Fue el 8 de abril que Compagnon llegó a prestar testimonio por primera vez a Rancagua, en medio de empujones y agresiones, pero ayer el escenario fue diferente: la empresaria declaró en las nuevas dependencias de la fiscalía, la cual permite ingresar en vehículo al recinto. Esto facilitó la entrada y salida de la esposa de Dávalos, quien se retiró en auto, en el asiento de atrás, hablando por celular y con los vidrios arriba. No emitió declaraciones.
Según fuentes ligadas a la investigación, el fiscal Toledo habría requerido a Compagnon para ahondar en el pago de $ 1.200 millones que recibió Caval de parte del empresario Gonzalo Vial Concha. Esto a partir de la declaración del empresario vinculado a la minería al fiscal, donde aseguró que en 2012 contrató los servicios de la firma por una serie de servicios, como por ejemplo, el análisis de proyectos mineros, puertos y estudios comerciales sobre un terreno de 24 hectáreas que Vial tiene en Rancagua.
El empresario agregó que estos trabajos estaban “sobrevalorados”. De acuerdo a las mismas fuentes consultadas, la fiscalía solicitó la diligencia para que Compagnon aclarara si hubo algún otro trabajo de Caval a Vial Concha, en especial, el de servicios informáticos.
Ante la consulta del fiscal, Compagnon habría dicho que no descartaba que se hubieran realizado otros trabajos, aparte de los ya dados a conocer por Vial Concha.
Otra de las razones que tuvo Toledo para interrogarla por segunda vez fue algo que la misma imputada reveló en su primer testimonio: que el 50% de las ganancias del negocio de Caval, en Machalí, eran para Patricio Cordero y Juan Díaz, ambos gestores inmobiliarios del síndico Herman Chadwick, y cercanos a la UDI.
Sobre esto, la esposa de Dávalos habría indicado que habían otros negocios, entre Victorino Arrepol -asesor comercial de Caval e imputado también en la causa- y Mauricio Valero, el otro socio de la firma, que ella desconocía. La declaración de Compagnon fue decretada secreta por 40 días.
NUEVA DELITO EN LA CAUSA
Además, fuentes ligadas a la investigación, agregaron que la fiscalía abrió la indagatoria a un nuevo delito aparte de la violación de secreto, cohecho y negociación incompatible. Se trata de eventuales delitos informáticos, por el cual hay dos imputados, uno de ellos es Victorino Arrepol.
