Después de 28 años de una esquiva justicia para el crimen del senador Jaime Guzmán, la extradición y condena de Mauricio Hernández Norambuena son una buena noticia, por varios motivos.
Primero, porque la resolución de Brasil y el fallo del juez Carroza alimentan la esperanza para la familia del senador que, a casi tres décadas, siguen esperando justicia en un caso que ha estado colmado de anomalías. De hecho, la única declaración pública que dio la Sra. Carmen Errázuriz (madre del senador) fue a raíz de la fuga de la cárcel de alta seguridad de algunos de los autores del crimen de su hijo. El motivo de dicha declaración lo dejó claro: expresar su desesperanza y decepción.
En segundo lugar, la agilidad de la extradición y la dictación de condena son un aliciente para el sistema judicial pues -a pesar de las diferentes trabas que han surgido desde las primeras investigaciones (inculpado incorrecto, ocultamiento de pruebas, etc.) hasta las determinaciones del Estado francés y belga a favor de Palma y Peña- cada uno de los jueces que han estado a cargo de este caso han sido perseverantes y diligentes en su misión de hacer justicia.
En tercer lugar, la decidida disposición de Brasil y el fallo ajustado a los acuerdos asumidos por Chile en el tratado Mercosur deben leerse como una señal de reconocimiento a nuestro Estado de Derecho. Esto es medular pues, la red de protección con que han contado los asesinos de Jaime Guzmán ha ido más allá de ayudarlos a fugarse y asilarse en otros países. Parlamentarios y ex representantes diplomáticos de nuestro país se han esforzado públicamente para desacreditar nuestra institucionalidad.
Por todo esto, este avance es necesario ponderarlo en el contexto de que aún falta mucho por hacer. La decepción de la Sra. Carmen Errázuriz se fundamentaba en la red de presión y complicidad que había rodeado el caso Guzmán, y si bien dicha red hoy sufre un traspié, aún queda pendiente que Apablaza, Escobar, Palma, Verhoeven, Peña, y Gutiérrez enfrenten nuestra justicia.
Finalmente, aquella arremetida mediática que sibilinamente pretende ofrecer el lado amable, a la vez que eclipsar la imagen de terrorista de Hernández Norambuena (como ya ocurrió con Patricio Ortiz), amerita ser seguida con atención. Ni las habilidades futbolísticas ni los gustos por “cositas dulces” lo divorcian de su responsabilidad penal, pero esta constatación (aunque lo parezca) no es algo evidente para algunos. La construcción de imaginarios culturales requiere una dedicación constante.
En un momento en que nuestro país requiere discutir una nueva ley antiterrorista, a la vez que el mundo sigue padeciendo con intensidad este mal, no hay espacio para relativizar el daño que causa el terrorismo (por bueno que un asesino o secuestrador sea para chutear). (El Líbero)
Claudio Arqueros
