Hace unas semanas, el ministro Briones junto al director del Servicio Civil, en una columna publicada en este mismo diario, plantearon la necesidad de acelerar al tranco en materia de modernización y adelantaron que el gobierno está trabajando en una reforma que permita construir un nuevo empleo público. Como era esperable, la respuesta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) no tardó en llegar. Sus demandas se resumen en más y mejor Estado que asegure estabilidad laboral, carrera funcionaria y reconocimiento de los derechos colectivos. De antemano manifestaron su rechazo a lo que se pudiera proponer por parte del Ejecutivo. Como se dice, “¿De qué están hablando? Para oponerme”.
Pero la realidad es que nadie puede desconocer que la actual legislación está largamente sobrepasada por los hechos. La judicialización de múltiples casos es en parte reflejo de ello y, como consecuencia de esos fallos, se está instalando un nuevo marco legal en lo que a las contrataciones en el sector público se refiere. De acuerdo al Consejo de Defensa del Estado (CDE), durante el año 2018 del orden de 800 funcionarios públicos despedidos recurrieron a la justicia, número que ha venido en aumento luego del fallo de la Corte Suprema del año 2014, que interpretó que la tutela laboral no solo era aplicable para los contratos bajo el Código del Trabajo, sino que también podía ser aplicable a los funcionarios públicos.
Luego, el Tribunal Constitucional señaló que la tutela laboral no era aplicable a los exfuncionarios públicos y por ende es Contraloría el órgano competente para eventuales disputas entre ex uncionarios y el Estado. Pero ello no ha impedido que los tribunales de justicia continúen acogiendo reclamos y dicten fallos que, en la práctica, modifican la relación contractual que hoy fija la ley. Y ahora, el Congreso, en vez de modernizar una legislación obsoleta relativa al empleo público, quiere mediante una reforma legal aplicar a los funcionarios públicos el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo, siendo que ellos se rigen por el Estatuto Administrativo.
Probablemente no hay ninguna otra reforma al Estado que aborde una proporción más importante del gasto público que esta. Al año 2019 el gasto en personal en el gobierno central fue de $9.242 mil millones, en términos reales aumentó en casi 7 veces en comparación al año 1990. Junto con ello pasó de representar el 17% del gasto total a casi un 21%. Si solo miramos los últimos cinco años, el total de funcionarios pasó de 289.387 a 374.513, lo que representa un crecimiento de casi un 30%.
Si bien el Estatuto Administrativo que los rige sitúa al empleo de planta como la principal forma contractual en el sector público, con el tiempo se ha hecho cada vez más extenso el uso de la modalidad de contrato a contrata. Este tipo de contrato de trabajo es por un año y renovable anualmente. Si bien en el papel le entrega mayor flexibilidad al empleador Estado, la Contraloría la limitó al determinar que luego de tres renovaciones sucesivas tenía que justificar en caso de no hacerlo nuevamente. Así, mientras en el año 1995 por cada persona a contrata había tres de planta, hoy esta relación se invirtió pasando a ser cuatro empleados de planta por cada diez a contrata.
Una reforma en materia de modernización del Estado en el ámbito de la gestión de personas requiere del compromiso de un amplio sector político del país. Urge modernizar el sistema de calificaciones, los mecanismos de ascenso, permitir la movilidad horizontal entre servicios del gobierno central, así como también desde y hacia las municipalidades, mayor flexibilidad para adaptar el perfil de los funcionarios a los requerimientos actuales de los distintos servicios, entre otros. Es de esperar que no nos sigamos haciendo los lesos. (El Mercurio)
