El próximo gobierno deberá enfrentar las tres crisis de Venezuela: (1) la crisis migratoria, imposible de gestionar plenamente mientras no vuelva la democracia; (2) la amenaza a la seguridad regional, creada y promovida por la dictadura a través del crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico; y (3) las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El futuro gobierno deberá diseñar una “Política de Venezuela” que se haga cargo de la crisis migratoria y de seguridad y, al mismo tiempo, mantenga una voz firme en defensa de la democracia y los DD.HH. No es fácil: las políticas de Bachelet, Piñera y Boric fueron criticadas, porque estas dimensiones suelen tensionarse. El pragmatismo nos dice que debemos mantener ciertos vínculos con el régimen de facto para gestionar la migración y tener una voz útil en una eventual transición. El principismo nos exige una postura clara sin dar gota de oxígeno a Maduro. Quienes han optado solo por el pragmatismo han descubierto que Maduro no es un socio confiable y han renunciado a sus principios con pocos beneficios a cambio. Los principistas, firmes en sus convicciones, tienen hoy la conciencia tranquila, pero se han vuelto testimoniales y acumulan problemas prácticos con Venezuela.

EE.UU., bajo su actual administración, traza un nuevo camino basado en la amenaza o el uso de la fuerza. Es una vía unilateral, muy alejada del derecho internacional y cargada de riesgos para la región. Ya lo vivimos en Panamá, Haití y Granada. Ojalá me equivoque.

Entonces, ¿qué hacer a partir del 11 de marzo?

Lo primero es reafirmar que la solución debe darse dentro del derecho internacional. La urgencia o la frustración —e incluso que el otro no respete las reglas— no justifican ignorarlas. En el derecho interno esto es evidente: que alguien viole la ley no nos autoriza a cometer delitos en represalia. En el plano internacional ocurre lo mismo. Sin normas esenciales como la integridad territorial, América Latina volvería a una época en que las relaciones se resolvían por la fuerza, y mañana Chile podría ser víctima de lo mismo.

Lo segundo es apoyar a la oposición venezolana para que ejerza plenamente el poder que ganó democráticamente. Para ello, debemos activar —en coordinación con otros Estados— el abanico entero de herramientas políticas y jurídicas que permite el sistema internacional, desde mecanismos multilaterales hasta sanciones colectivas.

Lo tercero es no perder el pragmatismo necesario para enfrentar los problemas actuales, especialmente la migración. El cierre de los consulados tuvo un costo enorme y deben restablecerse canales operativos con el régimen, aunque nos duela.

Es probable que la solución no venga de América Latina. Serán las grandes potencias con intereses en ese país las que abran el camino hacia una transición democrática. El rol de Chile es limitado, pero no irrelevante. El centro de nuestra acción debe estar siempre en el interés nacional, lo que hoy requiere pragmatismo, pero sin renunciar a una política exterior basada en principios, incluyendo la defensa de los DD.HH. y la vigencia del derecho internacional siempre. (La Tercera)

Benjamín Salas

Abogado, colaborador asociado de Horizontal

Chile pasó por su último gran rito preelectoral y los candidatos presidenciales de segunda vuelta acudieron a dar examen en el debate televisivo de Anatel, instancia final con gran audiencia donde se gastan las últimas municiones antes de la elección del domingo.

Sin embargo, en lugar de ir en un ambiente de cultura cívica a conseguir votos, proponer políticas públicas y clavar banderas, José Antonio Kast y Jeannette Jara buscaron sacar de quicio al rival, raquetear pesadeces y recriminar defectos, en un espiral de descalificaciones sin fin.

Un ríspido intercambio que eludió cualquier debate sustantivo por la Presidencia. Así, terminamos presenciando la discusión de candidatos que perdieron la vergüenza, como si estuvieran envueltos en una vulgar rosca de diputados o en un consejo de curso donde los apoderados se profesan un odio entre ellos mucho más fuerte que cualquier rivalidad o conflicto entre los estudiantes.

En medio de este triste espectáculo, en el que los principales liderazgos del país parecen dedicados a poner ladrillos en un Muro de Berlín invisible, vale la pena preguntarse si esa ausencia de empatía y capacidad de escucha es algo propio de la nueva sociedad chilena o solo de su elite política, crispada porque comienza a ver cómo lentamente brotan nuevas fuerzas capaces de reemplazarla, ante su naufragio de ideas y proyectos más allá de la contingencia.

La mayor parte de los millones de televidentes que siguieron el debate no lo hicieron como si se tratase de un match de box en el que han apostado por alguno de los contendores. Por el contrario, estos electores, si bien están hastiados, tal vez tenían la esperanza de presenciar algo con estatura presidencial: visión-país, perspectiva de futuro, valores democráticos y republicanos. ¿Algo de eso hubo? Cero, coma cero.

Como Kast y Jara están en las antípodas ideológicas, era de esperarse contraposiciones de visiones de mundo y de formas de concebir el Estado y las políticas públicas en materias tales como seguridad y migración. Pero, en su lugar, lo que hubo fue una seguidilla de argumentos ad hominem sin un hilo conductor más allá de hacer daño al otro. O sea, argumentos pueriles, pues el destino de un país no se resuelve por el carácter de un líder, sino por la capacidad de diagnóstico, la mirada de futuro y la capacidad de resolución de los cuadros políticos de una democracia que tiene ya más de 200 años.

En cambio, lo que hay son dos candidatos que representan a dos bloques caracterizados por una actitud pasiva-agresiva, que oculta y muestra -a la vez- fuertes rencores disfrazados de una cordialidad formal apenas aceptada. Con esto, imperan las interrupciones y las consignas que de tanto repetirse crispan los ánimos, dinamitan los puentes, friccionan la legalidad y terminan vacías, tales como; “expulsemos a todos los migrantes ilegales” o “levantemos el secreto bancario”.

Estos debates televisivos nos deben invitar a mejorar los espacios de reflexión para discutir los destinos del país, superando la lógica del showbiz. De seguir así, instancias como esta se terminarán usando exclusivamente por los candidatos para sacar del refrigerador y recalentar en el microondas las municiones que ejércitos de seguidores y bots replicarán con tal de intoxicar el diálogo.

Cristóbal Osorio

Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.

En 2023, el ministro de Hacienda de la época afirmó que Chile tenía “probablemente la mejor directora de Presupuestos de la historia”. La propia directora aseguró recientemente que “este gobierno ha sido muy exitoso en la contención del gasto”. Al finalizar el período, corresponde contrastar esas afirmaciones con los informes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo independiente encargado de velar por la responsabilidad fiscal.

El primer dato es categórico: Chile se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE). Tras los desvíos de 2023 y 2024, el CFA habla de un “cuadro de estrés fiscal prolongado”. En 2024, el déficit estructural llegó a –3,3% del PIB, frente a una meta de –1,9%, una desviación excepcional en un año sin crisis.

Tampoco el superávit de 2022 prueba una gestión sobresaliente. Este no respondió a una estrategia deliberada de la actual administración, sino al efecto mecánico del presupuesto aprobado por el gobierno anterior y, sobre todo, al retiro de las medidas transitorias y extraordinarias implementadas durante la pandemia —incluido el término del IFE y de otras transferencias masivas—, lo que generó una fuerte caída del gasto ese año. Este resultado estuvo influido además por ingresos transitorios elevadamente altos.

La formulación presupuestaria también exhibe problemas. En el Presupuesto 2025, la Dipres mantuvo proyecciones de ingresos que no se ajustaron pese a advertencias del CFA, lo que llevó a aprobar un gasto no financiable y luego forzar correcciones. Nada indica que el Presupuesto 2026, recién aprobado, esté libre de ese riesgo.

A ello se suma la rápida alza de la deuda pública, hoy cercana al nivel prudente de 45% del PIB. El CFA atribuye esta trayectoria a la “persistencia de déficits estructurales” y proyecta una probabilidad cercana al 50% de superar ese umbral hacia 2027. El principal colchón de liquidez, el FEES, cayó desde un promedio histórico de 5,1% del PIB a solo 1,2% en 2024, nivel similar al mínimo de la pandemia. La gravedad de esta tendencia se acentúa al considerar que ninguno de estos años estuvo marcado por eventos extraordinarios que pudieran justificar un relajamiento de la disciplina fiscal.

El comportamiento del gasto tampoco respalda la idea de contención exitosa. El gasto corriente creció 2,6% real en los primeros ocho meses de 2025, frente a una proyección de apenas 0,2%. Para cumplirla, habría sido necesario reducirlo en 4,7% entre septiembre y diciembre: algo inverosímil. Aunque el crecimiento real del gasto pasó de 4,8% anual entre 2010 y 2019 a alrededor de 2,4% en el último trienio, este ajuste cuantitativo no ha sido suficiente para cumplir de manera consistente la regla fiscal y así preservar el espacio fiscal para enfrentar futuras crisis.

A ello se suma un relajamiento reiterado de las metas de BE, práctica que el CFA considera sistemática y que traslada el ajuste a gobiernos futuros, debilitando la credibilidad de la institucionalidad fiscal. En conjunto, los informes del CFA describen un escenario muy distinto al mensaje oficial: tres años de incumplimientos, caída histórica del FEES, deuda al borde del límite prudente, ingresos sobrestimados y pérdida de control del gasto corriente, todo en ausencia de crisis. En este contexto, la afirmación de que Chile tuvo “la mejor Dipres de la historia” carece de sustento. La próxima administración heredará una institucionalidad fiscal debilitada y el desafío urgente de recomponerla. (La Tercera)

Mauricio Villena

Decano de la Facultad de Administración y Economía UDP.