrero de este año, conocimos la insólita decisión del presidente Trump de designar a John Caine, un general de tres estrellas, que ya había pasado a la reserva, es decir, a retiro, como presidente del Estado Mayor Conjunto, máximo cargo militar en ese país, evitando nombrar a cualquiera de los más de 30 generales de cuatro estrellas disponibles y, de paso, produciendo un rompimiento con la forma en que, por décadas, se designaba a los uniformados en ese relevante cargo, lo que demuestra una alta desconfianza y recelo hacia quienes representan transversalmente los valores de la sociedad estadounidense y que son la flor y nata de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Esta inusual decisión ha sido catalogada por la oposición demócrata como un intento de politizar a las Fuerzas Armadas, entendiéndose que al ascender al general Caine, recuperándolo de su retiro y convertirlo en su principal asesor militar, será un fiel seguidor de cualquier decisión que el presidente Trump defina en el futuro.

Hace pocos años tuve la oportunidad de conocer y conversar en dos oportunidades, tanto en Chile como en EE.UU. con el general Mark Milley, general de cuatro estrellas, primero como Jefe del Estado Mayor del Ejército (equivalente al de Comandante en Jefe del Ejército), puesto en el que había sido designado por el expresidente Obama (demócrata) y posteriormente cuando recién había sido nombrado por el presidente Trump (republicano) en su primera administración, como presidente del Estado Mayor Conjunto que, como dije anteriormente, es el más alto cargo al que puede aspirar un militar en EE.UU.

Además de constatar en el general Milley el profundo conocimiento que tenía de las amenazas globales y de dónde provenían, demostraba en las interacciones un gran carácter y sentido del deber, sujeto al cumplimiento de la Constitución y su subordinación a los líderes políticos del Gobierno.

Para cualquier observador imparcial no había dudas de su dilatada trayectoria profesional y personal. No en vano fue designado en esas dos relevantes posiciones por dos presidentes distintos y de partidos políticos rivales.

En esas últimas funciones, el general Milley condenó en enero del 2021 –junto al Estado Mayor Conjunto que dirigía– el asalto al Capitolio por parte de los adherentes de Trump por el supuesto fraude electoral. En esa declaración indicó que todos los miembros de las Fuerzas Armadas tienen la obligación de apoyar y defender la Constitución y rechazar el extremismo y a todos los enemigos internos y externos.

Esto no fue tomado de buena manera por el entonces presidente Trump y sus adherentes, lo que le valió, a partir de ese momento, la enemistad permanente de dicha autoridad.

Posteriormente, siguió en el cargo durante los primeros años del expresidente Joe Biden, antes de pasar a su retiro definitivo. Al terminar su período de Gobierno, esa administración indultó anticipadamente a varias exautoridades civiles, incluyendo al general Milley, ante las amenazas del entonces presidente electo Trump de tener una lista de enemigos para perseguirlos, incluyéndolo.

La OTAN y los soviéticos

El enfoque de las Fuerzas Armadas de EE.UU. ha tenido desde hace décadas a los rusos como adversarios, especialmente a partir de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

Son famosos los actos confrontacionales que tuvo el destacado general estadounidense George S. Patton, al negarse a socializar con los jefes militares soviéticos una vez que se rindió Alemania, ya que este los veía ya como enemigos que debían ser combatidos a la brevedad.

No en vano, en 1949 y con el decidido impulso de EE.UU., se formó la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para proteger a los países de ambos lados del océano Atlántico y defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos, lo que era una clara advertencia a los soviéticos.

Los países occidentales se unieron ante la amenaza de la Guerra Fría, que fue incorporando paulatinamente, desde los 12 países originales, a los 32 actuales.

Han transcurrido cerca de 80 años desde 1945, en que cada uniformado de EE.UU. y sus aliados han sido formados doctrinariamente en ver como enemigos, primero, a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, luego, a su sucesora, Rusia. Para eso se han preparado en caso de que se declare una emergencia nacional, como fue, por ejemplo, la crisis de los misiles, al pretender los soviéticos instalar en Cuba en octubre de 1962 ese tipo de armamento, lo que casi desencadena una tercera guerra mundial.

¿Será posible, entonces, que solo con la voluntad del actual presidente Trump y sus incondicionales se pueda revertir esta visión en extremo consolidada en todas las estructuras operativas y educativas militares de Estados Unidos?

Es muy difícil, pero el Gobierno trabaja en esos propósitos. Una prueba de ello es la designación del general Caine en el máximo cargo de las FF.AA. La debilidad de Trump con la estructura militar superior no será fácil de revertir, por la formación que han tenido los uniformados en sus largas carreras militares.

Trump está haciendo trizas las relaciones de confianza que se han consolidado por décadas con sus aliados y que seguramente se revertirán, ya sea por el propio Trump o en los gobiernos que le sucedan, pero la grieta ya está hecha y –especialmente– los europeos no lo olvidarán, siendo una alerta también para otros países que contaban hasta ahora con el apoyo de Washington.

Esto repercutirá en un mayor desarrollo tecnológico en el área de la defensa europea, como ya está ocurriendo con el lema “gastar más, mejor y europeo”, para dejar de depender en demasía de los estadounidenses, porque ya se cruzó la línea de la confianza y no fue precisamente por decisión de Europa.

Se analizará, por ejemplo, si es conveniente seguir comprando o desistir de los modernos aviones de combate furtivos F-35, los cuales han sido encargados por varios países europeos, dada la limitación que tendrían al requerir mejoras periódicas de los distintos softwares que están bajo las manos de EE.UU.

Para que esto sea más una realidad que una pretensión, Europa deberá –con mayor fuerza– invertir e integrar sus investigaciones y desarrollo de una amplia línea de sistemas de armas entre los países miembros. Los hasta hoy casi insuperables aviones de combate de Estados Unidos representan un desafío mayor, aunque China ha demostrado recientemente avances extraordinarios en esta área; está por verse si efectivamente es el comienzo del fin en esta especie de monopolio americano en estos sistemas de armas.

Los pasillos interminables del Pentágono están repletos de civiles y militares formados para desconfiar de Rusia y de China, viendo a este último como el verdadero contendiente de su presente y futuro, respetando paralelamente a Rusia por su voluminoso arsenal nuclear y la personalidad de su presidente, Vladimir Putin, quien ha sido resaltado por su inteligencia y determinación por todas las últimas administraciones del Gobierno de EE.UU.

Los generales que están en servicio activo en las Fuerzas Armadas, en el actual Gobierno de Trump, con seguridad deben estar haciendo ver a sus superiores civiles del Ejecutivo, desde sus posiciones, el craso error de enfrentarse con sus mejores aliados europeos, poniendo en duda la efectividad de la OTAN y justificando la invasión rusa a Ucrania.

La influencia de los generales del Pentágono y de los Comandos Combatientes Conjuntos distribuidos en el mundo será silenciosa, pero no menos efectiva. Sin importar al militar que el presidente Trump designe en puestos de confianza, la adhesión de todos ellos a lo largo de décadas de carrera militar tiene un solo propósito: servir lealmente a cualquier Gobierno que sea elegido democráticamente y, por tanto, mantenerse al margen de las disputas políticas, pero ello tendrá sin lugar a dudas un límite: no transgredir la Constitución y no propiciar la división del pueblo de Estados Unidos. (El Mostrador)

Gral (r) Ricardo Martínez M.