La conmemoración del 11 de septiembre de 1973 ocupa un gran espacio de la opinión pública con reportajes, coberturas y debates. Los partidos -por su parte- hacen uso de esta fecha para activar a los suyos, para remarcar puntos políticos y para justificar su actuar en la historia. El gobierno, a su modo, se suma a la dinámica a través de realizar un acto conmemorativo y expresar su visión sobre la historia y el pasado.
Todo indica que habiendo pasado ya 45 años desde el quiebre institucional, los chilenos seguimos divididos respecto del pasado. Tal vez la pregunta relevante es si seremos capaces de unirnos en torno al futuro. Pero para ello hay que esperar, al menos hasta que termine septiembre. Pasados los recuerdos del 11, la política chilena entra en modo fiestas patrias. No es momento entonces para divisiones ni para grandes discusiones políticas. Los actores políticos perciben que las familias no quieren ver en esos días conflictos ni división, y por ello se postergan también las discusiones sobre asuntos complejos.
Pero septiembre tiene término y al finalizar el mes, la actividad política vuelve a una dinámica inevitable. Lo hace -en primer término- por razones obligatorias, pues por mandato constitucional el Ejecutivo debe ingresar al Congreso el proyecto de ley de presupuestos el último día del mes de septiembre, iniciando un proceso de debate de prioridades de política pública por un período de sesenta días. Pero no es lo único que reactiva el debate; lo hace -en segundo término- la demanda real de la ciudadanía por respuestas a problemas de fondo que la aquejan y afligen. El gobierno -y el parlamento también- saben que los chilenos necesitan respuestas concretas, sensatas y viables para problemas tan complejos como las pensiones, la calidad de la atención de salud, las oportunidades de empleo, la seguridad ciudadana, el transporte y la organización de las ciudades, por mencionar los más apremiantes. Y todo ello, en un ambiente que requiere un crecimiento económico relevante y sostenible en el tiempo para lograr generar oportunidades y financiar los programas públicos.
Todos estos anhelos y demandas ciudadanas plantean desafíos complejos por varias razones. En primer lugar, se trata de problemas que no tienen soluciones fáciles ni mágicas, requieren mucho análisis, calidad técnica, experiencia y capacidad de ejecución. En segundo lugar, las soluciones para enfrentar estas temáticas pasan por tomar -en muchos casos- decisiones impopulares como aumentar la edad de jubilación e implementar de una vez por todas la cotización obligatoria de los independientes, por mencionar ejemplos de la temática de pensiones. Esto implica que avanzar en las reformas puede conllevar a una baja relevante -aunque tal vez transitoria- de la evaluación del gobierno, algo que ninguna autoridad considera positivo al momento de planificar sus decisiones. En tercer lugar, porque el gobierno elegido con una sólida mayoría electoral, no cuenta con mayoría en el Congreso para avanzar en sus propuestas. Debe explicar, persuadir, negociar y articular soluciones con un parlamento que está fraccionado y que tiene mayoría de oposición. En cuarto lugar, y por último, y salvo la excepción del reciente acuerdo del salario mínimo, la oposición fraccionada y mayoritaria en el Congreso no muestra liderazgos con la fuerza suficiente para articular y construir soluciones a los problemas, a partir de las diferencias evidentes que existen.
Terminado septiembre, y sin perjuicio de la relevancia del debate sobre el pasado y la celebración de las fiestas patrias, Chile retoma la discusión de los temas relevantes para el futuro de los chilenos. El gobierno tiene la tarea de liderar el debate abordando los problemas relevantes con propuestas razonadas y sólidas, pero requiere también de un congreso que deje atrás su fragmentación e incapacidad, dando espacio a liderazgos que se atrevan a negociar, articular y llegar a acuerdos. (El Líbero)
Ernesto Silva
