A cinco meses de que la Superintendencia de Educación Superior propusiera al Ministerio de Educación cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento de la Universidad de la República (Ulare) por una serie de deficiencias e infracciones, los problemas en dicha institución suman un nuevo capítulo. Uno que esta semana desencadenará en la puerta del Ministerio Público.
Esto, porque Educación Superior, en conjunto con Jaime Torrealba, el administrador de cierre de dicha institución, remitirán a la fiscalía los antecedentes que, estiman, evidencian que las exautoridades de la Ulare han obstaculizado el cierre de la institución, además de continuar ejerciendo funciones directivas sin autorización.
Pero ¿cuáles son esos antecedentes? Luego de que el 9 de abril el Mineduc solicitara al Consejo Nacional de Educación (CNED) la revocación del reconocimiento oficial de la Ulare y de que el 5 de mayo el propio CNED aprobara dicha solicitud, designando a Torrealba para concretar el cierre, aquellas funciones, según reseñan desde la subsecretaría, no han podido ser desarrolladas con normalidad. Ni de cerca.
“Nos encontramos frente al desacato de las exautoridades de la Universidad de la República, quienes, pese a la revocación del reconocimiento oficial y al nombramiento del administrador de cierre (Torrealba), insisten en cerrarle la puerta e impedirle su trabajo, no entregándole la documentación requerida, impidiéndole el acceso a la institución y así evitando que el administrador de cierre, quien ahora es la máxima autoridad y representante legal de la Universidad de la República, pueda ejercer en propiedad su cargo”, señala el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien agrega que por las razones antes descritas “se está poniendo en riesgo la correcta continuidad académica de los alumnos y con ello los sueños de miles de estudiantes de poder continuar sus procesos formativos”.
Conocedores del proceso concuerdan en que Torrealba ha intentado infructuosamente iniciar su trabajo para diseñar el plan que busca la continuidad de estudios de los alumnos de dicha universidad. Y que, por el contrario, se ha encontrado con “nula disposición y abiertas hostilidades”.
“Desde el día que asumí este desafío he intentado obtener toda la información de la universidad para elaborar un plan de administración, en el contexto del proceso de cierre, para apoyar a los estudiantes en su continuidad de estudios, verificar y validar los procesos de titulación, además de poder trabajar con los profesores y funcionarios actuales en este proceso, ya que ellos son clave para esto”, dice al respecto Torrealba, quien asegura que, “sin embargo, desde el comienzo las exautoridades universitarias han impedido mi trabajo, no me dejan ingresar a la universidad y no entregan la información solicitada para este proceso, que define la ley”.
Incluso, el propio Torrealba describe que se ha apersonado en dos oportunidades en las dependencias de la Ulare para tomar posesión del cargo de autoridad máxima. Primero lo hizo con un notario y luego con un funcionario de la Superintendencia de Educación Superior, pero en ambas ocasiones le fue denegado el acceso, con la excusa de que no había personas en el interior. Sin embargo, el administrador de cierre pudo constatar que el exrector Fernando Lagos sí se encontraba presente.
“Me he reunido dos veces con el exrector y el expresidente de la junta directiva (Sergio Moras) en un café, porque no quieren que ingrese a la universidad”, reseña Torrealba, quien añade que tras esas citas el acuerdo fue que él pediría por carta toda la información, lo que hizo el 6 de agosto. “Hasta la fecha no hay respuesta, ante lo cual les informé que iría a la sede central a buscar la información y el exrector personalmente me negó el ingreso en dos ocasiones en que fui con dos ministros de fe”, recuerda. Y complementa: “La acción de ellos crea mayor desconcierto e incertidumbre en toda la comunidad universitaria, lo que, sin duda, afecta al proceso formativo de los estudiantes”.
¿Qué dicen las autoridades de la Ulare? La Tercera intentó conversar con el exrector, pero declinó hacer declaraciones. Sin embargo, desde su entorno aclaran que las acciones de las exautoridades del plantel se enmarcan en que están a la espera de los resultados de los recursos judiciales pendientes y que buscan frenar el proceso. En primera instancia uno de esos recursos había sido acogido a trámite, con orden de no innovar, es decir, quedaba todo detenido hasta el fallo. Sin embargo, esa orden luego fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que el proceso podía seguir su curso.
Los hechos descritos para la Subsecretaría de Educación Superior son constitutivos del delito, sancionado en el Artículo 30 de la Ley 20.800 y que dice relación con ejercer cualquier tipo de autoridad sin autorización del administrador provisional o de cierre, con sanciones que van de 200 a 500 UTM.
Los denunciantes, a quienes también se sumará el administrador de cierre, en su rol de máxima autoridad para llevar a cabo el proceso, argumentan que las exautoridades de la Ulare continúan ejerciendo públicamente funciones directivas sin autorización, según consta en actos internos del plantel y en diversas declaraciones ante medios de comunicación. Esto, además de las obstaculizaciones al trabajo del administrador, lo que los llevó a elevar el caso al Ministerio Público, con una presentación que se hará a más tardar el jueves.
En efecto, las exautoridades de la institución siguen ejerciendo como tales, lo que se puede apreciar en un breve recorrido por la página web de la universidad, donde en su inicio se ven hasta seis comunicados, el último con fecha del 27 de julio, en que la junta directiva -y en otros el rector Fernando Lagos- se dirige a la comunidad universitaria tildando el proceso de cierre como “imprudente”, “irregular”, “arbitrario” e “ilegal”.
En el mismo sitio web se destacan también algunas entrevistas en medios de comunicación “al rector de la universidad”, a mediados de este mes. Esto, además del recorrido del mismo Lagos por las sedes que la Ulare tiene en el país, donde busca informar de la situación de la casa de estudios.
“En todos los procesos de cierre en los que ha debido vincularse el Ministerio de Educación, siempre hemos velado por los estudiantes y su continuidad de estudios, a través del apoyo que entregamos al trabajo del administrador de cierre y de convenios firmados con universidades tutoras, que han permitido la reanudación de las actividades académicas y el traspaso de recursos que permiten financiar la operación de la institución en cuestión”, complementa el subsecretario Vargas.
Y cierra: “En el caso de la U. de la República, no contar con información ni antecedentes suficientes impide avanzar en ese proceso, lo que afecta principalmente a los estudiantes y a su correcta continuidad de estudios”. (La Tercera)
