En una intervención reciente en el Congreso, la ministra Jara dijo que “las siete AFP que no están sometidas a ningún control democrático, como sí lo es el Estado y los poderes públicos (sic), han manejado un fondo equivalente al 75% del PIB durante estos cuarenta años y no he visto a ninguno de ustedes reclamar nada”.
Con ello quería apuntar a la presunta arbitrariedad con la que procederían las AFP, al caos económico y previsional que actualmente imperaría bajo el sistema que permite su funcionamiento y, en fin, a la falta de legitimidad de ese sistema en su conjunto. Sin embargo, su frase es falsa en tantos sentidos que resulta sorprendente que haya tenido la temeridad de pronunciarla.
En primer lugar, porque las AFP existen y funcionan sobre la base de una exigente legalidad institucional, que impide las veleidades que la ministra insinúa.
En segundo lugar, porque después de los efectos que la frase “no es tu platita” tuvo en el resultado del primer plebiscito constitucional, bien podría afirmarse que pocas cosas concitan mayor adhesión ciudadana que la idea de que los fondos previsionales son de quienes los produjeron. Esa adhesión, además, es comprensible porque responde a un principio de justicia básica —“a cada quien según lo que ha hecho”—, sobre el que debería fundarse no solo cualquier sistema previsional, sino cualquier orden jurídico. El que el actual gobierno tenga dificultades con este principio —dificultad que se refleja, por ejemplo, en la concesión de pensiones de gracia a delincuentes— no significa que la ciudadanía también deba tenerlos. A todo ello hay que añadir todavía que, para desgracia de la ministra, fueron los retiros que tan entusiastamente impulsó su sector los que contribuyeron a despejar cualquier duda en este sentido.
En tercer lugar, porque el concepto de legitimidad democrática presupuesto en su frase es tramposo. La legitimidad democrática se explica por la capacidad del sistema político para mantener la libertad y autodeterminación de sus ciudadanos por medio de elecciones periódicas, libre discusión, sistema de partidos, etcétera, y no porque tales ciudadanos puedan o deban votar todo lo que se decide, todo el tiempo. Así, sería absurdo que alguien dijera que la ministra no ejerce democráticamente su cargo porque no resultó electa para ello o que es injusto que disponga, sin ningún control democrático, del total de su sueldo líquido. El hecho, sin embargo, de que sus dichos avalen o puedan conducir a absurdos como los señalados es seguramente causa de la cuarta razón de la resistencia de la ciudadanía a un sistema de reparto: la desconfianza hacia los políticos.
Y a propósito de dicha desconfianza, puede resultar oportuno subsanar la omisión a que hacía referencia la ministra: es preferible que los fondos de pensiones sean administrados a perpetuidad por entidades privadas a que sean administrados por aquellos que se empecinan en creer que “no es tu platita”. (El Mercurio)
Felipe Schwember
