El proyecto propone una gestión descentralizada de la educación pública a través de 68 Servicios Locales. Tanto los Directores Ejecutivos de estos Servicios como el Director Nacional de Educación Pública serán seleccionados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, cuya ley está a punto de renovarse y perfeccionarse. Esto entregará un piso de capacidades profesionales claves para el éxito del sistema.

Es el primer intento serio por fortalecer la educación pública en los últimos 35 años. Por eso, incorporando ajustes necesarios, la aprobación del proyecto es un imperativo.

Sin embargo, la discusión legislativa ha dejado un gusto amargo. Algunos Senadores se manifestaron en contra de la columna vertebral del proyecto. Los puntos que se critican son la real necesidad de desmunicipalizar, el rol del Consejo Local versus la Dirección Nacional, la naturaleza de este último órgano, y la necesidad de cambiar la fórmula de financiamiento de la educación. Veamos.

¿Desmunicipalización?

Si. Definitivamente. La actual educación pública implica una alta dependencia a los recursos aportados por las comunas, lo cual profundiza la inequidad. Mientras una comuna aporta $6.500 por alumno al año, en otra el aporte anual llega a $1.500.000 por alumno.

Un 20% de los municipios no cuenta ni siquiera con una persona exclusiva para liderar esta tarea, mientras que un 40% de los DAEM o Corporaciones no posee personal especializado en el área técnica pedagógica… y/o han sido contratados por razones clientelares.

El sistema público tampoco cuenta con una dirección clara, en la medida que existe una doble dependencia de los establecimientos educacionales:por un lado los aspectos técnico-pedagógicos dependen del Mineduc, mientras que la gestión financiera responde a los municipios. Desarticulación inmanejable.

Sobre el rol del Consejo Local

Se propone la creación de Consejos Locales que acompañen la gestión del Servicio Local, integrado por apoderados, profesores, estudiantes, asistentes de la educación, Alcaldes, representantes regionales y de universidades, IP y CFT de la región. Este Consejo aprobará el Plan Estratégico del Servicio, y tendrá voz en la elección de su Director Ejecutivo, pudiendo solicitar su remoción cuando observe negligencia o incumplimiento de responsabilidades.

Algunas voces señalan la necesidad de entregarle mayores facultades al Consejo, teniendo injerencia directa sobre la elección y remoción del Director Ejecutivo. Se trataría entonces de una suerte de directorio del Servicio.

Si bien existen países donde existe esta figura, lo cierto es que se trata de sociedades menos desiguales, con una cultura de rendición de cuentas y mucho mayor participación ciudadana a nivel local. Nuestra realidad se aleja por ahora de este escenario, y es fundamental considerar la situación actual para diseñar las soluciones pertinentes. Avanzar hoy hacia directorios locales abre espacio a posibles capturas políticas y/o posicionamiento de intereses particulares, con lo cual caeríamos de la sartén al fuego.

También se han esbozado voces que proponen situar dicha responsabilidad en el Gobierno Regional. De esta manera, ni la Dirección Nacional ni los Consejos Locales serían los responsables finales de la Educación Pública, sino que una figura intermedia como el Intendente. Si bien es deseable que en algún minuto contemos con territorios y comunidades empoderadas, hoy estamos lejos de esa meta. Debemos avanzar en la regionalización, pero este desafío no puede utilizar como “conejillo de indias” a los colegios públicos del país. Por lo demás, el proyecto es adecuadamente gradualista en su implementación, lo cual permitirá, en algunos años, ajustarle algunas tuercas si fuera necesario.

Sobre la naturaleza de la Dirección Nacional

Algunas voces se oponen a que se trate de un servicio público especializado, argumentando que con esto se crearía una burocracia innecesaria en el Estado. Se propone en cambio que el rol coordinador lo tome una Subsecretaría o División específica al interior del Ministerio… lo cual significaría en número de personas la misma o más burocracia.

En cambio, en el proyecto, la Dirección Nacional estaría adscrita al sistema ADP, lo que entrega un mejor piso a la hora de contar con profesionales destacados y especialistas en la materia. Las Subsecretarías y las Divisiones responden directamente a confianzas políticas, por lo que se genera un escenario de inestabilidad mayor. Volveríamos a caer de la sartén al fuego.

Lo que sí está ausente del proyecto es la definición de cargos clave de segundo nivel jerárquico, tanto en la Dirección Nacional como en los Servicios Locales, que sean concursables por ADP. Esto es esencial si uno de los mayores propósitos de la ley es eliminar el clientelismo y mejorar la profesionalización de la gestión de la educación pública.

Sobre la fórmula de financiamiento de la educación.

En este punto también se ha levantado polémica. La Cámara de Diputados aprobó una indicación que obliga a la Presidenta a ingresar un proyecto que modifique la estructura de financiamiento, exigencia inconstitucional en nuestro marco jurídico.

Lo dijimos en 2013, en ”La Reforma Educativa que Chile Necesita”: La fórmula de financiamiento per cápita y por asistencia está completamente obsoleta, pues no refleja el verdadero costo de educar, ni en el sector particular ni en el público. Por eso proponemos para la subvención general una nueva estructura de financiamiento que –aun dentro de los mismos montos globales– refleje mejor la estructura de costos y que, a la vez, simplifique los múltiples conductos y criterios de aporte financiero.

El gobierno se ha atrasado claramente en este tema. Sin embargo, esta modificación debe afectar tanto al sector público como al particular subvencionado, y es de una complejidad enorme, pues significa modificar, literalmente, decenas de partidas presupuestales que afectan miles de millones de dólares anuales. Es material y jurídicamente imposible tramitarlo en esta ley, y poner esta exigencia significará de plano matar el proyecto en este período.

¿Una solución factible? Un protocolo de acuerdo, que comprometa plazos claros y lineamientos centrales de la solución a este tema. Es una salida que se ha utilizado en ocasiones anteriores y sería clave para reducir la tensión en el sistema.

¿Queremos una ley de educación pública?

Si. Los resultados académicos y la baja de la matrícula en la educación municipalizada no resisten más. Una educación pública sólida es la única que puede garantizar el derecho constitucional a la educación en todas las localidades de Chile, teniendo la responsabilidad de impulsar proyectos educativos integradores, de interés colectivo. Esto no desmerece de manera alguna a la educación particular subvencionada. La educación pública tiene el deber de garantizar la existencia de proyectos educativos que no respondan a intereses particulares y que no discriminen a ningún alumno – con o sin necesidades educativas especiales – a partir de estos intereses. No queremos arriesgar la creación de monopolios ideológicos o religiosos en determinados barrios o ciudades del país, lo que ocurrirá si la matrícula pública sigue cayendo.

Hoy nos jugamos una oportunidad clave. Podemos hacer de nuestra educación pública un orgullo transversal, una responsabilidad del Estado que no responda a intereses personales o partidarios de turno. No podemos permitir que todos los esfuerzos se centren en educación superior, dejando esta discusión en un peligroso segundo plano. Ojalá en el Senado no se arroje el bebé con el agua de la bañera. (La Tercera)

Mario Waissbluth

Esta columna fue coescrita con Manuel Sepúlveda, Director de Política Educativa de Educación 2020.