Duros cuestionamientos generaron las declaraciones de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, respecto del caso del machi Celestino Córdova.
Recordemos que el comunero mapuche, condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, recibió el beneficio de salida dominical y trimestral.
Consultada por este tema en entrevista con El Mercurio, Ríos aseguró que “no le corresponde pronunciarse a sobre si el comunero es un preso político o un homicida”.
Sus dichos causaron molestia en la oposición. Incluso, desde el mismo Gobierno, algunos personeros, como el subsecretario Miguel Crispi, se desmarcaron de su postura.
MINISTRA RIOS “PRECISÓ” DICHOS SOBRE CÓRDOVA
Finalmente, durante la sesión de la Comisión Mixta de Constitución que revisa el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la ministra Ríos “precisó” sus declaraciones.
“Quisiera primero aclarar respecto del caso de Celestino Córdova, tanto para este ministerio, como para esta ministra, se trata de un preso común que está condenado por un homicidio”, dijo.
“Ante una pregunta en el diario, la respuesta iba en línea con el respeto a los fallos judiciales, pero en ningún caso en desconocer la condena de 18 años de esta persona por homicidio e incendio”, justificó.
ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA SIN IMPUNIDAD
Hoy la ministra de Interior, Izkia Siches, reconoció que La Moneda está abierta a abordar «limites» al proyectos. La jefa de Gabinete remarcó que este proyecto es un compromiso de campaña y que existe «una apertura a poder conversar y discutir los límites de las distintas propuestas».
La iniciativa, que se encuentra actualmente en el Senado, está a la espera de ponerse en tabla luego de sufrir varias modificaciones en su tramitación, como por ejemplo, la delimitación de delitos de: incendio, saqueos e intentos de homicidio.
Hoy, el jefe de bancada de diputados de la DC, Eric Aedo, sostuvo que «la Democracia Cristiana ha manifestado desde el principio un acuerdo contra la violencia, pero un acuerdo contra la violencia no puede llevar aparejado la impunidad a quienes cometieron delitos violentos, delitos políticos de violencia».
«Y en eso la Democracia Cristiana no tiene dos opiniones: no es compatible con la impunidad. Hay quienes utilizan la violencia como arma política. Eso la Democracia Cristiana no lo acepta ni en el pasado ni ahora», sentenció.
El ex presidente de la Comisión de Constitución en el Senado Pedro Araya (Independiente) señaló que «la Comisión de Constitución limitó bastante los delitos que pueden ser objeto de amnistía. Hay que recordar, por ejemplo, que se excluyó todos los delitos de incendio, los delitos de robo con violencia, robo con fuerza, la lesión, el homicidio«.
«Mi impresión es más bien que aquí hay un problema que es mucho más de fondo, que hay un sector de senadores y senadoras que creen que no debe existir ningún tipo de beneficio para los denominados presos del estallido social o los presos de la revuelta», lamentó el parlamentario.
«Yo creo que si para el Gobierno es prioridad, este Gobierno tiene que establecer las negociaciones que sean necesarias, tanto con los senadores de centro izquierda como con los de derecha a fin de conseguir los votos y aprobar esta iniciativa«, recalcó.
El senador Iván Moreira (UDI) aseguró que el Ejecutivo no quiere poner el proyecto en tabla y desde el Ejecutivo reconocen que no tienen los votos.
«A raíz de nuestra petición de votar el proyecto de Ley de Indulto o Amnistía, el oficialismo se retiró de la sala porque no quieren ponerlo en tabla. Queremos nosotros votar en contra. Queremos ponerlo en tabla para votarlo. ¿Qué es lo que hace el oficialismo? Huir, retirarse de la reunión que no había terminado para no votar poner en tabla este proyecto de ley«, aseguró Moreira.
ASESORES DE JUSTICIA CON CÓRDOVA
Sin embargo, la polémica no estaría cerca de acabar, luego que el diputado de RN, Andrés Longton, interpelara a la ministra por una reunión que tuvieron allegados del Gobierno con el machi.
Según aseguró el parlamentario, se trató de una cita entre el jefe de asesores de la subsecretaría de Justicia, Juan Pablo Ciudad, con Celestino Córdova.
De acuerdo al legislador, fue un encuentro personal ocurrido “días antes o semanas antes de que se le entregaran los beneficios carcelarios”.
“Entonces, más sospechas tenemos de que los beneficios carcelarios tuvieron fines políticos y no se cumplió con la legalidad establecida”, agregó.
“Sembrar la duda respecto a que esta persona podría ser un preso político y no decir lo contrario en forma firme y clara nos deja también dudas respecto a que los beneficios carcelarios tanto a Celestino Córdova como a los hermanos Tralcal tienen que haber tenido un fin político para poder negociar eventuales acuerdos el día de mañana”, sentenció. (Bio Bio)
