Durante la tarde de ese día, el expresidente Ricardo Lagos, junto a exintegrantes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura enviaron una carta a la Convención Constitucional a raíz de una propuesta aprobada por la comisión de DD.HH. del órgano constituyente que busca dejar sin efecto el secreto -por 50 años- de la información entregada a la también denominada Comisión Valech. Una medida de esa naturaleza, afirmaron en la misiva, “afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias”.
El lunes, además, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, abordó otro de los planteamientos que había realizado la comisión de DD.HH.: el reemplazo de Carabineros por “una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y control civil con enfoque ciudadano”. La medida había generado un amplio debate, incluyendo cuestionamientos por parte del gobierno y de la institución policial. “No nos vamos a dejar pautear o que se condicionen nuestras deliberaciones por lo que pueda expresarse desde los poderes constituidos”, afirmó Bassa al respecto.
Ambos temas seguirían en agenda al día siguiente, marcando la pauta del martes. Durante la jornada, en marco del trabajo de la Comisión de Reglamento para sistematizar una normativa definitiva para la Convención, se aprobó enviar los informes finales de las Comisiones de Ética, Participación Popular y de Participación y Consulta Indígena al pleno, para que sean revisados de forma autónoma. También se acordó que a la propuesta de Reglamento se incorporaran medidas trabajadas por las Comisiones de Comunicaciones, Descentralización y Derechos Humanos, no contemplando -sin embargo- en las de esta última instancia las referentes, precisamente, a la reformulación de Carabineros o el levantamiento parcial del informe Valech. Es decir, no serán incluidas en la normativa para regular el órgano constituyente.
Ese martes, por otra parte, se visó también un cronograma de trabajo para la revisión y votación de las propuestas de Reglamento. Luego de sistematizar durante toda esta semana el contenido, y enviar los compilados a los convencionales, el informe final sea votado por el pleno entre el 9 y 10 de septiembre. Posteriormente se abrirá un plazo para la presentación de indicaciones que serían votadas, preliminarmente, entre el 21 y 23 de dicho mes. El objetivo es que se publique la semana del 28 y que entre 29 y 30 de este mes los convencionales puedan inscribirse para integrar las nuevas comisiones que se creen.
Un nuevo quiebre en la Lista del Pueblo, que ya venía atravesando un éxodo significativo y paulatino de convencionales, además de coletazos en sus aspiraciones presidenciales, se produjo el primer día de septiembre: 17 de los 27 convencionales electos por el bloque se desmarcan del grupo y anunciaron que formarían un colectivo independiente de coordinación.
“La lista tuvo una enorme relevancia y cumplió su objetivo hasta el día de las elecciones de mayo de 2021, obteniendo un importante triunfo en la Convención Constitucional que recordamos con mucho cariño y agradecimiento (…) Sin embargo, desde que la lista decidió tomar el camino electoral en el espacio del poder constituido, ratificamos nuestro carácter de independientes y optamos por organizarnos de manera autónoma, distanciándonos de sus definiciones y acciones políticas”, señalaron en un comunicado que leyeron ese día desde el exCongreso Nacional, y en el que anunciaron el nuevo nombre: Pueblo Constituyente.
La presidenta, Elisa Loncon, hizo una evaluación ese día en el marco de los dos meses del trabajo de la Convención que se cumplen el 4 de septiembre. “Hemos instalado el órgano con una institucionalidad básica que se requiere para funcionar, con normativas propias, con cronograma de trabajo y hemos cumplido también con la ampliación de la mesa”, comentó, agregando sí que, “lamentablemente” desde que se instaló el órgano constituyente, “se instalaron discursos que denostaban nuestro trabajo”.
Poco más tarde, y junto a la directiva de la Convención, la presidenta salió a defender la solicitud que se efectuó al gobierno de 1.773 millones en concepto de asignaciones. A inicios de agosto, el pleno había aprobado -por 111 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones-, una propuesta de la Comisión de Presupuesto sobre el reglamento de las asignaciones, que implicaba un aumento de los $ 1,5 millones máximos mensuales fijados por convencional, a un total de 77 UTM. Es decir, un máximo mensual de $ 4.020.401.
Este viernes, a partir de las 10 de la mañana, la comisión de Reglamento recibiría sugerencias que podrían agregarse al informe que la instancia enviará al Pleno de la Convención Constitucional. (La Tercera)
