Cada año el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entrega alrededor de 100 mil subsidios habitacionales entre los destinados a sectores medios, familias vulnerables y de arriendo. En paralelo, se construyen entre 30 mil y 40 mil viviendas sociales anualmente.
A ese ritmo, pasarán unos 15 años antes de que las cerca de 400 mil familias que hoy conforman el déficit, según el Censo 2017, logren acceder a un domicilio mediante las ayudas que ofrece el Estado.
Eso, sin considerar nuevas mediciones del gremio y fundaciones que aseguran que hoy el margen es mayor. Además, otras familias se irán sumando al requerimiento de una vivienda durante ese período, en algunos casos también por desastres naturales u otras emergencias.
Sin ir más lejos, de 2002 a 2017 el déficit se redujo en 200 mil viviendas, apenas la mitad de las que se necesitan hoy.
CONSTRUCCIÓN
Históricamente, la política habitacional chilena apuntó a otorgarles a las familias el anhelado «sueño» de la casa propia. Sin embargo, el fuerte aumento del valor del suelo y los arriendos en los últimos años han provocado que para el Estado sea más difícil encontrar terrenos céntricos para edificar soluciones habitacionales para la población que las requiere.
Esto generó que se tuvieran que adoptar nuevas estrategias, como potenciar el subsidio de alquiler y crear la figura del «arriendo protegido», o sea, concesionar paños fiscales que hoy pertenecen al Serviu para que privados construyan allí.
De esa forma, las familias pueden aplicar sus subsidios de arriendo, el privado obtiene ganancias y el Estado recupera el terreno años más tarde.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, dice que la política habitacional desarrollada en el país ha sido exitosa, «sin perjuicio de que existen campamentos, falta de viviendas, y al ritmo en que vamos va a ser difícil disminuirlo».
Según los expertos, el combate del déficit va de la mano con diversificar las estrategias, y en ese sentido la política de arriendo llega como una solución intermedia.
Para Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, ningún gobierno tendrá los recursos suficientes para construirles viviendas a todos los que la necesitan a lo largo del país, por lo que «la prioridad pública debiera ser que las personas vivan en lugares dignos y apropiados«.
Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, afirma que el punto más complejo en este tema es la velocidad en que se entregan las soluciones habitacionales que se necesitan: «Puede que el país tenga los recursos para destinar subsidios, pero no para la producción material de viviendas dentro de los márgenes que imponen». (El Mercurio)
