Es cierto que había luces de alerta. La encuesta Bicentenario UC tomada entre los meses de julio y septiembre de 2019, también entregaba una advertencia cierta. El 73% de los encuestados declara tener mucho o bastante temor a “no tener suficiente dinero para afrontar la vejez” y el 82% declara el mismo temor a “no tener cómo pagar una cuenta médica en caso de una enfermedad grave”. Obviamente estos miedos son más intensos en quienes pertenecen a sectores socioeconómicos medios y bajos. La misma encuesta muestra un aumento significativo en la percepción de conflictividad entre ricos y pobres, que llega a su mayor nivel desde 2008, y entre empresarios y trabajadores. Es más, ya en 2016 el Centro de Estudios Públicos se cuestionaba la fuente del malestar en Chile y en 2017 el PNUD hablaba de cómo las desigualdades existentes en nuestro país afectaban especialmente a la clase media.
El programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera estuvo atento a dichas señales. El énfasis que se puso en la campaña de 2017 en la clase media y en los desafíos del ciclo vital apuntaba precisamente a los temores de la ciudadanía en ámbitos tan sensibles como la salud propia y de sus seres queridos, la educación de los hijos, la adultez avanzada, la delincuencia y el desempleo. Claramente, la urgencia y las herramientas de que nos dotamos para hacer frente a esas aprensiones no fueron suficientes ni oportunas. La ciudadanía demanda mucho más de quienes democráticamente adquirimos el compromiso de hacernos cargo.
Es a nuestro gobierno, especialmente al Presidente Piñera, a quienes nos ha tocado la responsabilidad de darle una salida a esta crisis que estamos viviendo. Tomar decisiones en tiempos complejos es siempre difícil. Nuestra prioridad desde el primer momento fue dar garantías para que nuestro país siguiera funcionando, para que los chilenos pudieran volver a desarrollar sus vidas. Por ello, se declaró Estado de Excepción Constitucional en 15 regiones del país y se custodiaron los servicios básicos críticos evitando que fueran afectados. No obstante, se respetó el derecho de reunión y de manifestación de quienes legítimamente planteaban sus inquietudes, apuntando a contener la violencia. Ya en normalidad constitucional, ese desafío sigue siendo una prioridad.
La voluntad del Gobierno de sostener un debate abierto hacia un nuevo marco constitucional, junto al ambiente de entendimiento vivido con ocasión del Presupuesto y de la reforma tributaria, son señales claras de que el camino del diálogo seguido por el Presidente es el correcto.
Como chilenos, no podemos ni vamos a salir derrotados de esta situación, por lo que continuaremos con la cultura del diálogo y la búsqueda de acuerdos. Estos nuevos tiempos exigen gestos claros y concretos de escuchar a los ciudadanos. No obstante la negativa de algunos, continuaremos por esa senda. Son tiempos de generosidad y humildad, ya que las demandas que hoy se nos plantean no tienen dueños políticos y no pueden tenerlos. Precisamente ese es el clamor de aquellos que sintieron por años que su voz no era escuchada por quienes ejercieron cargos de autoridad.
Felipe Ward Edwards
Ministro secretario general de la Presidencia