Nunca las libertades de expresión y de prensa deben darse por aseguradas. Eso en Chile lo sabemos bien, porque el debate en torno a ellas vuelve una y otra vez.
El candidato presidencial Daniel Jadue dedica un capítulo completo al tema en su programa de gobierno: “Derecho a la Comunicación y Medios”. Propone una Ley de Medios, la creación de un consejo ciudadano que calificaría (y sancionaría) las líneas editoriales; y la revisión de las concesiones de radio y televisión.
El aspirante del Partido Comunista fundamenta sus propuestas en que la “herencia de la dictadura y la nula acción de los gobiernos democráticos permitieron sostener un modelo de comunicación privatizado que… sobrerrepresenta intereses de los sectores hegemónicos”. Y cruza una línea muy peligrosa, cuando señala en el mismo capítulo que la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa, garantizadas en la Constitución, impiden que la población ejerza el derecho a “a comunicar y recibir información oportuna, diversa y veraz”.
Más claro imposible, ¿cierto?
Este ha sido un objetivo histórico de la izquierda radical en todo el mundo. Se dirige en tres direcciones. Primero, limitar la libertad de expresión, regulando lo que puede o no decirse. Segundo, desacreditar a los medios de comunicación de alcance nacional, intentando controlar sus líneas editoriales y sus finanzas (y, cuando esas izquierdas reúnen el suficiente poder, sacarlos del aire a radios y canales de televisión incómodos). Tercero, descalificar al periodismo no militante, hasta perseguirlos penalmente incluso.
Nada de esto es ficción. En Cuba, Nicaragua y Venezuela se cerraron prácticamente todos los medios no oficialistas y se encarcela a periodistas que dicen cosas que no gustan en los respectivos palacios de gobierno. El caso más emblemático es el de Braulio Jatar, el chileno venezolano detenido en 2016 tras publicar el video de una funa a Maduro, liberado tiempo después pero aún sometido a proceso, con orden de arraigo y firma mensual. En Argentina, la ex Presidenta Cristina Kirchner logró pasar su ley de medios en el 2009, con fuertes regulaciones a la propiedad y su espacio político se dedica día y noche a desprestigiar y a querellarse contra un elenco importante de periodistas que escruta al gobierno y da pantalla a la oposición.
En Chile se va acercando esa visión. En abril de este año pasó bastante colada la propuesta de los senadores Huenchumilla y Allende, para que la reforma que cambió la fecha de las elecciones prohibiera la participación de candidatos en radios y televisión, “con excepción de los candidatos o candidatas que presten servicios en alguno de esos medios.”
Y desde hace ya varios años se insulta, amedrenta y ridiculiza en redes sociales a los periodistas que incomodan con sus preguntas a figuras públicas. Lo hace la derecha, con cierta candidez cuando espera “objetividad” y no entiende que el rol del entrevistador(a) hoy en todo el mundo es desafiar las obviedades de sus entrevistados y agudizar sus flancos. Y, ciertamente, lo hace la izquierda con muchísimo mayor oficio y agresividad: convengamos que los insultos de la Diputada Carmen Hertz a Matías del Río, tras entrevistar a Jadue en TVN, pasarán a la historia (no recuerdo antes a una autoridad de la república rebajándose de esa manera, por mucho que borrara luego el tuit).
Detrás del intento ahorcar la libertad de opinión y prensa, hay un propósito muy de fondo: frenar el debate libre e informado y señalar a los medios independientes como los enemigos de la propagación de ciertas ideas que contradicen la visión que un sector político pretende convertir en leyes sagradas. Sin garantías para la libertad de expresión, no hay ciudadanía; y sin medios de comunicación soberanos para definir sus líneas editoriales, informar, escrutar al poder, investigar y denunciar, no hay democracia. (El Líbero)
Isabel Plá
