Cuenta con su permiso ambiental aprobado, pero a la fecha el proyecto minero Dominga no ha movido una roca para iniciar formalmente sus labores en la Región de Coquimbo. La compañía detrás de la iniciativa que considera una inversión total de US$2.500 millones, Andes Iron –propiedad de las familias Délano Méndez y Garcés Silva– sigue atenta a la judicialización de la iniciativa y sólo le resta cerrar los flancos en la Corte Suprema y, eventualmente, en el Comité de Ministros.
Hoy en el máximo tribunal del país sus opositores -entre los cuales se cuentan Oceana de la mano de la ONG FIMA- siguen dando la batalla para derribar la iniciativa que volvió a estar en el centro de la noticia. Esto luego de que Ciper publicara un reportaje en el que se aborda la venta de las acciones de la sociedad matriz de la minera en una operación que incluye al Presidente Sebastián Piñera, sus hijos y Carlos Alberto Délano, empresario condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el Caso Penta.
Dominga es un proyecto minero que pertenecía, junto a otros proyectos, a un fondo de inversión constituido en Chile, que era administrado por Minería Activa, una sociedad gestionada por Larraín Vial. En ese fondo había más de 30 aportantes, uno de los cuales era la familia Piñera.
Los representantes de esta sociedad administradora (Minería Activa) fueron la contraparte de la familia Délano en las negociaciones.
Las mismas fuentes conocedoras del proceso explicaron que desde un inicio, el fondo de inversión tenía previsto ofrecer el Proyecto Dominga a potenciales compradores extranjeros, como es común en estos casos. Esa fue la razón por la cual su propiedad fue estructurada en torno a sociedades constituidas en BVI y, también, la razón por la cual la familia Délano, en diciembre de 2010, constituyó Delcorp International Ltd. (Delcorp) y adquirió a través de ella las sociedades que se le habían ofrecido en venta.
Una vez la dueña del proyecto, la familia Délano disolvió todas las entidades extranjeras que intervinieron en la transacción y radicó únicamente en sociedades chilenas la propiedad de la compañía y del Proyecto Dominga (se “chilenizó” la estructura). Así permanece hasta el día de hoy. Las sociedades de la familia Délano que adquirieron el Proyecto Dominga cumplieron todas las obligaciones de declaración y/o pago de impuestos que eran aplicables a esa operación.
A la fecha, Dominga si bien cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) calificada de manera favorable por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, aún le resta cerrar el flanco en la Corte Suprema.
Actualmente están pendientes dos recursos de casación en la forma y fondo ingresados en la Corte Suprema. El primero ingresado por Oceana -representada por el abogado Ezio Costa, socio de ONG FIMA– y el segundo escrito fue presentado por tres particulares. Se trata de José Zarricueta, Ernesto Fredes y Cristóbal Díaz de Valdés, como terceros independientes. Los dos primeros son pescadores y el último es activista del Movimiento Chao Pescao.
A cargo de su defensa estuvo el abogado Diego Lillo, ex miembro de la ONG FIMA y hoy forma parte de Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA).
Ambos escritos buscan revocar la sentencia del 16 de abril de 2021 del Tribunal Ambiental de Antofagasta que acogió la reclamación de Andes Iron. El objetivo es que la Corte Suprema dicte una sentencia de reemplazo y que en definitiva rechace la reclamación de la minera con expresa condenación en costas.
Al frente de Andes Iron se encuentra uno de los abogados litigantes de proyectos de inversión con mayor experiencia en este tipo de conflictos. Se trata de Patricio Leyton, socio del estudio de abogados FerradaNehme, quien ha asesorado a Codelco (Ventanas), El Morro y Pascua Lama. Anteriormente también se desempeñó como abogado de Gasoducto Atacama y el Parque Eólico Punta Colorada.
Si bien a la fecha la Tercera Sala del máximo tribunal aún no acoge los alegatos, el proceso ha seguido avanzando. En efecto, a inicios de septiembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un téngase presente en una lógica de “amicus curiae” en la que solicitó a la Corte Suprema que en su resolución considere los siguientes aspectos: el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consulta indígena y los estándares sobre tierras y territorios indígenas.
Frente a la petición, la respuesta de la sala constitucional presidida por el juez Sergio Muñoz fue tajante y escueta: “no ha lugar en la forma solicitada”.
Uno de los mayores argumentos de los opositores a la iniciativa es el impacto que provocará la navegación de buques provenientes del brazo portuario que considera el proyecto Dominga, y que consideraría la afectación de una serie de especies marinas como el chungungo y pingüino de Humboldt.
Sin embargo, la compañía ha asegurado que sólo será un barco a la semana a 30 kilómetros de la reserva ecológica. En esa lógica, cercanos a la operación de Dominga han cuestionado el doble discurso del activismo ambiental que no cuestiona derechamente la carretera nava, cuyos buques hoy pasan a cinco kilómetros de Isla Chañaral y la Reserva Nacional Pingüino de Humbold.
Discusiones más o menos, el proyecto genera un tercio del PIB de la región de Coquimbo y abiertamente está siendo impulsado por otros sectores. A modo de ejemplo, el Sindicato de Trabajadores Independiente de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte por medio de una escrito cuestionó la presentación del INDH.
“Al revisar la presentación del INDH, advertimos que se trata de una exposición sobre la normativa de derechos humanos y objetivos del desarrollo sostenible, jurisprudencia, entre otros, todo con lo cual esta parte se encuentra de acuerdo y comparte, pero no se explica el modo como ello pudiera afectar un derecho fundamental a propósito del Proyecto Dominga, así como tampoco se contrapone a los objetivos del desarrollo sostenible”, sostuvo la agrupación de pescadores representada por el abogado Fernando Molina, socio de Cubillos Evans Abogados.
Con todo el proyecto no sólo debe sortear la discusión que se suscite en la Corte Suprema, también debe hacerlo en el Comité de Ministros. La instancia, presidida por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt e integrada por sus pares de las carteras de Salud, Economía, Agricultura, Energía y de Minería, aún no recibe un requerimiento a raíz de Dominga.
El plazo para la presentación de reclamaciones en contra de la resolución que determinó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental expira a finales del presente mes de octubre. Según conocedores del proceso Ocena es una de las entidades que acudirá a dicha entidad.
La ONG ambientalista intentó en mayo de este año frenar los efectos de la RCA N° 161-2021 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo. Sin embargo, la Corte Suprema evitó pronunciarse directamente sobre dicha petición y por medio de una resolución contestó: “concúrrase ante quien corresponda”. (La Tercera)
