El ministro del Interior, Mario Fernández, explicó los motivos del giro que dio el Gobierno para pedir levantar la calificación por delito terrorista tras el ataque a un templo evangélico de La Araucanía. Esto en medio de las negociaciones con las familias de los cuatro comuneros mapuche detenidos, quienes mantenían una huelga de hambre durante 117 días. «Hay una razón bien específica que, por lo demás, no es nueva, les ha pasado a todos los gobiernos. Es el deterioro de la salud de los huelguistas y su decisión de mantener el movimiento; el deber de la autoridad de velar por la vida de la gente, que es lo fundamental. Después de examinar esta situación, temas que han estado siempre presentes empiezan a jugar un carácter distinto en una crisis de este tipo», explicó.
Además, en entrevista con El Mercurio, descartó otro tipo de presiones como el encuentro que sostuvo el presidente del PC, Guillermo Tellier, con el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy. Así como también presiones por parte de la Iglesia Católica luego que varios obispos intervinieran en la materia.
-¿Temía el Gobierno que alguno de los huelguistas pudiera llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Eso determinó el cambio?
«Por supuesto. El Gobierno tiene el deber de cautelar el Estado de derecho y de garantizar la vida de la gente con los instrumentos del Estado de derecho. Es un dilema que todo Gobierno debe resolver; en un momento determinado tiene que optar». Respecto a qué efectos políticos podría tener la muerte de alguno de los reos, expresó que éstos serían «Muy graves, pero no quiero imaginármelos. No son los efectos lo que nos mueve, es la vida de las personas».
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