El Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara Baja elaboró un documento para establecer el número total de leyes publicadas entre marzo 2016 a marzo 2017 que no cuentan con la dictación de sus respectivos reglamentos. El texto da cuenta de 11 normas en esa circunstancia, de un total de 27 leyes publicadas en el período analizado.
En el informe al que accedió «El Mercurio», se lee que a petición de la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) se «determinó realizar una revisión exploratoria que consideró el período de un año comprendido entre los meses de marzo de 2016 y marzo de 2017, utilizando como herramienta de búsqueda la base de datos proporcionada por la sección Ley Chile de la Biblioteca del Congreso».
En varias ocasiones, la parlamentaria ha solicitado a la mesa de la Cámara antecedentes por la nula o retrasada respuesta del Gobierno a oficios de fiscalización de los diputados. Fue en esa indagación que dio con el hecho.
«Nos dimos cuenta al observar la implementación de leyes importantes para mí, como la de servicio sanitario rural. Estuvimos muchos años legislando y había que incorporar un reglamento para hacerla efectiva. Esto es tan grave, como que en su momento la acusación constitucional que terminó con la destitución de Harald Beyer del Ministerio de Educación fue por no haber dictado alrededor de cinco reglamentos», recordó Sepúlveda.
LEYES CUESTIONADAS
Se trata de las leyes referidas a la modificación del procedimiento para el examen del VIH respecto de menores de edad; la que crea la comisión para el mercado financiero; la que regula los servicios sanitarios rurales; la que modifica la ley de servicios de gas; la que crea el sistema de desarrollo profesional docente; la que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a las Subdere, y la que establece un sistema de aportes al espacio público.
A ellos se suman las leyes que crean quince CFT estatales; la que moderniza la legislación aduanera; la que aplica la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, y la que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia.
«La bajada práctica-ciudadana de una ley está en su reglamento, por eso es delicado lo que está pasando», añadió la diputada del distrito 16. La directiva de la corporación conoce el documento elaborado, y ante la situación encomendó la redacción de un segundo informe sobre las consecuencias de la ausencia de reglamentos. Se explicó que se debe revisar caso a caso lo que ocurre con las leyes sin reglamento, porque podría ser que algunas no se puedan aplicar de manera íntegra, así como otras, solo una parte de ellas no se podría implementar.
Para Sepúlveda, el ideal es saber al detalle que ocurre con el articulado de las normas sin reglamento. Para revertir ese tipo de situaciones, la diputada propone hacer más específico el plazo en el que se debe dictar el reglamento por el ministerio que corresponda, lo que debería quedar incorporado en un artículo transitorio de la ley. A veces se establecen tiempos, en otras oportunidades se hace mención a la dictación de un reglamento, pero sin plazo. (El Mercurio)
